La peligrosa relación en Panamá de los bufetes Arias, Fábrega & Fábrega (ARIFA) y Rolando Candanedo con el traficante de armas chileno Carlos Remigio Cardoen Cornejo

Por Alberto Arellano (CIPER) y Francisca Skoknic (LaBot)
CIPER | Chile

La filtración de más de 86 mil registros del bufete ARIFA de Panamá revela cómo el ex comerciante de armas, Carlos Cardoen, constituyó en ese país una fundación y una red de sociedades offshore para manejar sus negocios. La primera se registró en 1985, cuando ya exportaba bombas a Irak. Recién en 2006, los abogados de ARIFA se preocuparon del pasado de Cardoen y quisieron cortar la relación. Desistieron cuando se les informó que en Chile “sus asuntos con Estados Unidos” los conducía un estudio jurídico que tenía entre sus socios al ministro de Justicia de la época, Isidro Solís. Hoy Cardoen está a la espera de que se resuelva una solicitud ante la Cancillería para revertir la alerta roja de Interpol que le impide salir del país.

En marzo de 2006 se encendió una alarma en las oficinas del bufete Arias, Fábrega & Fábrega (ARIFA), una de las firmas más connotadas del mercado offshore en Panamá. Entre varios de los servicios legales que ARIFA ofrece a corporaciones y grandes empresas en materias de regulación, está también el de la planificación tributaria a través de sociedades, fundaciones y fideicomisos para clientes de alto patrimonio en distintas jurisdicciones. A ellos se refiere como “clientes selectos”.

Uno de esos selectos fue el empresario chileno y ex fabricante de armas Carlos Cardoen Cornejo. Desde 1993 Cardoen arrastra una orden de captura de la Interpol, luego de que Estados Unidos lo acusara de exportar circonio ilegalmente desde ese país, elemento químico con el que confeccionó armamento que luego comercializó con el régimen iraquí de Saddam Hussein.

Carlos Remigio Cardoen Cornejo

La relación de Carlos Cardoen con ARIFA es de larga data y se remonta a la década de los ’80, cuando el empresario ya era un prominente comerciante de armas y le proveía de bombas de racimo a Irak en medio del conflicto con Irán. Estados Unidos, que sabía de ese negocio, no puso reparos hasta agosto de 1990. Fue entonces cuando Irak invadió Kuwait y el tablero geopolítico se dio vuelta. También la situación de Cardoen.

Antes de que eso ocurriera, el empresario vivía un auspicioso presente. En diciembre de 1985, solicitó los servicios de ARIFA para constituir en Panamá Farkit Trading Corporation, sociedad que fue descubierta por CIPER en una investigación de 2019. Poco se sabe de ella. Datos recientes recogidos por CIPER y LaBot indican que a través de esa offshore panameña Cardoen compró cerca de 60 hectáreas agrícolas en la provincia de Colchagua (Región de O’Higgins) donde hoy vive y concentra sus negocios.

Fue recién en 2006 que los ejecutivos de ARIFA parecen haberse percatado del nutrido pasado de Cardoen y de sus líos con la justicia estadounidense. En marzo de ese año, uno de los socios del bufete panameño notificó por carta a un alto ejecutivo de Empresas Cardoen que “por motivos del giro de la empresa” no seguirían teniéndolo como cliente. ¿La razón? Según se lee en un documento reservado, habrían tomado “conocimiento de que Empresas Cardoen se dedica o se dedicaba a la producción y venta de armamento bélico”.

Ese documento forma parte de más de 86 mil registros filtrados de la firma ARIFA. Los archivos fueron recibidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) tras la publicación de los Pandora Papers y compartidos con CIPER, LaBot y otros medios regionales. La mayoría refiere a registros –contratos, acuerdos financieros y escrituras– creados entre 1990 y 2013.

Tras un largo intercambio de comunicaciones ARIFA echó pie atrás en su decisión. Lo hizo luego de que Marcia González, gerenta de Asuntos Legales y Corporativos de Empresas Cardoen, enviara un email al bufete detallando la situación legal de Cardoen con Estados Unidos e indicando que la firma que representaba al empresario en esa disputa tenía entre sus socios al entonces ministro de Justicia del gobierno de Michelle Bachelet, Isidro Solís.

“No tengo ninguna información sobre la carta (email) que me menciona, no conocí de su existencia ni se me consultó o pidió autorización para enviarla. Conozco socialmente a Carlos Cardoen Cornejo hace muchos años y tengo una gran opinión sobre él, sin embargo nunca le he prestado servicios profesionales. No lo he hecho ni personalmente ni a través de mi sociedad de asesorías profesionales, ni a él cómo persona ni a ninguna de sus empresas, particularmente porque colegas con los cuales he tenido oficina en conjunto han sido sus abogados hace muchos años; por lo mismo puedo declarar que nunca he recibido pagos de ningún tipo ni de Carlos Cardoen ni de ninguna de sus empresas”, respondió Solís.

El ex ministro dejó de ser socio del estudio Hermosilla, Solís, Levi, Yaconi & Cía. en 2013. La defensa del empresario ha estado históricamente encabezada por el abogado Juan Pablo Hermosilla, quien no quiso hacer comentarios para este reportaje.

Luego de que los abogados panameños decidieran conservar a Farkit Trading en su cartera de sociedades, se crearon nuevas entidades en Panamá vinculadas a Cardoen. A fines de 2006 y de la mano del mismo bufete, se constituyó una fundación de interés privado (FIP): la Fundación Colchagua, donde Carlos Cardoen aparece como principal beneficiario. La existencia de esta fundación fue dada a conocer en 2017 por un reportaje de The Clinic (ver aquí). Otras dos offshore panameñas relacionadas con Carlos Cardoen y la Fundación Colchagua también quedaron bajo la administración de ARIFA.

De acuerdo con un documento interno de ARIFA que promociona el uso de fundaciones de interés privado, estas se usan generalmente como vehículo de planificación patrimonial. Una de sus grandes ventajas, precisa el informe, es el secreto: “La fundación evita que los activos se mantengan directa o indirectamente a nombre del cliente” y en cualquier momento se pueden transferir a sus beneficiarios sin que ello genere “consecuencias fiscales en Panamá”. De esas eventuales transacciones no queda huella, pues “no hay registros públicos involucrados, siendo la documentación totalmente privada”.

CIPER y LaBot le enviaron un extenso cuestionario por escrito al empresario sobre su fundación y sociedades en Panamá, los movimientos que pudieron tener, y el objetivo de informarle a ARIFA que el ministro de Justicia era socio del estudio de abogados que lo defendía. Desde Empresas Cardoen respondieron que “las estructuras financieras en Panamá son estructuras muy antiguas que obedecieron a los efectos de la alerta roja en 1993 (cuando se decretó la orden de captura internacional), donde se hacía muy difícil la actuación financiera”. Agregaron que estaban trabajando permanentemente para reducir aquella estructura y que “los flujos financieros de la familia Cardoen están en Chile”. Respecto del abogado Solís, dijeron que “nunca ha sido abogado del señor Cardoen ni de sus empresas”

Hoy Cardoen se encuentra a la espera de que la Cancillería se pronuncie sobre una solicitud presentada por los abogados del empresario para conseguir un amparo diplomático con el que buscan que el gobierno interceda para levantar la alerta roja que le impide moverse fuera del país. La inédita petición tomó fuerza hace algunas semanas, luego de que tras una consulta de la Subsecretaría de Relaciones Exteriores sobre cómo proceder, la Contraloría General de la República instruyera a esa repartición iniciar un proceso administrativo para resolver el requerimiento. Como no existe precedente al respecto, el naipe está totalmente abierto.

Cabe recordar que la solicitud de amparo diplomático fue presentada poco después de que, en agosto de 2020, la Corte Suprema rechazara una petición de Estados Unidos para extraditar al empresario.

Años antes de que se convirtiera en un enemigo para Estados Unidos –país donde obtuvo un doctorado en Metalúrgica de la Universidad de Utah–, Carlos Cardoen amasaba fortuna y reputación como un prominente fabricante y exportador de armas. En su origen, el negocio de Cardoen fue impulsado por solicitud del régimen de Augusto Pinochet para proveerle de armamento en caso de guerra con países vecinos.

Parte de sus operaciones se concentraba en Miami, donde en agosto de 1984 y de la mano de sus colaboradores registró la sociedad Swissco Management Group Inc., la que a comienzos de la década de los ’90 quedaría bajo el radar de la justicia estadounidense envuelta en la trama de importación de circonio.

En Miami, Cardoen se codeó con hombres de negocios y políticos. En 1986, por ejemplo, participó de una actividad de recaudación de fondos para la campaña senatorial del candidato demócrata Bob Graham, quien en ese entonces y desde 1979 ocupaba el puesto de gobernador de Florida. Según el diario local St. Petersburg Times –hoy Tampa Bay Times– ambos se conocieron luego de que Graham y su esposa le vendieran al empresario chileno su casa de Miami Lakes en US$ 575 mil. Cardoen pasó a formar parte del comité de “Amigos de Bob Graham”. Su relación con el político estadounidense le traería problemas años después.

El negocio armamentístico de Carlos Cardoen iba en alza y ya exportaba decenas de millones de dólares anuales a Irak. La compra de ese bien raíz fue el inicio de una serie de inversiones en Miami que lo llevaron a amasar un feudo inmobiliario avaluado en unos unos US$30 millones de la época, según cálculos del gobierno norteamericano.

Fue a mediados de esa década que Carlos Cardoen abrió su primera sociedad en Panamá. Farkit Trading Corporation fue registrada por abogados de ARIFA el 13 de diciembre de 1985. Un estudio de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) de 1992 sobre inversión extranjera en Chile, indica que en 1986 esa sociedad panameña invirtió US$600 mil en la compra de predios agrícolas en el país.

La revisión de documentos notariales en Chile arroja que se trató de tres terrenos adquiridos en abril de ese año en la Provincia de Colchagua (Fundo Uva Blanca y Parcelación Santa Juana), la misma donde hoy el empresario concentra sus negocios turísticos, agrícolas y vitivinícolas. Por esos predios, que suman poco más de 60 hectáreas, pagó un total de $114 millones de la época.

Un año y medio después de esa compra, en noviembre de 1987, la panameña Farkit aportó esos terrenos como capital para la constitución de una nueva sociedad en Chile: Inmobiliaria Los Lirios Limitada. Farkit terminaría retirándose de Los Lirios en el año 2000 y cediéndole sus derechos en esa sociedad a Everton Holdings Limited, otra offshore propiedad de Cardoen constituida en 1998 en el paraíso fiscal de Gibraltar.

En octubre de 2013 Everton fue re-domiciliada en Panamá. Hasta entonces, contaba con activos por más de 78 millones de euros y pasivos por cerca de 32 millones de euros. De acuerdo con un reportaje de CIPER, el 2011 todas las líneas de negocio bajo el paragua de esa sociedad –hoteles, energía, viñas, inmobiliario y otros– tuvieron ingresos por un total de 38 millones de euros y ganancias por 14,4 millones de la misma moneda.

En 1990, Cardoen ya contaba con media docena de fábricas de armamento y municiones –además de filiales en algunos países de Latinoamérica y Europa– que daban empleo a entre 800 y 1.000 personas.

Pero todo cambió cuando Estados Unidos lo acusó de haber comprado circonio en ese país ocultando que el material sería utilizado en la fabricación de armamento, lo que habría requerido de una autorización especial del Departamento de Estado. Lo adquiría a la empresa estadounidense Teledyne, que informaba que el fin de la exportación era el uso en explosivos para empresas mineras en Chile y Perú.

En total se le imputaron ocho delitos, entre ellos el de conspiración para exportar ilegalmente circonio para fines bélicos, lo que le habría permitido vender 24 mil bombas de racimo a Irak por US$ 150 millones entre 1982 y 1989. El régimen de Saddam Hussein era un antiguo aliado de Estados Unidos que se había transformado en enemigo desde la invasión a Kuwait en 1990 y contra el que existía un embargo para el envío de armamento.

Teledyne se declaró culpable y debió pagar una multa de US$3,9 millones, mientras que uno de sus ejecutivos fue condenado a 41 meses de prisión. Swissco –la empresa de Cardoen en Florida involucrada en el engranaje para la importación de circonio–, también fue condenada por dos delitos y multada con US$1,3 millones. Según una declaración jurada que brindó el agente especial del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Ricardo González, en el juicio el gerente de Swissco declaró que Cardoen le había dicho que había que tener cuidado porque los permisos de exportación eran de uso minero y los usaban para fabricar armas.

Carlos Cardoen con Saddam Hussein.

No fue todo. La Reserva Federal le confiscó cuentas corrientes e inversiones inmobiliarias –terrenos, complejos de oficinas y subdivisiones para un enorme proyecto habitacional– en Miami y Orlando, bajo la sospecha de lavado de activos. Luego de que sus abogados llegaran a un acuerdo con el gobierno estadounidense, esa investigación fue desestimada y parte de sus activos le fueron restituidos.

Aunque inesperado, al ex comerciante de armas se le abrió un tercer frente. En junio de 1992, el senador Bob Graham iba a la reelección y miembros del Partido Republicano lo acusaron de haber recibido dinero de Cardoen para financiar la campaña que le permitió en 1986 dar el salto desde la gobernación al senado. Se hablaba de que la suma llegaba a US$50 mil. La Federal Election Comission (FEC), con sede en Washington, abrió una investigación. No solo se acusaba que eran dineros provenientes de la venta de armamento a Irak, negocio por el que ahora Cardoen era perseguido, también porque se habría violado la normativa electoral estadounidense que prohíbe a un ciudadano extranjero financiar directamente campañas locales.

A través de sus abogados en Estados Unidos, Carlos Cardoen envió entonces una extensa respuesta argumentando que él no había financiado a Graham y que tampoco había sido el responsable de organizar la actividad de levantamiento de fondos para su campaña.

La FEC detectó depósitos por un total de US$12 mil en las cuentas asociadas a la campaña del senador demócrata. Las transferencias fueron realizadas por cercanos a Cardoen que conocían a Graham, según se acreditó, antes de que el empresario aterrizara en Miami. El expediente en su contra fue archivado (ver aquí).

Recién 21 años después de que Farkit Trading, la sociedad de Cardoen en Panamá, fuese registrada por ARIFA, los abogados de la firma repararon en el pasado del comerciante de armamento. Ahí fue cuando iniciaron gestiones para eliminarlo de su listado de clientes.

La respuesta que se le hizo llegar desde Chile el 15 de junio de 2006 fue que Empresas Cardoen había dejado el negocio de las armas hace más de 10 años, lo que para entonces no estaba del todo claro. Un reportaje de TVN del año 2000 denunció que Cardoen habría estado cerca de exportar bombas a Zimbabwe, país que luego las reexportaría a El Congo. Tras la publicación, el empresario desmintió esa información.

En la respuesta que recibió ARIFA se indicó, además, que las inversiones de Empresas Cardoen estaban ahora “en las áreas de hotelería, turismo, vitivinícola y energía”. También se les envió un memorándum con el detalle “de la situación del señor Cardoen con el gobierno de Estados Unidos”, agregando que el estudio de abogados Hermosilla, Solís, Levi, Yaconi & Cía. “que representa al señor Cardoen en sus asuntos en EE. UU., tiene como socio al Ministro de Justicia de la fecha, Isidro Solís”.

ARIFA reconsideró su decisión y mantuvo a Cardoen como cliente. Tres meses después, la firma constituyó una nueva sociedad en Panamá para el empresario colchagüino. Bombo Holdings –que un año después cambió su nombre a Pantanillo Corp.– fue registrada por ARIFA el 19 de septiembre de 2006.

A fines de ese mismo año, el 7 de diciembre, la malla offshore de Cardoen creció. Ese día se registró la Fundación Colchagua. En Panamá, las Fundaciones de Interés Privado (FIP) no funcionan –como sí lo hace la Fundación Cardoen en Chile, por ejemplo– como entidades dedicadas a la filantropía. Son más bien estructuras que operan como cajas fuertes para proteger bienes patrimoniales y planificar sucesiones o herencias.

Todas se rigen por un reglamento protegido por estrictas normas de confidencialidad. En el caso de la Fundación Colchagua, su reglamento indica que fue creada para “detentar, conservar, administrar, invertir, distribuir y disponer de los activos de la Fundación para el beneficio, el sostén, la manutención y la educación de los beneficiarios”.

Carlos Cardoen figura allí como protector y primer beneficiario de la fundación. “Mientras viva, será la única persona con derecho a disfrutar del activo de la Fundación y de sus ingresos”, se lee en el documento. Como segundo beneficiario figura otra sociedad panameña vinculada a Cardoen: Foucher Holdings Inc., constituida el 8 de agosto de 2000. En enero de 2007, Foucher, que era administrada por otra firma panameña, quedó también bajo la gestión de ARIFA y cambió de nombre a Totorilla Corp. Como tercera beneficiaria quedó Pantanillo Corp.

Carlos Cardoen junto a Augusto Pinochet.

Quedó también registrado que en caso de que ambas sociedades se disuelvan, la beneficiaria sería Inversiones Nancagua S.A. De ella participan todos los hijos del empresario a través de numerosas sociedades por acciones (SpA) y fue constituida en Chile el 7 de diciembre de 2006, mismo día en que se creó la Fundación Colchagua en Panamá. Nancagua es, además, accionista de la compañía Pantanillo.

Frente a una eventual inhabilidad de todas las sociedades antes mencionadas, se estipuló que la Fundación Cardoen quedara como última beneficiaria.

Por razones no del todo claras, en 2010 Carlos Cardoen cortó el vínculo con los abogados de ARIFA y dejó la administración de la Fundación Colchagua en manos de un nuevo agente registral: la firma panameña de Rolando Candanedo. Lo mismo hizo con Farkit Trading, Pantanillo Corp., Totorilla Corp. y Everton Holdings.

Fundación Colchagua fue disuelta en diciembre de 2013, aunque la escritura que instruyó esa decisión no se protocolizó hasta agosto de 2017, según papeles del Registro Público de Panamá. A diferencia de Farkit Trading, que aparece en ese mismo registro como “suspendida” por no pago de la tasa anual, el resto de las sociedades panameñas relacionadas con Carlos Cardoen figuran con estatus de “vigentes”.

En 2019, en una entrevista con La Tercera uno de los hijos del empresario, Andrés Cardoen, quien lidera los negocios en un rol ejecutivo, aseguró que no tenían ni tienen capitales en el exterior. En junio de este año, fue el propio Carlos Cardoen quien aseguró en una entrevista con La Segunda que no pertenecía “a ese grupo de empresarios que prefieren sacar sus capitales del país”.

A través del ICIJ se le hizo llegar un extenso cuestionario a ARIFA sobre las sociedades de Cardoen y también sobre la decisión que tomaron en 2006 de mantenerlo como cliente. Desde el bufete señalaron por escrito que la firma no tiene relación ni con las sociedades ni con la Fundación Colchagua desde mediados de 2010. Respecto de Farkit Trading, indicaron que fue incorporada en 1985 y que sus “registros no reflejan una relación entre esa compañía y cualquier individuo” mencionado en el cuestionario que se les envió (refiriéndose a Carlos Cardoen).

Agregaron que sus registros tampoco arrojaron que alguna de esas sociedades, sus accionistas o directores estuvieran envueltos en actividades que la firma clasifica de riesgo alto, como el lavado de activos, financiamiento del terrorismo, financiamiento de armas de destrucción masiva, corrupción o evasión de impuestos. “Con relación al año 2006, los registros públicos indican que a esa fecha el foco de los negocios de los beneficiarios de esas sociedades no estaba en sectores de alto riesgo”, dijeron.

En años recientes Carlos Cardoen no solo ha estado enfocado en sus negocios y en actividades de filantropía a través de la fundación chilena que lleva su nombre. También en revertir la alerta de Interpol. En el entorno de Cardoen señalan que al menos a partir de 2011 se solicitó el apoyo de la Cancillería chilena, “que colaboró, mandó notas”, pero que durante su segunda administración el gobierno de Sebastián Piñera “no se portó bien con él”, pues entre otras cosas no les avisó que habían recibido el pedido de extradición de Estados Unidos en 2019. Pese a ello, luego de que la Corte Suprema rechazara la solicitud para extraditarlo, decidieron hacer una solicitud formal, a través de un amparo diplomático, para que el gobierno chileno intercediera ante Interpol para levantar la alerta roja que desde 1993 le impide salir del país. Se invocaba un artículo de la ley del Ministerio de Relaciones Exteriores que establece que una de sus funciones es “proteger los intereses de Chile y los chilenos en el exterior”.

En respuesta a sus continuas gestiones, en febrero de 2016 la Comisión de Ficheros –organismo a cargo del manejo de los datos personales que recibe Interpol– había informado a los abogados de Cardoen su recomendación de que si en algún momento Chile rechazaba la extradición, el Secretariado General del organismo evaluara el caso. Por eso, la defensa de Cardoen buscaba que ahora el gobierno chileno notificara al organismo internacional acerca de la resolución de la Corte Suprema, de modo de que, cuando en 2024 Estados Unidos deba renovar la solicitud de alerta roja, se considere el nuevo estatus de Cardoen en Chile y eventualmente se levante la medida.

Sin embargo, la administración de Piñera no se pronunció acerca del amparo diplomático, sino que la entonces subsecretaria de Relaciones Exteriores, Carolina Valdivia, solicitó la opinión de la Contraloría acerca de si debía iniciarse un procedimiento administrativo para resolver el amparo. Casi un año tardó el ente contralor en responder a la subsecretaría, ahora encabezada por la abogada Ximena Fuentes.

El dictamen de Contraloría sorprendió al actual gobierno. Junto con reconocer que el amparo diplomático no está reglado por la normativa chilena, determinó que es una atribución discrecional de la autoridad respecto a la cual existen prácticas consuetudinarias a nivel internacional sobre el deber del Estado de proteger a sus connacionales cuando sus derechos se vean vulnerados por otros estados.  Al no existir un procedimiento específico, la Contraloría determinó que se deben aplicar los principios y normas de la Ley de Procedimiento Administrativo (ver dictamen).

Juan Pablo Olmedo, el abogado que representó a Cardoen en estas gestiones, calificó de “valiosa” la resolución de Contraloría y ya se reunió con la subsecretaria Fuentes, quien le informó que están analizando el dictamen. “Cancillería tiene en estudio cómo da curso a ese procedimiento administrativo que nosotros esperamos que sea favorable y que concluya con la defensa internacional de Chile ante Interpol para los efectos de poner a su disposición la sentencia y al mismo tiempo convocar a la Comisión de Ficheros y a la Secretaría General para revisar la alerta roja”, dice Olmedo.

Pese al optimismo del abogado, el análisis que hacen en Cancillería va más allá de la situación de Cardoen. En derecho internacional se considera que el amparo es un derecho del Estado y no del particular que lo solicita, lo que explica la discrecionalidad de la decisión, que es sobre todo política. La obligación de atenerse a un procedimiento administrativo implicaría cumplir una serie de requisitos, que concluirían con una decisión final reflejada en un acto administrativo, lo que no se ajusta con la práctica de realizar gestiones informales y políticas ante el Estado involucrado. Según un ex funcionario diplomático, lo más complicado sería que exigiría fundamentar la decisión.

Estas prácticas diplomáticas informales explican que no exista una jurisprudencia respecto a cómo el Estado chileno resuelve las solicitudes de protección diplomática. Además, hay muy pocos casos. Se conoce el del ex fiscal militar Alfonso Podlech, quien fue detenido en Madrid en 2008 y luego enviado a Italia, donde se le investigaba por la desaparición de un ciudadano de ese país durante la dictadura. Su abogado presentó un amparo diplomático para que el Estado chileno se hiciera parte en el juicio, tal como lo hizo cuando detuvieron a Augusto Pinochet en Londres, pero el entonces canciller Alejandro Foxley sólo le ofreció la protección consular que habitualmente se entrega a los chilenos que enfrentan problemas legales. Cuando el ex fiscal fue absuelto tres años después, en Italia hubo suspicacias respecto a una posible intervención del entonces Presidente Sebastián Piñera, quien días antes se había reunido con el primer ministro Silvio Berlusconi. Podlech volvió a Chile, donde acaba de ser condenado por otro caso a 20 años de prisión (ver aquí).

No se descarta que la Cancillería decida hacer alguna gestión ante Contraloría para que reinterprete su dictamen, de modo de que se ajuste a las prácticas diplomáticas. Luego se espera que la subsecretaria Fuentes se pronuncie acerca de si la solicitud de Cardoen es exactamente un amparo diplomático o bien resuelva el fondo de la solicitud.

Incluso, si optara por interceder a favor de Cardoen –decisión en que pesarían argumentos legales y políticos–, no es claro que aquello se traduzca en el levantamiento de la alerta roja activa. Conocedores del caso recuerdan que el fallo de la Suprema se basa en un tratado de extradición entre Chile y Estados Unidos, que exige que el delito por el que se busca juzgar a la persona exista en Chile y que además no haya prescrito. En el caso de Cardoen, la Corte Suprema determinó que no se cumplía ninguno de los dos requisitos. Sin embargo, en Estados Unidos y otros países no todos los delitos prescriben, por lo que el requerimiento contra Cardoen podría seguir vigente para lograr su captura si es que viaja fuera de Chile. Ya en 2005 el gobierno de Estados Unidos respondió a una solicitud humanitaria, cuando Cardoen tenía cáncer, informando que no dejaría de perseguirlo.

La solicitud de extradición de Carlos Cardoen que Estados Unidos envió en junio de 2019 había sido largamente esperada por el empresario chileno. Uno de sus argumentos para decir que la alerta roja que Interpol levantó en su contra en 1993 era injusta, era que Estados Unidos lo perseguía pero no hacía nada concreto por obligarlo a comparecer ante la justicia de ese país, pese a saber dónde ubicarlo.

Aunque parezca contraintuitivo, el tardío intento por extraditarlo era una buena noticia para Cardoen. No era difícil prever que la justicia chilena dictaminaría –tal como lo hizo–, que la solicitud estadounidense no cumplía con dos requisitos básicos establecidos en el tratado bilateral de extradición: que el delito por el que se le requiere no estuviera prescrito en Chile y que además estuviera tipificado en la legislación nacional.

En el expediente del juicio de extradición que llevó a cabo el fallecido ministro Carlos Aránguiz se encuentran decenas de documentos entregados por la defensa de Cardoen. Algunos de ellos intentan demostrar un punto que el empresario ha defendido por años: que Estados Unidos siempre supo que exportaba bombas a Irak y que sólo lo persiguieron tras la invasión de ese país a Kuwait.

Lo cierto es que se trataba de un hecho público. Tanto el archivo de The New York Times como el del Washington Post contienen artículos que hacen referencia a esas exportaciones. El 18 de octubre de 1987 el Post publicó una nota que explica que Cardoen se había convertido en el mayor productor de armas chileno gracias al bloqueo de Estados Unidos durante el régimen de Pinochet. Según dijo el propio Cardoen a ese periódico, exportaba anualmente US$100 millones en armas a Irak y la nota recalca que las bombas de racimo eran fabricadas en Iquique, pero se terminaban de armar en ese país. “No tengo nada que esconder… Mientras más gente nos conozca, más gente nos va a querer”, concluía diciendo Cardoen.

Pocos meses antes, en su entrevista con el Times Cardoen incluso había criticado a empresas de otros países que negaban sus exportaciones a Irak pese a que él los veía competirle en ese mercado. “Le puse mi nombre a esta empresa y hay una razón para eso. Estamos orgullosos de lo que estamos haciendo”, dijo Cardoen acerca de su apertura sobre el negocio. Sin embargo, Industrias Cardoen no era el nombre con el que realizaba las operaciones para importar circonio, sino su sociedad Swissco, basada en Florida.

En el juicio de extradición, la defensa de Cardoen también buscó probar que Estados Unidos sabía que las compras de circonio eran para las bombas de racimo, para lo cual se adjuntó un viejo testimonio del excomandante en jefe de la Fuerza Aérea, Fernando Matthei, donde hace referencia a una conversación con un diplomático estadounidense (ver aquí).

En Chile, el ministro Aránguiz consideró insuficientes los antecedentes presentados por Estados Unidos y le parecieron creíbles casi todos los argumentos entregados por la defensa de Cardoen, aunque el rechazo de la extradición no se justifica por la inexistencia del delito, sino por las dos condiciones que pone el tratado de 1900 entre Chile y Estados Unidos: que los delitos imputados no existen en la normativa chilena y que tanto el delito como la acción penal están prescritos.

Aunque el fallo, ratificado luego por la Suprema, fue un éxito para Cardoen, hasta ahora no ha cambiado en nada su situación. Es por eso que recurrió al Ministerio de Relaciones Exteriores en busca de que haga gestiones ante Interpol para que dicho organismo considere el rechazo de la extradición como un argumento para levantar la alerta roja.




Semanario El Venezolano. Madrid, del 03 al 16 de agosto de 2022

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