Por Sidney Phillips
El 18 de noviembre de 2004, víctima de un atentado con coche bomba, fue asesinado en Caracas el para entonces fiscal del Ministerio Público venezolano Danilo Anderson.
Expolicías, abogados, empresarios y otras figuras fueron señalados poco después como sospechosos, tanto de forma material, como intelectual y en el encubrimiento del hecho. Uno de los sospechosos fue el venezolano Pedro Luis Martín Olivares, aunque no ha sido probada ni desestimada completamente su participación en el atentado.
Para el momento del suceso, Martín, por quien el Departamento de Estado estadounidense ha ofrecido una recompensa de $10 millones por información que conduzca a su arresto, dada su relación con el tráfico de droga a gran escala, era en Venezuela jefe de Inteligencia Económica de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP). Aunque se presume que no fue directamente el autor material, Martín fue señalado de formar parte de una trama de complicidades en la DISIP, órgano de seguridad ahora denominado Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), con el propósito de que el asesinato fuera perpetrado y quedara impune.
El del exfiscal Anderson no es el único caso en el que Martín ha sido uno de los sospechosos. Una persona familiarizada con el asunto aseguró que el exjefe de Inteligencia Económica pudiera estar involucrado en otros casos de homicidio, desapariciones forzosas y secuestros.
Los hechos del caso Anderson
Danilo Anderson estaba investigando a más de 400 personas acusadas de crímenes durante los Sucesos de Puente Llaguno y el fallido golpe de Estado de abril de 2002 contra el entonces presidente Hugo Chávez, cuando a la edad de 38 años, fue asesinado.
Anderson nació en Caracas, y terminó la carrera de Derecho en la Universidad Central de Venezuela en 1995, especializándose más tarde en criminología y leyes ambientales. Trabajó para varios bufetes de abogados y fue fiscal tributario entre 1993 y 2000. Fue el primer funcionario en abrir un caso de delitos ambientales ocurridos en Caracas. Según El Nacional, Anderson se describió a sí mismo como un izquierdista radical. Su asesinato conmocionó a la opinión pública venezolana a través de su espectro político.
El fiscal Anderson fue asesinado en la urbanización Los Chaguaramos de Caracas, mientras conducía a su casa desde la universidad en donde tomaba clases de postgrado. Fue asesinado cuándo estalló un aparato contentivo de un explosivo plástico C-4 colocado debajo del asiento del conductor de su Toyota Autana. Se cree que el C-4 fue activado desde un teléfono celular. Los testigos dicen que oyeron dos explosiones ruidosas y cuando observaron el vehículo este ya se encontraba en llamas, a punto de impactar en contra de un edificio cercano.
Después del asesinato, las autoridades venezolanas iniciaron una investigación de alto nivel que identificó a dos exagentes de policía que estaban estrechamente comprometidos con el complot homicida, Otoniel y Rolando Guevara. Fueron detenidos el 26 de noviembre de 2004 y acusados de homicidio calificado. El mismo día que los hermanos Guevara fueron detenidos, otros dos sospechosos en el caso, el abogado Antonio López Castillo y el exagente de policía Juan Carlos Sánchez cayeron abatidos por efectivos oficiales en incidentes separados.
Posteriormente, la investigación se amplió en busca de los organizadores y autores intelectuales del asesinato. Hacia agosto de 2005 las autoridades venezolanas habían detenido a Giovanni José Vásquez de Armas, un antiguo miembro confeso de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), la organización colombiana paramilitar de extrema derecha. En el testimonio jurado del 29 de agosto de 2005, Vásquez de Armas declaró que había participado en dos reuniones para planificar ataques en contra de altos miembros del gobierno venezolano.
La credibilidad de este testigo clave entró en duda después de que se descubriera que tenía antecedentes penales en su nativa Colombia por fraude de identidad y no era el psiquiatra que había dicho ser.6 Documentación de procedencia incierta había sido difundida y mostraba que Vásquez de Armas cumplía condena en una prisión en Santa Marta, Colombia, durante el mismo periodo de tiempo en el que aseguró haber sido testigo de la planificación del asesinato del fiscal Anderson por algunos líderes de la oposición venezolana. El fiscal general para ese momento, Isaías Rodríguez, prohibió difundir información sobre el caso Anderson a la prensa nacional que organizaba una investigación paralela sobre Vásquez de Armas mientras el caso se encontraba inconcluso. La prohibición de hablar de la vida privada y la presunta falta de fiabilidad de Vásquez fue levantada en agosto de 2006. Su testimonio ha sido sumamente polémico ya que directamente implica a algunas de las principales figuras de la oposición venezolana, aunque ha modificado sus declaraciones en varias oportunidades. El mismo fiscal general dijo que no se debía creer completamente en todo lo que hubiera atestiguado. De todos modos, sobre la base de su testimonio, fueron emitidas órdenes para la detención del empresario Nelson Mezerhane, el general retirado Eugenio Áñez Núñez y Salvador Romaní. Mezzerane, Áñez y Romaní se entregaron a las autoridades y se les concedió la libertad bajo fianza en diciembre de 2005.
El 20 de diciembre de 2005, Otoniel y Rolando Guevara fueron sentenciados a 27 años y nueve meses en prisión, su hermano Juan Bautista fue sentenciado a 30 años de prisión.
Caraballo Anderson, la hermana de Danilo, aseguró que el asesino de su hermano estaba entre las personas ligadas al gobierno que cargaron su urna.
La investigación sobre quiénes fueron los autores intelectuales en el asesinato de Anderson se ha convertido en uno de los asuntos más controvertidos en la política venezolana actual. Periodistas de algunos medios de comunicación opositores al Gobierno han divulgado informes con numerosas irregularidades en la investigación. Según los informes, Anderson estaba envuelto en una red de extorsión que apuntaba a banqueros y otras figuras opositoras; estas personas habrían cancelado una determinada suma de dinero para ser excluidos de la investigación sobre los hechos del 11 de abril de 2002. Estas investigaciones han sido rechazadas por la mayoría de los familiares y personas cercanas al fiscal Anderson así como por el gobierno. En su momento, la oposición denunció que tres fiscales asignados a la investigación del asesinato de Anderson fueron acusados de participar en la mencionada red de extorsión.
Isaías Rodríguez fue responsabilizado por los opositores de convertir la investigación del asesinato de Anderson en una cacería de brujas con tintes políticos, usando el caso para acosar a opositores al gobierno. Rodríguez negó estas acusaciones.
En 2012, Isaías Rodríguez, como exfiscal, expuso sobre el caso que las pruebas fundamentales estaban en Colombia; e incluso afirmó que el Gobierno del expresidente Álvaro Uribe y su fiscal torpedearon el sano curso de la investigación. "Las pruebas están allí y puede servir para tratar de alimentar la investigación bien para estar conscientes de que puede avanzar o para cerrarla”, explicó.
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