Por Carlos Crespo
armando.info
No es muy conocido, lo que no es de extrañar: hace lo que sea para mantener el bajo perfil, hasta contratar empresas de lavado de reputación en Internet. Pero en documentos del Registro Mercantil de Luxemburgo resalta su nombre en vinculación con la empresa Fimis Holding, que representa la zona cero de su madeja global de negocios, por la que pudo comprarse el primer edificio de superlujo en Madrid y el segundo apartamento más caro de Florida en 2016. Se llama Isaac Sultán Cohén, se le tiene por cercano a Diosdado Cabello, y ahora está de vuelta a su Itaca original, Puerto Cabello, en cuyos almacenes empezó a hacer fortuna.
Desde que tuvo bajo su control buena parte de las concesiones de los almacenes de los puertos de La Guaira y Puerto Cabello, sobre la franja costera del centro norte de Venezuela, hasta que llegó con sus negocios marítimos y de inmuebles a Ginebra -curiosamente, una ciudad con lago en un país sin mar-, la carrera y las conexiones del empresario venezolano Isaac Sultán Cohén no han parado de expandirse.
Documentos provenientes del proyecto colaborativo de Open Lux –la base de datos con 3,3 millones de entradas del registro mercantil de Luxemburgo que logró obtener el diario Le Monde de París, y que coordinó el Proyecto de Reportería de la Corrupción y el Crimen Organizado (Occrp, por sus siglas en inglés)– permiten ahora conocer que el empresario venezolano se valió de, al menos, dos empresas offshore para incursionar en el negocio de inmuebles de lujo y comprar un edificio completo en Madrid, así como un suntuoso penthouse de dos plantas, con piscina incluida, en una de las zonas más caras y exclusivas del sur de Florida, Estados Unidos.
Precisamente en el edificio comprado por Sultán Cohén en 2014, en la capital española, fueron embargados apartamentos por una investigación en contra del exviceministro de energía venezolano Nervis Villalobos, por el uso de fondos, presuntamente provenientes de lavado de dinero, para la compra de pisos de lujo en España, de acuerdo con lo reseñado por la prensa de ese país. Además, Elecnor, la constructora de origen vasco escogida por quienes representaban al empresario venezolano en España para la remodelación del edificio, fue acusada de pagar presuntos sobornos a Villalobos, disfrazados de “asesorías”, para obtener millonarios contratos en Venezuela entre 2010 y 2012.
Sultán incursionó en el negocio de las viviendas de lujo luego de un accidentado recorrido en la industria naviera en Venezuela. En 2009, una de sus empresas insignia, Braperca, C.A., fue ocupada y luego integrada a la nueva estatal, Bolivariana de Puertos (Bolipuertos), encargada de gestionar y administrar las operaciones portuarias. Era la culminación de la decisión de Hugo Chávez, expresada por un decreto presidencial del 24 de marzo de ese año, de acabar con todas las administraciones privadas en los puertos.
Poco antes de eso, en mayo de 2007, entre los directivos de Braperca se encontraba Hamud Khalil Massub, a quien los registros ubican como residente de Carabobo. Khalil Massub no solo comparte uno de sus apellidos con Majed Khalil Majzoub, sino que figura como directivo junto a este de la empresa Petroltec Fluidos De Venezuela, C.A, dedicada a la comercialización de fluidos para la perforación de pozos petroleros.
Tanto Majed como su hermano Khaled Khalil Majzoub son empresarios que obtuvieron importantes contratos desde los inicios del chavismo, favor que mantienen hasta hoy con su participación, bajo la figura de alianza estratégica, en empresas públicas como la también expropiada Lácteos Los Andes, por ejemplo.
Sultán, por su parte, no se queda atrás en este tipo de contactos. En julio de 2011, la revista Semana de Bogotá, durante la publicación de los llamados Wikileaks de Venezuela en proyecto conjunto con Armando.info, reprodujo el contenido de un cable interno del Departamento de Estado donde la Embajada de Estados Unidos en Caracas informaba que un empresario del negocio portuario había revelado que Diosdado Cabello, entonces ministro de Obras Públicas y Vivienda y actual número dos del chavismo, era el “verdadero dueño” de Braperca, la compañía que, en papeles, Sultán detentó hasta su expropiación.
A la postre, Cabello fue sancionado en mayo de 2018 por Estados Unidos bajo acusaciones de que estaba involucrado en “lavado de dinero, malversación de fondos estatales y otras actividades corruptas”, imputaciones que el político niega.
Tras el revés momentáneo en los almacenes portuarios, Sultán continuó con sus empresas de transporte de carga marítima y siguió haciendo negocios en Europa, Panamá y Estados Unidos. Su expansión posterior no fue solo geográfica. También amplió el abanico de sus negocios al sector high end de los bienes raíces, un negocio en el que muchos capitales venezolanos se colaron.
Buscando gangas en Madrid
Cuando Sultán fue defenestrado de Puerto Cabello, corrían tiempos duros para la economía europea y del mundo. Todavía se sentían los coletazos de la burbuja de las hipotecas subprime de 2008. Las ondas expansivas de la recesión recorrían el planeta y en el frente de choque estaba el sistema financiero global. Gigantes de la banca se derrumbaban o se veían obligados a acudir a los expedientes de los subsidios estatales y de la fusión con pares.
Esta situación llevó al gobierno español en 2012, en conjunto con las autoridades de la Unión Europea, a crear la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), una institución con capital 54,1% privado (de bancos y aseguradoras) y 45,9% público (del FROB, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria), que nació con el objetivo de recapitalizar a la banca y ayudarla a lidiar con sus activos tóxicos y deudores insolventes.
La página web de este organismo precisa que la sociedad compró, entre 2012 y 2013, un paquete de 198.211 “activos problemáticos” valorados en 50.781 millones de euros, que incluía 90.765 préstamos y créditos (77,7% de la inversión) y 107.446 inmuebles (22,3%). La idea era que el fondo sacara el máximo rendimiento a estos activos, para luego pagar a los bancos intervenidos por el FROB a través de bonos avalados por el Tesoro Público español que las entidades podían cambiar por dinero en el Banco Central Europeo (BCE). Las instituciones financieras que participaron en este mecanismo fueron BFA-Bankia, Catalunya Banc, Banco de Valencia, Novagalicia Banco, Banco Gallego, BMN, Caja3, CEISS y Liberbank.
Precisamente este último banco, Liberbank, vendió uno de sus activos a la Sareb: el edificio del número 48 de la calle José Abascal, ubicado en el exclusivo distrito Chamberí-Almagro, a tan solo 200 metros del Paseo de la Castellana de Madrid, luego de que el inmueble fuera embargado por el banco Castilla-La Mancha S.A, institución que fue absorbida por Liberbank, por falta de pago de un crédito hipotecario solicitado por el dueño anterior, la empresa Indegesu S.L.
Entonces entró en escena Sultán Cohén. Aprovechó la oportunidad que ofrecía la gran liquidación de inmuebles, bajo supervisión del Estado español, por incumplimientos hipotecarios. Pasó la due diligence (el proceso de búsqueda de información sobre una persona o corporación previa a la realización de negociaciones) del estatal Banco de España, la institución financiera que cumple funciones de banco central en ese país, y compró el edificio por 26,5 millones de euros el 24 de abril de 2014. Una verdadera ganga para como terminaron siendo los precios del metro cuadrado de construcción en la zona.
Para hacer esta compra, Sultán Cohén se valió de una empresa llamada Fimis Holding S.à r.l., una offshore constituida en Luxemburgo apenas diez días antes de la transacción. Pero quien dio la cara para la compra del edificio fue, a los efectos jurídicos, una empresa española de nombre Basgaron Spain SL, creada dos meses antes de la venta, que tiene por objeto “la actividad inmobiliaria, la urbanización, construcción, compraventa, rehabilitación” en este sector. De acuerdo con documentos obtenidos por Armando.info, esta compañía figura como la propietaria del inmueble.
Con este esquema, el nombre del venezolano logró pasar fuera del radar, a lo sumo nombrado como un “inversor extranjero” en algunos medios españoles. La discreción suele ser una marca en las actuaciones del magnate venezolano. No en balde, en un reportaje reciente de Armando.info se reveló que fue uno de los clientes que entre 2016 y 2020 precisaron de los servicios de Eliminalia, una empresa española de lavado de reputación en Internet.
Los balances financieros de Fimis Holding demuestran la conexión de esta empresa con Basgaron Spain SL. Wntre los años 2014 y 2018, realizó un pago anual de alrededor de cuatro millones de euros, descrito con el rubro de “activo financiero fijo”, a Basgaron. El accionista de esta empresa es otra offshore de nombre Ibericlake Holdings Limited, una compañía inscrita en las Islas Caimán que aparece en otras empresas asociadas a Sultán Cohén.
Basgaron, constituida el 27 de febrero de 2014, apenas unas semanas antes que Fimis, también ejerció como “promotora” de la obra. Es decir, se encargó de gestionar los permisos ante el ayuntamiento, de arreglar el contrato con la constructora, contratar a las consultoras encargadas de comercializar los inmuebles, entre otras gestiones. Armando.info envió una solicitud de información a la Sareb el 16 de agosto, para obtener más detalles sobre esta compra, pero hasta la fecha de publicación del presente reportaje la institución no había dado respuesta.
Las conexiones suizas
Luego de la compra del edificio en Madrid en 2014, Basgaron decidió cambiar el proyecto original de las obras y redujo la cantidad de apartamentos a la mitad, para hacer viviendas de lujo.
La empresa escogió a la trasnacional vasca Elecnor, y a su filial Área 3 (dedicada a las actividades de de “interiorismo, diseño y equipamiento”), para las obras de remodelación del edificio que culminaron en 2016 y que tuvieron un costo de 3,5 millones de euros, de acuerdo con la página 18 del dossier de proyectos ejecutados por esa empresa.
El grupo Elecnor es una compañía dedicada al sector eléctrico que tuvo su primera filial extranjera en Venezuela. Durante los años del chavismo ejecutó grandes obras como la construcción de la Central Eléctrica Juan Manuel Valdez de 350 MW, en Güiria, en el oriental estado Sucre, con un costo de 709 millones de euros, o la red de transmisión eléctrica Red Termocentro, ubicada en el estado Miranda, centro norte de Venezuela, a un costo de 159 millones de euros.
Elecnor también fue relacionada al pago de presuntos sobornos al exviceministro de Energía venezolano, Nervis Villalobos, uno de los principales acusados por parte de las autoridades de Andorra de estar involucrado en un esquema de pagos irregulares que superaron los 2.000 millones de euros a través de la banca de ese país. Fue arrestado en Madrid en 2017, acusado de blanqueo de capitales también en Estados Unidos, España y Venezuela. Actualmente está en libertad, pero enfrenta procesos judiciales en España por estas acusaciones y solicitudes de extradición.
El diario El País de Madrid publicó documentos que indican que la compañía vasca abonó 11,5 millones de euros a Villalobos por supuestas “asesorías” entre los años 2010 y 2012. El pago fue vinculado con la participación que consiguió Elecnor en la construcción de una termoeléctrica en Cumaná, capital del estado Sucre, por 1.420 millones de euros. También según el mismo medio, Elecnor pagó comisiones a Villalobos por negocios en otros países.
Luego de que Elecnor culminó las obras de remodelación en 2016, el edificio de José Abascal 48 fue presentado en julio de ese año como una opción de viviendas de lujo, con zonas comunes entre las que se encontraban un gimnasio, zona de aguas, jacuzzi, sauna y baño turco, así como un estacionamiento robotizado con capacidad para más de 200 puestos. Los costos de las viviendas oscilaban entre los 600.000 euros y los cuatro millones de euros. Los principales clientes potenciales para este inmueble que, como se asombraba el diario El Confidencial de Madrid, “fue víctima de la crisis inmobiliaria y ahora se ha convertido en el primer edificio de viviendas de superlujo”, eran, precisamente, los venezolanos y otras nacionalidades latinoamericanas como los mexicanos y los colombianos.
Sin embargo, en diciembre de 2019 el Tribunal Superior de Justicia de Madrid declaró “nulas” las licencias municipales concedidas por el ayuntamiento de esa ciudad para la realización de las obras por violar la “edificabilidad” permitida en esos terrenos en 790,46 metros cuadrados y ordenó a la institución municipal demoler parte de la construcción, para que esta se adapte a los límites permitidos. Esta sentencia todavía está pendiente de ejecución.
Por si fuera poco, en 2018, cuando se hizo pública en la prensa española la investigación adelantada por dos jueces de ese país en torno a una veintena de venezolanos “que se han dedicado a invertir en inmuebles en España para lavar el dinero” presuntamente desviado de Pdvsa, salió a relucir que Nervis Villalobos, a través de la sociedad Columbus Properties One, era dueño de “24 pisos en los céntricos barrios de Salamanca y Chamberí de la capital española”, entre ellos, un apartamento embargado en “la calle José Abascal 48”. El esquema usado por Villalobos y sus socios para esconder sus nombres fue muy parecido al empleado por Sultán Cohén para comprar el edificio. Para la adquisición no se usó el nombre de los propietarios sino que se constituían sociedades “SL” y los pagos se hicieron con fondos provenientes de cuentas en el extranjero.
Los documentos de Fimis Holding también indican que esta empresa tenía participaciones en Esther Maritime LTD y Simaee SA. La primera compañía está dedicada al comercio marítimo a través del transporte de contenedores y fue inscrita en Malta, una nación insular en el Mediterráneo oriental con características de paraíso fiscal. La segunda tiene como objeto social prestar servicios de administración, contabilidad y análisis financiero y su sede está en Ginebra, Suiza.
Una fuente que conoce el sector inmobiliario de España, y que solicitó no ser identificada, indicó que Sultán Cohén tiene “buenas conexiones” en Suiza y que sus intereses e inversiones han sido representados directamente por Thierry Sauvaire, director ejecutivo de Eurocement Holding AG, empresa con sede también en Ginebra. Esta corporación es la apoderada legal y la asesora financiera del grupo Eurocement, el mayor productor de cemento de Rusia, que cuenta con 19 plantas en ese país, además de Ucrania y Uzbekistán.
La directora de finanzas de Eurocement Holding AG, la contadora Jessie Agostinelli, también figuró como integrante de la junta directiva de Basgaron, la subsidiaria de Fimis Holding que compró el edificio de José Abascal 48 en Madrid. Armando.info envió solicitudes de información al correo electrónico de Eurocement Holding el 16 y el 17 de agosto, desde dos correos distintos; sin embargo, ambos envíos fueron rechazados por el sistema de correo.
Andrea Agostinelli, el esposo de Jessie Agostinelli, fue nombrado como directivo de Fimis Holding en febrero de 2015 y fue renovado en este cargo, al menos, hasta diciembre de 2020. También fue director de Esther Maritime LTD, y Simaee SA, las otras dos subsidiarias de Fimis Holding que aparecen en los documentos de la filtración de Open Lux.
Andrea Agostinelli viene del mismo sector que Sultán Cohén, pues trabajó hasta 2014 para una de las compañías de carga marítima más grandes del mundo: Mediterranean Shipping Company, en donde laboró durante 26 años y se desempeñó como vicepresidente para la región de Latinoamérica por la misma fecha en que Sultán Cohén operaba su negocio naviero. Esta compañía, de origen italiano, tiene su sede en Ginebra.
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