Investigación periodística denuncia uso excesivo de la fuerza y de la violencia, que deriva en torturas y tratos crueles e inhumanos a opositores políticos en Venezuela

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Por Varios Autores
armando.info

De un cuerpo especializado para afrontar a potenciales enemigos externos a una banda que secuestra y martiriza a opositores políticos: la conversión de la Dirección de Contrainteligencia Militar ha coincidido con la gestión de Alexander Granko Arteaga en un cargo clave. Su responsabilidad en el régimen de torturas no es solo intelectual; numerosos testimonios le muestran ordenando en persona, e incluso infligiendo, castigos físicos. Eso sí, la fama que tiene no la ganó de modo espontáneo: sigue órdenes del general Hernández Dala, director de la Dgcim, de quien ha pasado a ser su ‘mano negra’.

“Ejecutar operaciones de contrainteligencia que impidan, corten y prevengan las actividades de espionaje e inteligencia enemiga; así como contribuir con la investigación penal en el ámbito militar y civil para garantizar la protección del Comandante en Jefe y la seguridad de la FANB”: tal es la misión que la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim), según publica en su sitio web oficial.

Sin embargo, en los últimos años, en el cumplimiento de esta misión, la Dgcim ha ejercido el uso excesivo de la fuerza y de la violencia, que deriva en torturas y tratos crueles e inhumanos. Estos actos son cometidos tanto en su sede oficial en Boleíta como en centros de detención clandestinos en distintas zonas de Caracas.

El reciente informe de la Misión Internacional de Determinación de Hechos de la ONU reveló que, desde la llegada de Nicolás Maduro, la Dgcim “empezó a atacar a las enemigas y los enemigos reales o percibidos de la FANB [por Fuerza Armada Nacional Bolivariana]”, un cambio en su enfoque original, desde la mera recopilación de información sobre el enemigo externo, a la de contrainteligencia frente al enemigo interno.

Los casos que la Misión investigó incluyen los de 122 oficiales y exoficiales de la FANB y civiles vinculados con ellos, que fueron arrestados, detenidos y torturados por la Dgcim entre el 12 de febrero de 2014 y septiembre de 2022. En ese lapso, el período entre 2017-2019 fue el que presentó el mayor número de detenciones, que ocurrieron sin órdenes de arresto, incumpliendo el debido proceso y llevando a las víctimas a la desaparición forzada.

Testimonios de 14 víctimas entrevistadas para esta investigación y que fueron torturadas en sitios no oficiales, coincidieron en que el órgano responsable de sus detenciones fue la Dgcim. Solo en algunos casos, actuaba junto al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin, policía política) y a la Fuerza de Acciones Especiales (FAES, adscrito a la Policía Nacional Bolivariana).

La Dgcim, que hasta 2011 se conocía como la Dirección General de Inteligencia Militar, forma parte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). En la actualidad, el presidente de la República es quien detenta su control funcional y organizativo, en su rol de Comandante en Jefe de la FANB.

Nueve meses después de asumir la presidencia, Nicolás Maduro designó al general Iván Hernández Dala como nuevo director en la Dgcim, según se difundió en la Gaceta Oficial N°40.333. Hernández Dala en junio de 2018 fue sancionado por la Unión Europea y en febrero de 2019 por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

«Estamos sancionando a los funcionarios a cargo del aparato de seguridad e inteligencia de Maduro, que ha violado sistemáticamente los derechos humanos y ha reprimido la democracia, incluso mediante la tortura y otro uso brutal de la fuerza», dijo ese año el entonces secretario del Tesoro de la administración Trump, Steven Mnuchin.

Un abogado y especialista en Derecho Penal, quien ha llevado decenas de casos de militares y civiles detenidos por la Dgcim y reserva su nombre por seguridad, asevera que este organismo ha distorsionado su función en la última década: “Antes no era un órgano policial represor ni de investigación en el proceso penal. En los ultimos tiempos, se ha dedicado a trabajar como organización auxiliar de investigación, extralimitando su funciones, aplicando intimidación y tortura y actuando, además, por encima del Ministerio Público. Esto afecta la institucionalidad de la justicia y de la Fuerza Armada y lo convierte en un organismo que actúa a favor de un sector político”.

En los últimos cuatro años, cifras de organismos locales arrojan que la Dgcim ha tomado un rol protagónico en las detenciones y torturas. En 2018, Provea informó que 75 % de los torturados de ese año habían sido militares y que la Dgcim fue el cuerpo encargado de capturarlos.

La tortura institucionalizada

La Dgcim detiene, recluye y tortura. La Misión de la ONU, en su informe de 2022, al dar cuenta de los 122 casos en los que las víctimas fueron sometidas a tratos crueles y degradantes por miembros de este cuerpo represivo, también señala que esto se practica en centros clandestinos. Aunque hay denuncias sobre ellos desde el menos 2013, a partir de 2018 se intensifica su uso. La Misión refiere que, al menos, 24 personas fueron torturadas en esos centros “no oficiales”.

“Desde el 2017 la Dgcim ha venido ocupando un papel cada vez más estelar en la maquinaria represiva de Nicolás Maduro. Solo en 2018 este organismo élite estuvo involucrado en 431 casos de violaciones a la integridad personal que incluyeron torturas; tratos y/o penas crueles, inhumanas y degradantes; allanamientos ilegales; heridas y/o lesiones; y amenazas y hostigamiento”, puntualizó la ONG Provea ese año.

Por su parte, la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, una ONG de defensa de presos políticos y de denuncia de la tortura en Venezuela, comentó que los casos de detenciones que ha llevado desde 2019, han sido todos ejecutados por la Dgcim: “Hay un mecanismo de persecución contra todo aquel considerado un peligro para la estabilidad del régimen”.

La mayoría de las detenciones de los militares ejecutadas por la Dgcim ha sido contra aquellos que habrían participado en supuestos planes conspirativos. Organizaciones como Human Rights Watch (HRW) y Amnistía Internacional (AI) han denunciado este patrón. “El gobierno venezolano ha arremetido brutalmente contra militares acusados de conspiración”, dijo en 2019 José Miguel Vivanco, en ese entonces director para las Américas de HRW. Agregó Vivanco que los detenidos  por la Dgcim sufrieron “abusos aberrantes que constituyen tortura para obligarlos a aportar información sobre supuestas conspiraciones”.

La Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia recalca que, desde 2017, los patrones de tortura han variado y que la Dgcim adoptó un rol más activo. “Desde ese año empezamos a escuchar en los casos la inyección de sustancias psicotrópicas a los capturados. Por otro lado, aumentó la detención a militares, ya que hay un malestar en las Fuerzas Armadas. Pero el que tenga un mensaje contrario al Gobierno o se queje, es detenido”, señaló una integrante de esta organización, quien prefirió reservar su nombre por seguridad.

Desde esta organizacion explicaron que hay una tortura generalizada que incluye: desgarramiento de las uñas, cortes en la piel, golpes con piedra y bates en pies y tobillos para imposibilar la caminata. “Se ha institucionalizado la tortura. Es una práctica común que nadie cuestiona, lo que le da carta blanca a la Dgcim para continuar actuando de esta manera”, dijo.

El control de las casas clandestinas

El segundo al mando de la Dgcim es el Director General Adjunto. Esta posición la ocupó el general Manuel Cristopher Figuera desde 2014 hasta el 26 de octubre de 2018, cuando pasó a ser director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). Sin embargo, un año después, se separó del gobierno de Maduro y tras el fracaso de la intentona del 30 de abril de ese año huyó a Estados Unidos, donde ha reconocido en distintas entrevistas que en las sedes de estos organismos se torturaba.

Figuera fue sustituido por el general Ramón Rafael Blanco Marrero, sancionado en 2019 tanto por el gobierno de Estados Unidos como por la Unión Europea. Lo reemplazó en agosto de 2020 el general Carlos Ramón Enrique Carvallo Guevara, quien se desempeña en el cargo todavía en la actualidad.

Esta estructura de mando de la Dgcim comprende distintas direcciones. Sin embargo, es la Dirección de Asuntos Especiales (DAE) la que acapara los señalamientos por parte de defensores de derechos humanos, abogados, víctimas y antiguos empleados de la Dgcim. De acuerdo con el último informe de la Misión de Naciones Unidas, es un “grupo de choque” que no figura en su jerarquía formal y que actúa como una “fuerza paramilitar separada”.

Esta misma investigación resalta que la DAE tiene dos bases en Caracas, una en Los Naranjos, en la avenida sur 3, Quinta La Fontana, y la otra en Lomas de las Mercedes, donde operan dos subgrupos: Chacao y Petare. Ambas locaciones se encuentran en urbanizaciones de clase media-alta del sureste de Caracas. Siempre según la Misión, estos lugares también han sido utilizados como centros de detención clandestinos, donde se tortura a disidentes. Además, la DAE tiene varias oficinas bajo la fachada de una supuesta Dirección de Seguridad Integral, que trabaja con empresas del Estado, como Minerven, Carbozulia y Petrozamora, donde se fabrican y comercializan productos estratégicos.

“Estas casas empezaron a tener más uso en 2017, en la época de las protestas y el control lo tenía la Dirección de Acciones Especiales. La orden era utilizar estos sitios para desaparecer a la víctimas, torturarlas y obtener información. Antes se usaban para reuniones clandestinas o fiestas privadas”, dijo un antiguo funcionario de la Dgcim para esta investigación. Fue a finales de ese mismo año de 2017 en el que, por más de tres meses, hubo manifestaciones en contra de Nicolás Maduro en varias ciudades del país, cuando Alexander Granko Arteaga asumió las riendas de la DAE.


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Semanario El Venezolano. Madrid, del 03 al 16 de agosto de 2022

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