Por Varios Autores
armando.info
No es gratuito que los tormentos a los que la contrainteligencia militar y otros cuerpos de seguridad someten a sus detenidos suelen ocurrir en sitios informales y en medio del trasiego de rehenes entre esos sitios: se trata de una dimensión invisible donde no hay institucionalidad y nadie rinde cuentas ante la ley. Las desapariciones transitorias, a veces de horas y otras de semanas, mortifican a los familiares de los detenidos y se han vuelto un preámbulo casi obligatorio para las causas de índole política en la justicia chavista.
Horas. Días. Semanas. En una detención como la que describen los testimonios de los familiares de los desaparecidos en Venezuela luego de una aprehensión irregular, dar con el paradero de la víctima es una búsqueda prolongada por estaciones y centros policiales y de seguridad del Estado: “No está aquí”. El detenido queda fuera del radar de sus familiares y abogados.
Nueve días estuvo N.R. -familiar de una víctima de desaparición forzada, que pidió reservar su nombre por razones de seguridad- recorriendo las morgues de distintos hospitales y la de Bello Monte, en el sureste de Caracas, en búsqueda del cuerpo de su hermano, quien fue sometido a una desaparición forzada pocos días después de declararse la pandemia de la covid-19. También visitó las dos sedes capitalinas del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), la principal de Plaza Venezuela y la de El Helicoide, así como la de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), en Boleíta Norte. En ninguno de estos lugares obtuvo respuesta.
“Me mandaban fotos de motorizados arrollados”, relata que ocurría luego de publicar en sus redes sociales una foto de su familiar anunciando que estaba desaparecido.
Lejos de ser una excepción o un episodio vinculado con la improvisación o el azar, la desaparición forzada es un patrón común en las detenciones de disidentes políticos, una rutina donde los centros de detención clandestina, que como se mostró en la primera entrega de esta serie de reportajes están dispersos en zonas residenciales de Caracas, son un punto clave.
Los procedimientos de detención en estos casos son irregulares y arbitrarios. Ocurren sin orden judicial, los funcionarios abordan a la víctima con armas largas y ocasionan destrozos y robos cuando irrumpen en su domicilio.
Al hermano de N.R. lo interceptaron funcionarios de la Dgcim alrededor de las siete de la noche, luego de hacer unas compras en la farmacia cerca de su casa. Los detalles de esta detención los pudo obtener N.R. a través de información que le suministró el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) tres días después de la desaparición. Por las cámaras de seguridad del lugar, los investigadores observaron que varios funcionarios encapuchados y vestidos de negro se bajaron de unas camionetas blancas y lo agarraron por los brazos mientras se subía a su moto.
Con la desaparición se evade el mandato establecido en el artículo 44 de la Constitución vigente, de 1999, de presentar en tribunales a todo detenido antes de que pasen 48 horas luego de su aprehensión. En estos casos, cuando la persona es por fin presentada ante el juez de control, militar o de la jurisdicción penal, aparecen forjadas en las actas del expediente la orden judicial de detención y las actas policiales, para que parezca que la persona no lleva más tiempo detenida de lo que dicta la ley.
Mientras ocurre la desaparición forzada, en simultáneo, los familiares del perseguido también pueden sufrir represalias. En el caso de N.R., 20 funcionarios vestidos de negro, sin identificación y portando armas largas, intentaron ingresar al edificio donde se encuentra su apartamento, en una urbanización del sureste de Caracas, en el que vive con sus padres. Mientras, otras tres personas, vestidas con bata blanca y tapabocas, llamaban por el intercomunicador. Esto ocurrió a las 11 de la noche, cinco horas después del secuestro de su hermano.
“Tenían un manojo de llaves e iban probando cada una para intentar abrir la puerta. En el edificio nadie entendía lo que pasaba. Mis padres son conserjes y no hay nada de valor en nuestra casa que les pudiese atraer. Por suerte, solo llegaron hasta la planta baja del lugar y un vecino llamó a la policía y se fueron”, contó N.R.
Lo mismo sucedió con los familiares de Vasco Da Costa, hoy fallecido activista de oposición, quien estuvo en desaparición forzada en abril de 2018. Uno de sus hermanos fue golpeado mientras el Sebin y la Dgcim allanaban la casa del dirigente del Movimiento Nacionalista y tumbaban al piso todos los muebles del hogar. Sus hermanos no supieron de su paradero por 11 días, durante los cuales fue torturado en una casa clandestina en la urbanización Los Naranjos, en el municipio El Hatillo de Caracas.
Hay casos en los que también los familiares de los disidentes políticos han sido objeto de la desaparición forzada y trasladados a casas clandestinas de tortura, como método para intimidar u obtener información sobre el paradero de un opositor al régimen de Nicolás Maduro.
También a principios de 2018, a la esposa del coronel retirado Oswaldo García Palomo, así como a su hijo y la novia de este, los secuestraron funcionarios de la Dgcim para trasladarlos a una casa clandestina de tortura en la zona de Los Dos Caminos y obtener de ellos información sobre la ubicación del militar. Esto ocurrió luego de que llegaron a su hogar, vaciaron todas las gavetas y estantes de la casa, lanzaron al piso todo lo que encontraban en los clósets y se robaron computadoras y tres vehículos de esta familia.
Franklin Caldera, padre del teniente del ejército del mismo nombre, actualmente detenido en la prisión militar de Ramo Verde, denunció que fue torturado por cinco días en diciembre de 2019, en un sitio clandestino en Naguanagua, estado Carabobo, pocos días después de que su hijo fuera señalado de participar en el asalto al 513 Batallón Infantería de Selva Mariano Montilla del Ejército, en el municipio Gran Sabana del estado Bolívar, frontera con Brasil.
El acoso fue inmediato. A Caldera, padre, quien vivía en ese momento en San Diego, también en el estado Carabobo, lo interceptaron al llegar a su hogar. Funcionarios de la Dgcim, quienes se bajaron de dos camionetas Toyota Fortuner negras, lo encapucharon y esposaron. Recuerda un traslado corto a una urbanización cercana.
“Me quitan la capucha por unos segundos y veo que estoy en el estacionamiento techado de una quinta de dos pisos”, recuerda Caldera.
Segundos después, le vuelven a tapar la cara con una tela negra y lo llevan hasta el segundo piso de la casa.
– ¿Dónde está el teniente Caldera?, le preguntaban los oficiales.
Como no respondía, llegaron más funcionarios para torturarlo. Lo colgaron de los brazos. Fue golpeado, cacheteado y asfixiado en tobos de agua.
– Eres un traidor-, le repetían entre cada acto de tortura.
Para esta investigación, relató que luego de lo ocurrido en Naguanagua, sufre de ataques de pánico constantes y episodios severos de ansiedad, así como temor a los espacios cerrados y a las alturas. Sobre su hijo, en numerosas ocasiones, lo amenazan diciéndole que está desaparecido y lo mantienen incomunicado. Hasta la fecha, su familia sigue bajo vigilancia de la inteligencia militar venezolana.
El testimonio de Caldera, padre, aporta indicios sobre la existencia de centros clandestinos de detención en otras ciudades del país, además de Caracas. Una fuente militar que pidió mantener su nombre en reserva señala que han operado centros “no oficiales” de detención, bajo el mando de la Dgcim, en Carabobo, Cojedes y Táchira.
La ONG Justicia Venezolana, en su informe semestral de marzo a agosto de 2021, registró los nombres de 250 militares procesados por razones políticas. De ellos, al menos 114 vivieron una desaparición forzada breve al momento de la detención. De la lista de 134 personas secuestradas por el Estado que documentó la organización de derechos humanos Provea entre 2013 y 2018, 51 padecieron desapariciones forzadas solo en 2018 por un período de entre dos a 11 días.
“Las desapariciones se han repetido mucho en los tres últimos años [del 2018 al 2021], yo creo que no hay casi ninguna persona detenida por motivos políticos que no haya sufrido una desaparición”, señaló un activista de derechos humanos, quien por seguridad prefirió reservar su nombre.
De esas 51 personas desaparecidas temporalmente, la Dgcim detuvo a 46, lo que sería un indicio de su protagonismo en estas irregularidades. En su informe presentado en septiembre de 2022, la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos de la ONU informó que había investigado 122 casos de militares, exmilitares y familiares que habían sido arrestados y torturados por la Dgcim entre el 12 de febrero de 2014 y la actualidad. También estudió otros 90 casos donde actuó el Sebin, el cuerpo de policía política.
El Instituto Casla, que consolidó en un informe el testimonio de 83 víctimas entre 2016 y 2019, también señaló a la Dgcim como el organismo con mayor protagonismo en las detenciones arbitrarias.
Las detenciones en las que participó la Dgcim por lo regular se producían de día, en el lugar de trabajo del detenido o en una base militar, o al convocar a la persona a una reunión. Los funcionarios no se identificaban y era frecuente que se cubrieran el rostro y utilizaran sobrenombres. En el caso del Sebin, el método fue vigilar a la persona por un tiempo y luego detenerla, en el hogar o un lugar público. Actuaron sin orden judicial, utilizando la fuerza o la violencia para allanar las viviendas, incautar artículos, derribar puertas y entrar por las ventanas.
La Misión de la ONU describe en su informe que en varios casos hubo discrepancia entre la fecha del último paradero conocido de la víctima y la fecha oficial de la detención o de la orden correspondiente: “En el acta oficial se solía consignar la fecha de la detención dentro de las 48 horas anteriores a la comparecencia inicial, supuestamente para que pareciera que se cumplía el plazo establecido por la ley”.
Así ocurrió con el hermano de N.R. El 27 de marzo de 2020 lo presentaron ante tribunales, señalando que fue detenido dos días antes, cuando en realidad ya sumaba casi diez días desaparecido, desde el 18 de marzo, cuando fue interceptado. Durante ese período permaneció en una casa clandestina, donde fue torturado.
“Durante esos nueve días lo quemaron con cigarrillos, lo guindaron en una reja desnudo y pasando frío toda la noche. Luego, lo subieron al segundo piso de esta casa, donde lo sentaron en una silla y lo golpearon con palos de golf y luego con un martillo en los dedos de los pies, manos, tobillos, rodillas y talones. Cuando se desmayaba del dolor, lo despertaban con un balde de agua fría”, cuenta su hermana.
En 2021, la Misión de la ONU señaló que los jueces y fiscales participaban en la emisión retroactiva de órdenes de aprehensión y en la inclusión sistemática de actas de detención “inexactas o engañosas” en el expediente judicial. “En algunos casos, las fechas oficiales de detención parecen encubrir periodos en los que las personas afirman haber sufrido desapariciones forzadas de corta duración durante los cuales estuvieron incomunicadas y fueron sometidas a tortura o a tratos crueles, inhumanos y degradantes, incluida la violencia sexual”, se lee en el informe del organismo.
Este es un patrón que organismos internacionales, ONG y activistas de derechos humanos han documentado desde 2014, y que intentan siempre que quede registrado ante el tribunal de cada caso y el Ministerio Público. “Siempre tratamos de dejarlo documentado en las actas de presentación”, dijo un abogado y defensor de los derechos humanos, quien prefirió reservar su nombre por seguridad.
Aunque los procesados narren cómo fueron detenidos y presenten “información creíble sobre las irregularidades o ilegalidades en las detenciones”, eso nunca garantiza el inicio de una in
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