Por Karem Galvez
En el intrincado tapiz del poder venezolano, el clan Gómez Sigala emerge como una dinastía polifacética, marcada por el brillo y la sombra, la influencia y la controversia. Sus tentáculos se han extendido con notable habilidad por los ámbitos industrial, periodístico, político, bancario, social e incluso deportivo de Venezuela, reflejo de los múltiples roles que sus miembros han sabido ocupar estratégicamente.
Queremos agradecer el infinito apoyo prestado por el empresario Ernesto Guevara Rodríguez y sus hijos para la culminación de este extenso trabajo de investigación.
Esta saga familiar la protagonizan cuatro hermanos, nacidos entre las décadas de los 1950’s y 1960’s: Ángel Eduardo, Josefa María, Alejandro y Mauricio, en riguroso orden de nacimiento. Son el legado de Eduardo Gómez Tamayo y Mariela Carolina Sigala, ambos ya desaparecidos del escenario terrenal.
El patriarca, Eduardo Gómez Tamayo (oriundo de El Tocuyo, Lara, 28 de junio de 1928), fue un personaje de múltiples sombreros: abogado, periodista, empresario y político. Su carrera política lo llevó a ocupar escaños senatoriales por Barinas y Portuguesa, alcanzando la cúspide como presidente del Congreso Nacional venezolano entre 1994 y 1996. Curiosamente, militaba en Convergencia, el partido fundado por Rafael Caldera, quien precisamente ocupaba la presidencia de Venezuela en su segundo mandato durante esos años. La conexión con Caldera venía de antes: en los años 70, durante el primer gobierno de este, Gómez Tamayo ya había dirigido la Corporación Venezolana de Fomento (CVF), un puesto clave.
Demostrando una astuta visión del poder mediático, Gómez Tamayo fundó en 1968 el diario El Informador en Barquisimeto, Lara. No era un simple medio, sino una empresa familiar en toda regla, dirigida junto a su esposa Mariela y sus hijos, todos situados como accionistas. Su ambición era palmaria: registraron la marca “El Diario de Barquisimeto”, en un aparente intento por aplastar a la competencia y erigir su periódico como la referencia indiscutible en la capital larense.
El patriarca falleció en noviembre de 2012, mientras que su viuda, Mariela Sigala de Gómez, exhaló su último suspiro en Madrid, en agosto de 2020. Durante décadas, antes de que la irrupción de Hugo Chávez alterara el tablero, los Gómez Sigala se dedicaron a tejer una densa red de relaciones con las figuras más prominentes de la élite empresarial, política y social venezolana.
De la prole, los tres mayores, Ángel Eduardo (conocido como Eduardo), Josefa María (apodada “Chepita”) y Alejandro, han sido quienes han acaparado mayormente los focos de la atención pública. La familia, figura habitual en los exclusivos círculos sociales de Barquisimeto y Caracas, cimentó su estatus en la capital venezolana con la posesión de la emblemática “Quinta Chepita”, situada en la cotizada urbanización Prados del Este.
Eduardo Gómez Sigala: Negocios, política y la sombra de la controversia
Ángel Eduardo Gómez Sigala, el primogénito del clan, ha sabido reinventarse en la escena pública venezolana. Si bien su trayectoria empresarial es innegable –y conveniente–, en tiempos recientes su figura resuena más por un ruidoso activismo político que por sus días en los directorios corporativos. No obstante, conviene recordar que presidió la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Caracas entre 1994 y 1995, una época en la que, ¡qué casualidad!, su padre, Eduardo Gómez Tamayo, manejaba los hilos del Congreso Nacional venezolano. Un sincronismo familiar que no pasó desapercibido.
Su apetito por liderar gremios empresariales no se detuvo ahí. En 1998 tomó las riendas de la Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos (Cavidea) y, para 2005, ya se había instalado en la presidencia de la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria), consolidando su perfil como vocero del sector privado.
Llegó triunfante a la arena política cuando fue electo diputado “independiente” a la Asamblea Nacional para el período 2011-2016, representando al circuito 3 de su estado natal, Lara.
Sin embargo, la chispa que pareció encender su fervoroso antagonismo político contra el chavismo fue la intervención, en septiembre de 2009, de su finca agropecuaria La Bureche. Bajo la administración de Hugo Chávez, el Instituto Nacional de Tierras (INTI), con apoyo del Ejército venezolano, ocupó la propiedad, alegando que se encontraba ociosa. Gómez Sigala, quien clamaba que su finca estaba en plena producción de caña de azúcar, fue detenido brevemente por resistirse, quedando luego bajo régimen de presentación. Sus acólitos no tardaron en tejer la narrativa de una represalia política, una supuesta venganza del gobierno por los años de Gómez Sigala al frente de cúpulas empresariales. ¿Víctima o simplemente un empresario afectado por políticas que no le favorecían?
Desde su curul parlamentaria hasta hoy, Eduardo Gómez Sigala se ha codeado con la flor y nata de la oposición más radical: María Corina Machado, Leopoldo López, Juan Guaidó, entre otros. Su propia madre, Mariela Sigala, no ocultaba su simpatía por María Corina, añadiendo un toque familiar a la militancia.
Pero detengámonos en un detalle crucial, un lazo que quizás muchos pasan por alto, pero que añade complejidad –o conveniencia– a su perfil. Eduardo Gómez Sigala está casado nada menos que con Leonor Mendoza Giménez. Aunque a muchos el nombre pueda no sonarle, Leonor es hermana de Lorenzo Mendoza Giménez, presidente de Empresas Polar, el coloso privado de alimentos y bebidas en Venezuela.
Que el cuñado del zar de Polar se erigiera como un ariete opositor tan vehemente, ha sido, cómo no, música para los oídos del oficialismo, que durante años ha acusado a Lorenzo Mendoza y a su imperio de conspirar contra Chávez y Maduro. Y es que la relación de Eduardo Gómez Sigala con la familia de su esposa no ha sido un mero formalismo social. Sus lazos han sido también económicos y muy próximos: Eduardo ha ocupado cargos tan relevantes como presidente de la división de alimentos de Empresas Polar y presidente de Productos EFE S.A., la unidad de helados del conglomerado. Mientras tanto, su esposa Leonor no se ha quedado atrás, figurando como directora de la Fundación Empresas Polar y miembro del comité de damas de la división de alimentos, entre otras posiciones dentro del holding familiar. Un entramado que sugiere algo más que simples afinidades políticas.
Lejos de amilanarse por la “injusta” expropiación de su finca venezolana en 2009, Ángel Eduardo Gómez Sigala demostró una notable capacidad de recuperación –o quizás, simplemente, contó con los recursos para ello–. Sin perder mucho tiempo, él y su esposa, Leonor Mendoza (la hermana del magnate de Polar), pusieron sus ojos en España. A finales de 2012, ya estaban echando nuevas raíces agropecuarias con la adquisición de la finca Dehesa de la Mata en Extremadura, un rincón al suroeste de Madrid perfecto para criar ganado vacuno Limusin y ovino merino de pura raza, destinado, cómo no, a la genética. Un detalle de coquetería: el logo de la finca juega con las iniciales E y G, un guiño nada sutil al nombre del patrón, Eduardo Gómez.
Mientras diversificaban sus intereses en Europa, los hilos del patrimonio familiar seguían moviéndose. Los albores del siglo XXI vieron cómo Eduardo Gómez Tamayo y Mariela Carolina Sigala orquestaban el traspaso de activos a su prole, utilizando el siempre conveniente paraíso fiscal panameño como conducto. Sociedades pantalla como Midville Securities S.A. o Carpani Investments Inc. sirvieron de vehículo para que Eduardo y sus hermanos recibieran su parte del pastel hereditario.
Entre los bienes legados a Eduardo y Leonor se encuentra un viejo apartamento en el condominio Sea Ranch Club A en Lauderdale By The Sea, un pequeño pueblo costero al norte de Fort Lauderdale, en Florida. Una propiedad que, con el paso del tiempo, cayó en un estado de franco deterioro. Decidido a sacarle rédito, Gómez Sigala lo alquiló. Desde 2017, su inquilino fue Miguel Ángel Reyna, un cantante, pianista y compositor, de avanzada edad y con una salud precaria, padre de la cantante peruana Reyna Rosa Reyna, conocida artísticamente como Reyna Moncloa.
Pero la relación arrendador-inquilino tomó un giro sórdido a principios de 2025. Amparándose en una supuesta deuda de alquiler superior a los 15.000 dólares, Eduardo Gómez Sigala, el exdiputado y empresario, inició el desalojo del anciano músico. El asunto no tardó en aterrizar en los tribunales de Florida, con Gómez Sigala demandando no solo la expulsión sino el cobro íntegro de la deuda.
Miguel Ángel Reyna toca el piano en la Cleveland Clinic Florida
En una explosiva respuesta, Reyna acusó a Gómez Sigala de abuso de ancianos y explotación financiera. En una carta desgarradora fechada el 1 de abril de 2025, el pianista detalló su calvario: padece Parkinson, una válvula aórtica defectuosa y asma. Alegó que Gómez Sigala, con fría calculadora, se aprovechó de su vulnerabilidad –edad avanzada y deterioro cognitivo– para lucrarse con “una unidad inhabitable”.
Un Miguel Ángel Reyna, unos años más joven, cantando y ejecutando el piano
Según Reyna, todo se desencadenó tras firmar una extensión de contrato en 2024, momento en que comenzaron unos trabajos de mantenimiento de larga duración. Acusó a Gómez Sigala y a su administradora, Jennifer Armband, de ocultar deliberadamente la naturaleza tóxica de dichas obras, que convirtieron el apartamento en una cámara de gas. “Pulverización de concreto, polvo de restauración, químicos y olores tóxicos” se filtraban por ventanas y puertas de balcón defectuosas, obligando al pianista a huir “para protegerse a sí mismo y a su salud”. Reyna insistió: él era la víctima, no el causante del problema. Sostuvo que Gómez Sigala incumplió el contrato al no advertir sobre las obras, su duración de meses, ni mantener los cerramientos sellados y acordes a las normas antihuracanes, lo que agravó la exposición a los químicos.
La situación forzó a Reyna a refugiarse en un hotel Marriott Residence Inn desde julio de 2024, un gasto considerable que salió de su bolsillo. Sus peticiones de ayuda o reubicación temporal a la administradora cayeron en saco roto. El pianista denunció que Gómez Sigala se negó a reembolsarle los “miles de dólares” del hotel, mostrando ninguna apreciación o respeto por el inquilino. La carta incluso mencionó daños a sus pertenencias y citó al Dr. Víctor Vélez, neurólogo del Holy Cross Hospital, en Fort Lauderdale, quien confirmó el impacto negativo de los químicos en la salud de Reyna.
Pese a este dramático relato, en abril de 2025, un fallo judicial –convenientemente limitado a reconocer la deuda pero obviando el aparente perjuicio causado por las condiciones del inmueble– dio la razón a Gómez Sigala. Sin inmutarse por las acusaciones de abuso y negligencia, el exdiputado redobló la apuesta, exigiendo al enfermo pianista más de 21.000 dólares por alquileres atrasados y costas judiciales. Un retrato poco halagador de la sensibilidad social del empresario.
Mientras tanto, la siguiente generación Gómez Mendoza –Eduardo, Andrea, Mariela y Leonor– parece haber heredado el olfato para los negocios familiares. Eduardo hijo, ingeniero industrial con pasantías por Polar, PepsiCo y Cemex, ahora dirige CRH Ventures, un fondo de capital riesgo y capital privado en Madrid. Andrea, tras estudiar diseño de joyas en Nueva York, se unió a sus hermanas Mariela y Leonor en un emprendimiento de calzado de lujo, diseñando zapatos en Caracas y Nueva York, pero fabricándolos, por supuesto, en la exclusiva Florencia. La tradición emprendedora, o quizás la herencia, sigue su curso.
“Chepita” Gómez Sigala: Entre el poder económico, la cercanía con figuras de la política venezolana y las sombras de un accidente
Pasemos a Josefa María Gómez Sigala, más conocida por el diminutivo de “Chepita” en los selectos –y a menudo superficiales– círculos de la alta sociedad caraqueña. Su notoriedad no solo proviene de su apellido, sino de ser la consorte del omnipresente empresario Carlos Gill Ramírez. Gill, figura central en el entramado corporativo venezolano, preside Corimon, holding industrial dedicado a la fabricación de pinturas (incluida la emblemática Montana), resinas, empaques y tintas. Pero el apetito de Gill no se limita a la pintura: su portafolio ha incluido o incluye participaciones en gigantes como Bridgestone Firestone en Venezuela, la histórica Vencerámica, el canal español Vme Tv, la franquicia venezolana de la revista Hola, el otrora influyente diario El Nacional, la infraestructura de los teleféricos en La Paz y El Alto (Bolivia) e incluso franquicias de la cadena de comida rápida Wendy’s. Un abanico de intereses tan diverso como llamativo.
Fiel a la estrategia de diversificación geográfica de la élite venezolana, Gill Ramírez también ha plantado su bandera en España, invirtiendo en el lucrativo –y a veces opaco– mercado inmobiliario de lujo. A través de sociedades como Sari Holdco SL, adquirió el cotizado edificio General Oráa 9 en Madrid, canalizando fondos también mediante otras estructuras como Sari Capital SL y LI3 Energy Holding SL, esta última supuestamente ligada a proyectos de explotación de litio, mineral abundante en Bolivia.
Sin embargo, la vida sentimental de “Chepita” no siempre estuvo ligada a Gill. Antes de encontrar acomodo junto al ahora presidente de Corimon, fue esposa de César Simón Rodríguez Berrizbeitia, un empresario y político de la vieja guardia, militante del partido Acción Democrática. Rodríguez Berrizbeitia llegó a saborear las mieles del poder como gobernador de Caracas entre 1993 y 1994, un cargo obtenido por designación directa del presidente interino de la época, Ramón José Velásquez.
De esa unión de “Chepita” con Rodríguez Berrizbeitia nacieron dos hijos: César y Andrés. El primero, César, parece haber encontrado un nicho lucrativo bajo el ala de su padrastro, Carlos Gill, participando activamente en Corimón y en sus ambiciosos proyectos inmobiliarios en España. En estas operaciones también figura Carlos Uzcátegui, yerno de Gill, quien aporta su experticia como gerente e ingeniero civil. Todo, como suele ocurrir en estos círculos, queda convenientemente entrelazado en familia.
Sin embargo, la fachada de éxito y conexiones de los Rodríguez Gómez se resquebrajó a principios de 2016. Una tragedia automovilística en Florida segó la vida de Andrés, el hijo de “Chepita” y César Rodríguez Berrizbeitia, conocido en los círculos ecuestres como “Chepito”. A sus 31 años, este joven jinete, con una carrera en ascenso en el salto internacional, encontró un final abrupto el 4 de enero en Wellington.
La maquinaria mediática en español y las redes sociales se volcaron en construir una narrativa edulcorada del suceso. Proliferaron las reseñas que ensalzaban los laureles internacionales de “Chepito”, lamentando cómo su muerte truncaba su camino a los Juegos Olímpicos de Río 2016, para los que ya estaba clasificado. Se tejieron panegíricos sobre su carisma, bondad y hasta su altruismo póstumo al donar sus órganos. Un esfuerzo concertado por pintar un retrato impecable, casi heroico.
Pero bajo esa capa de luto y elogios, el accidente escondía aristas incómodas, detalles escabrosos que la prensa en español pareció convenientemente ignorar y que, hasta hoy, permanecen en una nebulosa de preguntas sin respuesta.
Informes de medios angloparlantes y documentos judiciales, a los que sí se ha tenido acceso, revelan una historia menos pulcra. En el vehículo siniestrado no solo viajaba Andrés Rodríguez Gómez; lo acompañaba la estadounidense Sophie Walker, también jinete residente en Wellington y participante en competiciones juveniles y amateur. Ambos perdieron la vida.
El choque ocurrió en la madrugada del lunes 4 de enero de 2016, alrededor de las 3:25 a.m., en Wellington, epicentro del Festival Ecuestre de Invierno de EE.UU. Walker, de 30 años, fue declarada muerta en el acto. “Chepito”, gravemente herido, fue trasladado al Centro Médico Delray, donde su vida se extinguió horas más tarde.
¿La causa oficial? Según la Oficina del Sheriff del Condado de Palm Beach, el auto se estrelló violentamente contra un pilar de hormigón dentro del exclusivo Palm Beach Polo and Country Club. Y aquí viene el dato crucial, ese que enturbia la imagen idílica: un informe del médico forense del condado de Palm Beach confirmó que “Chepito” conducía con un nivel de alcohol en sangre que superaba en más de un 60% el límite legal permitido en Florida. La fiesta, al parecer, había terminado de la peor manera.
Los fríos números del informe forense destrozaron la narrativa edulcorada: Andrés “Chepito” Rodríguez tenía una concentración de alcohol en sangre de 0.126 cuando perdió el control del Porsche Roadster de 1992 que pilotaba. El bólido se estampó contra un poste de concreto en Sunnydale Drive, en las inmediaciones de Polo Club Road, dentro del elitista Palm Beach Polo and Country Club. El diagnóstico oficial: traumatismo craneoencefálico cerrado. Su traslado al Centro Médico Delray solo certificó una lesión cerebral devastadora que le costó la vida.
Michael Bell, el médico forense del distrito, fue tajante: el 0.126% no era una cifra post-mortem inflada, sino el reflejo fiel de su estado de embriaguez al momento del impacto, confirmado por análisis de sangre realizados de inmediato en urgencias. Un nivel muy por encima del límite legal de 0.08 fijado en Florida para ponerse al volante.
¿Qué implica conducir con semejante tasa de alcohol? Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), hablamos de una capacidad severamente mermada para mantenerse en el carril y frenar a tiempo. Un deterioro evidente del tiempo de reacción, dificultad para hablar, coordinación motora deficiente y una notable lentitud mental. En resumen, un cóctel peligroso al volante de un deportivo. Para un hombre de su peso (unas 160 libras), alcanzar ese nivel de intoxicación requeriría, según estimaciones de los CDC, ingerir unas seis bebidas alcohólicas en apenas una hora. Una juerga que terminó en tragedia.
Irónicamente, “Chepito”, con estampa de galán y fama de conquistador, estaba en la cúspide de su carrera deportiva. Considerado uno de los 50 mejores jinetes de salto del mundo, tenía la mira puesta en los Juegos Olímpicos de Río representando a Venezuela. Parte de su preparación la realizaba en Wellington, trabajando en el Rancho Golden Point. El rancho, curiosamente, era propiedad de su padrastro, el astuto Carlos Gill, y de su madre, “Chepita”. Una inversión redonda para Gill y Gómez Sigala: comprado en 2011 por poco más de 1.6 millones de dólares, lo vendieron en 2018 recaudando la friolera de más de 10 millones. Un negocio redondo, al margen del drama familiar.
Pero el accidente destapa un avispero de preguntas incómodas, sobre todo al considerar un detalle no menor: apenas un mes antes de la fatal madrugada, “Chepito” había contraído matrimonio con la joven amazona Clementine Goutal. ¿Cómo se explica, entonces, que este recién casado estuviera conduciendo ebrio, en un coche deportivo de colección de solo dos asientos, a altas horas de la noche, y en compañía de otra mujer? Y no una mujer cualquiera, sino la atractiva jinete rubia Sophie Walker, quien, para añadir más leña al fuego del escándalo, también estaba casada. Es así que las piezas no encajan en el pulcro relato oficial.
Si las circunstancias del accidente ya levantaban cejas, los acontecimientos posteriores no hicieron más que alimentar las sospechas y dibujar un panorama aún más turbio. Sophie, la acompañante de “Chepito” en su última y fatal carrera, usaba el apellido Walker, herencia de su matrimonio con Brian Walker, otro jinete y entrenador profesional del circuito ecuestre. Su apellido de soltera, Coppedge, había quedado relegado.
El mismo día del siniestro, Brian Walker publicó un mensaje en redes sociales que, leído ahora en retrospectiva, destila una posible y amarga ironía. Refiriéndose a “Chepito”, escribió: “El chico más amable, cariñoso y divertido que conocí. Te quiero y no te olvidaré”. La publicación iba acompañada de una foto del difunto jinete venezolano durmiendo plácidamente en un sofá, ataviado con su uniforme de equitación. ¿Un homenaje sincero o un velado sarcasmo del marido engañado?
La máscara de cordialidad no duró mucho. En abril de 2016, apenas tres meses después de quedarse viudo, Brian Walker cambió el tono y emprendió una ofensiva legal en Florida. La demanda, por homicidio culposo, apuntaba directamente al padrastro de “Chepito”, el influyente Carlos Gill. Walker no se anduvo con rodeos: señaló a “Chepito” como el responsable directo de la muerte de su esposa Sophie y, crucialmente, corresponsabilizó a Gill por ser el dueño del Porsche siniestrado. El objetivo era claro: obtener una jugosa indemnización de Gill y de la aseguradora del vehículo.
El caso se convirtió rápidamente en un intrincado campo de batalla legal con cuatro contendientes: el viudo Brian Walker, el padrastro Carlos Gill, la aseguradora de Gill (que cubría el Porsche) y otra compañía de seguros donde “Chepito” tenía una póliza para un auto diferente, de su propiedad. Esta última aseguradora se lavó las manos rápidamente, negándose a pagar un céntimo. Su argumento fue demoledor: el Porsche Roadster de 1992 implicado en el accidente –una joya de la que solo se fabricaron 250 unidades– no estaba cubierto por la póliza de “Chepito”. ¿La razón? El coche no era suyo, sino de su padrastro Gill, quien, según se reveló, se lo había “prestado” de manera discrecional durante, nada menos, que los últimos diez años. Un “préstamo” muy generoso y prolongado que ahora tenía costosas implicaciones legales.
La maraña legal tejida tras el accidente encontró una salida, como suele suceder cuando hay mucho dinero en juego. Brian Walker y el padrastro Carlos Gill optaron por un arbitraje. ¿El resultado? Un acuerdo por el cual Gill desembolsó la nada despreciable suma de más de 7.7 millones de dólares a Walker. A cambio, el viudo retiró convenientemente la demanda por homicidio culposo contra el magnate. Una transacción millonaria que silenció el escándalo legal.
El caso aún tuvo coletazos en una corte de apelaciones de Florida, que ratificó la decisión de exonerar a la aseguradora de “Chepito”, confirmando que el Porsche de la tragedia no figuraba en su póliza.
Mientras tanto, en el terreno personal, las heridas parecían cicatrizar con notable celeridad. Tanto Clementine Goutal, la flamante viuda de “Chepito”, como Brian Walker, el viudo de Sophie, rehicieron sus vidas sentimentales pocos años después del doble luto. Walker, incluso, no ha dudado en calificar públicamente a su nueva esposa como “su todo”. Quizás solo ambos viudos conozcan la verdadera profundidad –y duración– de su duelo, o quizás, simplemente, la vida y las nuevas oportunidades, siguen.
Un movimiento inmobiliario posterior añade otra nota intrigante: no queda claro si fue una mera coincidencia o una consecuencia directa del escandaloso accidente, pero a finales de 2016, “Chepita” Gómez Sigala y su marido Carlos Gill se deshicieron de una propiedad que poseían en el exclusivo Royal Palm Yacht & Country Club de Boca Ratón, Florida. ¿Buscaban pasar página tras el accidente o simplemente reorganizar activos ante el costoso acuerdo?
Mientras en Florida se negociaban millones para cerrar un caso de homicidio culposo bajo circunstancias bochornosas, en Venezuela la narrativa era diametralmente opuesta. A mediados de 2016, la Asamblea Nacional, controlada entonces por la oposición, desplegó toda la pompa para rendir homenaje a “Chepito”. Se inauguró una cátedra en su nombre y el entonces diputado Juan Guaidó, asumiendo un papel estelar, lo elevó a los altares: “El mejor jinete ecuestre en la historia de Venezuela”, “ganador de innumerables premios”, “atleta calificado”, “sobre todo un ser humano ejemplar”, que representaba “con creces los valores de la venezolanidad”. Un discurso grandilocuente que chocaba frontalmente con la realidad del accidente: conducir ebrio y acompañado de una mujer que no era su esposa. En medio del escenario político, “Chepita” Gómez Sigala, la madre afligida, recibía el pésame público y se fundía en un abrazo con el entonces presidente del parlamento, Henry Ramos Allup.
Esta cercanía de “Chepita” con el círculo de Guaidó no fue flor de un día. Se hizo aún más patente en 2019, durante el clímax del autoproclamado “gobierno interino”. La matriarca acompañó a Guaidó y a su pareja, Fabiana Rosales, en diversos actos y viajes por Estados Unidos, incluyendo una sonada reunión de Rosales con el presidente Donald Trump. Para entonces, era evidente la estrecha relación que “Chepita” y su hermano Eduardo habían cultivado con Guaidó y otros miembros clave de Voluntad Popular, el partido fundado por Leopoldo López. Los hilos del poder y la influencia, siempre bien tejidos.
Alejandro Gómez Sigala: Su ascenso, caída y reconversión bajo la sombra familiar
Entra en escena Alejandro Gómez Sigala, quizás el camaleón más consumado del clan familiar. Su currículum es un mosaico de identidades: ingeniero de formación, banquero por conveniencia, jinete por afición (o estatus) y, en su encarnación más reciente, un refinado empresario dedicado a los placeres del vino y el aceite de oliva. Una metamorfosis constante que sugiere más oportunismo que vocación.
Hay quien susurra que sus diversas aventuras empresariales no son más que un eco, una réplica, de las andanzas de su hermano mayor, Eduardo –aquel que, según crónicas periodísticas, calentó un sillón directivo en el Banco Provincial justo antes de que cayera en manos del grupo español BBVA en 1997–. Y, por supuesto, las inevitables similitudes con la trayectoria de su cuñado, el omnipresente Carlos Gill. Parece que el manual de operaciones se comparte en familia.
Entre sus roles menos controvertidos, Alejandro presidió “Estudio 96.7 FM”, la emisora familiar en Barquisimeto. Sin embargo, tras más de tres décadas al aire, el micrófono se silenció en 2018 cuando la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), el ente regulador, decidió no renovarle la concesión, entregando la frecuencia a otros operadores. Un final poco glorioso para el medio familiar.
Pero si un cargo marcó –y manchó– su historial público, fue el de presidente del Central Banco Universal. Esta entidad, con presencia en Caracas y el feudo familiar de Barquisimeto, tuvo un final abrupto: intervenida y absorbida por el estatal Banco Bicentenario en 2009, en medio de una crisis financiera que salpicó a varios actores.
El pedigrí del Central Banco Universal ya era, cuando menos, interesante. Nació en 1961 como una modesta entidad de ahorro y préstamo para maestros (Magisterio EAP), mutó a Central EAP en 1968, se vistió de compañía anónima en agosto de 1998 y alcanzó el estatus de banco universal en septiembre de 2001, tras tragarse al Banco Hipotecario Venezolano, C.A.
Un detalle crucial: en sus orígenes como Central EAP, la entidad pertenecía al infame Banco Latino, aquel coloso financiero que se derrumbó estrepitosamente en 1994 tras ser intervenido. Antes de su colapso definitivo, el Latino había sido regado con generosos auxilios financieros del Banco Central de Venezuela y FOGADE. Fondos públicos que, según las acusaciones de la época, acabaron engordando los bolsillos de sus accionistas en lugar de salvar la institución. Un pasado financiero turbio que proyectaba una larga sombra sobre el futuro Central Banco Universal.
Fue precisamente en 1998, al convertirse Central Entidad de Ahorro y Préstamo en compañía anónima, cuando Alejandro Gómez Sigala hizo su entrada triunfal en la entidad, asumiendo un rol aún más preponderante a partir de 2001, con la transformación a banco universal. No es casualidad que, para entonces, los hilos de los Gómez Sigala ya se movían con soltura en el Grupo Corimón, donde la relación sentimental entre “Chepita” y Carlos Gill florecía al calor de los negocios. ¿El contexto? Un año antes, en 1997, el propio Gill y Eduardo Gómez Sigala habían ejecutado una maniobra maestra para hacerse con el control accionarial mayoritario de Corimón, defenestrando al fundador Hans Neumann y a su yerno Phillip Erard. Todo esto ocurría mientras el holding industrial coqueteaba peligrosamente con la quiebra (estuvo a punto de declararla en 1996). Gill, un viejo lobo de mar financiero, ya conocía las entrañas de Corimón, pues desde 1995 representaba al Banco Internacional, uno de sus acreedores. La sinergia entre el banco y el grupo industrial parecía servida.
La ambición de Alejandro, sin embargo, no se limitaba al mundo financiero. En 2002, en plena efervescencia golpista, la prensa venezolana recogió rumores insistentes: Alejandro Gómez Sigala estaba en la lista para ser designado gobernador “a dedo” del estado Lara por Pedro Carmona Estanga, el empresario que se autoproclamó presidente durante el efímero derrocamiento de Hugo Chávez. Según estas versiones, Alejandro se habría reunido con Carmona en Caracas justo después del golpe para afinar los detalles de su nombramiento. El terreno ya estaba abonado: un año antes, en 2001, Gómez Sigala y su inseparable socio Omero Isquiel habían agasajado a Carmona en Barquisimeto, en la sede de la Corporación Inmobiliaria C.A. CICA (presidida por Isquiel), poco después de que Carmona fuera elegido presidente de la gremial patronal Fedecámaras. Las lealtades, al parecer, se cultivan con antelación.
Pero las sombras sobre la gestión de Alejandro en Central Banco Universal no tardarían en aparecer. Ya en 2006, medios venezolanos aireaban acusaciones graves: Alejandro Gómez Sigala, como presidente de la junta directiva, y su socio Omero Antonio Isquiel (también llamado Homero Antonio Izquiel), como vicepresidente ejecutivo, estaban presuntamente desviando fondos de los ahorristas. ¿El destino del dinero? Empresas constructoras en las que ellos mismos figuraban como accionistas o directivos. Nombres como Promociones Tirreno, C.A., Inversiones Pompilio, C.A., Vista al Valle, C.A., e Imvereste e Inversiones, C.A. aparecían en la lista de supuestas beneficiarias. A Isquiel (fallecido en 2019 tras una enfermedad) se le achacaba, además, la concesión irregular de créditos del banco a sus propias empresas agropecuarias, como Agropecuaria Pejota, C.A. y Ganadería Santa Ana. El banco parecía operar más como una caja particular que como una institución financiera al servicio de sus clientes.
Omero Isquiel, el fiel escudero de Alejandro Gómez Sigala en Central Banco Universal y dueño del emblemático Hotel Jirahara en Barquisimeto, era una figura de claroscuros, un personaje cuya reputación variaba drásticamente según el interlocutor. Quizás el humorista venezolano Benjamín Rausseo, “Er Conde del Guácharo”, recuerde con nostalgia los vuelos a Miami a bordo del jet privado de su “amigo” Omero, un símbolo del estatus y las conexiones del banquero. Sin embargo, una versión mucho menos amable la contaría su propia familia de crianza, aquella que le abrió las puertas del negocio bancario en Lara y contra la cual, según se dice, Isquiel terminó volviéndose en una muestra de ingratitud y malos modos. Un retrato que sugiere un carácter, al menos, pragmático y poco sentimental cuando de dinero se trataba.
Pero la lista de presuntos agraciados por la generosidad –o el manejo discrecional– de Central Banco Universal no se limitaba a las empresas de Gómez Sigala e Isquiel. Viejas crónicas periodísticas apuntaban a otros nombres en la nómina de favorecidos: César Rodríguez Berrizbeitia, nada menos que el excuñado de Alejandro Gómez Sigala (exesposo de “Chepita”), demostrando que los lazos familiares siempre cuentan; y el siempre polémico empresario Fernando Bermúdez Herrera, otra figura recurrente en los entramados de poder económico venezolano. El círculo de beneficiarios parecía convenientemente cerrado en torno a la órbita personal y familiar de los directivos del banco.
Todo queda en familia
El mecanismo era perversamente circular: Central Banco Universal entregaba inmuebles de su cartera hipotecaria (algunos heredados del Banco Hipotecario Venezolano, convenientemente propiedad de Gill antes de la fusión) a esta sociedad arubeña ligada a Corimón. Para rematar el cuadro de conflicto de intereses, Eduardo Gómez Sigala ejercía simultáneamente como presidente del consejo de administración de Central Banco Universal y vicepresidente de la junta directiva de Corimón. En resumen: el banco presidido por Alejandro hacía pagos opacos a una entidad offshore representada por un ejecutivo de Corimón, mientras Eduardo supervisaba ambas organizaciones. Un entramado perfectamente diseñado para mover activos sin levantar demasiadas alarmas… o eso creían.
La trama se oscurecía aún más al descubrir que estas daciones en pago a la sociedad de Aruba involucraban, en ciertos casos, inmuebles atrapados en litigios judiciales entre terceros, sobre los que pesaban prohibiciones expresas de venta o gravamen. Un detalle que convertía la operación en algo más que sospechoso: potencialmente ilegal. De hecho, en una de las demandas (el caso Agnet Josefina Chirinos contra Central Banco Universal y A.F.C. Allied Fund Corporation A.V.V.), se argumentó que los bancos ni siquiera tenían permitido realizar este tipo de operaciones, ajenas a su naturaleza financiera.
Este carrusel de presuntas irregularidades fue denunciado formalmente en 2006 ante la Fiscalía y la Superintendencia de Bancos por Nelson Pineda Colmenares, un parlamentario regional que presidía la Comisión de Desarrollo Económico del Consejo Legislativo de Lara. Pineda olfateó una “centrífuga financiera” y tiró de la manta. Sin embargo, como suele ocurrir en estos casos donde los implicados tienen poder e influencia, las investigaciones murieron en el camino, convenientemente estancadas o enterradas.
Un dato adicional añade incluso más complejidad: desde septiembre de 2005, la sociedad arubeña receptora de las daciones, A.F.C. Allied Fund Corporation A.V.V., pasó a ser controlada por Tomás Andrés Vásquez Estrella. Este personaje era el dueño de Uno Valores Casa de Bolsa, una firma intervenida por la Comisión Nacional de Valores en 2009, año en que Vásquez Estrella puso pies en polvorosa hacia Miami, oliéndose un posible arresto en Venezuela. Curiosamente, la narrativa mediática se centró más en la captura de un funcionario venezolano que intentó extorsionarlo en Miami que en las irregularidades que motivaron la intervención de su casa de bolsa. Así, Vásquez fue presentado a menudo como una víctima inocente, obviando la orden de extradición que pesaba sobre él desde 2010 y minimizando su propia responsabilidad en el descalabro financiero de Uno Valores.
La historia de Central como instrumento financiero al servicio de intereses particulares venía de lejos. Incluso antes de su metamorfosis en banco universal en 2001, la vieja Central EAP ya era utilizada para emitir pagarés que facilitaban créditos a Resimón, la productora de resinas del Grupo Corimón. Y no olvidemos que años antes de fusionar su Banco Hipotecario Venezolano con Central EAP, el propio Carlos Gill ya había navegado las aguas bancarias como directivo y accionista de Bancentro Banco Comercial e Interbank Banco Universal, mismos que terminó vendiendo. Los hilos, como se ve, estaban tejidos desde mucho antes.
Mientras Central Banco Universal navegaba aguas turbulentas en Venezuela, Alejandro Gómez Sigala, ya consolidado como banquero, diversificaba sus apuestas. En 2004, puso una pica en Flandes –o mejor dicho, en Panamá– con la creación del First Central International Bank, Inc. Para esta nueva aventura en el conveniente hub financiero istmeño, se rodeó de su socio de siempre, Omero Isquiel, y de un elenco variopinto: Jesús Alberto Riera, otro empresario larense; José Tomás Duarte y Juan Carlos Carvallo, ambos accionistas de la polémica Econoinvest (casa de bolsa intervenida en 2010 bajo acusaciones de especulación cambiaria); Julio César Milito, cuya Embotelladora Terepaima, fabricante de Refrescos Dumbo, competía directamente con el imperio Polar de su concuñado Lorenzo Mendoza (¿negocios son negocios, incluso en familia?); Hernán Sifontes, también directivo de Econoinvest; e incluso su propio hermano menor, Mauricio Gómez Sigala, asegurando que todo quedara, una vez más, bajo el manto familiar.
La previsión panameña resultó, quizás, profética. En junio de 2009, justo antes de que el castillo de naipes se derrumbara, Alejandro Gómez Sigala y sus socios lograron vender Central Banco Universal en Venezuela. ¿El comprador? Pedro Torres Ciliberto, un banquero al que se le atribuían lazos de amistad nada menos que con José Vicente Rangel, histórico vicepresidente de Hugo Chávez. Una transacción con un timing exquisito, apenas unos meses antes de que el banco fuera intervenido y estatizado en diciembre de ese mismo año.
La intervención oficial se justificó por graves irregularidades detectadas durante la efímera gestión de Torres Ciliberto. Convenientemente, esto permitió que Alejandro Gómez Sigala, a pesar de haber presidido el banco durante años de presuntos malos manejos, saliera casi indemne. Fue citado apenas como “testigo” por el Ministerio Público venezolano y absuelto de toda responsabilidad. Las investigaciones del Ministerio Público, organismo entonces bajo la batuta de Luisa Ortega Díaz, curiosamente, se centraron en el recién llegado Torres Ciliberto, pasando por alto –o eligiendo ignorar– el historial de irregularidades acumulado bajo la batuta de Gómez Sigala. Una limpieza de expediente notable.
Pero la operación de junio de 2009 fue un paquete completo. Junto con el banco, se intentó vender Seguros Los Andes, C.A., otra empresa presidida por Alejandro Gómez Sigala durante los años previos. Sin embargo, la adquisición de la aseguradora por Torres Ciliberto topó con un escollo: la Superintendencia de la Actividad Aseguradora no dio su visto bueno. Al detectarse irregularidades en ambas transacciones (banco y aseguradora), el destino fue sellado: tanto Central Banco como Seguros Los Andes fueron intervenidas a finales de 2009. Este desenlace coincidió, casualmente, con intensos rumores sobre la apresurada salida de Venezuela de Alejandro Gómez Sigala, acompañado de su esposa e hijo. El supuesto itinerario: primero Panamá, luego Miami. El motivo susurrado: el temor a un inminente arresto. ¿Huida preventiva o simple coincidencia?
Años después, en 2013, demostrando una resiliencia notable (o buenas conexiones), Alejandro Gómez Sigala logró finalmente vender la antes intervenida Seguros Los Andes. El comprador fue un grupo con un capitán inesperado moviendo los hilos tras bambalinas: Magglio Ordóñez, el exbeisbolista devenido en empresario y político alineado con el oficialismo. Un negocio que demostró, una vez más, la flexibilidad ideológica de ciertos empresarios cuando se trata de cerrar tratos.
Como si necesitara añadir más medallas a su ya abultado pecho empresarial, el propio Carlos Gill no ha tenido reparos en jactarse, en sus perfiles profesionales, de haber “liderado” adquisiciones como la de Seguros Los Andes. Una operación que, curiosamente, tuvo como presidente oficial a su cuñado, Alejandro Gómez Sigala, justo antes de que este lograra deshacerse de la aseguradora en 2013.
Y mientras esa venta a Magglio Ordóñez se cocinaba en 2013, en medio de una calculada desinversión de activos en Venezuela, Alejandro Gómez Sigala ya tenía la brújula apuntando a Europa. Con una sincronización notable, preparaba su propio desembarco en España. No era el primero de la familia en buscar refugio –o nuevas oportunidades– en la península ibérica; su hermano Eduardo ya había sentado precedente en 2012 con su finca extremeña Dehesa de la Mata. Para Alejandro, el plan era igualmente bucólico, aunque con un toque más chic: comprar viñedos, bodegas y haciendas de aceite de oliva, reinventándose como un sofisticado terrateniente del viejo continente.
Las “primas” españolas de Bodegas Pomar (SUBTÍTULO 4)
Fiel a la cartilla del buen capitalista globalizado, Panamá volvió a ser la escala técnica indispensable para el gran salto de Alejandro Gómez Sigala a España. Con una precisión de relojero suizo –o quizás, simplemente, una planificación meticulosa de sus asesores financieros–, el 9 de octubre de 2013, él y su esposa, María Letizia Mangione Graterol, constituyeron un ramillete de sociedades panameñas: Inversiones Hope Farm S.A., Inversiones Various Offices S.A. e Inversiones Atrio Los Chorros S.A. ¿La coincidencia? Justo el día anterior, Alejandro había sido nombrado administrador único de Bodega Pago de Cirsus SL en España, tras una operación valorada en unos 4.5 millones de euros. El propio Alejandro ha admitido en alguna ocasión que esta “jugada estratégica” llevaba gestándose desde 2011. Dos años de preparación para sincronizar la creación de vehículos offshore con la adquisición de un viñedo de prestigio. Todo muy calculado.
La joya adquirida, Bodegas Pago de Cirsus, situada en Ablitas (Navarra), no es una bodega cualquiera. Ostenta la codiciada clasificación “Vino de Pago”, la máxima categoría en España, reservada para vinos elaborados íntegramente con uvas de un terruño específico y excepcional, en este caso, el Pago Bolandín. Fundada originalmente por un cineasta vasco, Iñaki Núñez, la propiedad de 200 hectáreas fue “reconceptualizada” –léase, comprada y adaptada al gusto de los nuevos dueños– por Gómez Sigala y esposa en 2011 (fecha que coincide con el inicio de su “planificación”). La finca, con sus variados suelos y altitudes bajo la influencia del cercano monte Moncayo, ubicado entre Soria y Zaragoza, se dedica a producir vinos de alta gama con uvas como Chardonnay, Moscatel, Syrah y Cabernet Sauvignon. Y para completar la transformación de banquero caído en desgracia a refinado bon vivant, la bodega ofrece ahora enoturismo de lujo, con hotel boutique y restaurante incluidos. Una nueva fachada impecable.
Lo que no termina de cuadrar en esta bucólica narrativa es por qué Alejandro Gómez Sigala decidió, aparentemente de forma simultánea a su cuñado Carlos Gill, colgar los guantes en el turbio ring de la banca. ¿Una epifanía compartida? ¿O una retirada estratégica coordinada ante un panorama financiero cada vez más complejo y expuesto? El misterio se acrecienta al constatar que, entre 2015 y 2016, su aventura bancaria panameña, el First Central International Bank, se desinfló silenciosamente. Tras una sangría de socios y clientes, la entidad se sometió a una “liquidación voluntaria” ante la Superintendencia de Bancos de Panamá. Un final sin pena ni gloria para el banco que debía ser su plataforma internacional, justo cuando florecía su nueva vida entre viñedos españoles.
La súbita conversión de Alejandro Gómez Sigala en un apasionado viticultor sigue envuelta en un halo de misterio. ¿Por qué precisamente viñedos y bodegas, entre el vasto universo de negocios disponibles para un exbanquero con recursos? Las malas lenguas, siempre prestas a conectar los puntos, susurran una teoría con sabor a terruño familiar: si Pago de Cirsus hubiese echado raíces en Venezuela, probablemente lo habría hecho en el estado Lara, el histórico feudo del clan Gómez Sigala. Más específicamente, quizás entre Carora y Altagracia, justo donde Bodegas Pomar, la empresa vinícola de la familia de su cuñada Leonor Mendoza (la esposa de su hermano Eduardo), tiene su sede y sus viñedos. ¿Simple coincidencia o una conveniente inspiración tomada de la familia política?
Esto nos lleva a una pregunta inevitable, aunque quizás retórica: ¿Cuánto pesa realmente la opinión –o la chequera– de la cuñada Leonor o del omnipresente cuñado Carlos Gill en los flamantes proyectos vinícolas de Alejandro? Dada la estrecha red de intereses familiares y empresariales que los une, sería ingenuo pensar que no tienen voz y voto, quizás incluso la última palabra, en estos refinados (y costosos) emprendimientos.
Demostrando que su apetito inversor no se había saciado con Pago de Cirsus, Alejandro Gómez Sigala no esperó mucho para su siguiente movimiento. En 2014, apenas un año después de su primera adquisición navarra, sumó Bodegas Zifar a su creciente colección española.
Resulta que la compra de Cirsus ya incluía un ‘bonus track’: viñedos ubicados en la prestigiosa Denominación de Origen Ribera del Duero, en la provincia de Valladolid. Estas parcelas, situadas en localidades como Pesquera de Duero y Quintanilla de Arriba, se convirtieron en la materia prima para el proyecto Zifar, cuya bodega física se instaló estratégicamente en Peñafiel. Bajo la etiqueta “Caballero Zifar”, comenzaron a producir un tinto con la uva reina de la zona, Tempranillo, y un blanco con la autóctona Albillo Mayor. Con esta última, tuvieron la “fortuna” –o quizás la habilidad para moverse rápido en los círculos adecuados– de ser los primerísimos en registrar un vino de esta variedad en Ribera del Duero cuando el Consejo Regulador dio luz verde, asegurándose la simbólica botella número 001. Un golpe de efecto (o de suerte) para empezar con buen pie.
La ambición vinícola de Alejandro Gómez Sigala no conoce límites geográficos ni empresariales. En 2016, dio otro paso estratégico al asociarse con Javier Ruiz de Galarreta en Araex Grands Spanish Fine Wines. Este conglomerado, con sede en Vitoria-Gasteiz (País Vasco) y fundado en 1993, se presenta como un club selecto de bodegas independientes de las regiones más lustrosas de España. Su misión declarada: unir fuerzas para conquistar mercados internacionales bajo una misma bandera. En la práctica, Araex funciona como una potente maquinaria exportadora, cultivadora y propietaria de marcas, con presencia en más de 70 países y moviendo la impresionante cifra de más de 11 millones de botellas anuales. Una alianza que, sin duda, multiplicaba el alcance y la influencia del recién llegado Gómez Sigala en el sector.
Dos años después, a principios de marzo de 2018, Alejandro consolidó su imperio navarro con otra adquisición: Bodegas Irache, en Ayegui. El trato con la familia Santesteban, los anteriores propietarios, se cerró por unos 3 millones de euros. Una cifra que, vista en perspectiva, parece casi una ganga. ¿La razón? La compra se produjo en un momento financieramente agónico para Irache, que arrastraba pérdidas superiores a los 800.000 euros en 2016 y acumulaba pesados pasivos, incluida una deuda nada despreciable de casi 256.000 euros con la Hacienda española en mayo de 2017. Comprar barato en tiempos de dificultad, un clásico manual de oportunismo empresarial que Gómez Sigala parece manejar con destreza.
Su red de alianzas siguió extendiéndose. Desde 2021, Alejandro Gómez Sigala figura como socio en la bodega Altos de Rioja Viticultores y Bodegueros, en la provincia de Álava. Curiosamente, esta bodega está presidida por el empresario vasco Roberto San Ildefonso Izaguirre, un viticultor con un perfil político llamativo: es miembro del Partido Socialista de Euskadi (PSE). Una asociación que añade un matiz peculiar al historial de alianzas de un miembro del clan Gómez Sigala.
Pero el olfato de Alejandro para los negocios no se detuvo en el vino. Como si de coleccionar denominaciones de origen se tratara, decidió probar suerte también en el mundo del aceite de oliva. En julio de 2021, añadió a su cartera la almazara Hacienda Queiles, ubicada en Monteagudo, también en Navarra. El exbanquero venezolano se diversificaba ahora hacia el “oro líquido”.
La adquisición de Hacienda Queiles siguió el manual: hacerse con un negocio ya establecido y laureado, fundado en 1998 por otro exbanquero, Alfredo Barral Peralta, un tudelano fallecido en 2023. Gómez Sigala simplemente asumió el rol de administrador único, heredando no solo la almazara – ese lugar donde se prensan las aceitunas Arbequina y Arróniz – sino también su brillante historial. No tuvo que empezar de cero; la hacienda ya había sido coronada como la mejor de España en 2008 y acumulaba más de medio centenar de premios. Incluso su característica distintiva – la integración de la almazara en los olivares para un procesado directo y rápido – era parte del paquete adquirido. Una compra llave en mano de prestigio y buen hacer ajeno.
Para redondear la imagen de exclusividad, Hacienda Queiles pertenecía desde 2005 a Grandes Pagos de Olivar, un club de élite para productores españoles de Aceite de Oliva Virgen Extra (AOVE) de alta gama. Esta selecta asociación agrupa a productores que elaboran sus aceites en “Pagos”, terruños delimitados que confieren, supuestamente, una singularidad especial al producto. Gómez Sigala no solo compró una almazara, compró un pedigrí.
Y como todo buen negocio con aspiraciones globales, el aceite de Hacienda Queiles necesitaba conquistar nuevos mercados. Desde mediados de 2024, el producto se comercializa en Estados Unidos, apuntando al consumidor norteamericano a través de internet. ¿La marca elegida? Un nombre tan poco sutil como “Prime Olive”. ¿El vehículo legal? Prime Olive LLC, una sociedad convenientemente registrada en Florida – ese estado tan familiar para los Gómez Sigala – a nombre del propio Alejandro y su esposa, María Letizia Mangione. El círculo se cierra, conectando los olivares navarros con las soleadas costas de Florida, epicentro de otras operaciones (y polémicas) familiares.
A pesar de su aparente inmersión total en la idílica vida de terrateniente español entre viñas y olivares, el matrimonio Gómez Mangione no ha cortado todos los lazos con su pasado más terrenal –y rentable–. Todavía conservan una opulenta residencia en Boca Ratón, Florida. La fecha de adquisición es, cuando menos, sugerente: octubre de 2009, justo después de cerrar la oportuna venta de Central Banco Universal a Pedro Torres Ciliberto. Una propiedad cuyo valor actual ronda los 6 millones de dólares, testimonio tangible de que las turbulencias bancarias en Venezuela no mermaron significativamente su patrimonio. Como era de esperar, mantienen también su red social intacta en Florida, alternando entre Boca Ratón y Wellington, donde Alejandro solía despuntar –o al menos participar– en torneos de equitación, codeándose con la élite ecuestre internacional.
La siguiente generación, encarnada en Alejandro Gómez Mangione, hijo del exbanquero reconvertido, sigue la estela familiar. Tras graduarse en administración de empresas por la Universidad Emory en Atlanta (donde incluso capitaneó el equipo de fútbol, añadiendo un toque deportivo al currículum), el joven Alejandro ha navegado las aguas profesionales con la brújula paterna. Ha dedicado tiempo a “colaborar” en los negocios familiares en España –un eufemismo para aprender el oficio desde dentro– y, más recientemente, ocupa un puesto gerencial en una firma estadounidense de capital latino, especializada en productos para el cuidado del cabello. Un camino predecible para el heredero.
Mientras tanto, Alejandro padre no se conforma con el campo español y sigue expandiendo sus tentáculos inversores. Ha puesto la mira en el sector inmobiliario de Madrid, esta vez en sociedad con un pariente, otro venezolano de apellido compuesto: Rolando Seijas Sigala. Este abogado, curtido profesionalmente en el feudo familiar de Lara, también dejó su huella en Caracas como presidente de Profranquicias, una asociación que agrupa a los popes de las franquicias en Venezuela. Seijas preside además “Fondo Global”, una empresa dedicada a la jugosa comercialización de locales en centros comerciales, y lidera el Grupo Lobstar, con intereses en restaurantes tanto en Madrid como, anteriormente, en Miami. Y para completar el cuadro de conexiones de la élite venezolana en el exilio dorado, en su etapa miamense, Seijas tuvo como socio a Guillermo Zuloaga Núñez, el antiguo mandamás del canal Globovisión. Los mismos nombres, las mismas redes, tejiendo negocios a ambos lados del Atlántico.
Mauricio Gómez Sigala: De Corimón al emprendimiento dental
Llegamos a Mauricio Gómez Sigala, el benjamín del clan, quien, como era de esperar, no escapó a la órbita de influencia familiar. También figuró como ejecutivo en el entramado de Corimón, codo a codo con su hermano Eduardo y su cuñado, Carlos Gill. Siguiendo la tradición de alianzas estratégicas, Mauricio contrajo nupcias con Carmen Eugenia Prego Pineda, hija de Roberto Prego Novo, un empresario de origen cubano con un currículum notable: economista de la UCAB caraqueña y con formación jesuita en Miami desde joven. Más relevante para los negocios, Prego Novo es conocido por su peso en el sector farmacéutico venezolano, habiendo sido accionista y presidente de Laboratorios Elmor y directivo de Laboratorio Behrens, además de participar en otras compañías farmacéuticas internacionales. Un suegro con conexiones y capital.
Hace más de una década, Mauricio y su esposa tomaron la ruta del éxodo dorado hacia Costa Rica. Allí no solo echaron raíces, sino que obtuvieron la nacionalidad costarricense. Desde al menos 2014, montaron diversos negocios, destacando Viax Dental Lab, una empresa dedicada a la fabricación de prótesis dentales de última generación. Resulta intrigante la elección de Costa Rica sobre Estados Unidos, especialmente teniendo una hija nacida en suelo norteamericano.
El negocio dental de los Gómez Prego intentó expandirse con ambición: Miami, Madrid (España), Francia y Panamá, aunque la aventura panameña terminó en cierre. La filial en Miami, Viax Dental Technologies LLC, opera desde 2012, aunque manos del padre y el hermano de Carmen Eugenia. No todo ha sido un camino de rosas: en 2019, Viax tuvo que enfrentar una demanda en EEUU por presunto uso indebido de propiedad intelectual y patentes, una piedra en el zapato de su imagen innovadora.
Ante la naturaleza del negocio, surge una pregunta casi obligada, aunque sin respuesta confirmada: ¿habrán recibido los Gómez Prego algún “consejo” experto de Carlos Gill, el cuñado odontólogo de Mauricio? Sería, cuando menos, una conveniente sinergia familiar.
El historial de Mauricio, antes de su reinvención costarricense, demuestra su integración temprana en el engranaje familiar: fue ejecutivo en el diario El Informador de Barquisimeto, en la omnipresente Corimón y hasta en el fallido First Central International Bank de Panamá. Un recorrido que subraya su papel dentro de las diversas plataformas de negocios del clan.
Carlos Gill: Negocios, política y su “caballo de Troya” para la conquista del Sur
La memoria, o quizás la conveniencia, a veces juega malas pasadas. Cuando en 2019, en una entrevista en Bolivia, se le inquirió a Carlos Gill sobre la posesión de sociedades offshore, su respuesta fue un rotundo “no”. Un desmentido tajante que choca frontalmente con los registros que lo sitúan, desde 2010, como directivo de Sommers International Limited, una entidad domiciliada en las siempre discretas Islas Vírgenes Británicas y vinculada a otras en las no menos opacas Islas Caimán –ambos, paraísos fiscales de manual–. Para añadir más sabor al cóctel corporativo, otro directivo de Sommers no es otro que Omar Enrique Pernía Pacheco, fiel escudero de Gill también en la junta directiva de Corimón.
Las Islas Caimán, ese refugio predilecto para capitales esquivos, tampoco son territorio desconocido para el cuñado menor, Mauricio Gómez Sigala. Entre 1999 y 2004, figuró como director de Corimon International Finance Limited y, extendiendo su presencia hasta 2014, también dirigió Santa Rita Investments Limited, otra pieza del engranaje offshore del grupo Corimón. Ambas sociedades, Sommers y Santa Rita, compartían un intermediario clave: el fideicomiso Intertrust Trustees II (Cayman) Limited. Un entramado que sugiere una operativa bien estructurada y compartida.
Y como si las islas caribeñas británicas no fueran suficientes, Aruba también figura en el mapa financiero de Gill. Desde 2002 era director de Center Valley A.V.V. (constituida en 1996) y desde 2015, de Sunstripes Investments A.V.V., ambas radicadas en la isla neerlandesa. ¿Les suena Aruba? Efectivamente, es el mismo destino al que se dirigían las irregulares daciones en pago desde el Central Banco Universal de Alejandro Gómez Sigala hacia un directivo de Corimón. Un patrón que se repite, utilizando Aruba como puente hacia cuentas en bancos suizos, según esquemas ya conocidos.
Pero donde las prácticas comerciales de Gill quedaron expuestas a la luz pública, aunque él lograra esquivar las consecuencias directas, fue en la turbia venta de su banco Banorte en julio de 2008. El comprador, José Zambrano, tenía un pasado laboral curioso: había sido empleado de Gill tanto en Interbank como en el Banco Canarias. La operación fue una obra de ingeniería financiera al límite: una triangulación donde otro banquero, Julio Herrera Velutini, prestó dinero a Zambrano (pagando a Gill a través de un fideicomiso en Nueva York), mientras Zambrano, a su vez, ordeñaba a Banorte mediante créditos a empresas fantasma bajo su control para repagar a Herrera Velutini. Aunque Zambrano cargó con el muerto y Gill salió impoluto, las denuncias en medios venezolanos fueron demoledoras: ya desde 2007, mientras Gill aún presidía Banorte, se realizaban operaciones similares de “autocrédito”. Se desviaban fondos públicos (provenientes de gobernaciones, alcaldías y otros entes estatales) hacia empresas vinculadas a los propios directivos del banco. Un modus operandi que pone en seria duda la supuesta inocencia de Gill entre el manejo previo y la venta final.
El ascenso de Carlos Gill en el firmamento financiero venezolano fue, ciertamente, meteórico. Ya a principios de los 90, mucho antes de que Hugo Chávez irrumpiera en escena, Gill escalaba posiciones en el resbaladizo mundo de la banca y los seguros. Esto desmonta, en parte, la narrativa simplista que algunos insisten en tejer, etiquetándolo meramente como un “boliburgués”, un producto exclusivo de la era chavista. Su habilidad para moverse en las altas esferas es anterior. De hecho, circulan relatos que lo pintan inicialmente como un detractor de Chávez, llegando incluso a financiar a la oposición en 1998, justo cuando el teniente coronel llegaba al poder. Sin embargo, con un pragmatismo digno de Maquiavelo, Gill habría ajustado las velas, prefiriendo luego acercarse al mandatario socialista cuando vio hacia dónde soplaban los vientos del poder (y del dinero).
Su apetito era insaciable. La lista de entidades donde Carlos Gill ha dejado su huella es extensa y variopinta: InterBank (antes Banco Internacional), Banco Canarias, Nuevo Mundo, Bancentro (junto a su Arrendadora y Seguros), Unibanca, Grupo Asegurador Ávila, Sofitasa, una concesionaria de Mercedes Benz y Seguros Cordillera… son solo algunos ejemplos de su vasta red de intereses. En varias de estas aventuras financieras compartió escenario con su hermano mayor, Víctor Gill Ramírez, un expiloto comercial reconvertido en banquero y actual cabeza visible de BFC Banco Fondo Común. Una dupla fraternal que ha sabido navegar –y a menudo controlar– importantes parcelas del sector financiero venezolano.
Aunque caraqueño de nacimiento, Carlos Gill lleva en la sangre la herencia política y la resiliencia del exilio. Es hijo de Rodolfo Gill Duarte, una figura prominente de la política paraguaya (nacido en Horqueta en 1921). Ingeniero civil graduado en Brasil, Gill Duarte ocupó cargos de relevancia en su país, como la dirección de la ANDE (Administración Nacional de Electricidad), antes de ser forzado al exilio en 1956 –el mismo año que nació Carlos– por la dictadura de Stroessner. Vivió más de tres décadas fuera de Paraguay, recalando en Venezuela, antes de regresar a su tierra natal, sirviendo luego como embajador en Caracas a finales de los 90. Este patriarca longevo, testigo de casi un siglo de convulsiones políticas y económicas, falleció el 29 de enero de 2025, a la edad de 103 años. ¿Habrá heredado Carlos algo de esa capacidad de adaptación y supervivencia política de su padre? Los hechos parecen sugerirlo.
Carlos Gill Ramírez puso sus ojos –y su chequera– en Bolivia a partir de 2008. Su desembarco en el altiplano fue una réplica de su manual venezolano: una oleada de adquisiciones que, si bien incluyó los previsibles medios de comunicación (Diario La Razón, Diario Extra –claves para moldear la opinión pública–), también se adentró en terrenos sorprendentemente ajenos a su expertise previo. Empresas ferroviarias (Ferroviaria Oriental y Ferroviaria Andina), constructoras (Cotienne), de comercio exterior (OCM Trading) y hasta administración de puertos (Sociedad Administradora de Puertos Continental – Sapcon) cayeron en su red. Esta súbita y estratégica diversificación hacia sectores fuertemente regulados o vinculados al Estado desató, como era de esperar, un torrente de sospechas y señalamientos. Las acusaciones apuntaban a un supuesto trato de favor, un amiguismo rentable, por parte de las administraciones del entonces presidente Evo Morales (2006-2019).
Sin embargo, más allá de las polémicas bolivianas, movimientos más recientes, que quizás han volado bajo el radar hasta ahora, parecen revelar la nueva gran apuesta estratégica de Gill Ramírez. El empresario se ha convertido en un ferviente –y muy interesado– defensor de la Hidrovía Paraguay-Paraná. Este colosal sistema fluvial, que serpentea a lo largo de unos 3.442 kilómetros desde Brasil hasta Uruguay, atravesando Bolivia, Paraguay y Argentina, es la arteria vital para el comercio de la región.
En un webinar (seminario web) en 2021, en el que participaron otros empresarios portuarios y “expertos” (¿o futuros socios?), Gill desplegó su retórica pro-hidrovía. Con frases grandilocuentes como “El río es el futuro”, abogó por mejorar la competitividad del corredor fluvial mediante una “corresponsabilidad público-privado” –ese conveniente eufemismo que a menudo beneficia más al segundo que al primero–. Instó al Estado a “promover políticas de desarrollo portuario” y facilitar el uso de zonas francas y puertos cedidos internacionalmente, todo ello, claro está, para impulsar el comercio exterior (y, presumiblemente, sus propios negocios vinculados a él). Llegó incluso a proponer la creación de un Comité Intergubernamental para gestionar la hidrovía, una forma elegante de buscar un asiento en la mesa donde se toman las decisiones. Pero que nadie se engañe: las palabras de Gill no fueron meros brindis al sol. El empresario parece haber pasado de la prédica a la acción, tomando cartas en el asunto por cuenta propia.
Antes de entrelazar su destino (y fortuna) con Josefa María “Chepita” Gómez Sigala, Carlos Gill Ramírez ya tenía descendencia de un matrimonio anterior: Carlos Rodolfo, Gabriela y Enrique. De ellos, Carlos Rodolfo protagoniza un movimiento profesional, como mínimo, curioso. Abandonó un puesto directivo en el “exitoso” y expansivo holding Corimón –ese que su padre capitanea y que ha extendido sus tentáculos hasta República Dominicana y más allá– para aterrizar, nada menos, que en una alta esfera del sector público paraguayo, bajo el gobierno del actual presidente, Santiago Peña Palacios. Un “discreto” salto del sector privado al público que ahora levanta más de una ceja.
Desde 2023, coincidiendo con la llegada de Peña al poder, Carlos Rodolfo Gill ostenta el influyente cargo de Director General de Inversiones Extranjeras de REDIEX (Red de Inversiones y Exportaciones), un organismo clave bajo el paraguas del Ministerio de Industria y Comercio de Paraguay. Así, el vástago de Carlos Gill se ha convertido en una pieza fundamental para atraer capital foráneo y promover las exportaciones paraguayas. Su posición lo sitúa en el círculo íntimo del poder, acompañando al presidente Peña y a otros altos funcionarios en reuniones nacionales y giras internacionales. ¿Qué mejor posición para velar por… los intereses del país, o quizás también los de ciertos inversores con apellido Gill?
Pero las conexiones de Carlos Rodolfo no se limitan al gobierno paraguayo. También ha figurado como director de Popa Corporation, una sociedad registrada en el paraíso fiscal de Barbados en 2008. ¿Quién más dirigía esta entidad? Su madrastra, la mismísima “Chepita” Gómez Sigala. Un dato aún más sugestivo: “Chepita” y otras directivas de Popa son las cabezas visibles de PROA Comunicaciones Integradas, una consultora especializada en “gestión de la reputación”, que ofrece servicios tan convenientes como eliminar o maquillar contenidos negativos en internet, sustituyéndolos por información neutra o favorable. Un negocio muy útil para quienes tienen mucho que ocultar o embellecer. Por si fuera poco, “Chepita” y este mismo grupo directivo también figuran al frente de “Tbwa Venezuela”, otra agencia de comunicación. La gestión de la imagen, parece, es un asunto familiar y offshore.
Y he aquí la guinda del pastel, la perfecta sincronía: en agosto de 2024, el gobierno paraguayo, donde Carlos Rodolfo Gill juega un papel clave en inversiones, firmó un importante acuerdo para el dragado del río Paraguay. ¿El objetivo? Mejorar la navegabilidad y triplicar el volumen de carga en la hidrovía. Un proyecto vital para la competitividad regional y, ¡oh, casualidad!, exactamente lo que papá Carlos Gill venía pregonando con tanto fervor desde aquel webinar en 2021, en la que, por si fuera poco, participó Javier Giménez García de Zúñiga, actual ministro de Industria y Comercio de Paraguay y “jefe” de Carlos Rodolfo Gill. Cuando un hijo ocupa el puesto adecuado, los deseos del padre parecen materializarse con sorprendente facilidad.
Vídeo de la intervención de Carlos Gill en el webinar en 2021 junto a Javier Giménez (actual ministro de Industria y Comercio de Paraguay y “jefe” de Carlos Rodolfo Gill)
Desde su flamante puesto gubernamental, Carlos Rodolfo Gill no ha perdido el tiempo. Su agenda es un compendio de movimientos estratégicos de alto calibre: impulsa acuerdos energéticos bilaterales entre Paraguay y Argentina; se sienta en mesas donde se diseña un corredor energético continental que conectaría Argentina, Paraguay, Brasil y Chile (un proyecto de enorme envergadura); aboga por aranceles cero para productos paraguayos en Taiwán (abriendo mercados); participa en negociaciones para atraer multinacionales químicas estadounidenses; e incluso –y aquí la conexión familiar resuena con fuerza– promueve la instalación de empresas bolivianas en Paraguay. ¿Facilitando la expansión de los negocios paternos desde su silla oficial? La pregunta flota en el aire.
El papel de Carlos Rodolfo como hombre de confianza del presidente Santiago Peña quedó patente en noviembre de 2023, cuando formó parte de la delegación oficial que viajó a Italia. Allí, mientras se suponía que buscaban inversiones legítimas, las reuniones tomaron un cariz, digamos, peculiar.
El presidente Peña, acompañado por el hijo de Gill Ramírez, no tuvo reparos en departir con Carlo Sama, el cónsul honorario de Paraguay en Mónaco. ¿Su credencial más notable? Según la prensa paraguaya, Sama no es otro que un empresario italiano condenado en el infame “Tangentopoli”, el mayor escándalo de corrupción que sacudió Italia en los 90. El propio Sama admitió haber repartido sumas millonarias entre políticos, aunque luego matizara, con una semántica muy conveniente, que su única condena fue por “violación de normas de financiamiento político” y no por soborno. Una distinción que huele a autoexculpación barata. Pero la lista de compañías dudosas no terminó ahí: Peña también se reunió con Fabrizio Di Amato, de la firma Tecnimont, una empresa salpicada por sus vínculos con la constructora brasileña Odebrecht en el celebérrimo caso “Lava Jato”, otro hito de la corrupción a escala masiva. Dime con quién andas… y te diré qué intereses podrías estar promoviendo.
El presidente Santiago Peña, jefe directo de Carlos Rodolfo Gill, pertenece al Partido Colorado paraguayo, un camaleón político que, aunque anclado firmemente en la derecha conservadora, juega hábilmente con facciones internas de centro e izquierda para venderse como el “partido de todos”. Una estrategia tan vieja como efectiva para mantenerse en el poder.
En el tablero internacional, el presidente paraguayo Santiago Peña no ha dudado en adoptar una postura crítica contra la administración de Nicolás Maduro en Venezuela. Ha desconocido la reelección de Maduro en 2024 y puso en duda su legitimidad para asumir el cargo en enero de 2025. Su apoyo, en cambio, se dirige sin ambages hacia la oposición venezolana liderada por Edmundo González Urrutia y María Corina Machado. Y aquí reside la gran paradoja, la ironía que destila cinismo: ¿Cómo es posible que Carlos Gill Ramírez –ese empresario catalogado como “boliburgués”, ese supuesto “amigo” del chavismo que tantos negocios hizo al calor del poder bolivariano– tenga a su propio hijo trabajando mano a mano, en un puesto de altísima confianza, para un presidente frontalmente antimadurista? ¿Flexibilidad ideológica extrema, pragmatismo sin escrúpulos o una simple demostración de que el dinero y las conexiones no entienden de colores políticos, sino solo de oportunidades?
Quizás, y solo quizás, esta intrincada red de relaciones tejida con paciencia y astucia por Carlos Gill Ramírez en Paraguay –gracias a la estratégica ubicación de su hijo– y en otros rincones del planeta, tenga un propósito muy concreto y familiar. Tal vez, muy pronto, los refinados vinos y aceites de oliva que produce su cuñado Alejandro Gómez Sigala en España, o el selecto ganado que cría su otro cuñado Eduardo Gómez Sigala en Extremadura, encuentren las puertas abiertas de par en par para inundar el mercado suramericano, o incluso conquistar los lejanos mercados asiáticos. Todo gracias a las “buenas relaciones”. Al final, parece que los negocios del clan, sin importar las banderas políticas o la geografía, siempre encuentran la manera de florecer gracias a las conexiones adecuadas. El río, como diría el propio Gill, siempre encuentra su cauce… hacia los bolsillos correctos.
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