Porqué los Estados Unidos acusan a Pedro Luis Martín-Olivares de delitos de narcotráfico y cómo es la actividad actual del venezolano en la frontera entre Colombia y Venezuela

Por Sidney Phillips

El 29 de septiembre de 2020 el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ofreció recompensas por información que conduzca al arresto o condena de tres exfuncionarios venezolanos que durante años no se han presentado personalmente en el Distrito Sur de Florida para enfrentar cargos federales de narcotráfico presentados públicamente.

La fiscal federal Ariana Fajardo Orshan para el Distrito Sur de Florida, y el agente especial interino a cargo Keith Weis de la Oficina de Campo de Miami de la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), hicieron el anuncio.

Pedro Luis Martín-Olivares, nacido el 18 de abril de 1967, exjefe de Inteligencia Económica del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) de Venezuela, fue acusado en abril de 2015 por un gran jurado federal con sede en Miami. Martín-Olivares está acusado de distribuir más de cinco kilogramos de cocaína a sabiendas de que sería importada ilegalmente a los Estados Unidos, poseer con la intención de distribuir más de cinco kilogramos de cocaína a bordo de un avión registrado en los Estados Unidos y conspirar con otros a importar más de cinco kilogramos de cocaína, mediante la Causa No. 15-cr-20299.

Otras de las recompensas ofrecidas por el Departamento de Justicia fue por la captura a Rodolfo McTurk-Mora, exjefe de Interpol en Venezuela, quien fue acusado en abril de 2013 por un gran jurado federal de Miami. McTurk-Mora de conspirar para importar más de cinco kilogramos de cocaína a los Estados Unidos y de conspirar con otros para corromper e impedir el enjuiciamiento federal del sur de la Florida del narcotraficante (ahora condenado) Jaime Alberto Marín Zamora al retrasar e impedir la extradición de Marín desde Venezuela a los Estados Unidos. La tercera recompensa fue por Jesús Alfredo Itriago, exjefe de lucha contra el narcotráfico en uno de los principales organismos de investigación criminal de Venezuela (Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), quien fue acusado formalmente el 31 de enero de 2013 por un gran jurado federal sentado en Miami bajo el cargo de conspirar con otros para importar más de cinco kilogramos de cocaína a los Estados Unidos, mediante la Causa No. 13-cr-20050.

El Departamento de Estado de los Estados Unidos, a través de su Programa de Recompensas por Narcóticos, está ofreciendo recompensas por información que conduzca al arresto y/o condena de cada acusado de la siguiente manera: hasta $10 millones para Martin-Olivares, hasta $5 millones para McTurk-Mora, y hasta $ 5 millones para Itriago.

“Los funcionarios venezolanos corruptos que se llenaron los bolsillos protegiendo a los narcotraficantes de la detección y el arresto permitieron la entrada de enormes cantidades de drogas peligrosas a los EE. UU., amenazando el bienestar de nuestra nación”, dijo la fiscal federal Fajardo Orshan. “Ya sea que sean funcionarios venezolanos anteriores o actuales, ya sea que cometieron sus crímenes hace años o ayer, ya sea que los atrapemos mañana, dentro de meses o años, prometo una cosa: el Departamento de Justicia y sus socios encargados de hacer cumplir la ley no descansarán hasta que estos criminales sean llevados ante la justicia en los Estados Unidos”.

“Los muros se están cerrando para Martin-Olivares, McTurk-Mora e Itriago, quienes enfrentan importantes cargos de narcotráfico en el Distrito Sur de Florida”, dijo Keith Weis, agente especial interino a cargo de la División de Campo de Miami de la DEA. “Las recompensas por la información que conduzcan a su paradero y captura agregarán otro nivel significativo de presión utilizado por nuestros investigadores y fiscales encargados de llevarlos ante la justicia”.

La DEA Miami investigó los casos. La Unidad Internacional de Narcóticos y Lavado de Dinero de la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Florida los ha procesado.

Se trató de investigaciones del Grupo de Trabajo para el Control de Drogas contra el Crimen Organizado (OCDETF). La misión principal del programa OCDETF es identificar, interrumpir y desmantelar a los traficantes de drogas, lavadores de dinero y otras organizaciones criminales transnacionales prioritarias de más alto nivel que amenazan a los ciudadanos de los Estados Unidos utilizando un sistema multidisciplinario dirigido por fiscales, impulsado por inteligencia, enfocado a combatir el crimen organizado transnacional. El programa OCDETF facilita operaciones conjuntas complejas al enfocar a sus agencias asociadas en objetivos prioritarios, al administrar y coordinar los esfuerzos de varias agencias y al aprovechar la inteligencia en múltiples plataformas de investigación.

Cualquier persona con información que pueda conducir al arresto y/o condena de estos fugitivos puede enviar un correo electrónico a la DEA a [email protected], o enviar un mensaje a la DEA al 1-202-681-8187 mediante mensajes de texto, WhatsApp o Signal. Los funcionarios y empleados del Gobierno no son elegibles para las recompensas.

Como Jefe de Inteligencia Económica, Martín-Olivares conspiró con numerosos narcotraficantes, incluido el actual objetivo designado por el Departamento de Estado estadounidense, exjefe de Contrainteligencia Militar de Venezuela, Hugo Armando Carvajal-Barrios y el narcotraficante colombiano convicto Roberto Méndez-Hurtado. Martín-Olivares usó su influencia y su posición gubernamental para permitir que cargamentos de narcóticos salieran de Venezuela con destino a Centroamérica, el Caribe y Estados Unidos.

En 2015, basándose en parte en la información desarrollada durante el curso de la investigación de la DEA sobre Martín-Olivares, el presidente Obama y el Departamento del Tesoro impusieron sanciones económicas a Venezuela.

Desde entonces, el Departamento del Tesoro ha sancionado a decenas de funcionarios venezolanos, incluido Martín-Olivares. Actualmente existe una Notificación Roja de Interpol para Martín-Olivares.

El 24 de abril de 2015, Martin-Olivares fue acusado en el Distrito Sur de Florida por la distribución de más de cinco kilogramos de cocaína, a sabiendas de que dicha sustancia controlada sería importada ilegalmente a los Estados Unidos, en violación del Título 21, Código de los EE. UU. Sección 959(a)(2); posesión conla intención de distribuir más de cinco kilogramos de cocaína a bordo de una aeronave registrada en los Estados Unidos, en violación del Título 21, Código de los Estados Unidos, Secciones 959(b)(2); y Título 21, Artículo 963, concierto para importar más de cinco kilogramos de cocaína.

Como se ha señalado, el Departamento de Estado de los Estados Unidos ofrece una recompensa de hasta $10 millones por información que conduzca al arresto y/o condena de Pedro Luis Martín-Olivares por participar en el narcotráfico internacional.

Sancionado por el Departamento del Tesoro

El Departamento del Tesoro dio a conocer el 3 de mayo de 2018 los nombres de tres sancionados. Entre ellos estaban Pedro Luis Martín Olivares, además de Walter Alexander Del Nogal Márquez y Mario Antonio Rodríguez Espinoza, contra quienes se anunció el bloqueo de cuentas, así como de las operaciones de sus compañías en los Estados Unidos.

«Hemos sancionado a tres venezolanos con vínculos directos como testaferros de las drogas. Hemos congelado sus bienes e impedido que puedan entrar a nuestro país, también hemos demostrado la voluntad del pueblo de Estados Unidos por proteger su seguridad», dijo el para entonces vicepresidente estadounidense, Mike Pence, ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Pedro Luis Martín Olivares figura en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (Ivss) con la empresa PLM Consultores C. A. desde el 16 de abril de 2015.

Según el Gobierno estadounidense, Martín posee 14 empresas en Venezuela y lo sancionó como «una respuesta a las extensas actividades de Martín Olivares para el tráfico de drogas y el lavado de dinero.

Una de las empresas por la que es señalado es una «firma líder de un grupo de firmas de servicios y obras civiles que ha sido concebida en el marco estructural de la orientación empresarial, dirigida hacia la obtención de procesos y gestión de excelencia a través de asesorías, entrenamiento, integración, desarrollo y soporte, con el interés fundamental de servir de instrumento asertivo para la adecuada toma de decisiones», según resumen en su información en Internet.

Según los Estados Unidos, Martín Olivares facilitó el tráfico de cocaína en la frontera entre Colombia y Venezuela mediante el pago de sobornos a funcionarios venezolanos.

Además, el Departamento del Tesoro afirmó que este individuo ha trabajado estrechamente con otros funcionarios venezolanos para el lavado de dinero, entre los que destaca el hoy diputado Hugo Armando Carvajal Barrios, exdirector de la inteligencia militar venezolana al que los Estados Unidos. reclama por delitos de narcotráfico relacionados con las Farc.

Mario Antonio Rodríguez Espinoza figura vinculado con la empresa Inversiones Malamar R C. A., que aparece en el Ivss como parte de la empresa de Martín Olivares PLM Consultores.

De las 20 empresas sancionadas, 16 han contado con sede en Venezuela, mientras que otras cuatro han tenido sede en Panamá.

Un registro en la Internet muestra supuestamente la inclusión de Martín en 2015 en la lista de los más buscados de Interpol, a solicitud de autoridades estadounidenses.

Olivares demanda a testigos

En agosto de 2018 Pedro Luis Martín Olivares presentó dos demandas en el Tribunal de Circuito de Miami-Dade, Martin Olivares, en las que negó cualquier participación en el tráfico de drogas. Como parte de esa negación, presentó una demanda por difamación contra dos narcotraficantes de nivel inferior que dieron su nombre a funcionarios estadounidenses.

La denuncia culpó a los dos hombres, Álvaro Ricardo Nino-Bonilla y Roberto Méndez Hurtado, por la acusación  y arresto de Martín Olivares en un caso pendiente de tráfico de drogas en los Estados Unidos.

Pero ni las demandas, ni los argumentos de Martín Olivares han impedido que siga figurando en la lista de los más buscados de la Administración para el Control de Drogas del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DEA) por sus siglas en inglés.

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