Narran los detalles de la xenófoba expulsión de Colombia de 59 venezolanos en 2019

Por Catalina Lobo-Guerrero
armando.info

El 23 de noviembre de 2019 fue un día de cuchillos largos en el barrio de Patio Bonito. En medio de protestas en la capital colombiana, una razzia policial recogió indiscriminadamente a los migrantes que encontraba en la calle y los arrastró a centros de detención. Allí los agrupó con otros individuos hasta llegar a 59, los montaron en un avión hacia la frontera con Venezuela y, para completar la expulsión colectiva, debieron sortear la ira de las turbas xenofóbicas.

La calle 38 Sur, en el barrio Patio Bonito de Bogotá, tiene mucho de patio trasero olvidado y poco de bonito. Está justo a la salida de la puerta siete de Corabastos, la plaza de mercado mayorista más grande de Colombia. Sus aceras son un gran bazar abierto, donde se compra y se vende de todo: zapatos usados, repuestos de licuadora, menjunjes anticalvicie, pijamas, veneno para ratas, 15 minutos de placer, un cuchillo afilado….

Muchos inmigrantes venezolanos han encontrado en ese mercado del rebusque, de domingo a domingo, una fuente de ingresos para sobrevivir y enviar remesas a sus familias. Duermen en pagadiarios o en pensiones, en las carreras aledañas, donde les cobran desde 10.000 a 20.000 pesos la noche, entre 2,6 y 5,3 dólares.

Pero en una que llaman La Pesebrera o Tocorón -como la célebre cárcel venezolana-, con los bloques sin frisar y una puerta metálica mal instalada a un costado, hay varias habitaciones desocupadas.

Los venezolanos ya no quieren quedarse allí, prefieren irse a un lugar aún más marginal, como lo es El Cartuchito, porque saben que la Policía ha hecho redadas en esa casa y en la de al lado, pintada de azul cielo. La peor de todas esas redadas siguió con una expulsión colectiva de 59 muchachos que terminaron abandonados en el Orinoco.

¿Venezolano?

El 22 de noviembre de 2019, la calle 38 Sur vivió uno de sus peores días. En medio de las protestas por el Paro Nacional, un grupo de vándalos rompió la entrada del almacén Surtimax en la esquina y muchas personas entraron a saquear.

Los venezolanos se asustaron y se guardaron rápido en sus piezas ese día. Las protestas, los saqueos, la represión masiva de la policía antimotines y el toque de queda, les traían malos recuerdos de lo que habían vivido en su propio país. Y con la xenofobia al rojo vivo, era mejor no salir a buscarse problemas. No sabían que, al día siguiente, los problemas vendrían a buscarlos a ellos.

“Habíamos [sic] 12 personas en ese hotel, seis fueron liberadas por ser de Colombia. A los otros seis, como éramos venezolanos, nos llevaron”, dice un joven al que llaman Maracucho -gentilicio que en el habla popular venezolana dan a los naturales de Maracaibo, capital del estado Zulia- y que, como la mayoría de los entrevistados para este reportaje, prefiere no decir su nombre y apellido.

Cuenta que ese 23 de noviembre de 2019 la Policía llegó a esa pensión y fue sacando, uno a uno, a los muchachos que encontró en las habitaciones. No se le olvida ese momento porque a él lo pillaron en pleno clímax amoroso con su novia.

“Los nombres de todos no me los sé, sólo sé de Ángel y de otro que se llamaba César. No los conocía, yo estaba en ese lugar por la muchacha con la que andaba en ese momento“, dice.

Ángel es Ángel Rivera; su esposa, Yirimar González, dijo que estaba durmiendo con él cuando llegaron los policías y se lo llevaron. César puede ser César Alberto Rojas; es el único con ese nombre de pila entre los 59 venezolanos detenidos y expulsados del país ese día a bordo de un avión de la Fuerza Aérea Colombiana. Además, en el formato que Migración Colombia le hizo llenar con sus datos personales, ese César dejó escrito que vivía en Patio Bonito.

En la casa de enfrente vivía otro venezolano: David Wickham Pérez. Acababa de llegar del trabajo y subió a la terraza para observar la operación de la Policía y grabar la escena con su teléfono. Uno de los uniformados lo pilló y le gritó desde la calle: “Lo voy a bajar, ¿oyó, pelao?”. Segundos después lo sacó de la casa a empujones frente a su esposa y a los hijos de ella.

A José Daniel Salazar, que tenía 22 días de haber llegado a Bogotá, a ese mismo sector de Patio Bonito, también lo sacaron de la casa. Su hermano dijo que los policías no tenían ni orden de captura, ni nada.

Diego Caricote y Jackson Peña estaban saliendo de sus casas a trabajar. Yeremy Gil y Yosmar Paredes iban en sus bicicletas: el primero tenía una cita con su jefa, el segundo quería ir a cortarse el pelo. A otros, como Ronin Camacho, se los llevaron recién habían terminado su turno.

A José Gregorio Sayago, que tenía su Permiso Especial de Permanencia (PEP) vigente, y a su primo Carlos Daniel Ramírez, los detuvieron cuando fueron a comprar café en una tienda, dijo la esposa de Sayago, Arelis Silva.

A Maikel Graterol y Deivid Landaeta los agarraron cuando iban a desayunar a una panadería. Ambos trabajaban en un puesto ambulante sobre la calle 38, que compartían con un señor cartagenero, Don R. “Ese día se llevaron a todos los que tuvieran documento venezolano”, dice.

Don R. fue testigo de cómo la Policía Militar, con fusil largo y casco negro, iba parando a varios en la calle y les preguntaba: “¿Venezolanos?”. Les pedían papeles y los ponían contra una pared. Si eran venezolanos los subían a un camión.

Capturas similares ocurrieron en otras zonas del sur de Bogotá. A Heyerson Herrera, se lo llevaron en chanclas, de un parque en Álamos. A J. y D. los detuvieron en Bosa-Recreo. Ambos trabajaban para José Alonso Pinto, un colombiano que tiene un negocio de alquiler de motos y bicitaxis en ese sector de la ciudad.

“El día anterior yo les había dicho que no salieran”, recuerda Pinto, porque el 22 hubo muchos disturbios.. Pero ese 23 en la mañana parecía que todo estaba tranquilo y J. salió a comprar el desayuno.

Cuando se dio cuenta de que la calle estaba llena de policías, pensó que era mejor regresar a casa. Pero en el camino se encontró con D. y con Pinto, y este les dijo que no se preocuparan, que ellos no estaban haciendo nada malo. “Es que yo en ese momento no pensé que la policía iba a actuar de esa manera”, dice. Los tres siguieron caminando hasta que un uniformado los paró y les preguntó:

– ¿Venezolanos o colombianos?

– Colombiano- dijo Pinto.

– Venezolanos- contestaron J. y D.

– Móntense, hijueputas.

Tras revisar las cédulas, a Pinto lo dejaron irse, pero a sus empleados les ordenaron subir a un camión. Pinto se enteró después de que otros dos de sus trabajadores venezolanos habían caído en la misma redada. Uno se logró escapar porque tenía plata e hizo un arreglo con un guardia, mientras que al otro lo soltaron cuando la familia le llevó su cédula colombiana y pudo demostrar que tenía doble nacionalidad.

Son varios los testimonios de venezolanos detenidos arbitrariamente, de sus familiares o compañeros de trabajo, que indican un mismo patrón y que dan cuenta de una versión muy distinta de la que presentó la Policía y Migración Colombia por esos días: que habían sido detenidos vandalizando durante las protestas y poniendo en riesgo la seguridad nacional, y por eso se justificaba expulsarlos.

La mayoría de los migrantes prefieren no denunciar, especialmente si no tienen un estatus regular, pero siete de los detenidos ese 23 de noviembre de 2019, utilizados como chivos expiatorios por las autoridades colombianas, decidieron denunciar el atropello. La tutela o recurso de amparo que interpusieron fue negada en primera y segunda instancia, pero su caso está siendo revisado por la Corte Constitucional.

Enjaulados en los CAI

Todos los venezolanos detenidos en la calle o en las casas o en los parques ese día terminaron en distintos CAI (siglas de los Comandos de Atención Inmediata, casetas o módulos apostados en calles y plazas) o estaciones de la Policía.

“Estuvimos ahí varias horas, incluso nos tocó dormir en la estación”, dice P.

Coinciden en que allí fue donde los policías les empezaron a “caer a palos”. Les decían venecos y toda clase de insultos y groserías. Algunos de sus custodios les quitaron plata y teléfonos, y no se los devolvieron.

“A mí me robaron 200.000 pesos [unos 53 dólares] que llevaba, a otro chamo 100.000. Se hicieron el día esos policías”, dice J.

En el CAI de Bosa había decenas de detenidos como en una jaula, que Pinto vio cuando fue a averiguar si allí tenían a sus empleados. El comandante con el que habló le dijo que “no fuera  sapo y lambón” y que pronto los iban a soltar porque era una operación de rutina para ver quiénes tenían papeles y quiénes no.

Lo mismo le dijeron a Johana López, pareja colombiana de Maikel Graterol, cuándo llegó a un CAI en Kennedy a preguntar por él y por Landaeta. “Eso era como una perrera, los tenían ahí a todos, como unos 30, y me dijeron que era porque estaban indocumentados. Pero que en 24 horas los iban a soltar, por eso yo no me preocupé”.

Traslados arbitrarios

No los soltaron, ni siquiera a los que tenían su PEP vigente, permisos de trabajo formales o pasaportes.

Les hicieron firmar unos formatos de traslado por protección, una figura que no es un arresto, sino una medida preventiva que la Policía utiliza para «proteger» a los borrachos, a las personas que están drogadas, o con estados alterados, y no es conveniente que permanezcan en la vía pública. Como dice el mismo formato, deben ser liberados a las 12 horas.

La razón que aparece marcada en los siete formatos de los que presentaron tutela y hacen parte del expediente es la misma: “Presenta comportamiento agresivo o temerario”. Pero varios de ellos dicen que firmaron ese formato sin darse cuenta que esa era la causal.

Después de varias horas en los CAI, fueron trasladados al Centro de Protección Temporal de Puente Aranda. Los llevaron en buses, en los camiones, en las patrullas, donde a algunos los extorsionaron y a otros los maltrataron.

“Un policía se montó en el bus en un momento dado y dijo que el que tenía plata se iba”, dice N. “Unos que sí tenían pagaron como 100.000 pesos y los dejaron libres.”

Algunos trataron de protestar, pegándoles a las rejas del bus, y los policías respondieron lanzando una bomba lacrimógena dentro. Dicen que un señor mayor se desmayó por la falta de aire. Cuando ya se había acabado el gas, los policías se metieron al bus y les pegaron con sus bolillos o rolos, como llaman en Venezuela a los bastones de la policía.

Ya en el CTP los metieron a todos en la misma celda, pero los iban sacando por tandas y los hacían subir a otro piso, donde funcionarios de Migración Colombia les tomaron huellas, fotos, datos y los grabaron cuando les preguntaron dónde habían sido detenidos.

“Ese papeleo era supuestamente para quedar reseñados, porque supuestamente nos iban a soltar después”, dice N.

“Todo el tiempo fue una mentira. Yo le pregunté al de Migración que todo ese papeleo era para qué y dijo que era para sacar el permiso migratorio”, dice R.

Las familias, los amigos, los compañeros de trabajo, se fueron enterando de que los muchachos estaban en el CTP y hasta allá llegaron la mañana del domingo 24 de noviembre. Pero cuando preguntaban por ellos no les confirmaban si los tenían allí recluidos.

“Eran muchas mujeres, algunas con niños, era un indicio de que algo raro estaba ocurriendo y todos eran venezolanos”, dice la abogada Laura Dib de la Clínica Jurídica para Migrantes de la Universidad de los Andes de Bogotá.

Johana López, la pareja de Maikel Graterol, pudo confirmarlo después de hablar directamente con él. A Maikel y a otros les permitieron hacer una llamada después de una visita de un representante de la Defensoría del Pueblo. Cuando colgaron, López decidió armar un grupo por WhatsApp con familiares para compartir cualquier información o novedad que surgiera.

Y los abogados de derechos humanos que estaban afuera del CTP empezaron a recolectar nombres, apellidos, cédulas, teléfonos de ellos o de sus familiares, para armar una especie de listado o registro.

“Alcanzamos a tener un cuadro de Excel con 22 casos”, dice Dib. “Solamente pudimos mantener contacto con 11 de esas familias, y al final sólo siete quisieron presentar una acción de tutela, cuando ya habían sido expulsados.”

Pero eran muchos más los detenidos.

“En la celda nos contamos, éramos 59”, dice R.

“ Y no nos dejaban ir al baño. Solo nos llevaron comida una vez”, dice P.

Según el libro de ingresos y salidas, algunos pasaron entre 30 y 36 horas recluidos, que es el tiempo límite que tiene Migración Colombia para llevar a cabo un proceso de expulsión discrecional.

En un momento dado, en la puerta de afuera del CTP, Migración Colombia publicó el listado completo con los nombres y los documentos de identificación de los venezolanos detenidos. A algunos familiares les dijeron que al día siguiente los iban a liberar, incluso que les trajeran ropa para que se cambiaran. Se fueron felices, imaginando el reencuentro al otro día.

Pero un funcionario de la Defensoría, que estaba allí en el CTP, le confirmó a Johana López: “Si son venezolanos, se tienen que ir expulsados a su país, porque esas son órdenes de arriba”. Y esa noche, en la página de Facebook de la Policía, anunciaron la expulsión para la madrugada siguiente.


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