Aruba se promociona como un lugar de encanto para inversionistas extranjeros, pero la realidad dice todo lo contrario
Por Cocky de la Torre
El Gobierno de Aruba ha iniciado una feroz campaña publicitaria, que buscaría captar la atención en México, con el propósito de atraer inversiones económicas, especialmente capitales interesados en invertir en el área inmobiliaria.
La campaña publicitaria trata de promover a la isla como un encantador destino, jurídicamente seguro, algo que no obstante, según personas familiarizadas con el asunto, no es completamente cierto.
La isla, por el contrario, carecería de la suficiente seguridad jurídica y personal para ser considerada un destino de inversión seguro. Aunado a esto, su sistema de salud, al que muchos ciudadanos de Aruba les resulta muy costoso acceder y que se ha visto colapsado durante la pandemia de Covid-19, obligaría a muchos arubeños a buscar alternativas de atención en países vecinos, como Colombia y anteriormente Venezuela, donde sí pueden costear sus gastos médicos.
En informes de organismos internacionales, algunos de la propia Organización de las Naciones Unidas (ONU), se advierte de casos que evidencian las razones por las que Aruba es considerado un país inseguro en muchos aspectos, apreciándose situaciones de violación de derechos jurídicos, falta de seguridad personal, desapariciones no resueltas y violaciones a los derechos humanos, que hacen de la isla un lugar poco apetecible en el Caribe.
Ahora Aruba apunta a la élite internacional de inversionistas mexicanos interesada en los últimos años en expandir su dominio en puntos geográficos como el Caribe, Europa y el sur de la Florida, en los Estados Unidos. Es por esto que el Gobierno de la isla ha estado adelantando una campaña publicitaria para tratar de convencer a mexicanos e inversionistas de otros países de ser un destino ideal para ellos.
Insospechadamente a este llamado pudieran no solamente acudir inversionistas legítimos, sino también capitales provenientes del narcotráfico mexicano, deseosos de utilizar nuevas rutas y nuevos paraísos para el blanqueo de dinero, como antes lo han hecho en Aruba carteles de la droga colombianos.
En Aruba, según las leyes del país, el Estado mantiene siempre la propiedad de la tierra, mientras que las empresas y particulares son únicamente propietarios de aquello que construyen sobre la tierra.
En el caso de particulares, algunos contratos permiten a compañías de bienes raíces quedarse con toda la inversión que hubieran hecho sus clientes, si por alguna razón estos mantuvieran alguna deuda y solo la hubieran podido pagar parcialmente.
La Unión Europea y otras entidades internacionales, en mayor o menor medida, han considerado a Aruba durante años como un paraíso fiscal y algunos opinan que la isla no goza de muchas de las bondades que de ella se publicitan, siendo sí un lugar en el Caribe al que carteles del narcotráfico colombianos, mexicanos y venezolanos han buscado y pudieran seguir buscando utilizar como asiento para el lavado de dinero.
Adicionalmente Aruba cuenta con uno de los cuerpos policiales más permeados por la corrupción en todo el Caribe.
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