La justicia española no juzgará a Juan Carlos I por los delitos por los que ha sido investigado en los últimos años. La razón no es que lo considere libre de toda culpa, sino que en algunos casos estuvo amparado por la inmunidad que le confiere su condición de rey y, en otros, pudo regularizar sus cuentas con Hacienda española.
Así se cierran decenas de investigaciones, entrevistas y noticias que han escandalizado a la sociedad española desde que se destapó la primera información en 2018 y que llevaron al emérito a autoexiliarse en Emiratos Árabes Unidos en agosto de 2020.
Según un reporte de Juanita Samper Ospina para EL TIEMPO, la Fiscalía del Tribunal Supremo archivó las investigaciones, que podrían haber concluido en la constatación de delitos fiscales, blanqueo de capitales y cohecho por parte del monarca.
Aunque no llegarán tan lejos porque algunos han prescrito, otros fueron cometidos antes de su abdicación en 2014 (por lo que quedó cubierto por la inmunidad) y los demás quedan sin sancionar debido a un par de regularizaciones ante Hacienda —realizadas en el último momento— lo salvó
Lo cierto es que el rey emérito utilizó la inviolabilidad (inmunidad) que le reconoce la Constitución para ocultar millones a empresas o amigos desconocidos.
Según la Fiscalía, los fondos servían como seguro económico en caso de que un golpe político le arrebatara el trono. Y, tras su abdicación, hizo de colchón para mantener un estilo de vida que no podía permitirse con la dotación estatal anual.
La decisión es positiva para él y le allana el camino para volver a España, un deseo que pospuso con mucho tacto mientras la justicia lo investigaba. Sin embargo, su imagen no es limpia. No lo declara inocente y no corrige los errores que la sociedad ha conocido desde aquel viaje a Botswana con una “íntima amiga”.
Una amante descubierta por un accidente sufrido durante una escapada a cazar elefantes en plena crisis económica de su país, un yerno condenado por varios delitos, la separación de la reina Sofía —que conserva su imagen de mujer abnegada— y opacos movimientos de dinero en cuentas organismos internacionales han contaminado la historia de un hombre que se vio obligado a abdicar y prácticamente huir de su país.
Es probable que si ella no se hubiera caído esa vez en Botswana en 2012, no se hubiera sabido que existía su entonces amiga cercana Corinna Larsen con quien viajaba.
La fractura de cadera obligó a un traslado de emergencia a España para ser operado y destapó los caprichos del rey, mientras los ciudadanos contaban los centavos en medio de la crisis económica.
No había cesado el escándalo, que reveló más detalles sobre la pareja, cuando estalló otro: la investigación de su yerno, Iñaki Urdangarin, y su hija, la infanta Cristina. Aunque ella solo pagó una multa, él ingresó en prisión en 2018. El jueves 3 de marzo, por cierto, salió en libertad condicional.
Juan Carlos I se vio obligado a abdicar en 2014 en favor de su hijo, Felipe VI, que se ha dedicado a recuperar la dañada imagen de la monarquía y a ampliar la distancia con su padre a medida que se conocía su opaco dinero.
La primera pista vino precisamente de la voz de Larsen. Los efectos del tsunami mediático habían llevado a que la pareja terminara, y el “mejor amigo” comenzaba a convertirse en el peor.
En una infidelidad al excomisario José Villarejo, un hombre que ahora está siendo investigado por varios delitos, le dijo que Juan Carlos I había recibido dinero del rey de Arabia Saudí.
Cuando se conoció la grabación, la Fiscalía suiza abrió una investigación en 2018 por el presunto cobro de comisiones en la construcción de un ferrocarril entre Medina y La Meca , operación en la que intervino Juan Carlos I y de la que se benefició un consorcio de empresas españolas. Suiza finalizó sus investigaciones en septiembre de 2021, sin llegar a una conclusión.
La justicia española, por su parte, inició sus investigaciones al ver que avanzaban las de Suiza. Pasó por varias instancias hasta llegar a la Fiscalía del Tribunal Supremo.
La clave de todo estaba en determinar por qué el rey de Arabia Saudí había transferido 65 millones de euros a una cuenta de la fundación Lucum, de la que Juan Carlos I era el beneficiario real, en el Banco Mirabaud de Ginebra.
¿Fue una comisión ilegal o una donación? Y, en el caso de que fuera el segundo, ¿por qué no lo había declarado a Hacienda y había orquestado una serie de maniobras para dificultar su localización? La respuesta a la primera pregunta aún se desconoce.
Abdullah bin Abdulaziz, quien ordenó el traslado, murió en 2015. Y la segunda respuesta ya no importa porque sus abogados presentaron una regularización a Hacienda en diciembre de 2021, que lo exonera.
Lo cierto es que tiempo después de recibir la millonaria suma, el rey se la transfirió a Larsen. Según contó a El País una persona cercana a él, ese dinero era “para su nuevo plan de vida con Corinna. Un plan que contemplaba su separación de la reina y su abdicación. Un proyecto que se truncó.
Tras la ruptura de la pareja, Juan Carlos I pidió a Larsen que le devolviera el dinero, algo a lo que ella se ha negado alegando que se trataba de un regalo.
Las investigaciones llevaron a otro descubrimiento. Allen Sanginés-Krause, empresario de origen mexicano, transfirió a Juan Carlos I, a través de un testaferro, cerca de medio millón de euros, que se utilizaron para pagar viajes y algunos servicios sanitarios.
El emérito ha tenido que pagar el obligatorio impuesto de sucesiones y donaciones, cosa que no hizo en su momento. Sin embargo, la regularización presentada a fines del año pasado lo salvó.
También consta que Juan Carlos I recibió obsequios, como viajes y alojamiento, de la Fundación Zagatka, de su primo Álvaro de Orleans, que tampoco fueron declarados en su momento, pero la posible responsabilidad penal quedó anulada con la regularización ante la Tesorería.
En total fueron dos: uno de diciembre de 2020 por casi 700 mil euros correspondientes a una deuda tributaria de 2016 a 2018, cuando dejó de gozar de inmunidad, y otro de febrero de 2021 por ocho millones de euros por vuelos privados pagados por la fundación Zagatka.
Por otro lado, se conoció la existencia de un fondo en Jersey que se nutrió, según la Fiscalía, de “donaciones de personas no identificadas que apoyaron al rey entre los años 50 y 70” y nueve millones de euros donados por Simeón de Bulgaria. .
Su objetivo era ayudarlo en caso de “golpe de Estado inconstitucional o situación similar”. Sin embargo, en 2003 el mismo rey explicó que el fondo ya era “innecesario” y se cerró.
Ahora hay un caso pendiente: la demanda que Larsen presentó contra él por acoso en el Reino Unido, donde ella vive. Las intervenciones judiciales en julio del año pasado se centraron en determinar si el rey emérito conserva o no la inmunidad judicial, cuestión que el juez inglés extendió al Estado español.
En opinión del abogado Luis García Segura, está amparado por ella, aunque se trata de “una protección controvertida y controvertida”. Hay que esperar, eso sí, a que Madrid responda a Londres y el caso siga su curso.
Javier Sánchez-Junco, abogado del rey, viajará a Abu Dabi para reunirse con su cliente y analizar los escritos de la Fiscalía. Según ha dicho, el emérito podrá entonces pensar en si vuelve a España.
Para nadie es un secreto que ese es el sueño de Juan Carlos I, que a sus 84 años vive solo y enfermo. En varias ocasiones ha probado el terreno y no ha sido propicio. Con el aval de la justicia, quizás su hijo, uno de los más reticentes, le dé luz verde.
“Si Juan Carlos muriera en el exilio, Felipe lloraría lágrimas de sangre”, dijo Jaime Peñafiel, experto en la monarquía. La pista de aterrizaje ahora se vuelve más ancha.
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