La opaca red de negocios entre México y Venezuela surgida de un apagón eléctrico en 2019

Por Roberto Deniz | Ewald Scharfenberg | Georgina Zerega | Zorayda Gallegos | Elías Camhaji | Javier Lafuente
EL PAÍS | armando.info

Cuando la vicepresidenta Delcy Rodríguez acudió a un grupo de amigos y socios mexicanos para aliviar la nueva emergencia eléctrica en Venezuela, puso la piedra fundacional para un atajo por el que chavismo y sus aliados comerciales han esquivado las sanciones impuestas por Washington a las exportaciones de crudo de PDVSA. Desde entonces, con Alex Saab y Joaquín Leal como figuras prominentes, el circuito se ha extendido por una treintena de países para comerciar con otras materias primas venezolanas. Es parte de lo que revela esta serie de investigación conjunta entre el diario El País y Armando.info, desarrollada a partir de una filtración de miles de documentos.

El 7 de marzo de 2019, Venezuela se sumió en la oscuridad. Lo que se presuponía otro apagón más se fue prolongando: una hora, dos, cinco; un día, dos, tres… Entre acusaciones de sabotaje, el gobierno chavista se movió sigilosamente y recurrió a la colaboración de algunos amigos que se ha granjeado durante décadas. Entre ellos, un grupo de mexicanos. Lo que en un primer momento se planteó como un acercamiento para tratar de paliar las carencias energéticas de un sistema socavado durante décadas de corrupción y dinamitado durante el apagón, derivó con los meses en una red internacional con la que se ha tratado, y en muchas ocasiones conseguido, mover ingentes cantidades de petróleo, dinero y otros recursos, como oro, carbón y aluminio, bajo la apariencia de ayuda humanitaria, siempre evadiendo las sanciones impuestas por Estados Unidos. Una trama que involucra a decenas de personas y empresas, viaja por casi una treintena de países y mueve el dinero entre paraísos fiscales. Una investigación de EL PAÍS y Armando.info, a partir de un dossier con miles de documentos obtenidos sobre esa red, revela cómo se urdió la trama que ha permitido al chavismo evadir las sanciones de la principal potencia del planeta y que ha generado un negocio opaco pero multimillonario.

En abril de 2019, un mes después de que Venezuela se fundiera a negro, la vicepresidenta Delcy Rodríguez descolgó el teléfono y contactó a un grupo de empresarios mexicanos, duchos en el sector eléctrico. A priori, se trataba de ver cómo podían llevar a Venezuela unas plantas de electricidad para paliar los efectos de la crisis eléctrica. No obstante, desde el primer viaje que los empresarios realizaron a Caracas quedó claro que las intenciones por hacer negocios iban más allá de la adquisición de unos generadores. Varios miembros del gobierno de Venezuela y operadores de la cúpula chavista plantearon lo que se convertiría en el germen de una trama internacional para generar negocios que no dejaran rastro. EL PAÍS y Armando.info tienen en su poder miles de documentos que, junto a decenas de entrevistas, incluidas algunas con implicados que han pedido hablar bajo condición de anonimato por miedo a represalias, atestiguan cómo se creó y evolucionó esta opaca red. Una trama que intercambió, primero, petróleo por alimentos y camiones cisterna de agua potable, y luego, pasó a cobrar el dinero de las exportaciones petroleras a través de circuitos financieros ajenos al control de Estados Unidos. Todos los implicados tienen un nexo en común: Alex Saab, contratista del chavismo desde 2011 y supuesto testaferro de Nicolás Maduro, que espera en Cabo Verde su extradición para ser juzgado en Estados Unidos por lavado de dinero.

El origen de esta red se sitúa en las sanciones impuestas a Venezuela desde finales de 2014, principalmente por Washington, para presionar al gobierno de Maduro tratando de detener sus violaciones de derechos humanos, con Obama, y ya luego con Trump, forzando abiertamente un cambio político que nunca llegó. Hoy, con Joe Biden recién instalado en la Casa Blanca, las sanciones son moneda de cambio en una posible negociación entre la oposición y el heredero de Chávez para lograr una salida a la crisis del país.

Lo que en cualquier caso sí han conseguido estas presiones es menguar el margen de maniobra del chavismo para hacer negocios con muchas compañías por el temor de estas a ser golpeadas por el Departamento del Tesoro. Y en el centro de toda la presión ha estado PDVSA, la gran aportadora de divisas a Venezuela, el país con las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, sancionada desde comienzos de 2019 por la administración Trump. Después de que la estatal petrolera alcanzó una situación en la que escaseaban las divisas, gastadas por el Gobierno en todo tipo de operaciones, el chavismo recurrió a transacciones comerciales en las que pudieran pagar con crudo en lugar de dinero.

Delcy Rodríguez Gómez fue clave para activar la conexión mexicana. Junto a su hermano Jorge, actual presidente de la Asamblea Nacional y varias veces ministro, conforman uno de los pilares del gobierno de Nicolás Maduro y una dupla cuyo poder les ha permitido desplazar a Diosdado Cabello como el oficioso número dos del chavismo. La excanciller y actual vicepresidenta preparó en abril de 2019 una serie de encuentros con funcionarios estatales y operadores cercanos a la cúpula chavista para un grupo de empresarios mexicanos, entre los que se encontraba el también político José Adolfo Murat, a quienes conocía de foros internacionales de organizaciones de izquierda como el de Biarritz. Con Simón Zerpa, entonces ministro de Economía -ahora venido a menos tras acusaciones de deslealtad-, se formuló la posibilidad de lograr un intercambio de crudo por camiones cisterna de agua potable y alimentos. Además, el ministro planteó a los mexicanos si era posible conseguir un puesto de consideración en Veracruz, el puerto principal de México desde el que empresas vinculadas a Alex Saab despacharon millones de alimentos de baja calidad y sobreprecios en las cajas CLAP para Venezuela entre 2016 y 2018, que les permitiría entrar y sacar cargamentos a gran escala.

La siguiente reunión de los mexicanos se produjo con Ricardo Morón y José Luis Sandoval –el primero, sancionado por Washington en julio de 2020, es un empresario próximo a Nicolás Maduro Guerra, hijo del presidente; el segundo, funcionario de PDVSA- , quienes pusieron sobre la mesa la necesidad de intercambiar petróleo por maíz blanco y trigo duro, a través de Colombia: el precio y el pago se harían en oro. Otra de las personas con las que se reunieron fue Omar Abou Nassif, hermano de un empresario próximo a Delcy Rodríguez. Nassif planteó a los mexicanos la posibilidad de mover algunos alimentos, con transacciones que se realizarían a través de Hong Kong. Para ello, les aseguró, contaba con la colaboración de algunos proveedores en México. La afirmación de Nassif no era baladí: él también había participado en la trama de los CLAP desde 2016, precisamente con empresas registradas en Hong Kong. Entre 2016 y 2018, Alex Saab y su socio, el también colombiano Álvaro Pulido Vargas -cuyo nombre real era Germán Rubio, pero lo cambió tras ser involucrado en el año 2000 en una operación de narcotráfico vinculada al cártel de Bogotá- idearon una estructura de sociedades instrumentales en Hong Kong, Turquía y Emiratos Árabes Unidos, de la que se beneficiaron empresarios mexicanos, algunos de ellos, como se ha podido comprobar, vinculados con la nueva red que se comenzó a tejer en abril de 2019. La figura de Alex Saab aparece también en aquellos encuentros en Caracas: los empresarios mexicanos se reunieron con una de sus operadoras.

Esa serie de contactos fue cobrando forma al regreso a México. Entonces aparece en escena, según la reconstrucción hecha mediante esta investigación por EL PAÍS y Armando.infoJoaquín Leal, un empresario de 29 años, sancionado desde junio de 2020 por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por sus negocios con Venezuela y que, por aquel entonces, trabajaba en Diversidad, la empresa del ya mencionado José Adolfo Murat, con quien empieza a desarrollar los negocios que les habían planteado. 

En mayo de 2019, Murat vuela a Caracas con Leal. Los empresarios mexicanos se sientan de nuevo con Simón Zerpa. El objetivo era concretar las operaciones de las que hasta entonces solo se ha conversado. Aunque Zerpa propone a los mexicanos recibir pagos directos o en rublos o euros, la fórmula que se impone es la de intercambiar petróleo por alimentos y camiones cisterna de agua potable.

La fórmula seleccionada, que llevarían a cabo un mes más tarde pero sin Murat, solo con Leal, como contraparte, implicaba que la parte venezolana pediría a un tercer actor que apareciera haciendo a los mexicanos el pago de 70% como anticipo, finalmente en euros. En los dos contratos de la operación, que asciende a 200 millones de euros, no consta ningún número de cuenta del destinatario para realizar el pago. “Ante los organismos competentes” es la extraña fórmula utilizada en ambos casos, que también puntualiza que ese pago se podrá hacer “de forma fraccionada” y con la posibilidad de rescindir el contrato en 90 días. El 30% del pago restante, según los contratos, “será tramitado por el comprador por entes competentes de financiamiento”, sin que en ningún momento aclare a quién se refiere.

Tras la firma de los acuerdos comerciales, Leal buscó asesoría y se encargó de conseguir los camiones y coordinar el traslado de los alimentos desde México. También negoció con sus contactos venezolanos el precio del petróleo. En los correos electrónicos se presentaba como representante legal de Libre Abordo, la empresa con la que el Gobierno venezolano hizo el negocio. Después de cerrar el trato, la petrolera venezolana envió una serie de facturas a Libre Abordo “en atención” a Olga María Zepeda Esparza, directora y socia de la empresa -hoy también sancionada por Estados Unidos-, detallando el equivalente en barriles de petróleo y los millones de euros que la petrolera exigía como pago a la firma mexicana, al margen de los trueques por alimentos y productos en especie. Por ejemplo, en una factura del 19 de junio de 2020 por 32,9 millones de euros (el equivalente entonces a 36,3 millones de dólares) se lee que el destino del petróleo era el puerto de Singapur.

La operación de intercambio de petróleo por alimentos y camiones cisterna de agua fue el detonante para que, un año después, en junio de 2020, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionara a Libre Abordo, Joaquín Leal y Zepeda Esparza. Entonces, la Unidad de Inteligencia Financiera de México (UIF), dirigida por Santiago Nieto, inició una investigación para seguir el rastro del dinero. Los resultados, sin embargo, son ínfimos. Apenas el pasado 18 de mayo, la UIF presentó una denuncia ante la Fiscalía, a la que se ha tenido acceso para este reportaje, y pidió el aseguramiento de un centenar de cuentas de Libre Abordo, Lea, Zepeda Esparza y su madre Verónica Esparza, socia de la empresa.

El de aquella primavera fue el único viaje que Murat y Leal realizaron juntos a Caracas. Murat, consultado para este reportaje, asegura que dejó el negocio en manos de Leal al volver de Venezuela. Cuando Leal le dijo a Murat que los venezolanos insistían en incluir un intercambio de petróleo como parte del negocio, este le pidió que no siguiera adelante. «Le dije que había sanciones de Estados Unidos y que no podíamos meternos en ese lío», relata. De acuerdo a su versión, rompió con Leal meses más tarde ese mismo 2019, al percatarse de que, a pesar de las advertencias, había seguido con el negocio desde Libre Abordo.

Leal, por su parte, no quiso ofrecer su versión ni responder a las peticiones de entrevista para esta investigación.

También se solicitó su versión a la vicepresidenta venezolana, sin que se obtuviera respuesta al momento de cerrar esta nota.

Lo de ‘humanitario’ era solo una excusa

A partir de las operaciones por los camiones cisterna y el maíz, Leal, junto a Alex Saab, organizó desde México una red secreta al servicio del gobierno de Maduro para ayudar en la venta de petróleo venezolano al margen de las sanciones estadounidenses. Para intentar esconder el rastro del dinero, creó decenas de empresas y tejió una red de socios financieros en una treintena de países. La trama se conecta con entidades por todo el mundo, algunas offshore, en Suiza, Luxemburgo, Malta, Curazao, Reino Unido, Suecia, Noruega, Grecia, Estados Unidos, Singapur, Bangladesh, China, Malasia, México, entre otros países de Europa, Asia y América y paraísos fiscales como la Isla de Man y las Islas Vírgenes Británicas, por ejemplo.

El modus operandi que se ha podido reconstruir en esta investigación demuestra que la prestación de ayuda humanitaria era tan solo un pretexto. El lado mexicano embarcaba los productos en especie y PDVSA les pagaba con petróleo y logística para sacarlo del país en buques. Sin embargo, detrás de esta operación, se escondía otra más compleja que dejaba millones de ganancias para los involucrados a través de la reventa del crudo a precios por debajo del mercado, con dinero que eventualmente regresaba a PDVSA como pago por la mercancía. La petrolera de Venezuela terminaba cobrando las facturas que le emitía a Libre Abordo en cuentas de bancos rusos, como Gazprombank y Evrofinance Mosnarbank. Con ello lograban concretar las transacciones fuera del sistema bancario estadounidense y no involucrar a ciudadanos de ese país. Los documentos a los que ha accedido esta investigación dan cuenta de que los tratos con el petróleo se prolongaron entre noviembre de 2019 y mayo de 2020. En la inmensa mayoría de los casos se dejó de lado el trueque de alimentos y se vendió el petróleo directamente a los intermediarios mexicanos.

Después de que Libre Abordo pactaba la salida del petróleo de Venezuela, echaba mano a un grupo de intermediarias para continuar con la reventa de los barriles. Por lo general buscaba compradores del mismo consorcio envuelto en la trama o se dirigía a las refinerías localizadas en el extranjero. Por ejemplo, un cargamento entregado en Malasia a una empresa china fue revendido por Orin Energy, un holding que se dedica a las materias primas. El entramado de Leal y Libre Abordo tenía en Asia sus a principales clientes. En las presentaciones corporativas, se lee que dos de los principales compradores del petróleo venezolano eran las chinas PetroChina y Sinopec. La mayoría de sus cargamentos también fueron enviados a Singapur y a Malasia, dos importantes centros de refinación mundial.

En una primera etapa, Libre Abordo buscó clientes y formas de colocar el petróleo en el mercado energético global. Cuando sancionó a la compañía mexicana en junio de 2020, el Departamento del Tesoro señaló que esta utilizó las mismas rutas internacionales, los mismos procesos de envío y los mismos clientes que en el pasado habían manejado dos filiales suizas de la petrolera Rosneft. El gigante ruso era uno de los principales socios de PDVSA, pero salió del negocio en febrero de 2020 tras ser sancionada por Washington por sus tratos con Venezuela. Leal y sus socios también se asesoraron con otros participantes en el esquema diseñado desde el Gobierno de Maduro, como un italiano con un largo historial de negocios con PDVSA, y Philipp Apikian, un suizo que también ha estado involucrado en la venta y envío de petróleo venezolano. Ambos fueron sancionados en enero de 2021 por la Casa Blanca al ser partícipes de la misma trama que ha movido millones de barriles de crudo venezolano por debajo del radar de las sanciones estadounidenses.

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