Investigación periodística revela desconocidos detalles de un operativo policial contra saqueadores durante manifestaciones en Colombia

Por la alianza Canal 2 y Cuestión Pública
cuestionpublica.com

El texto que acompaña la investigación es excepcionalmente largo y tiene una impronta narrativa para lo acostumbrado en este medio; no obstante, necesario. Cumple con todas las medidas de rigor de una investigación: cotejo de fuentes, pruebas y mucha reportería. Se visitó en tres ocasiones el barrio, nos tardó más de un mes lograr llegar hasta las fuentes que vivieron el horror esa noche dentro y fuera del almacén. Ha sido especialmente revisado por los editores de este medio y editoras externas para lograr la calidad que se merecen nuestros lectores.

La verdad que no quedó en el acta I

Frente a ella, un policía con el que no pudo lidiar. Era Juan Carlos Olaya, el mayor que, en representación de la institución firmó el acta oficial de lo sucedido la noche anterior en el almacén. Segundos después, ella quiso registrar las gotas de sangre que todos vieron dentro del cuarto de máquinas, pero era tarde. Olaya se negó a incluirlas, porque la modificación en el documento firmado no le convenía. Para el uniformado, ya era demasiado que el rastro de una presunta escena de tortura, que hasta el momento había sido una sospecha, ahora trascendiera y salpicara el papel.

—¡Pues hágala usted! —le respondió ella y rasgó el acta en pedazos. Seguían dentro del lugar.

Estaba de pie. Junto con Olaya había redactado el primer borrador de una visita escrutadora a raíz de hechos denunciados por varios vecinos del Éxito de Calipso en la madrugada del 19 de mayo. Horas antes, las redes sociales gritaron que el lugar fue usado como un centro de tortura por parte de la Policía. “Hubo alaridos, disparos, sonidos de alarmas y estallidos”, dijeron los testigos. Exhausta por la impotencia, se rindió. Natali González, la subsecretaria de Derechos Humanos de la Alcaldía, dejó de apoyar sus manos sobre el fólder que le sirvió de soporte para escribir el documento ya roto por ella. Había descubierto la mancha de sangre a las 9:02 p. m. y los minutos galopaban.

A su alrededor, una comisión de policías y otras personas de la Alcaldía con el mismo cargo suyo, delegados de la Defensoría del Pueblo y personal del Éxito. Afuera la esperaba José Alberto Tejada, director del Canal 2, con su equipo, dispuestos a transmitir en vivo los resultados de la visita. La testigo de la Alcaldía logró leer ante las cámaras: “Se observaron rastros de sangre”, pero no hubo descripción de indicios, entre esos, la humedad en un sector de la bodega, como si recién se hubiera limpiado algo que no convenía dejar ver. Aunque se da cuenta en el acta del “espacio limpio y aseado”, tampoco quedó constancia de los rastros de jabón y de aceite que evidenciarían algún intento por lavar las instalaciones antes de la veeduría. No en vano dicen que el diablo está en los detalles.

Esa imagen de jabón y aceite recordó la escena del crimen de Yuliana Samboní en 2016. Se trataba de una niña de 7 años, de padres indígenas, que fue raptada, abusada sexualmente y asesinada por Rafael Uribe Noguera, un pedófilo de 38 años, de clase alta. En un apartamento de Chapinero Alto, en Bogotá, los peritos forenses de la Fiscalía encontraron los mismos elementos. Al principio se creyó que los hermanos del asesino los usaron para borrar los rastros del crimen, pero luego la justicia decidió creer el relato de Rafael, quien dijo que el aceite era parte del fetiche dentro del abuso. No obstante, en esta escena, el aceite y el jabón no parecían elementos casuales ante los rastros de sangre encontrados por Natali dentro del Éxito. Detalles.

Afuera, terminó de leer el acta ante las cámaras del periodista Tejada, quien se percató de las omisiones.

—La información que hemos recibido de la comunidad es que también se encontraron huellas de aceite y de jabón. No veo que en el comunicado haya quedado esa evidencia —le increpó.

—Sí, tiene razón. Ese es un elemento que habrá que anexar al acta.

Las posibilidades de que se supiera la verdad empezaron así: manchadas de silencios, de negaciones y de versiones incompletas. De heridos y muertos de los que ninguna autoridad habló.

       Flash back. Se escuchó el sobrevuelo de un helicóptero de la Policía. No era aún el mediodía.

—Vean a este otro idiota… ¿Qué es lo que está haciendo? —preguntó un señor con camiseta de la selección Colombia, que estaba sobre el puente peatonal que conecta con la calle del Éxito y con la terminal de buses urbanos, MIO.

El que habla en el video observaba hacia la autopista Simón Bolívar en dirección al Éxito, que está al frente, a la altura del barrio Calipso. El transporte público no funcionó ese día en aquel paraje. Fueron unos treinta los que saquearon el almacén en plena mañana. Mientras tanto, el puente se convirtió en el mejor palco para una romería que se detuvo a observar y a grabar con sus celulares.

—¡Los tombos, vea; los tombos! —gritaron abajo del puente.

—Ese señor está armado, ¿cierto? —preguntó una mujer que grababa con un celular desde lo alto del puente peatonal.

—Sí, está armado —respondió el señor de camiseta de la selección Colombia.

El celular fue girado y se veían personas como hormigas que, en vez de cargar hojas de un árbol, llevaban cajas de electrodomésticos y artefactos. Salían del almacén con el botín. Caminaban tan rápido como podían sobre la despejada autopista. Las imágenes sui generis del saqueo fueron registradas en videos ciudadanos el 28 de abril, justo cuando había marchas por casi toda la ciudad en protestas por la reforma tributaria propuesta por el gobierno de Iván Duque y que, para entonces, hacía trámite en el Congreso. Ese mismo día, mientras unos marchaban, otros saqueaban el Éxito de Calipso.

    —¡Viene el Esmad, viene el Esmad! —se escuchó advertir a una mujer.

—Hay tipos armados, ¿verdad? —preguntó la mujer que seguía grabando desde lo alto del puente.

No había policías, salvo en el helicóptero que, desde la mañana del 28 de abril, sobrevolaba Cali. Horas después serían parte obligada del paisaje. Por ahora no. En ese momento, las marchas eran las protagonistas en casi todas las principales vías de la ciudad y del país. Le faltaban escasos minutos al mediodía cuando, de repente, una contraimagen emergió tras el saqueo: otros jóvenes con camisetas amarillas y blancas caminaban de regreso hacia el Éxito con las cajas de los electrodomésticos. Iban acompañados por chicos en bicicletas y policías que, al lado del camino, servían de observadores y coordinadores de la escena. Gritaban: “¡Los buenos somos más!”.

         El saqueo se repetirá el 2 de mayo en la noche, pasadas las ocho, ya no sobre la Simón Bolívar, sino a un costado, por la calle 28D. De nuevo, no habrá asomo de policías. Los vecinos grabarán la acción y el acto se llevará a cabo con cierta tranquilidad. Habrá protestas en puntos cercanos, como quien arranca hojas del calendario, los siguientes días, hasta llegar al 19 de mayo. Día del Apocalipso. Día en que la Policía encerrará en el almacén a una turba saqueadora y la molerá a palos hasta romperla, hacerla sangrar y gritar. Los alaridos llamarán la atención de los vecinos y de los jóvenes de la Primera Línea que, hasta ese momento, se desmarcarían de quienes estaban delinquiendo. Ese día, en la noche, se armará la de Troya.

—[El 19 de mayo, los uniformados] se fueron [de Calipso] como a las 5 p. m. y dejaron las entradas [del almacén] abiertas —dijo Segundo*, habitante de calle y miembro de la Primera Línea de Puerto Maderas.

Hasta aquí el front de la historia. Ahora viene el off.

La gente de Calipso armó lucha en la pandemia de COVID-19. Aguantó hambre en condiciones de miseria y violencia, como también le pasó al oriente de la ciudad y las laderas, en donde también se concentraron las manifestaciones y protestas en la ciudad durante el Paro Nacional de 2021.

Cali venía de un jaleo duro: una auditoría de la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito (UNODC) había revelado la existencia de 182 estructuras criminales. Pandillas, microtráfico, extorsión, cobro gota a gota. Fue tan exorbitante el balance, que se calculó un promedio y se observó que, por cada 10.000 habitantes, había un grupo ilegal. La olla de los grupos ilegales se había destapado en septiembre de 2019 y, para marzo de 2020, el presidente Iván Duque decretó encierro total por la pandemia. Caos.

“El estudio señala también que, geográficamente, es posible ubicar a estas agrupaciones ilegales. El 79% de ellas, unas 119 reconocidas como pandillas que se dedican sobre todo al hurto y a la distribución de drogas, se encuentran en seis comunas. Cinco de ellas están ubicadas en el oriente de la ciudad: la 21 (Desepaz), la 16 (La Unión), la 15 (El Vallado), la 14 (Alfonso Bonilla) y la 13 (Poblado); en esta zona se encuentra el distrito de Aguablanca. Y por el occidente, la 20 (Siloé)”, comentó El Espectador sobre el informe de la UNODC.

Calipso, así como Puerto Maderas, forma parte de la comuna 13 y es vecina de El Poblado, pero, a simple vista, no es notorio. La fachada del Éxito, junto a la Simón Bolívar, le da un aire de metrópoli. A pesar de las calles pavimentadas alrededor, las casas de dos pisos y enrejadas con sardineles en los que hay pasto y vegetación frondosa, barrio adentro se cuecen habas. Para 2018, este sector tenía alta concentración del índice de necesidades básicas insatisfechas (NBI), esto es: viviendas y servicios inadecuados, hacinamiento crítico, inasistencia escolar, dependencia económica y parches de pobreza y miseria.

“De los que cayeron en pobreza monetaria, 375.990 fueron ciudadanos de Cali. En 2019, el total de ‘caleños’ caracterizados en pobreza monetaria eran 558.360 y, en 2020, ese número subió a 934.350”, dijo Rubén Darío Ocampo Camargo en su columna del diario La República el pasado 5 de junio.

En el espectro nacional, la pobreza alcanzó el 42,5%, en tanto, la incidencia en Cali fue del 36,3 %, de acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE). Al tiempo que es una de las comunas donde más se pierde la vida por homicidios, de los cuales cerca del 90% de las víctimas son hombres. Según un acumulado que tiene el Observatorio de Seguridad de la ciudad, desde 1993, la 13 resultó ser la más violenta, con un récord de 4.583 asesinatos.

     Es uno de los sectores de Cali en donde más se concentran personas afro, muchas de ellas víctimas de desplazamiento forzado. Estigmatizados por ser pobres, por ser negros, por habitar un contexto de violencia, los jóvenes del oriente quedaron relegados al margen de su propia ciudad.

        Una segregación tan manifiesta que ha llegado al punto de plantearse la coexistencia de una “Cali blanca” y una “Cali negra”, como lo hizo en mayo de 2020 el director de información de un importante diario local. Una segregación que ha llevado a los jóvenes del oriente a identificar sus territorios como guetos marcados por el abuso policial, la discriminación y la pobreza. Así lo exponen el sociólogo Fernando Urrea y el antropólogo Pedro Quintín.

Que fuera un sector con índices de violencia, de microtráfico y de miseria quizá justificara la violencia descargada. Pareció ser la respuesta a un estigma. De paso, sirvió para validar y amparar el silencio y las explicaciones de lo sucedido esa noche dentro del almacén, no solo por parte del presidente y del Ministerio de Defensa, sino también de los dueños del Éxito, quienes les dieron bonos a los policías después de que, al parecer, torturaran a los saqueadores de su establecimiento o mejor, les cuidaran sus instalaciones a sangre y fuego. De eso nadie habló.

Jorge Jaramillo, gerente del Grupo Éxito, junto con el ministro de Defensa Diego Molano, entrega en Medellín bonos por $40 millones

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