Pedro José Antar Antar, el empresario venezolano arrestado en Miami al que acusan de participar en un esquema fraudulento

En 2020 fueron revelados en los medios de comunicación una serie de documentos que daban cuenta de la conformación de un consorcio denominado Caribbean Recovery Assets (CRA) conformado por las empresas LockinCapital y Global Risk Management, cuyos directores son Jorge Reyes y Pedro Antar.

Según un reporte de la web Prensa América, CRA fue creado para ir a la cacería de bienes de Venezuela en el Caribe, guardando las características de ser el rostro corporativo para actuar, como un tercer actor, en la ejecución de acciones “administrativas” del “interinato” de Guaidó.

Venezuela, a través de PDV Caribe, tiene un rango de porcentaje capital entre 25% y 60% en empresas fundadas en 12 países del Caribe, que son parte de la plataforma de bienes y servicios de Petrocaribe para la distribución de combustible en el marco de dicho tratado de cooperación energética. Estos bienes serían el “objetivo” de estas operaciones de corsarios financieros pseudo legales.

El consorcio CRA actuaría como intermediario en las gestiones de deuda, pero además de ello, abordando dichas empresas, promoviendo la “recuperación de bienes” y realizando labores de “inteligencia” financiera en 19 países del Caribe. Por ello, serían beneficiarios de un 18% del valor de los montos “recuperados”, tanto en recursos líquidos como en activos físicos.

Tantos eufemismos propios de la jerga financiera en realidad encubren actos de sicariato corporativo, mediante el consorcio CRA como matones que tenían el objetivo de ir contra empresas y gobiernos en el Caribe ejerciendo presiones.

Las gestiones de dicho consorcio se vieron frustradas por negociaciones fallidas con el equipo de Guaidó.

Las acciones del consorcio estarían respaldadas mediante un contrato entre ellos y el “gobierno interino”, un contrato de Guaidó con CRA que aunque tuvo una “buena pro” inicial, no continuó debido a que los representantes del Consorcio se negaron a caer en el chantaje, a pagar las comisiones y coimas que exigía cada uno de los funcionarios del Gobierno Interino, a cambio de otorgarles el contrato.

En esta componenda participarían los hermanos Fernando y Magin Blasi-Blanchard. Fernando, como encargado de negocios de Guaidó en Washington y mano derecha del “embajador” de Guaidó en Estados Unidos, Carlos Vecchio.

Reapareció también José Ignacio Hernández, el procurador de Guaidó, quien habría dado el visto bueno a CRA para su “labor” y su comisión de 18%. También el presidente de la Junta Ad Hoc de PDVSA, o la PDVSA de Guaidó, Luis Augusto Pacheco Rodríguez, y Yon Goicoechea como diputado.

Todos participaron en reuniones preparativas para orquestar las cruzadas en el Caribe a cargo del referido consorcio. Varias reuniones se realizaron con ese objeto a inicios de 2019, justo en el furor del “gobierno paralelo” y la búsqueda de los activos venezolanos.

Sin embargo, todo desembocaría, para octubre de 2019, en la recién creada Comisión Presidencial para la Gestión de Activos, por lo que los representantes del consorcio comenzaron a partir de ese momento a entenderse con Javier Troconis, jefe de esa comisión designado por Guaidó.

Según se denunció en 2020, Fernando y Magin Blasi-Blanchard, autorizados por Troconis, exigieron a CRA “una comisión de 750 mil dólares, y que del 18% de los honorarios del Consorcio, se les diera a ellos el 50%. Es decir, que se les considerara como socios del consorcio que ellos mismos estaban contratando”. Esto sólo para dar pie a su contrato.

CRA fue creado para ir a la cacería de bienes de Venezuela en el Caribe, guardando las características de ser el rostro corporativo para actuar, como un tercer actor, en la ejecución de acciones “administrativas” del “interinato” de Guaidó.

Venezuela, a través de PDV Caribe, tiene un rango de porcentaje capital entre 25% y 60% en empresas fundadas en 12 países del Caribe, que son parte de la plataforma de bienes y servicios de Petrocaribe para la distribución de combustible en el marco de dicho tratado de cooperación energética. Estos bienes serían el “objetivo” de estas operaciones de corsarios financieros pseudo legales.

El consorcio CRA actuaría como intermediario en las gestiones de deuda, pero además de ello, abordando dichas empresas, promoviendo la “recuperación de bienes” y realizando labores de “inteligencia” financiera en 19 países del Caribe. Por ello, serían beneficiarios de un 18% del valor de los montos “recuperados”, tanto en recursos líquidos como en activos físicos.

Tantos eufemismos propios de la jerga financiera en realidad encubren actos de sicariato corporativo, mediante el consorcio CRA como matones que tenían el objetivo de ir contra empresas y gobiernos en el Caribe ejerciendo presiones.

Las gestiones de dicho consorcio se vieron frustradas por negociaciones fallidas con el equipo de Guaidó.

Las acciones del consorcio estarían respaldadas mediante un contrato entre ellos y el “gobierno interino”, un contrato de Guaidó con CRA que aunque tuvo una “buena pro” inicial, no continuó debido a que los representantes del Consorcio se negaron a caer en el chantaje, a pagar las comisiones y coimas que exigía cada uno de los funcionarios del Gobierno Interino, a cambio de otorgarles el contrato.

En esta componenda participarían los hermanos Fernando y Magin Blasi-Blanchard. Fernando, como encargado de negocios de Guaidó en Washington y mano derecha del “embajador” de Guaidó en Estados Unidos, Carlos Vecchio.

Reapareció también José Ignacio Hernández, el procurador de Guaidó, quien habría dado el visto bueno a CRA para su “labor” y su comisión de 18%. También el presidente de la Junta Ad Hoc de PDVSA, o la PDVSA de Guaidó, Luis Augusto Pacheco Rodríguez, y Yon Goicoechea como diputado.

Todos participaron en reuniones preparativas para orquestar las cruzadas en el Caribe a cargo del referido consorcio. Varias reuniones se realizaron con ese objeto a inicios de 2019, justo en el furor del “gobierno paralelo” y la búsqueda de los activos venezolanos.

Sin embargo, todo desembocaría, para octubre de 2019, en la recién creada Comisión Presidencial para la Gestión de Activos, por lo que los representantes del consorcio comenzaron a partir de ese momento a entenderse con Javier Troconis, jefe de esa comisión designado por Guaidó.

Según se denunció en 2020, Fernando y Magin Blasi-Blanchard, autorizados por Troconis, exigieron a CRA “una comisión de 750 mil dólares, y que del 18% de los honorarios del Consorcio, se les diera a ellos el 50%. Es decir, que se les considerara como socios del consorcio que ellos mismos estaban contratando”. Esto sólo para dar pie a su contrato.

Acusado de varios delitos

Pero Pedro José Antar Antar, uno de los empresarios supuestamente extorsionados y quien denunció los hechos, tiene sobre sí varias acusaciones penales. Antar ha estado ligado a una investigación por lavado de activos tras montar en Venezuela exportaciones fraudulentas desde Ecuador, a través del Sistema Unitario de Compensación Regional (SUCRE) creado en 2008. Algunas exportaciones estaban sobrevaloradas, otras nunca se realizaron. En las redes sociales, algunos han calificado a Antar de “revolucionario, chavista y militante del PSUV”.

El pasado 9 de septiembre el sitio Mugshots Zone reportó la detención de Pedro José Antar en el condado de Miami Dade en Florida, debido a acusaciones en su contra por delitos tales como hurto en tercer grado, esquema organizado para defraudar y práctica de derecho sin licencia. Por lo pronto, no han sido revelados más datos del caso contra Antar.

Cheque robado

Pedro Antar, quien es descendiente de una familia judía, fue acusado años atrás en Venezuela de supuestamente haberse apropiado indebidamente de un cheque de la Gobernación del estado Miranda, cuando el gobernador era Henrique Capriles Radonski.




Semanario El Venezolano. Madrid, del 03 al 16 de agosto de 2022

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