El abogado venezolano Gabriel Arturo Jiménez Aray tuvo poca experiencia en la banca nacional de Venezuela ya que solo ocupó un cargo en la directiva del ya desaparecido Banco Hipotecario de Occidente. Esto hizo que su incursión en el sistema financiero de República Dominicana en mayo de 2012 causara sorpresa entre los banqueros venezolanos.
Pero en lo que sí tenía Jiménez Aray experiencia era en ser asesor jurídico de varias instituciones del gobierno chavista, comenzando por la Presidencia de la República, la Casa Militar, el Centro Simón Bolívar, el Gobierno de Caracas y el Ministerio de Economía y Finanzas, según reveló el portal Poderopedia.
Según un reporte de la web Prensa América, su relación con el gobierno venezolano ha sido tan estrecha que a su hijo, Gabriel Jiménez, lo señalan de ser el asesor y creador de la moneda digital petro, con la cual el chavismo ha pretendido conseguir la soberanía financiera del país y abandonar «el dominio» del dólar.
Jiménez Aray fue acusado por la Fiscalía de Estados Unidos de integrar una red de sobornos junto a otros ex funcionarios y empresarios venezolanos, entre los que se encuentran el ex Tesorero Nacional Alejandro Andrade, el dueño de Globovisión Raúl Gorrín y el banquero alemán Matthias Krull.
Una corte del Distrito Sur de La Florida en EEUU ordenó el pasado 19 de noviembre de 2018 hacer público el expediente CASE NO. 18-cr-80054-ROSENBERG a petición de la Fiscalía norteamericana, en donde se acusa al abogado y banquero venezolano. Tras las revelaciones de Andrade de haber recibido sobornos por 1.000 millones de dólares, se conoció que el Banco Peravia ubicado en República Dominicana sirvió para actividades de lavado de dinero.
Tanto Andrade como Jiménez Aray y Krull se declararon culpables.
De acuerdo a lo anunciado por las autoridades norteamericanas, Gorrín de 50 años fue acusado el 16 de agosto de 2018 en el Distrito Sur de Florida por cargos de conspiración por violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y por nueve cargos de lavado de dinero. El caso se asignó al juez de Distrito Sur de Florida de los Estados Unidos, William P. Dimitrouleas. Por su parte, Andrade de 54 años, residenciado en Wellington, Florida, se declaró culpable bajo sello el 22 de diciembre de 2017 ante el juez de Distrito Sur de Florida, Robin L. Rosenberg.
Jiménez Aray de 50 años vivía en Chicago, Illinois (EEUU) luego de haberse fugado de República Dominicana. En su caso en territorio norteamericano también se declaró culpable bajo sello el 20 de marzo de 2018 ante el juez Rosenberg a un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero.
La acusación formal alega que Gorrín pagó millones de dólares en sobornos a dos funcionarios venezolanos de alto nivel, incluido Andrade, para garantizar los derechos a realizar transacciones de cambio de moneda extranjera a tasas favorables para el gobierno de Venezuela. Además de transferir dinero para los funcionarios, al parecer Gorrín compró y pagó gastos relacionados con jets privados, yates, casas y apartamentos, caballos campeones de carrera, costosos relojes de marca y una línea de moda.
Para ocultar y lavar los sobornos pagados a los funcionarios venezolanos, Gorrín realizó pagos a través de múltiples compañías ficticias y se asoció con Jiménez Aray para adquirir el Banco Peravia en República Dominicana, generándole a su vez ganancias con dicho plan.
Como parte de su declaración de culpabilidad, Jiménez Aray admitió que conspiró con Gorrín y otros implicados para adquirir la entidad bancaria en suelo dominicano, a través de los cuales ayudó a lavar los fondos provenientes del soborno.
Fraude en República Dominicana
Las operaciones del Banco Peravia fueron detectadas como irregulares por las autoridades financieras dominicanas. Las distintas formas utilizadas para desviar los recursos obtenidos de sus clientes, muchos de ellos venezolanos que entregaron sus dólares a cambio de un certificado de ahorro que nunca se les otorgó, fue a través de suplantación de identidades, falsificaciones de documentos, otorgamiento de préstamos fraudulentos para pagar a proveedores y acreedores, pero también se sustrajeron fondos mediante créditos ficticios para los que los directivos utilizaron los datos de sus clientes y también autorizaron préstamos a terceros que luego eran desviados hacia las cuentas de los directivos o ejecutivos del propio banco.
Igualmente hubo préstamos a narcotraficantes que cumplían condenas en cárceles estadounidenses y hasta desvíos de transferencias bancarias, una que incluso afectó al Banco Central de Venezuela (BCV) por un pago de 3,59 millones de dólares para la compra de unas camionetas blindadas.
En el reporte de la Comisión de Disolución que la superintendencia dominicana preparó y que fue dado a conocer por el portal venezolano Contrapunto, se demuestra que 80% de las operaciones del Banco Peravia eran simuladas y que la «instrumentación de fraudes de créditos fue implementada desde el año 2005 por parte de los directivos de entonces, y que continuó a partir del año 2012 tras la venta y traspaso a los nuevos accionistas», es decir a José Luis Santoro y Gabriel Jiménez Aray.
Jiménez Aray ingresó al Ministerio de Finanzas de la mano de Rafael Isea, quien en 2008 estuvo brevemente al mando de ese despacho antes de ganar la gobernación del estado Aragua como candidato del PSUV. Muchos recordaran que tiempo después el ex mandatario regional decidió negociar con la DEA (Drug Enforcement Administration) para convertirse en testigo protegido. Hasta ahora se desconocen los aportes ofrecidos por Isea a la justicia norteamericana, pero desde entonces las autoridades han adelantado varios casos de lavado de dinero y de legitimación de capitales de funcionarios y empresarios venezolanos, especialmente de recursos provenientes de Pdvsa.
De vuelta al caso del Banco Peravia, los directivos de esta entidad entre ellos Jiménez Aray, fueron acusados también de abuso de confianza, fraude bancario, blanqueo de capitales, de tener relaciones con el narcotráfico y de tener en su junta directiva a un estafador de arte.
Las victimas, sus clientes, que demandaron a la institución financiera acusaron a los directivos de apropiación indebida de recursos, puesto que al ser una institución de ahorro y préstamo, no estaba autorizado para captar divisas extranjeras.
Según informaciones publicadas por varios medios, Jiménez Aray abandonó República Dominica en noviembre de 2014, para aterrizar posteriormente en Atlanta, EEUU.
Condena para imputados del caso Banco Peravia en 2019
En el mes de junio de 2019 el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional de República condenó a cinco de los ocho imputados por la quiebra del Banco Peravia.
Las juezas condenaron a siete años de prisión y al pago de dos millones de pesos a los imputados Nelson Serret y a Yessenia Serret Aponte, a quienes consideraron como los que tenían mayor responsabilidad penal en el caso.
Mientras que los imputados Jorge y Carlos Serret fueron condenados a tres años de prisión y al pago de un millón de pesos. En tanto que Pausides Donato Rodríguez fue condenado a dos años de prisión por complicidad.
Fueron condenados por asociación de malhechores, estafa, abuso de confianza, por falsedad de escritura de banco y privada y violación a la Ley Monetaria y Financiera.
El tribunal descargó a los imputados Rolando y Nelson Cabral Veras y al excapitán Florentino de Jesús Acosta y ordenó el cese de las medidas de coerción que pesaban contra suyas.
Los primeros cuatro condenados tendrán que pagar una indemnización superior a los mil 888 millones de pesos a favor de las instituciones financieras del Estado como el Banco Central y la Superintendencia de Bancos, además de varias empresas que se constituyeron en actores civiles y varios querellantes que fueron intervinientes voluntarios en el proceso.
En sus conclusiones el Ministerio Público solicitó que los imputados Jorge Serret, Nelson Serret, Carlos Alberto Serret, Yesenia Serret Aponte, Nelson Cabral Veras y Rolando Cabral Veras, fuesen condenados a 20 años de prisión y el pago cada uno de una multa de RD$2,500,000.00.
Asimismo, pidió 10 años de reclusión y el pago de una multa de RD$1,250,000.00 contra los acusados Paucides Morales Rodríguez y Florentino De Jesús Acosta.
Lavado de dinero
Gabriel Arturo Jiménez Aray ha estado implicado en el esquema de sobornos por 1.000 millones de dólares y lavado de dinero del que hacen parte también el extesorero de la Nación, Alejandro Andrade, y el empresario y dueño de Globovisión, Raúl Gorrín. Los empresarios habrían utilizado el Banco Peravia, con sede en República Dominicana, para cometer las actividades ilícitas, valiéndose del cargo de vicepresidente que tenía el banquero venezolano en la entidad bancaria.
Jiménez Aray tuvo este cargo hasta el 2014, cuando sus directivos fueron acusados de fraude por la Fiscalía del Distrito Nacional de República Dominicana. El Banco Peravia fue intervenido por la Superintendencia de Bancos de ese país por presuntas estafas, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. El hombre huyó entonces hacia Estados Unidos. Las autoridades financieras dominicanas detectaron que la institución logró desviar recursos a través de suplantación de identidades, falsificaciones de documentos, el otorgamiento de préstamos fraudulentos para pagar a proveedores y acreedores, pero también se sustrajeron fondos mediante créditos ficticios para los que los directivos utilizaron los datos de sus clientes y también autorizaron préstamos a terceros que luego eran desviados hacia las cuentas de los directivos o ejecutivos del propio banco.
El banquero se declaró culpable el 20 de marzo en la corte federal del Distrito Sur de Florida, pero la justicia estadounidense mantenía este caso en silencio, según dijeron Fiscales Federales de Miami. Tanto Andrade como Jiménez sellaron acuerdos de culpabilidad con la Fiscalía y se comprometieron a colaborar con el gobierno, con la esperanza de que sus penas fuesen leves.
En Venezuela, Jiménez Aray perteneció a la firma Jiménez Salas y Asociados hasta 1989, según el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. A nivel internacional, ha trabajado en las empresas Soluciones de Información Aplicada, Inc. (como vicepresidente), International Legal Service Inc. y Ducati Miami. El diario dominicano El Nacional publicó que la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo certificó que Jiménez Aray era accionista, presidente y persona autorizada a firmar en las empresas Aja Beach Club, Murviel Trading, Peravia Group, Construcciones Cohombral, Save Just Buy Import SJBI, Caribbean Of Senses y Murviel Capital Trading.
Los accionistas principales del Banco Peravia eran los venezolanos José Luis Santoro y Gabriel Jiménez Aray. El primero de ambos era propietario de casinos en el estado Aragua y mediante un cuestionado proceso judicial, asumió la conducción de la Televisora Sindoni (TVS) en la ciudad de Maracay. Jiménez, por su parte, es abogado y se desempeñó como secretario del Ministerio de Finanzas. Es ex cónyuge de la ex Primera Dama de Anzoátegui Francis Fornino e hijo del también abogado Simón Jiménez Salas, quien tendría cercana sociedad con la familia González Gorrondona, a algunos de cuyos miembros se les atribuye la quiebra de una institución financiera durante la crisis bancaria de los 90’s.
Los exbanqueros José Luis Santoro y Gabriel Jiménez Aray fueron señalados por dirigentes políticos del estado Aragua de mantener presuntos vínculos con la otrora denominada “Mafia de la Cabilla”. Los dirigentes señalaron a los empresarios de supuestas triangulaciones con una empresa de seguros que prestaba servicios a trabajadores de Sidor y con ex directivos de la siderúrgica estatal.
Gabriel Jiménez proviene del Ministerio de Finanzas de Venezuela desde los tiempos de Alí Rodríguez. Su Banco Peravia recibió fondos de un actual dueño de medios venezolano. José Luis Santoro, por su parte, fue socio del ex ministro de finanzas venezolano Rafael Isea.
Los apartamentos de dos mujeres relacionadas sentimentalmente con los ejecutivos del quebrado Banco Peravia fueron allanados en 2014 por la Fiscalía del Distrito Nacional de República Dominicana en busca de documentos relacionados con propiedades de la entidad financiera o de sus accionistas.
Informó el periódico dominicano El Nacional que en los apartamentos allanados residían Yomaly Fernández, “novia” de Gabriel Jiménez Aray, vicepresidente del banco y quien huyó del país tras conocerse la quiebra, así como el de la joven Jenny García, “novia” de José Luis Santoro, presidente de la entidad financiera, quien también había abandonado la República Dominicana.
El apartamento de Yomaly Fernández, ubicado en la calle Hatuey, número 47, en el ensanche Quisqueya fue allanado por agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), acompañados del fiscal Isidro Vásquez. Esta joven también era propietaria de la tienda de regalos Petit Achats, ubicada en el segundo nivel de Ágora Mall y un salón de belleza en la avenida Enriquillo, también en Bella Vista.
También fiscales y otro contingente de agentes de la DNCD allanaron un apartamento, localizado en la calle Helios, del exclusivo sector Bella Vista, en la capital dominicana, donde residía la “novia” de Santoro.
Las autoridades sospechan que esos establecimientos fueron adquiridos con dinero de los ahorrantes y depositantes del Banco Peravia, por los que se aprestan para intervenirlos. El penthouse, propiedad de Santoro, ubicado en el ensanche Naco, en la Torre M Santo Domingo Residencias, quedó incautado.
José Amadeo Peralta dijo que la Fiscalía del Distrito Nacional se “durmió” con las 22 querellas que interpusieron los ahorrantes, donde algunas de ellas dispusieron el archivo, otra ni querían recibirla, nunca pusieron en movimiento la acción pública.
El entonces Superintendente de Seguros, Euclides Gutiérrez Félix, informó que la compañía Unión de Seguros, perteneciente al quebrado Banco Peravia de Ahorros y Créditos, fue intervenido por esa institución por los déficits operacionales que venía registrando. Dijo que la Dirección de Inspección de la Superintendencia verificó que las operaciones de la Unión de Seguros desde el 31 de diciembre del 2013 hasta el 31 de mayo del 2014 mantenían déficit de la inversión de reservas, índice de liquidez mínima requerida, reclamaciones pendientes de pago a asegurados, entre otras deficiencias.
Gutiérrez Félix reveló que la intervención se produjo el 4 de agosto de 2014, mediante una comunicación remitida al presidente de Unión de Seguros, José Luis Santoro, donde se le notificó la designación de los inspectores Luis Fernández y Jessica Adames, quienes desde esa fecha mantenían la supervisión de los ingresos y egresos de esa aseguradora como agentes interventores por parte de la Superintendencia de Seguros.
Reseñas del sitio web informe25.com que datan de por lo menos el año 2014, ofrecen más datos sobre el historial de Gabriel Arturo Jiménez Aray.
Testigo en el caso contra la extesorera Claudia Díaz Guillén
El tribunal de West Palm Beach, Florida, convocó a una audiencia, en la que llama a testificar a un exbanquero venezolano sentenciado en Estados Unidos, en el caso de Claudia Patricia Díaz Guillén. La mujer es extesorera nacional de Venezuela, y resultó extraditada desde España a Estados Unidos por cargos de lavado de dinero.
En la audiencia del día 24 de mayo se tratará específicamente del posible conflicto de intereses que puede significar el hecho de que la abogada de Díaz, Marissel Descalzo, representó antes al acusado de un caso relacionado con el de ella.
Se trata del también venezolano Gabriel Arturo Jiménez Aray, expropietario del Banco Peravia en República Dominicana. Lo sentenciaron a tres años de prisión en noviembre de 2019 en un caso de conspiración para lavar dinero.
Según la Fiscalía, en el juicio de Jiménez Aray, Marissel Descalzo brindó información sobre los activos que posee Díaz. Y eso podría jugar en contra de la ahora acusada; concretamente en lo que se refiere a la posibilidad de esperar el juicio fuera de la cárcel con una fianza.
El tema lo sacó la Fiscalía en la segunda audiencia celebrada desde la llegada de Díaz a Estados Unidos el 12 de mayo. Y atrasó la decisión del juez sobre si la acusada espera en prisión preventiva el juicio, como quieren los fiscales; o en libertad bajo fianza, como pide la defensa, que niega que haya riesgo de fuga.
El tribunal decidió celebrar una audiencia solo sobre el conflicto de intereses. Determinó que inmediatamente después o cuando lo considere continuará la audiencia para tratar sobre las peticiones de la defensa y la Fiscalía acerca de donde debería permanecer Díaz hasta que se celebre el juicio.
En una petición conjunta dirigida al tribunal, ambas partes piden que se designe un abogado penal libre de conflictos para Gabriel Arturo Jiménez Array para que lo represente en la audiencia del día 24 de mayo. El juez ordenó que testifique en persona o por Zoom.
Ese nuevo abogado debería ser nombrado antes de que se celebre la audiencia, según el documento conjunto de ambas partes.
Díaz es conocida como la «enfermera de Hugo Chávez», pues formó parte del equipo médico del que fue presidente de Venezuela. Quien luego la nombró tesorera nacional, cargo que ejerció de 2011 a 2013.
Las acusaciones contra ella son conspiración para lavado de activos y lavado de activos. Y tienen que ver con una trama millonaria de corrupción para beneficiar a empresarios con tasas de cambio de divisas favorables.
El esposo de Díaz, Adrián José Velásquez Figueroa, también pendiente de extradición desde España, fue jefe de seguridad del mandatario.
Los conocidos popularmente como la «enfermera» y el «guardaespaldas» de Chávez establecieron su residencia en España en 2016. Tienen dos hijos menores de edad, según los documentos del juicio.
Descalzo asegura en la petición de libertad bajo fianza para su defendida que «no hay riesgo alguno de fuga». Argumenta que, entre otros motivos, ni Díaz ni su esposo tienen «activos suficientes ni dentro ni fuera de Estados Unidos para pagar la escapada y no pueden volver a Venezuela».
Regresar a su país natal sería «el equivalente a poner en peligro sus propias vidas ya que fueron expulsados de Venezuela por la policía secreta en 2013», dijo la abogada.
La Fiscalía, entre las razones para pedir que Díaz permanezca en prisión, mencionó sus fuertes lazos con el gobierno venezolano.
En la misma causa que Díaz Guillén está acusado Raúl Gorrín Belisario, dueño y presidente del canal venezolano Globovisión. Es considerado prófugo por la justicia de Estados Unidos y fue acusado formalmente en agosto de 2018 como cómplice de «conspiración para lavado de dinero y lavado de dinero».
Según la Fiscalía, Gorrín pagó millones de dólares en sobornos a Díaz Guillen y otro extesorero nacional venezolano, Alejandro Andrade. Este último se declaró culpable y fue sentenciado a 10 años de prisión en 2018, por asegurarse los derechos de realizar transacciones de cambio de moneda extranjera a tasas favorables.
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