Retención del empresario venezolano César Omaña por parte de autoridades federales estadounidenses revelaría evidencias que comprometen al opositor Leopoldo López con el desfalco a la empresa Monómeros

Por Cocky de la Torre

El empresario venezolano César Omaña es recordado por haber financiado un levantamiento cívico-militar en Caracas contra el Gobierno de Nicolás Maduro, escenificado el 30 de abril de 2019 y que condujo a la liberación de líder opositor Leopoldo López, quien entonces permanecía bajo arresto domiciliario, por cargos de asociación para delinquir, instigación y destrucción de bienes públicos; luego de haber encabezado protestas en 2014, que tuvieron como resultado la detención de López el mismo año en la capital venezolana.

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Después de ser liberado, López realizó un recorrido por Caracas acompañado de seguidores y del autoproclamado presidente del “Gobierno interino” de Venezuela, Juan Guaidó, hasta asilarse en la residencia del embajador español en la ciudad capitalina, luego que el levantamiento no lograra sumar a sus filas el respaldo civil y militar que sus organizadores esperaban.

Rumores y testimonios señalaron que el levantamiento había sido concertado por Omaña con el empresario Raúl Gorrín, presidente del canal de televisión venezolano Globovisión; además de con Maikel Moreno, que entonces se desempeñaba como presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela. Los organizadores esperaban que Moreno se pronunciase contra Maduro y asumiera la presidencia de un “Gobierno de transición”, que pusiera fin a la administración del mandatario chavista. Pero los resultados fueron otros y Moreno no se pronunció en respaldo a los sublevados.

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Omaña fue el encargado de realizar las coordinaciones para que el general Manuel Ricardo Cristopher Figuera, entonces director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), liberara a López de la prisión domiciliaria y huyera posteriormente de Venezuela, para exiliarse en los Estados Unidos.

Omaña es considerado alguien muy próximo a Leopoldo López. Personas familiarizadas con el asunto han afirmado que el fin de semana pasado el empresario permaneció retenido durante varias horas –por lo menos ocho-, tras haber sido retenido por oficiales de una agencia federal estadounidense. Según una persona consultada, Omaña fue obligado a mostrar la información que había en su teléfono móvil. Su arresto obedeció supuestamente a sospechas que comprometen al empresario en hechos de corrupción relacionados con el manejo de activos de Venezuela en el exterior. Una de las personas consultadas señaló que la revisión del teléfono móvil arrojó evidencias de conversaciones y chats que comprometerían al opositor Leopoldo López en el manejo indebido de recursos de la empresa Monómeros, localizada en territorio colombiano, pero perteneciente al Estado venezolano.

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Se prevé que en próximos días se conozcan más detalles del incidente de Omaña y del desfalco a la empresa Monómeros. Uno de los consultados afirmó que López se ha adelantado a los acontecimientos, haciendo que algunas de sus portavoces comunicacionales, como la periodista venezolana Carla Angola, intenten crear una matriz de opinión para sanear la imagen del líder opositor y preparar el terreno ante la opinión pública, con el fin de mostrar que López se ha opuesto a la administración irregular de la empresa y que, por el contrario, ha promovido actuaciones e investigaciones en torno al desfalco.

La forma como ha sido administrada Monómeros desde que la empresa pasó al control del denominado “Gobierno interino” de Juan Guaidó y las investigaciones derivadas de los hechos, han causado división en la oposición venezolana. Algunos responsabilizan de las irregularidades al G4, coalición que agrupa a los partidos políticos Voluntad Popular (VP), Acción Democrática (AD), Primero Justicia (PJ) y Un Nuevo Tiempo (UNT). Cada uno de los partidos de la coalición impuso a sus fichas tanto para gerenciar Monómeros, como para establecer negocios con la empresa dedicada a la producción de fertilizantes. En cuanto a responsabilidades individuales, uno de los principales señalados ha sido Manuel Rosales, líder de UNT. Los representantes de algunos de los partidos opositores empezaron a mostrar sus objeciones y a deslindarse de decisiones que han seguido conduciendo a la debacle de la empresa, cuyo control fue asumido en 2021 por la Superintendencia de Sociedades de Colombia, gracias precisamente a las irregularidades en su administración.

Parte de la responsabilidad sobre lo sucedido en Monómeros recae también sobre el “Gobierno interino” de Juan Guaidó. No obstante, fervientes defensores, entre ellos el exdiputado Marco Aurelio Quiñones, miembro del partido Voluntad Popular; insisten, en sus apariciones públicas, en defender la inocencia de Guaidó.