El soborno de $ 800.000 que el empresario Alex Saab aseguraba haber pagado en Venezuela a la exfiscal Luisa Ortega Díaz para que lo dejara de investigar

Cocky de la Torre
La Torre de Venezuela

Mucho antes que el Gobierno de Venezuela le asignase a Alex Saab el título de enviado especial, con estatus diplomático, el Ministerio Público venezolano lo investigaba tanto a él, como a su socio, Álvaro Pulido Vargas, por ilícitos en la venta de casas prefabricadas, a través de la compañía Fondo Global de Construcción; pero también, poco luego, por irregularidades en el suministro de productos a la red estatal Abastos Bicentenario. La investigación había partido de otra iniciada por la fiscalía de Ecuador, por la exportación de materiales de construcción que nunca llegaron a Venezuela.

En el mes de marzo del año 2016 se registró un allanamiento a las oficinas de Saab y Pulido, ubicadas en el Centro Empresarial Galipán, en Caracas. Allí funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) buscaban documentación que certificase irregularidades en los negocios que el dúo de empresarios mantenía con Abastos Bicentenario, mediante compañías registradas en Hong Kong,que habían recibido dólares preferenciales del Gobierno a través del Sistema Complementario de Administración de Divisas (Sicad). Los empresarios habían sido previamente investigados por ilícitos en la utilización del Sucre (Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos), en el negocio de casas prefabricadas, caso que generó un intercambio de información y colaboración entre las fiscalías de Ecuador y Venezuela, mientras Galo Chiriboga fungía como Fiscal General de Ecuador y su homologa Luisa Ortega Díaz, llevaba las riendas de la fiscalía de Venezuela.

En un primer allanamiento a las oficinas de Saab y Pulido, la policía les incautó computadores y documentos. En un intento por controlar la situación, según una persona familiarizada con el asunto, los empresarios supuestamente ofrecieron sobornos a policías y fiscales, pero no cumplieron con las coimas.

Posteriormente se registró un segundo allanamiento, en el que la policía se hizo de otros computadores y documentos comerciales que incriminaban supuestamente a los empresarios en manejos dolosos. Pero no fue lo único que se llevaron de las oficinas, también incautaron pasaportes de ambos, aunque hasta la fecha pocos conocen si los pasaportes eran colombianos, venezolanos o de otra nacionalidad.

Pese a las circunstancias, los empresarios lograron salir de Venezuela utilizando otros pasaportes que tenían en su poder, obviando que tuviesen prohibición de salida del país o cualquier otra medida judicial que pesase en su contra. Su actividad en Venezuela permaneció así en vilo durante varios meses.

La exfiscal general Luisa Ortega Diaz, hoy exiliada en Colombia, poco ha dicho en crónicas periodísticas, de la investigación que adelantaba el Ministerio Público venezolano, entonces a su cargo, contra ambos socios. Lo único que sí ha reconocido Ortega es que en su huida de Venezuela se llevó con ella documentos incriminatorios que comprometían a Saab y Pulido.

Según una persona con conocimiento del caso, el propio Alex Saab confesaba a su círculo de allegados que había logrado paralizar la investigación de la fiscalía de Venezuela en su contra tras haber pagado, según el empresario, $ 800.000 a la entonces fiscal general Luisa Ortega Diaz.

Después de huir de Venezuela, Ortega hizo algunos pronunciamientos contra Saab, que en el círculo del empresario fueron interpretados como otros intentos de presionarlo para conseguir supuestamente nuevos sobornos del colombiano.

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