Pareja rusa investigada en España que participó en actos de corrupción en Guinea Ecuatorial había contratado a consultora española para borrar de Internet su pasado delictivo

En la imagen, Vladimir Kokorev y Teodoro Obiang

Un matrimonio vecino del número 82 de la calle Pintor Rosales de Madrid, en España, saqueó 120 millones de las arcas del Tesoro de Guinea Ecuatorial mediante la venta a la antigua colonia española de armas, buques y helicópteros, con abultados sobrecostes y la ayuda de familiares y generales del dictador Teodoro Obiang. Vladimir Kokorev, su esposa Julia y sus hijos Igor y Vladimir movieron 679 millones por los hilos de una gigantesca telaraña de sociedades en paraísos fiscales en las que ocultaron durante 15 años su actividad delictiva, según concluye un informe de 500 páginas de la Fiscalía Anticorrupción de España.

Según un reporte de José María Irujo para EL PAÍS, la investigación judicial ha acreditado que Fausto Abeso Fuma, yerno del presidente de Guinea Ecuatorial y exdirector general del Gabinete Militar, cobró 2,7 millones de los Kokorev; Melchor Esono Edjo, sobrino y exsecretario de Estado para la Tesorería, recibió 201.000; Agustín Ndjon Ona Mbuy, primo del dictador y general de las Fuerzas Armadas, se embolsó 103.000; Hassan Khalil Hashem, asesor presidencial en materia de defensa, 1,2 millones; y Luciano Esono Bitegue Ate, exdirector del Gabinete Militar del presidente, 2,3 millones. Comisiones ilegales pagadas con los fondos públicos desfalcados. Anticorrupción pide ocho años de cárcel para Vladimir y seis para Julia e Igor, presuntos testaferros del presidente Obiang, por múltiples delitos de blanqueo de capitales, además de multas de 550 millones.

Vladimir Kokorev, de 66 años, se presentaba como historiador, aunque personas de su entorno afirman que colaboró con la KGB, la agencia de inteligencia de la Unión Soviética; su esposa Julia Maleeva, de 66, lo hacía como periodista. Igor debutó como abogado en un prestigioso despacho madrileño. Nadie en su inmueble, en una de las zonas más exclusivas de la capital, en el que invirtieron casi tres millones, imaginó que esta familia vendía material militar de defensa y doble uso, armas de guerra, cohetes teledirigidos, vehículos blindados, caza bombarderos, helicópteros de combate y fragatas a Guinea Ecuatorial. En el buzón no figuraban sus nombres, solo el de Blue Profile, la sociedad pantalla utilizada para comprar la vivienda. Un coche de la Policía Nacional vigilaba día y noche el edificio, en el que se ubica también la embajada de Siria.

La paz de la familia terminó cuando en 2007 EL PAÍS publicó varios reportajes sobre transferencias de 130 millones que el matrimonio había recibido en una cuenta a nombre de su sociedad panameña Kalunga Company en Las Palmas de Gran Canaria y la Asociación Pro Derechos Humanos de España presentó una querella contra ellos como presuntos testaferros del presidente de Guinea Ecuatorial. La pareja prestó declaración ante la Fiscalía Anticorrupción, pero ­­­la apatía judicial y policial congeló durante años la investigación iniciada por un Juzgado de Las Palmas.

En 2012, durante una reunión de fiscales franceses y españoles en Madrid para tratar de Teodorín Obiang, el hijo del dictador que iba a ser juzgado en París, el nombre de los Kokorev se puso sobre la mesa. Misteriosamente, días después la familia abandonó su casa y escapó de la redada. Los tentáculos de los Kokorev llegaron muy lejos. Un año después Igor tuvo acceso de “forma extraoficial” al informe que la Unidad de Droga y Crimen Organizado (UDYCO) había elaborado sobre ellos. Seis años más tarde, en 2018, Vladimir, Julia e Igor fueron detenidos en Panamá y extraditados a España. Han permanecido en prisión preventiva más de dos años. Otro de sus hijos, Vladimir, está en paradero desconocido y sobre él planea una orden de búsqueda y captura. Se sospecha que reside en EE UU.

La investigación ha acreditado que Vladimir Kokorev contrató por 140.000 euros a la empresa madrileña de comunicación Consultores Quantumleap (CQL) para borrar de internet las noticias de sus actividades delictivas, publicar informaciones favorables al Gobierno de Teodoro Obiang y publicar un libro, que redactó el periodista Alfonso Merlo, en el que se contradijera la versión periodística, judicial y policial. El coste de este libro se fijó en 40.000 euros. La policía encontró varios correos entre Kokorev y Merlo en el que el primero le daba instrucciones sobre la orientación de la obra.

Entre la documentación incautada al grupo criminal aparecen tres extensos informes elaborados por la consultora que dirigía Jesús Timoteo Álvarez, ya fallecido, sobre Manuel Ollé, el letrado que presentó la querella contra Obiang en representación de la Asociación de Derechos Humanos de España; sobre el periodista de El Mundo Antonio Rubio, y sobre un redactor de EL PAÍS que desde hace 13 años informa sobre esta familia rusa. En el caso de este último, la denominada “investigación cualitativa de élite” se incluyeron graves y falsas acusaciones que los Kokorev lograron publicar años antes en medios rusos como Pradva. De varias notas manuscritas se desprende que se investigaron las cuentas bancarias de los periodistas y del letrado.

El escrito de acusación de la Fiscalía Anticorrupción menciona las gestiones de Vladimir y de su hijo Igor en la contratación de los servicios de esta agencia de comunicación. La consultora tituló este contrato “Kokorev. Plan de Trabajo y tiempos” y lo catalogó como “altamente confidencial”.

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Una ficha corporativa en la web empresia.es, muestra que CONSULTORES QUANTUMLEAP SL es presidida en España por Jesús Calzadilla Daguerre y su vicepresidente es Luis González Canomanuel.


Colaboró en esta información el experto informático Miguel Gallardo, presidente de la organización no gubernamental española APEDANICA,  y director de Cita.es



Semanario El Venezolano. Madrid, del 03 al 16 de agosto de 2022

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