Baltasar Garzón, abogado de causas perdidas y delincuentes de cuello blanco

Baltasar Garzón es un abogado español. Forma parte de la defensa legal de Alex Saab, empresario ligado con la trama de corrupción de los Comités Locales de Abastecimiento en Venezuela, de acuerdo con reportajes de Armando.info. Garzón también encabeza la defensa internacional del líder de Wikileaks, Julian Assange. Durante su carrera, Garzón ha liderado procesos judiciales contra el narcotráfico y el terrorismo, y procedimientos relacionados con temas como los Derechos Humanos y la Jurisdicción Universal.

Baltasar Garzón nació el 26 de octubre de 1955 en Torres, España. Obtuvo la Licenciatura en Derecho en la Universidad de Sevilla en 1979. También estudió en los seminarios de Baeza y de Jaén, pero dejó los estudios eclesiásticos antes de culminarlos. Garzón está al frente del bufete International Legal Organization for Cooperation and Development (ILOCAD SL) con sede en Madrid. Igualmente, preside la Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR), institución dedicada a los Derechos Humanos y la Jurisdicción Universal con sede en España, y programas en México, Colombia y Argentina.

Según la página web oficial de Garzón, comenzó su carrera judicial el 13 de febrero de 1981 en el juzgado de Valverde del Camino, provincia de Huelva. Cinco meses después, en julio de 1981, fue nombrado Juez de Primera Instancia e Instrucción de Villacarrillo, en Jaén. En julio de 1983, Garzón fue ascendido a Magistrado.

Según la web Poderopedia, en 1993, fue electo diputado por el Partido Socialista Obrero Español (Psoe) en las elecciones legislativas. Ese mismo año, fue designado Secretario de Estado del Gobierno para el Plan Nacional Sobre Drogas. No obstante, renunció a ambos cargos al poco tiempo.

En 1998, Garzón obtuvo notoriedad internacional por solicitar abrir un procedimiento judicial contra el ex presidente chileno, Augusto Pinochet, por la muerte y tortura de ciudadanos españoles entre 1973 y 1990, es decir, durante su periodo de Gobierno. Pinochet estuvo detenido en Londres durante cinco meses, pero el procedimiento no prosperó y el ex mandatario chileno no fue extraditado a España, sino que volvió a Chile.

En diciembre de 2006, estableció el llamado “Protocolo Garzón”, un procedimiento que busca reforzar las garantías de los detenidos en régimen de incomunicación para casos de terrorismo. Como autor, Garzón ha escrito las siguientes obras: “No a la impunidad. Jurisdicción Universal, la última esperanza de las víctimas”, “La Indignación Activa”, “En el Punto de Mira”, “El Fango”, “Un Mundo sin Miedo”, “La Línea del Horizonte”, “La Fuerza de la Razón”, entre otros.

El 16 de octubre de 2008, Garzón, como titular del juzgado número 5 de instrucción de la Audiencia Nacional, se declaró competente para investigar los crímenes del franquismo tras una serie de denuncias realizadas en 2006 por un grupo de abogados, quienes solicitaron una investigación sobre los asesinatos, torturas, exilios forzosos y desapariciones cometidos desde 1936, año en el que inició la Guerra Civil en España. Sin embargo, el sindicato Manos Limpias, presentó una querella contra Garzón por prevaricación, argumentando que el abogado se extralimitó en sus competencias en la investigación del franquismo. Posteriormente, se presentaron ante el Tribunal Supremo querellas de Falange Española de las JONS y de la asociación Libertad e Identidad. Un año después, en 2010, Garzón fue suspendido de sus funciones.

En 2012, Garzón se enfrentó a dos decisiones judiciales por juicios en su contra. El 8 de febrero de ese año, el Tribunal Supremo lo condenó a 11 años de inhabilitación por haber autorizado intervenir las comunicaciones en la cárcel de los implicados –y las visitas que recibían- en el caso Gürtel, la trama de corrupción que Garzón sacó a la luz en febrero de 2009, y que involucraba al Partido Popular (PP). Semanas después, el mismo Tribunal Supremo absolvió a Garzón por la acusación de prevaricación que había recibido en las investigaciones en el caso del franquismo.

El 23 de mayo de 2010, fue designado Consultor externo por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en La Haya. Un año después, el 20 de mayo de 2011, fue nombrado Consultor externo de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Colombia. A los pocos meses, el 7 de julio de 2011, Garzón se incorporó al Comité de Prevención de la Tortura del Consejo de Europa. En febrero de 2020, el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) admitió la denuncia de Garzón contra su inhabilitación en 2012.

El 22 de julio de 2020, el despacho de abogados de Garzón, anunció que asumió la defensa de Alex Saab, el empresario detenido el 12 de junio de ese mismo año en Cabo Verde. De acuerdo con información del medio digital semana.com, el bufete de abogados International Legal Organization for Cooperation and Development (ILOCAD SL) emitió un comunicado en el que sostiene que “el señor Saab se ha visto perjudicado por una serie de irregularidades, tales como una clara falta de proporcionalidad en la acusación, la falta del derecho al debido proceso y las garantías procesales, en caso de ser extraditado a Estados Unidos”.

Garzón ha pasado de perseguir a exdictadores a defender a delincuentes de cuello blanco.

El ex juez Baltasar Garzón ha estado en el ojo de la polémica durante décadas. Ha tenido bajo su mando casos que han sacudido a varios países, incluido España, su tierra natal.

Como juez de la Audiencia Nacional de España, saltó a la fama internacional en 1998 cuando ordenó arrestar al ex dictador chileno Augusto Pinochet por crímenes contra la humanidad, basándose en el informe de la Comisión de la Verdad redactado en Chile.

Según la web Infobae, el 16 de octubre de 1998, Pinochet fue detenido en la London Clinic de la capital británica a donde había viajado para someterse a una operación de columna y, como en Chile era senador vitalicio, pensaba que gozaba de inmunidad diplomática. Pero era un viaje privado y no se había informado al Reino Unido. El otrora poderoso dictador reclamó: “¡Ustedes no tienen ni un derecho a hacer esto, no pueden arrestarme! ¡Yo estoy aquí en una misión secreta!”.

Garzón solicitó su extradición a España por una demanda criminal en el marco de la “Operación Cóndor”, la coordinación de las dictaduras latinoamericanas para perseguir y eliminar opositores. Fueron 503 días de reclusión y aunque el Reino Unido finalmente no autorizó el traslado a España, el caso marcó jurisprudencia global sobre los crímenes de lesa humanidad.

En marzo de 2000, regresó Pinochet a Chile, dos meses después la Corte de Apelaciones de Santiago aprobó su desafuero como senador vitalicio y el militar pudo ser investigado y procesado por la Justicia local. Aunque nunca pagó por sus crímenes por supuestas enfermedades mentales.

Garzón también abrió la posibilidad de que se presentaran en España cargos de genocidio contra los miembros de la Junta Militar en Argentina. Durante dicha investigación se condenó al ex capitán Adolfo Scilingo a 1,084 años de prisión por su implicación en dos vuelos de la muerte: en la primera quincena de junio de 1977 transportó a 13 personas y un sábado de agosto de 1977 llevó a otras 17. Fue el primer militar argentino condenado por un tribunal extranjero.

Desde el 18 de noviembre de 2019, anda libre por las calles de España. Luego de 22 años en prisión –el 4% de su pena “irrevocable”- fue beneficiado por un régimen de reinserción y colabora en una parroquia de Madrid. La noticia generó el repudio de las organizaciones de derechos humanos.

Garzón también estuvo involucrado en el caso GAL, que involucraba a miembros del gobierno socialista con la organización de grupos paramilitares para combatir al grupo separatista vasco ETA. Después persiguió activamente a la cúpula de Herri Batasuna, el brazo político de ETA.

También en octubre de 2008, Garzón se declaró competente para investigar la desaparición de víctimas del franquismo, al tratarse de desapariciones forzadas dentro del contexto de crímenes contra la humanidad. Acordó la exhumación de 19 fosas ya identificadas, más todas aquellas que pudieran resultar. Se contabilizaron más de 114,000 desaparecidos durante la dictadura franquista. Sin embargo, fue inhabilitado para investigar los crímenes del franquismo.

En ese entonces ya tenía adelantadas pesquisas sobre las masacres de indígenas durante los regímenes militares de Centroamérica. Garzón asesoró en la redacción de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas.

El caso Gürtel, es el nombre como se conoce a una investigación iniciada en noviembre de 2007 por la Fiscalía Anticorrupción y denunciada en febrero de 2009 ante la Audiencia Nacional sobre una red de corrupción política vinculada al Partido Popular, que funcionaba principalmente en las comunidades de Madrid y Valencia.

Por este caso, Garzón Real fue inhabilitado 11 años. Había ordenado una investigación de blanqueo de dinero que involucraba a políticos de varias comunidades. El problema es que la pesquisa se dio a través de escuchas telefónicas.

Sus clientes

Garzón ha sido abogado de figuras muy controversiales, tanto en Europa como en Latinoamérica.

Julian Assange, fundador y propietario de Wikileaks, quien se refugió en la embajada de Ecuador en Londres desde 2012 ante las acusaciones de presuntos abusos sexuales y coacciones ocurridos en Suecia. Assange fue detenido en abril de 2019, luego de que el presidente ecuatoriano Lenin Moreno informó que su gobierno tomó la decisión de retirar el asilo diplomático a Assange por supuestamente “violar reiteradamente convenios internacionales y de protocolo de convivencia”.

Garzón sigue siendo el coordinador de su defensa internacional después de su detención y pendiente de su posible extradición a Estados Unidos que lo requiere por la publicación de decenas de miles de documentos secretos y lo acusa de asociación delictuosa.

Hervé Falciani, un ciudadano suizo al que en 2013 la Audiencia Nacional negó su extradición a Suiza que le acusaba de haber robado más de 130,000 datos de clientes que ocultaban sus fondos en aquel país. El 2 de mayo de 2016, fue condenado en rebeldía por espionaje a cinco años de cárcel por los tribunales suizos.

El empresario Ángel Pérez Maura quien reconoció el 10 de mayo de 2019 en la Audiencia Nacional,que había pagado un millón de euros más al ex comisario José Manuel Villarejo pensando que contrataría a Baltasar Garzón para que el ex juez evitase su extradición a Guatemala, país que le reclamaba por un caso de corrupción.

Andrei Petrov es un ciudadano ruso detenido en 2013, en Lloret del Mar, por presunto blanqueo de dinero, con cuentas abiertas en la Banca Privada de Andorra (BPA). El superior de Petrov, era un general ruso muy próximo al presidente Vladimir Putin, Viktor Kainikin, que según lo investigado llegó a tener más de 44 millones de euros en la BPA.

Banca Privada de Andorra. Tras muchas aclaraciones y rectificaciones, Garzón reconoció que había trabajado para la BPA mediante la realización de un informe en 2012. De lo investigado se deduce que el referido informe estaba relacionado con la ocultación en el banco del principado de alrededor de 200 millones de euros por parte del chavista Diego Salazar y su primo Rafael Ramírez.

Petróleos de Venezuela S.A. Baltasar Garzón ha reconocido que recibió el encargo de trabajar a favor de (PDVSA) a través de un despacho de abogados de Estados Unidos. El objeto de su trabajo era interponer una demanda contra los ex directivos de esta entidad, Roberto Rincón y Abraham Shiera, acusados de amañar contratos y defraudar a la petrolera venezolana con al menos 500 millones de euros, que habrían sido invertidos en España en fincas y propiedades de lujo.

Los chavistas Wilmer Ruperti y Hugo Carvajal. En el año 2016 el despacho de Baltasar Garzón suscribió un acuerdo con la mercantil panameña Maroli Trading, propiedad de Ruperti, para realizar un informe jurídico que impidiese la extradición a Estados Unidos, del general Hugo Carvajal (exjefe de la inteligencia chavista) por un importe de 1.850.000 euros.

Hugo Carvajal, el mayor general venezolano acusado en los Estados Unidos por narcotráfico, cambió su nombre y el de sus familiares. Según documentos emitidos en 2016, pasó a llamarse Hugo Peck Peck, utilizando los apellidos de sus abuelos paterno y materno, idea que algunos atribuyen a Garzón.

Carvajal aseguró entonces que su cambio de nombre no se debía a una intención de obtener una doble identidad y señaló que la causa era el cobro de una herencia.

El jurista español viajó entre el 28 y el 30 de julio de 2016 a isla Margarita, en Venezuela, para reunirse con el entonces diputado a la Asamblea Nacional, Hugo “El Pollo” Carvajal.

Garzón arribó al Aeropuerto Internacional del Caribe “Santiago Mariño” junto al también español Abel Torres Serrano, y el empresario venezolano Carlos Eduardo Urbano Fermín, dueño de la aeronave que partió desde el Aeropuerto Internacional de Las Américas, José Francisco Peña Gómez, situado en República Dominicana.

El cónclave fue confirmado por el propio Garzón a través de un comunicado oficial, en el que destacó que estaba coordinando un equipo para la redacción de un informe “sobre el origen, desarrollo, consistencia y respeto de las normas de debido proceso en las investigaciones abiertas en Estados Unidos”, detallando que “se han mantenido y se mantendrán las reuniones que sean necesarias y precisas con todas las personas que deseen colaborar”.

El empresario Carlos Eduardo Urbano sería acusado luego por la fiscalía de Venezuela de haber desfalcado al empresas petroleras del Estado venezolano.

Baltasar Garzón fue asesor de Juan Manuel Santos, expresidente de Colombia, para las negociaciones de paz con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Garzón también trabajó como consejero de la misión de paz de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Colombia.

Ha sido también consejero en materias de seguridad y derechos humanos del PRI de México y asesor de derechos humanos en la Cámara de Diputados de Argentina durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, además de presidente del Consejo de Administración del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH) bajo el auspicio de la Unesco en Argentina entre los años 2012 y 2016.

El ex magistrado también es protagonista de una película titulada: Escuchando al juez Garzón (Isabel Coixet, 2011), un documental-entrevista de hora y media de duración donde el magistrado repasa su trayectoria personal y profesional incluyendo todos los asuntos polémicos en los que se ha visto implicado.

En 2003, Garzón se embarcó en un duelo epistolar con el entonces subcomandante Marcos, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), que concluyó en un reto a un debate a cara descubierta en la isla de Lanzarote entre el 3 y el 10 de abril del año 2003. El debate nunca se llevó a cabo.

El exjuez español devengaría honorarios profesionales cuantiosos como abogado defensor de Alex Saab, pagados por el Gobierno de Venezuela.

Desde 2020 Garzón se ha dejado ver junto a Dolores Delgado, fiscal general del Estado español, quien sería su actual pareja sentimental.

La relación entre Garzón y Delgado llamó la atención cuando salió a la luz una fotografía, tomada el 19 de septiembre de 2020, en la que aparecían ambos cenando en la trattoria Bacco ubicada en la Piazza Giovanni della Malva, en el turístico barrio de Trastevere en Roma.

Garzón ha conseguido que la agencia española de noticias EFE se haga eco de su campaña a favor de la libertad de Alex Saab y su no extradición a los Estados Unidos, pero también de muchas de las actividades desarrolladas por el exjuez.

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