Caída del Banco del Orinoco de Curazao afectó a empleados y socios del banquero venezolano Víctor Vargas que también eran clientes de la institución

Por Isabel Guerrero
armando.info

Cuando en 2019 cayó el Banco del Orinoco NV en Curazao, lo demás fue cuestión de tiempo. El imperio del llamado ‘banquero de Chávez’ se tambaleó y arrastró las cuentas pendientes de un país a otro del Caribe. En medio del colapso, casi 1.500 ahorristas, registrados en una nómina que Armando.info ha consultado, quedaron con sus fondos cautivos. Pero no todos los afectados, casi siempre venezolanos, eran víctimas con el mismo perfil: en realidad muchos de ellos o pertenecen al círculo de empresas y socios del banquero, o son organismos del Estado chavista que colocaban dinero allí.

Murió por Covid-19 y “en la más precaria condición”, relata su abogado. Era un cliente venezolano del Banco del Orinoco NV de Curazao cuyo dinero quedó entrampado con el derrumbe de la entidad. Su nombre no se revela para no entorpecer la causa legal, como sugiere el abogado, quien representa los intereses del ahora fallecido ahorrista en una de las demandas colectivas que se han radicado en tribunales de los Países Bajos, donde se dirime el caso de ese banco, propiedad del magnate venezolano Víctor Vargas, conocido en los medios como el banquero de Chávez.

Aquel cliente no pudo disponer del dinero que depositó en el banco offshore a través de una agencia del Banco Occidental de Descuento (BOD), también propiedad de Vargas, pero en Venezuela y, como el del Orinoco, intervenido en septiembre de 2019. No disfrutó de los intereses generados por sus colocaciones en dólares, a una tasa atractiva, supuestamente respaldadas por la experiencia de una entidad con casi tres décadas en el mercado. Fue uno de los tantos venezolanos a quienes resultó más atractivo y seguro manejar sus recursos en moneda extranjera que en el devaluado bolívar -vapuleado al extremo por el control cambiario- pero, tratando de salvaguardar su patrimonio, terminó entregándolo a una especie de rosca financiera que lo evaporó.

Los caminos de ese esquema quedaron expuestos en septiembre de 2019 cuando cayó el Banco del Orinoco, constituido en Curazao conforme a las leyes holandesas y los tratados suscritos con Venezuela. Las autoridades del Banco Central de Curazao y San Martín lo intervinieron, y luego suspendieron definitivamente su licencia para operar. Problemas de iliquidez e irregularidades administrativas nunca aclaradas por el banco, a pesar de constantes requerimientos de los reguladores, sustentaron la medida.

Los apuros del Banco del Orinoco en Curazao alimentaban desde varios años la comidilla de los corros financieros. Había algo de piramidal en las jugosas ofertas de intereses en dólares que el banco presentaba a acaudalados venezolanos. Pero los cada vez más frecuentes episodios de intereses sin pagar o de clientes que se quejaban en público por no conseguir a tiempo el reembolso de sus fondos, daban pie a rumores acerca de las dificultades de Víctor Vargas para seguir el ritmo de esa bicicleta financiera. Hasta que la intervención de las autoridades de Curazao dio realidad a todas las versiones.

La crisis del Banco del Orinoco NV estalló como una onda expansiva que desde Curazao recorrió el Caribe y generó una reacción en cadena inmediata en los bancos de Víctor Vargas: Allbank en Panamá (intervenido, cerrado y en proceso de liquidación), Boi Bank en Antigua, Bancamérica en República Dominicana y el propio BOD en Venezuela, que a casi dos años de distancia sigue operando a puertas abiertas pero provisionalmente intervenido por la Superintendencia de Bancos.

Esto no tenía por qué haber ocurrido así. Pero las sucesivas crisis e intervenciones de los bancos de Víctor Vargas en el Caribe pusieron a la luz un hallazgo: todos mantenían posiciones cruzadas entre sí. Fondos acreditados a uno estaban depositados en otros, y viceversa. Por lo tanto, si uno caía, arrastraba a los otros.

Esta práctica irregular se verifica en un registro clave: 27% de los fondos comprometidos con los acreedores cuyos depósitos quedaron atrapados al momento del colapso del Banco del Orinoco en Curazao, corresponden a empresas, entidades e individuos vinculados a Víctor Vargas y su grupo corporativo.

Mucho ruido

“Bajo investigación”, se leía en más de una decena de indicadores de los informes de los síndicos encargados de manejar la liquidación del Banco del Orinoco, designados por el Tribunal de Primera Instancia de Curazao y presentados ante el Banco Central de ese país para atender la quiebra. El más reciente de los documentos, del 17 de marzo de 2021, ratificaba que no quedaba claro si “efectivamente dispone de la liquidez y valores/bonos para cubrir sus obligaciones”. Aunque las acreencias de algunos ahorristas habían sido honradas por el banco al momento de redactar este reportaje, se trataba de un lote nada significativo de clientes con montos de menos de 10.000 dólares. Parecía una lotería sin ningún pronóstico, mientras las redes sociales seguían atestadas de mensajes de los afectados por el fraude bancario, soliviantados por el retraso en el pago de sus ahorros.

En el documento, los síndicos afirmaban que el Banco del Orinoco registra 1.935 acreedores ordinarios, con una deuda que totaliza un poco más de 735 millones de dólares. Explican que “80% de los titulares de las cuentas han aceptado una transferencia de su crédito al Boi Bank, en Antigua”, del mismo grupo financiero de Víctor Vargas, en el remoto Caribe oriental. El restante quiere su dinero y, según una máxima del derecho bancario, se debe proteger al ahorrista, sin importar cuánto sea el monto.

De esos casi dos millares de acreedores, 1.421 son ahorristas. Basta con radiografiar la lista oficial en los que se les registra, a la que Armando.info tuvo acceso, para precisar que las cuentas de al menos 1.310 no superan el millón de dólares; de hecho, son apenas 79 los que acumulan acreencias de entre uno y cuatro millones de dólares. El total del dinero de los cuentahabientes reflejado en esta base de datos es de 665 millones de dólares -equivalente a 90% de la deuda del banco- y aproximadamente la mitad de esos fondos corresponden a un grupo no muy numeroso que concentra una fortuna. Entre ellos se cuentan empresas panameñas de Víctor Vargas y su red de bancos en el Caribe.

Los montos más altos reflejados en la base de datos pertenecen al mismo grupo financiero de Vargas, incluyendo otras de sus entidades bancarias que están en proceso de liquidación o intervención: Allbank, Plus Capital Market (una empresa de corretaje de activos financieros en Panamá), Boi Bank y BOD. Entre todas reúnen un poco más de 65 millones de dólares, que era parte de ese capital que rotaban entre sí para imitar una fantasiosa solidez.

Los propios síndicos de Curazao destacan la existencia de esa rosca en su informe reciente. Una parte de los créditos del Banco del Orinoco fueron identificados en empresas del mismo Grupo Financiero BOD, el holding de Vargas. Por ejemplo, Allbank tenía varios “securities [valores] con un valor nominal total de USD 30.605.000”, que vencieron desde la fecha de quiebra. En el caso de Plus Capital Market, el proceso de liquidación llegó después, y se encargaba de “las relaciones financieras en nombre de sus propios clientes”, pero también tenía cuentas en el Banco del Orinoco, siempre según el mismo relato.

Pero no es un banco o una compañía financiera el principal ahorrista-acreedor del Banco del Orinoco. Ese es Environmental Solutions de Venezuela (Esvenca), la firma principal de Vargas para sus negocios petroleros. Aparece en la lista con más de 72 millones de dólares colocados en el banco. El de Esvenca es un nombre familiar para los reguladores curazoleños. Aparece mencionado en un reporte del Banco Central de Curazao y San Martín a raíz de la intervención del Banco del Orinoco. Allí alude a transferencias sospechosas de una compañía neerlandesa, Hanson Holland 2, a Esvenca, en lo que era parte de un intento frustrado por comprar Televen, el segundo canal privado de televisión de Venezuela, en 2015, transacción en la que Vargas hizo de componedor financiero. De igual forma, el holding y vehículo de control de los emprendimientos de Vargas en Venezuela, Cartera de Inversiones Venezolana, a través del cual adquirió el paquete accionario del BOD en 1992 y luego de Corp Banca en 2006, figura con una cuenta de 17 millones de dólares.

Otro nombre que salta a la vista entre los cuentahabientes a los que más dinero debe el Banco del Orinoco es el de Carmen Leonor Santaella Tellería, de quien Víctor Vargas se divorció en 2014 mediante la sentencia 446 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Se trató entonces de una sentencia pionera que no solo resolvió el caso de Vargas y Santaella, sino que sentó un cambio en la jurisprudencia.

En 2012, un juzgado en Caracas había declarado con lugar el divorcio de los Vargas-Santaella; sin embargo, poco después fue anulado. Los abogados del banquero interpusieron nuevamente la demanda para salir de la larga contienda y, en respuesta, el máximo tribunal decidió reinterpretar el artículo 185-A del Código Civil que disuelve el vínculo matrimonial por separación de cuerpos y modificó el procedimiento, a pesar de la resistencia de “algunos magistrados”. La ruptura consiguió finalmente sanción legal, sin derecho a una nueva anulación.

Pero el conflicto y su sonado desenlace no supusieron obstáculos para que Carmen Leonor Santaella mantuviera una cuenta de seis millones de dólares en el banco de su exmarido en Curazao. Víctor Vargas mismo tenía a su propio nombre una cuenta personal en el banco, con un saldo similar de seis millones de dólares. En términos comparativos, los 12 millones de Vargas y Santaella equivaldrían a lo que tienen los 700 ahorristas con menos dinero depositado de la lista.

Los amigos y socios de Victor Vargas también engrosaban el listado bancario de clientes, hoy acreedores.

Destaca el ingeniero Rafael Ernesto Ramírez Ruiz, quien manejaba los negocios petroleros de varias compañías, incluyendo Esvenca, y aparece con algo más de un millón de dólares. De la misma manera, Ricardo Castellanos García -el sustituto de Ramírez en Esvenca desde 2017, exgerente de Comercialización del diario El Nacional de Caracas y de la Cadena Capriles, hoy Grupo Últimas Noticias- posee una cuenta con algo más de 500.000 dólares.

Los doce mayores cuentahabientes-acreedores del Banco del Orinoco, que acumulan casi 180 millones de dólares, tienen alguna vinculación con Víctor Vargas y su grupo empresarial.

Pero el cotejo de la lista con el registro del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) arroja algo más singular: más de un centenar de empleados activos de las empresas de Vargas -en Esvenca o en el BOD- tenían cuentas en el Banco del Orinoco. La mayoría proceden del estado Miranda y del Distrito Capital, así como de entidades petroleras como Monagas, Zulia y Anzoátegui.

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