Los fallidos negocios de la familia Ducharne en Venezuela y Miami

Por Isayen Herrera
armando.info

Con su patriarca, Alfredo René, al frente, los Ducharne montaban canales de TV que no terminaron de mantenerse al aire y al mismo tiempo dejaban en el aire a los militares que hacían negocios con ellos. Prosperaron en Venezuela antes de abandonarla, presentándose como perseguidos por el oficialismo, y fueron a dar a Miami, baluarte de la contrarrevolución continental, donde izaron la bandera de la libertad de expresión. Pero mientras se hacían con el control de una televisora del exilio cubano -y antes de volver a su Puerto La Cruz originario una vez más- prometían hacer llegar a la Fuerza Aérea bolivariana repuestos para los aviones Tucano, que nunca entregaron.

En 2006, Alfredo René Ducharne Rojas con su familia crearon una televisora regional llamada Anzoátegui TV, con sede en Puerto La Cruz, la pujante ciudad petrolera y turística de ese estado en el oriente de Venezuela. Era solo parte de un incipiente conglomerado empresarial que, ese mismo año, ya incluía una televisoras más, una cooperativa y una empresa de «fabricación, venta, distribución, comercialización de productos químicos de uso industrial y doméstico», según se puede leer en los expedientes del Registro Nacional de Contratistas (RNC).

Un año después, Ducharne y su Anzoátegui TV se asociaban con la Cooperativa de Periodistas Bolivarianos del estado Anzoátegui para «crear y distribuir periódicos, semanarios, revistas y medios alternativos en general».

Nadie diría entonces que esa singladura iniciada con periodistas bolivarianos, en pleno boom del gasto público chavista, desembocaría en 2016 con la compra de Telemiami, un canal de televisión emblemático de la comunidad cubana anticastrista del Sur de Florida.

Al suspicaz exilio venezolano en Miami le costó tragarse la compra de Telemiami -que pasó a llamarse MiraTV, como un canal homónimo de Perú-  por parte de este empresario prácticamente salido de la nada, que se presentaba como un perseguido de la dictadura de Caracas que se había escapado por los pelos, y de quien lo poco que se conocía lo ligaba a un personaje cercano al chavismo: su cuñado, el empresario peruano-venezolano Julio Augusto López.

Ducharne tuvo que batirse con fiereza y convicción en los medios de Florida para refutar las habladurías y minimizarlas, si no hacerlas olvidar del todo. Podría haberse salido con la suya de no ser porque el negocio nunca salió a flote y el canal fracasó y, sobre todo, porque entre tanto y sin que nadie lo supiera, le había vendido a los militares de la Fuerza Aérea Bolivariana unas partes para repuestos de aviones de entrenamiento y misiones tácticas que, a pesar de que cobró, nunca entregó. 

Incumplidos y temerarios

La trama paralela de las dos caras de Ducharne pasa por Panamá. En  2013 y en el istmo, los Ducharne, Alfredo René, esposa e hijos, se hicieron directivos de una empresa de nombre Panaexpress Investment. Solo ahora, en 2021, la empresa acaba de aparecer y hacerse pública en Venezuela por una sentencia emitida el 12 de mayo reciente por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). La medida adoptada por el tribunal consiste en el embargo preventivo sobre las propiedades de la sociedad mercantil Seguros Caroní, S.A por más de 8,2 millones de dólares, en su rol de fiadora de la empresa panameña de Ducharne, por un contrato «incumplido y temerario».

Alfredo Ducharne (izquierda) creó con su familia un conglomerado empresarial desde el año 2006, que incluía al menos dos compañías del área de las comunicaciones. Foto: Twitter @CordovaLuis28

Al suspicaz exilio venezolano en Miami le costó tragarse la compra de Telemiami -que pasó a llamarse MiraTV, como un canal homónimo de Perú-  por parte de este empresario prácticamente salido de la nada, que se presentaba como un perseguido de la dictadura de Caracas que se había escapado por los pelos, y de quien lo poco que se conocía lo ligaba a un personaje cercano al chavismo: su cuñado, el empresario peruano-venezolano Julio Augusto López.

Ducharne tuvo que batirse con fiereza y convicción en los medios de Florida para refutar las habladurías y minimizarlas, si no hacerlas olvidar del todo. Podría haberse salido con la suya de no ser porque el negocio nunca salió a flote y el canal fracasó y, sobre todo, porque entre tanto y sin que nadie lo supiera, le había vendido a los militares de la Fuerza Aérea Bolivariana unas partes para repuestos de aviones de entrenamiento y misiones tácticas que, a pesar de que cobró, nunca entregó. 

Incumplidos y temerarios

La trama paralela de las dos caras de Ducharne pasa por Panamá. En  2013 y en el istmo, los Ducharne, Alfredo René, esposa e hijos, se hicieron directivos de una empresa de nombre Panaexpress Investment. Solo ahora, en 2021, la empresa acaba de aparecer y hacerse pública en Venezuela por una sentencia emitida el 12 de mayo reciente por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). La medida adoptada por el tribunal consiste en el embargo preventivo sobre las propiedades de la sociedad mercantil Seguros Caroní, S.A por más de 8,2 millones de dólares, en su rol de fiadora de la empresa panameña de Ducharne, por un contrato «incumplido y temerario».

El documento de la Sala Político Administrativa venezolana deja evidencia de que el empresario, a través de su empresa Panaexpress Investment S.A., firmó un contrato el 22 de junio de 2015 con la compañía estatal Venezolana de Exportaciones e Importaciones, C.A. (Veximca), en el que se comprometía a venderle repuestos para mantener la disponibilidad del sistema de armas del Sistema Tucano (T-27), de la Aviación Militar Bolivariana, aeronaves de fabricación brasileña destinadas para entrenamiento en vuelo y operaciones tácticas.

El contrato fue de poco más de 6,3 millones de dólares, según se lee en la demanda, y representaba a todas luces un negocio riesgoso: apenas seis meses antes de que los Ducharne se comprometieran a suministrar esos repuestos, el entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, había firmado la Ley de Defensa de los Derechos Humanos y la Sociedad Civil de Venezuela del año 2014 -aprobada también por el Congreso estadounidense-, que sería el primer hito de una serie de sanciones impuestas desde Washington contra personeros y entes del gobierno de Nicolás Maduro.

Para junio de 2015, cuando Veximca firmó el acuerdo con los Ducharne, ya estaba muy claro que cualquier negocio de ese tipo tendría que contemplar desde su diseño cómo sortear los vetos comerciales y financieros que pesaban contra el régimen. Que este negocio en particular se propusiera dotar de repuestos a las fuerzas militares, solo serviría de agravante.

Por mala fe, ineptitud o por esos obstáculos que las sanciones empezaban a levantar, el contrato nunca se cumplió. La reciente decisión del TSJ, que trascendió por medios, deja las provisiones militares en el aire pero revela una faceta hasta ahora desconocida de la familia Ducharne, que en 2013 comenzó la negociación de las partes para los Tucano.

El 16 de octubre de 2013, a través del Punto de Cuenta N° 518, el presidente Nicolás Maduro aprobó el pago para la adquisición de partes y repuestos para mantener la disponibilidad del sistema de armas del Sistema Tucano (T-27), de la Aviación Militar Bolivariana, destaca el documento legal, que precisa también que fue el 22 de junio de 2015 cuando se suscribió el contrato entre Veximca y Panaexpress Investment, S.A.

El 19 de febrero de 2016 se hizo el primer pago por 1,9 millones de dólares y el 12 de julio de ese año Veximca formuló una primera solicitud de información a la empresa, relacionada con el envío del primer y segundo lote de «los bienes aplicables al sistema de armas T-27 Tucano», porque se tenía previsto que estos llegaran el 2 de mayo y 2 de junio de 2016, respectivamente. La directiva de Veximca asegura en la demanda que nunca obtuvo respuesta de la empresa.

Lavado de cara insuficiente

Un año después de que Ducharne firmara ese contrato con el gobierno de Nicolás Maduro y solo cuatro meses después de recibir el primer anticipo por casi dos millones de dólares del Estado venezolano, en junio de 2016, Ducharne ofrecía una entrevista en Miami para El Nuevo Herald.

A los periodistas de esa cabecera icónica de la comunidad hispana de Miami explicaba su versión de su propia historia. Y la versión iba así: Ducharne se mostraba como el dueño de un canal de televisión que le había sido «incómodo» al poder, en especial, al gobernador chavista del costero estado Anzoátegui -el hoy fiscal general, Tarek William Saab-, y al que por eso le habían «robado» sus equipos en 2011 sin que las autoridades del Estado venezolano de entonces hicieran nada para apoyar en las investigaciones o de alguna forma recuperar los bienes. Solo le había quedado migrar en busca de la libertad en Estados Unidos y recomenzar en el sector que conocía, los medios de comunicación.

Ducharne aseguró ser uno de los tantos acosados por el gobierno del presidente Hugo Chávez que decidió cerrar capítulo en Venezuela y continuar sus negocios afuera. Esperaba, según dijo, que en Miami todo fuera más fácil para la familia, porque en Venezuela además era complejo operar con servicios en decadencia -como la electricidad-, la falta de anunciantes y la autocensura.

“Ese dinero proviene de lo que nosotros hicimos en Venezuela, de los trabajos que hicimos en Venezuela”, zanjó Ducharne ante El Nuevo Herald, acuciado por la pregunta incómoda sobre el origen del dinero con el que acababa de comprar Telemiami, pero sin dar detalles.

La gira de medios de Ducharne intentaba entonces limpiar su imagen y controlar los daños que pudieran haber causado a su reputación los rumores detonados por su más reciente operación: nada más al aterrizar en Miami, adquirió por algo más de dos millones de dólares el canal Telemiami, acervo cultural de la cubanería local, y lo rebautizó como MiraTV. Un dato se había regado como la pólvora en las columnas de trascendidos y en medios de la comunidad venezolana expatriada en Miami: que el cuñado de Ducharne era Julio Augusto López, quien, además de estar inscrito en el oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), había comprado en la primera década de los 2000 dos periódicos de tradición en Venezuela, como El Diario de Caracas y The Daily Journal, para cambiar sus líneas editoriales y favorecer las políticas que emanaban desde el Palacio de Miraflores, sede de la presidencia venezolana. López también había sido el artífice de un fallido canal de la Fuerza Armada en Caracas, Tiuna TV, y de un fugaz proyecto de canal 24 horas de información, Canal de Noticias.

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