La petrolera española Repsol contrató a un total de 61 empresas para intervenir y limpiar el derrame de más de 10.000 barriles de petróleo en el mar peruano. Sin embargo, un grupo de ellas –después del derrame– elevó entre tres y nueve veces la contratación de personal nuevo. Otro grupo tiene antecedentes por incumplimiento de derechos en labores de riesgo. La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) de Perú ha anunciado que lleva procesos contra 14 empresas por contrataciones de personal sin presuntas condiciones mínimas de seguridad y salud para trabajar en la limpieza de este desastre ecológico.
Según una investigación de OjoPúblico, la Refinería La Pampilla de Repsol ha señalado en reiterados comunicados que en la atención y limpieza del derrame de más de 10.000 barriles de petróleo en el mar peruano trabajan “más de 50 compañías especializadas”. Sin embargo, OjoPúblico accedió a información que permite identificar que son un total de 61 empresas las contratadas para estas labores en diferentes rubros, y que un grupo de ellas –después del derrame– elevó entre tres y nueve veces la contratación de nuevo personal, y otro, tiene antecedentes por incumplimiento de derechos en labores de riesgo.
Entre las contratadas figuran constructoras, consultoras ambientales, fabricantes y distribuidores de material industrial, laboratorios de ensayos técnicos así como empresas dedicadas a la limpieza y tratamiento de desechos peligrosos. En esta lista también aparecen firmas que ya en el pasado han sido proveedoras de Repsol, y que recibieron sanciones del Estado peruano. Hay otras que luego del derrame aumentaron de forma considerable su personal, sin garantizar –como varios trabajadores han declarado– una capacitación o experiencia previa para atender desastres ecológicos como este.
A pocos días de cumplirse los dos meses del derrame, OjoPúblico analizó los antecedentes de estas empresas contratadas para llevar adelante el proceso de remediación y limpieza que, según estimaciones de Naciones Unidas, afectaría entre 6 a 10 años la costa peruana.
El análisis de las firmas contratadas por Repsol evidencia que el derrame ocasionó que varias de ellas incrementaran el número de trabajadores requeridos para contener una emergencia. Esto ocurrió sobre todo en nueve empresas dedicadas al rubro de descontaminación y tratamiento de desechos peligrosos. En reportajes anteriores, OjoPúblico ha señalado que el personal contratado por algunas empresas para la limpieza de las playas no había recibido la capacitación debida para realizar las labores, que en promedio tenían un pago de 50 soles por día.
Uno de los incrementos más notorios se dio en la constructora Cafisac, con actividades desde 2012 y filial de la española Carbonell Figueras S. A. En diciembre del 2021, la empresa declaró a la administración tributaria 80 personas en planilla, pero luego del desastre ambiental la cifra incrementó a 238, casi el triple de lo registrado el mes anterior.
Esta firma contratista de obras ha trabajado con Repsol en, por lo menos, ocho proyectos de la Refinería La Pampilla entre ellos la instalación de su sistema Heads, desarrollado para detectar de forma temprana fugas de hidrocarburos en líneas submarinas. Sin embargo, luego del desastre ambiental, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) sustentó su solicitud de paralización de La Pampilla en que el método de la empresa para la alerta de filtración de hidrocarburos “no estaría funcionando adecuadamente”.
A inicios de febrero, el OEFA también indicó que las acciones de respuesta rápida consideradas en el plan de contingencia de Repsol “no habrían sido ejecutadas de manera adecuada para detener el desplazamiento del petróleo derramado”. A la fecha, el organismo fiscalizador ha impuesto a la firma multas coactivas por más de un millón de soles.
En esta lista también aparece Lamor Perú S. A. C., con operaciones en el país desde 2014 y filial de la finlandesa Larsen Marin Oil Recovery (Lamor) que tiene presencia en más de 100 países. En enero de este año la compañía declaró 215 trabajadores, casi nueve veces más de lo reportado en diciembre último. En recorridos por las playas afectadas, a fines de enero e inicios de febrero, algunos trabajadores contratados por Lamor aseguraron a OjoPúblico que no tenían experiencia previa en la limpieza de derrames de petróleo.
En 2016, dos años después de su inscripción en los registros públicos, esta compañía participó en la limpieza de áreas afectadas en la Amazonía, por derrames de crudo de la estatal Petroperú en el Oleoducto Norperuano. En 2018, el Congreso señaló que Lamor Perú brindó este servicio a pesar de contar con apenas cuatro trabajadores en planilla.
Otra firma de este grupo es Mecor Perú S. A. C., con actividades desde 2012 y dedicada a actividades industriales e instalación de tuberías. Ha tenido entre sus clientes a Cálidda y Petroperú, a la que en 2020 le brindó el servicio de mantenimiento de una instalación de la refinería Conchán. En enero de este año declaró 158 trabajadores, una cantidad seis veces más grande que la reportada en diciembre del 2021. En las primeras semanas del desastre, el personal de esta compañía apoyó en el retiro del crudo de la orilla con lampas y paños absorbentes.
En un reciente reporte, expertos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) indicaron que la recolección de crudo en los espigones con el uso de paños de limpieza de tejido absorbente “no parecía ser muy efectiva” y que esta técnica generaba “gran cantidad de contaminación residual”. Los especialistas sugirieron que se debería considerar como alternativa la limpieza natural realizada por el oleaje.
En 2016 la empresa matriz de la Mecor Perú, la petroquímica venezolana Mecavenca Oriente CA, estuvo involucrada en un caso de desfalco en Colombia al participar en la construcción de la Refinería de Cartagena (Reficar), obra donde la Contraloría de ese país detectó presuntos sobrecostos por más de cuatro mil millones de dólares.
En el caso de otra de las empresas contratadas, Mantenimiento Motriz Integral S. A. C., la cifra de empleados aumentó nueve veces después del derrame. En noviembre del año pasado registraba apenas siete personas en planilla mientras que para el cierre de enero de este año creció a 65 trabajadores. Esta compañía se desempeña desde 2005 en actividades de descontaminación y reparación de vehículos.
El grupo de las compañías contratadas con aumento de personal lo completan 4WR Asociados y Tamoin Perú S. A. C., dedicadas a actividades de arquitectura e ingeniería; Granallados y Recubrimientos Automáticos Perú S. A. C,, que realiza trabajos de extracción de petróleo y gas natural; Kanay S. A. C. (Séché Group), que brinda servicios de manejo de desechos peligrosos; y Suatrans Perú S. A. C. (Grupo Ambipar), que desarrolla actividades de descontaminación.
El equipo de Comunicaciones de Repsol, a través de la consultora Llorente y Cuenca, indicó que respondería las consultas en torno al aumento de personal en algunas empresas, por lo que OjoPúblico envió el listado con el nombre de las compañías sobre las que se solicitó mayor precisión. Sin embargo, al cierre de esta edición, Repsol respondió por escrito de forma general que había exigido a sus “proveedores el cumplimiento de los requerimientos necesarios siguiendo los mejores estándares” y que exigían “el cumplimiento de la normativa nacional laboral en todos sus aspectos”. La respuesta no entra en detalles sobre nuestros requerimientos de información.
Un grupo de ocho compañías contratadas por Repsol han registrado sanciones de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) por faltas en la contratación de personal que atienda las funciones a las que se dedican, como la atención de derrames.
Entre ellas está es Abengoa Perú S. A., con presencia en el país desde 1994 y con una cartera de clientes que incluye a los ministerios de Vivienda y de Energía y Minas por ampliar redes de tuberías y mejoramiento de sistemas de agua potable en diferentes regiones del país.
La compañía, que forma parte de la española Abeinsa Ingeniería y Construcción Industrial S. A. de Abengoa, recibió a fines del 2015 una multa de más de S/68.000 por —entre otros puntos— no acreditar en su reglamento interno “estándares de trabajo seguro” ni “los peligros y evaluación de riesgos en el puesto” de uno de sus trabajadores.
Entre 2009 y 2011, durante el segundo gobierno de Alan García Pérez, esta empresa facturó más de S/79 millones por servicios realizados como parte del programa Agua para Todos, proyecto que trabajó en consorcio junto a Graña y Montero e incluido en la megacomisión del Congreso por presuntas irregularidades en el manejo del presupuesto. Luego de salir del cargo, el exmandatario se convirtió en miembro del consejo asesor internacional de Abengoa.
Además de sus actividades en Perú, como detalla en su informe anual del 2020, Abengoa cuenta con filiales en territorios con “régimen de tributación más favorable que el español” como Delaware (Estados Unidos), Holanda, Luxemburgo, Uruguay, Panamá y Suiza. La constitución en estos territorios, según la empresa, responde a razones “estrictamente económicas” y “en ningún caso a motivos de evasión fiscal, blanqueo de capitales o financiación de actividades ilícitas”.
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