Notarías y contratos hacen del vicepresidente José Gabriel Carrizo el poder tras el trono en Panamá

María Reyes | Opinión

Desde el inicio del Gobierno de Laurentino Cortizo, en Panamá sucedió algo nunca antes visto en las notarías. Se supone que los notarios deben ser designados por el Ejecutivo para un período de cuatro años, pero que tendrán ingresos propios y no erogaciones del Estado.

Adicionalmente, al inicio del Gobierno de Cortizo fue presentado un anteproyecto legislativo que hoy permanece archivado en la Asamblea Nacional de Panamá, que buscaba que las notarías dejaran de ser un botín político y que los notarios fuesen nombrados en base a méritos y con un salario fijo, para que todos los ingresos propios de esos despachos notariales fuesen al fondo estatal. No obstante, el anteproyecto nunca fue discutido en el parlamento.

Un dato curioso es que el propio vicepresidente José Gabriel Carrizo, es amo y señor de dos notarías, la quinta y octava de Panamá, que controlaría a través de un administrador designado por él mismo, de nombre Roberto Delgado.

En tanto, ahora pudiera decirse que los notarios tienen un jefe, las notarías un dueño y han perdido la autonomía en sus actos.

Cada vez parecen haber más razones para que se piense que en Panamá existen gobiernos paralelos al de Laurentino Cortizo y que uno de estos es encabezado por el vicepresidente Carrizo, quien es motivo de varios escándalos por el manejo indebido de fondos públicos, como el contrato de $5 millones otorgado por el Gobierno panameño a Grupo J&R Inc., empresa con conexiones familiares con el vicepresidente. Esto además de escándalos por contratos de publicidad del Ministerio de Presidencia, por casi un millón de dólares, que han contado con la bendición de Carrizo y otros varios casos muy difundidos por la prensa panameña.


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