Por Lola Solís
El software Pegasus, desarrollado por la empresa israelí de armas cibernéticas NSO Group, continúa causando controversia en España.
Un software que inicialmente fue creado con el propósito de espiar a terroristas y narcotraficantes, ha sido utilizado luego, en distintos países del mundo, con fines políticos.
El Gobierno presidido por Pedro Sánchez ha denunciado que a través de factores externos, distintas personalidades, incluyendo ministros, figuras encargadas de la seguridad e inteligencia española, además del propio Sánchez, han sido espiados con el uso del software israelí Pegasus.
La responsabilidad del espionaje le es atribuida a cabecillas del proceso independentista en Cataluña, además de a autoridades provinciales catalanas.
Personas consultadas, familiarizadas con el asunto, señalan que uno de los asesores, en materia de seguridad, de líderes del independentismo catalán y en la contratación de empresas que se encargarían de utilizar el software israelí para el espionaje de personalidades del Gobierno español, es el coronel Leo Gleser.
El trabajo de Gleser incluiría asesorías sobre el uso de herramientas de espionaje, las compañías que deben ser contratadas para ese propósito y en qué dirección deben ir los esfuerzos de la conspiración independentista catalana para impactar al Gobierno de Sánchez.
¿Quién es Leo Gleser?
Gleser nació y vivió en Argentina hasta los veinte años, cuando se unió al ejército israelí. Sirvió en el comando de Haruv, en la frontera con Jordania, y también operó en Gaza. Gleser reconoció en el diario Haaretz que esta experiencia en unidades antiterroristas «fue una preparación excelente para las cosas que hago hoy». Después de una etapa con la aerolínea israelí El Al como jefe de seguridad destinado a México y España, en 1979 inició su aventura latinoamericana, donde sería conocido como el «Coronel Gleser».
La contribución de ISDS, empresa propiedad de Leo Gleser, en la guerra sucia en América Central, ha sido explicada en varios artículos en Haaretz, El País y en un libro de Jon Lee Anderson. Autorizada por el gobierno israelí, ISDS habría proporcionado instructores y vendido material militar al gobierno de El Salvador para formar unidades especiales contra la guerrilla de izquierdas. El traficante de armas armenio Gerard Lachtanian dijo haber contratado a Gleser porque ISDS creara y formara en Honduras, entre 1981 y 1984, tanto a la guardia personal del presidente Roberto Suazo Córdova como a los «escuadrones de la muerte» del general Gustavo Álvarez Martínez, jefe de las Fuerzas Armadas y promotor de los excesos que supusieron almenos 250 ciudadanos asesinados o desaparecidos. ISDS proporcionó armas de la compañía Israel Military Industries y entrenó a la contra nicaragüense en la base de Tamara, cerca de Tegucigalpa. ISDS también trabajó en estos años con militares o paramilitares de México, Perú, Guatemala y Ecuador, de donde tuvo que huir tras ser acusado de secuestrar e interrogar recurriendo a la tortura, todo negado por Gleser. En América Latina, ISDS ha ofrecido cursos de «terror selectivo», «lucha urbana anti- terror» o «inteligencia y contra- inteligencia».
Según Yossi Melman, en Haaretz: «En Israel el sistema funciona así: El Ministerio de Defensa, el Ministerio de Exteriores o el Mossad reciben una petición para proporcionar asesoría de seguridad o para entrenar al ejército o fuerzas de seguridad para el gobernante de un país, normalmente un tirano. Como las autoridades no pueden o no quieren asistir al gobernante directamente, aunque ven su petición como importante para promover seguridad o intereses políticos, piden a una compañía privada que proporcione los servicios solicitados». Según Melman, durante años el Coronel Gleser fue descrito como el mercenario israelí que asistía a regímenes represivos. A Gleser le irrita que le digan mercenario, y lo niega. «Nunca he roto la ley», asegura, como si una cosa no estuviese relacionada con la otra. ISDS dice defender la «seguridad de la Patria y de sus valores nacionales», sin explicar cómo esto puede ser llevado a cabo por extranjeros, particularidad que sí casa con la definición de mercenario.
En Cataluña ISDS habría prestado servicios de espionaje y contra-vigilancia a la familia de Jordi Pujol cuando fue investigada en 1992 por los servicios secretos españoles; impartido en 1989 un curso de mando en el Servicio de agentes Rurales; realizado un plan de emergencia para el Palau Robert y otro de seguridad integral para el edificio Torreferrusa, ambos públicos; o proporcionado equipos de seguridad al Departamento de Agricultura. Al menos cinco departamentos o entidades de la Generalitat fueron mencionados en una larga lista de clientes que ISDS presentó ante la División de Seguridad del Comité Organizador Olímpico Barcelona 92. En el momento de todos estos contratos, ISDS no estaba legalizada en España y existieron claros conflictos de intereses y favoritismos.
ISDS también declara haber tenido como clientes a Repsol-YPF, el Banco Santander, el Puerto de Barcelona, El Corte Inglés, Galerias Preciados, Telefónica y los Juegos Olímpicos de Barcelona 92. Y preocupa, que sus formas y experiencia hayan entrenado, según señala ISDS, el Grupo Especial de Operaciones (GEO), la unidad de élite del Cuerpo Nacional de Policía.
Un artículo publicado en La Directa número 350 sobre las relaciones comerciales de defensa y seguridad entre España e Israel, firmado por Alejandro Pozo, investigador del Centre Delàs d’Estudis per la Pau y coautor de «La Defensa, la Seguridad y la Ocupación como Negocio. Relaciones comerciales militares, armamentísticas y de seguridad entre España e Israel», señala que una visita a Israel, el equipo de fútbol Barça fue escoltado por International Security and Defense Systems (ISDS), que se presenta como «creada en 1982 por oficiales muy experimentados, antiguos efectivos de la Agencia de Seguridad de Israel, el Mossad y las Fuerzas de Defensa». Según un cable de 2008 del Gobierno de EEUU filtrado por Wikileaks, ISDS sólo es propiedad de su presidente, Leo Gleser.
El Gobierno de Carles Puigdemont tenía preparados 27 millones de euros para gastar en material sensible de espionaje, según confirmaron a El Confidencial en 2018 diversas fuentes consultadas conocedoras del plan. Para ello, el Ejecutivo catalán intentó ponerse en contacto con el Gobierno de Israel y con los servicios de inteligencia de aquel país, pero todos los intentos oficiales resultaron inútiles. Recurrieron entonces a una estratagema: contactar con empresas vinculadas al Gobierno israelí para poder tener algún trato de favor. La reunión tuvo lugar el 16 de noviembre de 2016 en Tel Aviv.
El viaje de los representantes de la Generalitat se produjo a mediados de noviembre de 2016. Al viaje asistieron Carles Puigneró, secretario de Telecomunicaciones, Ciberseguridad y Sociedad Digital; su jefe de gabinete, Iván Monforte; y Xavier Gatius, director del Cesicat. Las semanas previas a ese viaje, los responsables gubernamentales intentaron sin éxito atar alguna reunión con estamentos oficiales del Gobierno israelí. Al fracasar todos los intentos, acudieron a un alto cargo de Convergència Democràtica para que hiciese gestiones. Este dirigente pidió, a su vez, el favor a un empresario amigo suyo, que contactó con una agencia de detectives de Barcelona. Y fue esta agencia -que también goza de excelentes contactos entre los distintos servicios de información de Madrid- la que, finalmente, puso en contacto a los miembros de la delegación con International Security & Defense Systems (ISDS), empresa israelí experta en ciberseguridad.
“Hubo una comida en el restaurante Can Lampazas de Barcelona a la que asistió Leo Gleser y donde se decidió recibir en Tel Aviv a los altos cargos del Govern”, explicaron a El Confidencial fuentes cercanas a estas negociaciones. Gleser es un excoronel de Israel experto en ciberseguridad y con una red de empresas que trabajan en los cinco continentes. Tras valorar la petición, el hombre de negocios israelí accedió a recibir en su casa de Tel Aviv a la delegación catalana. En esa reunión, celebrada el 16 de noviembre, también estaba presente Mar Pérez, ‘executive director’ de Catalonia Trade & Investment de Acció en Tel Aviv. Es decir, directora en Israel de la agencia oficial de comercio del Gobierno catalán, en algunas de cuyas sedes se han ido gestando las famosas ‘embajadas’ catalanas. A la misma también asistieron dos personas de confianza de Gleser, O. L. y A. W.. Este último, experto en ciberseguridad, se trasladó a España y ha trabajado a caballo entre Madrid y Barcelona. “Estaban muy interesados en material de intervención y de ciberseguridad. Su justificación era que tenían necesidad de equipos de intervención a todos los niveles, es decir, para WhatsApp, chat, etcétera”, explica una de las fuentes presentes en la reunión. También estaban interesados en material para proteger las telecomunicaciones.
Las fuentes resaltan que “en un principio, nos dijeron que tenían hasta 27 millones de euros para gastar”. Ese material dejaron entrever, serviría para la creación del ‘cerebro’ de los servicios de espionaje catalanes, lo que se conocía como ‘CNI catalán’, aunque oficialmente la Generalitat siempre lo había negado y, por si fuera poco, su propia constitución sería un delito. Semanas más tarde, los representantes de la Generalitat se pusieron de nuevo en contacto con los hombres de Gleser para comunicarles que se había reducido la partida dedicada a material de espionaje y que ‘sólo’ dispondrían de 23,5 millones.
Puigneró (que, curiosamente, fue uno de los altos cargos que boicoteó activamente la recepción oficial del Rey Felipe VI en la inauguración del Mobile World Congress (MWC)), se reunió también con otro experto en seguridad, Erez Kreiner. Este experto había sido director de la Autoridad Nacional de Seguridad Cibernética de Israel y trabajó para el Shin Bet, es decir, la seguridad interna de Israel (el Mossad se encarga de la seguridad externa). Según uno de los asistentes al acto, Kreiner le llegó a hacer al catalán una presentación de los servicios de ciberseguridad que sus empresas ofrecen.
Lo que no quedó claro es cómo se pagaría el material de espionaje, aunque algunas fuentes apuntan a que se vehicularían estos pagos a través de oficinas de Acció. La delegación catalana, en cambio, sí dejó constancia de su interés en recibir todo el material en París. En la capital francesa se acumularía en la ‘embajada’ de la Generalitat y luego se trasladaría en furgoneta hasta Cataluña. De este modo, pensaban burlar el control aduanero que pudiera ejercer el Estado español, ya que calibraban que los franceses no estarían alerta y, una vez en suelo galo, el material ya podría ser pasado a Cataluña sin necesidad de ser filtrado por una frontera. Finalmente, la operación no se llegó a realizar porque la Generalitat no concretó los equipos que quería. Lo cierto es que era demasiado arriesgado desembolsar cantidades importantes de dinero debido al control de las cuentas del Govern que el Estado había incrementado por aquellas fechas.
Su leyenda vincula a Gleser como asesor en el entrenamiento de Contra nicaragüense, así como actuaciones en la formación de los escoltas del presidente hondureño Roberto Suazo, suministrador de instructores a los gobiernos de Nicaragua, Guatemala o El Salvador. También prestó servicios de seguridad a las petroleras venezolanas antes del golpe de Estado fracasado contra Hugo Chávez en 2002 y a compañías como Petrobras e Itaipú. En el libro ‘Israel, the CIA, Central America, and Dictatorship’, de Andrew y Leslie Cockburn, se le vincula a la operación de Entebbe en 1976, que fue el rescate relámpago de los pasajeros de un avión de Air France secuestrados en Uganda en julio de aquel año por el Frente Popular de Liberación de Palestina (FPLP) y Células Revolucionarias. Los comandos israelíes rescataron a 103 rehenes, aunque tres perecieron, lo mismo que todos los secuestradores.
La empresa de Gleser había sido la suministradora de los sistemas de seguridad de la Zarzuela en la década de los 80 del pasado siglo y diseñó también la seguridad de mandatarios como Jimmy Carter o Henry Kissinger.
La delegación catalana también visitó los días 17 y 18 de noviembre de 2016 varias ‘startups’ (Israel es un hervidero de ‘startups’ cibernéticas y cuenta con casi 500 empresas de este sector), incubadoras, aceleradoras y fondos de capital riesgo, además de la Universidad Ben Gurion y un área de innovación cibernética denominada Cyberspack. “El verdadero motivo de la visita no eran las visitas formales y guiadas en grupo a viveros de empresas, sino contactar con empresas que pudieran facilitar material sensible a los Mossos d’Esquadra sin tener que pasar por el control de Madrid”, señaló una fuente cercana a las negociaciones de los catalanes con los empresarios hebreos.
De ahí que, por mediación de una empresa de detectives de Barcelona –y tras no haber podido reunirse con ningún representante del Gobierno israelí ni de los servicios de inteligencia de aquel país- se viesen finalmente con Gleser y Kreiner, dos de los pesos pesados en la venta de material de ciberseguridad a través de las compañías ISDS y AWZ.
Y es que los interlocutores israelíes de los altos cargos de la Generalitat que quisieron comprar material de espionaje tienen a sus espaldas una acreditada carrera en el mundo de la seguridad. Gleser fue el principal responsable de la seguridad en los Juegos Olímpicos celebrados en Brasil, pero su experiencia viene de muy lejos (también había trabajado para la seguridad de los JJOO de 1992 en Barcelona, Sídney 2000, Pekín 2008, los Juegos Panamericanos de Río en 2007, o las Copas del Mundo en México e Italia, así como de la aerolínea El Al. En su época joven, había sido oficial de los servicios israelíes hasta que a principios de los 80 creó su propia empresa, en la que, en sus inicios, acogió a antiguos agentes del Mossad.
ISDS fue seleccionada para gestionar y coordinar la seguridad de los Juegos Olímpicos de Río 2016. El valor de la operación se estimó en 2,2. Billón de dólares.
Las operaciones de ISDS con respecto a los Juegos Olímpicos abarcaron desde la consultoría hasta el suministro de sistemas. “El desafío es grande”, dijo Ron Shafran, vicepresidente de la empresa, a IsraelDefense.
Leo Gleser trascendió en 2021 no sólo al inaugurar un hotel en las Alturas del Golán sino también por haber sido el argentino que rindió homenaje al espía Eli Cohen.
Al acto en homenaje a Eli Cohen, quien trascendió como miembro de los servicios de inteligencia israelí Mossad y quien logró infiltrarse en las más altas esferas del gobierno de la República Árabe Siria a principios de la década del ’60, asistieron su esposa Nadia, su hermana y su hermano Abraham. También participaron miembros de la elite de la unidad del Mossad de inteligencia.
«La gente que estuvo en el acto a nivel de la formalidad parte de lo que es la Mohatza Hagolán. Fue un día muy especial, donde los americanos pusieron con signo de pregunta sí el Golán pertenece a Israel o no, una declaración del Departamento de Estado, entonces fue un momento muy especial hacer este acto justo ese día, pero nosotros no teníamos conocimiento, yo no tenía conocimiento de que iba a suceder esa declaración americana», contó Gleser en diálogo con la Agencia AJN.
En este contexto, comentó que a la ceremonia asistieron «los directores, los vicedirectores, la gente de la Moatza, estuvo gente del l Keren Kayemet LeIsrael, porque toda la plantación de árboles que hicimos después con los chicos tiene que ver con Keren Kayemet».
«En los años ’50, ’60, hasta el año ’64 eso era parte de una unidad que se llamaba “188” y Elí Cohen, su código era “566”. De él no se hablaba como Elí Cohen, no se decía su nombre, ni se mencionaba el nombre que usaba en árabe sino que era prácticamente un número, un código, el ‘566’. Entonces dentro de esa unidad 188, cuando se llega al año ’64 se unifica lo que es la inteligencia militar, que era la 188 con la unidad especial de inteligencia externa, que es el Mossad, y se crea la unidad de Quesarea, que es la unidad elite de esa agencia. Entonces por supuesto que la Agencia estuvo, gente de la edad de Elí Cohen, muy mayores, de 80, 90 años y gente joven que pertenece a esas cuestiones. Fue un evento muy emocionante», completó.
Cuando AJN le preguntó por qué eligió ese sitio para construir su hotel, Gleser respondió: «Creo que la victoria o la capacidad nuestra de sobrepasar a los sirios, que eran superiores a nosotros en las alturas, en todo lo que sea, se pudo hacer por eso que él hizo, que tiene un gran valor, y no es algo que se olvida». «Quiero que los chicos lo sepan. Ayer había un grupo, inmenso, de chicos que trajimos, que tienen 18 años y vinieron a Israel solos, no son chicos que nacieron aquí, son como yo llegué a Israel de la misma forma: solos, y van a entrar ahora al ejército. Entonces le pedí a la viuda de Elí Cohen que les contara a los chicos esa historia. Tenías que ver los rostros de los oyentes, lagrimas en los ojos y en unos meses esos chicos entrarán al Ejército», comentó.
Leo Gleser es un héroe viviente de la guerra entre Israel y Egipto. Es ultraconservador. Asesoró en Venezuela a la Policía del estado Mérida en tiempos del exgobernador Williams Dávila (1984-1986) y (1996-2000), y a grupos paramilitares en Colombia.
Gleser contaría con el respaldo de poderosas figuras israelíes. El argentino ha asesorando en materia de seguridad al gobierno de Brasil.
El presidente de ISDS, según sospechas, se ha encargado de tratar de limpiar su reputación en internet, de donde han desaparecido algunas historias de su polémico pasado.
El espionaje a autoridades del Gobierno español
Los móviles del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de la ministra de Defensa, Margarita Robles, fueron infectados con el ‘software’ Pegasus, que permite acceder al contenido de los dispositivos, según ha informado el ministro de Presidencia, Félix Bolaños. “Tenemos la seguridad de que es un ataque externo”, ha remarcado en una rueda de prensa convocada de urgencia en el Palacio de la Moncloa.
Según un reporte de Javier Melguizo para El Confidencial, el teléfono de Pedro Sánchez sufrió dos intrusiones ilícitas en mayo de 2021, mientras que el terminal de Margarita Robles fue atacado una vez en junio de ese mismo año. Más allá de estas fechas, “no hay pruebas de ninguna otra intrusión”, ha insistido el ministro de Presidencia en varias ocasiones durante su comparecencia. En cualquier caso, en los últimos meses se han adoptado medidas, como la retirada del teléfono al presidente, y el Ejecutivo reconoce “la necesidad de reforzar los procesos de seguridad”. Por el momento, ya está en marcha una investigación que alcanzará a todos los móviles de los miembros del Gobierno, empezando por los de los dos principales afectados.
Ya se sabe que los atacantes consiguieron extraer un “determinado volumen de datos”. En concreto, en los dos ataques al terminal de Pedro Sánchez se hicieron con 2,6 gigas y 130 megas, respectivamente; mientras que a Margarita Robles le sustrajeron 9 megas, según precisan fuentes del Ejecutivo citadas por la Agencia EFE. Bolaños no ha podido explicar cuál es el contenido exacto de los mismos. Tampoco ha sabido responder sobre el objetivo de estas intervenciones: “No es el lugar ni el día para hacer conjeturas o interpretaciones”.
El Gobierno ya ha puesto en conocimiento de la Justicia dos informes técnicos del Centro Criptológico Nacional en los que se detallan estas intrusiones. Ha sido la Abogacía del Estado quien ha presentado la denuncia en el Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional.
Bolaños sostiene que los ataques se han producido fuera de la ley y ha negado que se trate de escuchas que contasen con el aval del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), tal y como se especula con el espionaje a más de 60 líderes independentistas. “Son hechos contrastados y de enorme gravedad que confirman que ha habido intrusiones en ámbitos ajenos a las instituciones estatales”, ha apuntado el ministro. “Estamos ante intervenciones ilícitas y externas”, ha insistido, aunque no ha clarificado si externa significa extranjera. Solo ha matizado que es ajena a los organismos estatales.
El Ejecutivo tiene constancia de que el programa espía Pegasus, desarrollado por la empresa tecnológica israelí NSO y que únicamente puede venderse a gobiernos nacionales, se ha utilizado “de modo ilícito en al menos 20 países y que entre las víctimas de estas intervenciones se encuentran gobiernos o personalidades de la sociedad civil de distintos ámbitos”.
La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha afirmado que es «vital» que la investigación sobre el caso de espionaje ‘Pegasus’ llegue «hasta el final» y se «depuren de manera ágil y efectiva responsabilidades». Así lo ha trasladado en Twitter tras conocer que el teléfono del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la ministra de Defensa, Margarita Robles, han sido infectados con este software.
Según Europa Press, la también titular de Trabajo ha querido mostrar su solidaridad con las personas espiadas y el presidente del Gobierno, para añadir que es «obligación» del Ejecutivo «garantizar la seguridad». «La ciudadanía merece respuestas», ha concluido.
Por su parte, la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha pedido también «depurar responsabilidades» tras conocerse el ataque a los teléfonos de Sánchez y Robles.
«Es imprescindible depurar responsabilidades. Está en juego nuestra democracia y la confianza de la ciudadanía», ha señalado Belarra en una publicación en su cuenta de Twitter, recogida por Europa Press.
Para la líder de Podemos, la información revelada por el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, muestra una «profunda brecha» en la seguridad del Estado» y ha sentenciado que, «venga de donde venga, el fallo es inasumible».
«La información revelada por el ministro de Presidencia muestra una profunda brecha en la seguridad del Estado. Venga de donde venga, el fallo es inasumible. Es imprescindible depurar responsabilidades. Está en juego nuestra democracia y la confianza de la ciudadanía», ha publicado.
Sospechas sobre Marruecos
Más de 200 números móviles españoles fueron seleccionados como posibles objetivos de vigilancia por parte de un cliente de NSO Group que se cree que es Marruecos, según la filtración de datos en el corazón del proyecto Pegasus.
Según un reporte de Stephanie Kirchgaessner para The Guardian, los detalles de la escala de los ataques aparentes se dieron a conocer cuando el máximo tribunal penal de España abrió una investigación sobre cómo los teléfonos móviles del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Defensa, Margarita Robles, se infectaron con el software espía Pegasus el año pasado.
El Gobierno español se ha negado a especular sobre quiénes pueden haber estado detrás de los ataques “ilícitos” y “externos”, cuya existencia reveló este lunes en una rueda de prensa convocada apresuradamente.
Se alega que el ataque contra el primer ministro tuvo lugar en mayo y junio del año pasado, un momento particularmente turbulento en la política española. La administración de Sánchez no solo estaba preparando sus controvertidos y profundamente divisivos indultos de nueve líderes independentistas catalanes encarcelados por su participación en el fallido intento de secesión en 2017, España también estaba involucrada en una tensa disputa diplomática con Marruecos .
Las selecciones de números móviles que se cree que realizó Marruecos ocurrieron en 2019, según las marcas de tiempo en los datos, que incluyen más de 50,000 números de personas seleccionadas como posibles objetivos de vigilancia por clientes de NSO en todo el mundo.
Un número de teléfono móvil español perteneciente a Aminatou Haidar, una destacada activista de derechos humanos del Sáhara Occidental, se incluyó en la base de datos filtrada y se descubrió que Pegasus había sido atacado desde 2018, según un análisis de Amnistía Internacional. También se encontraron rastros del spyware Pegasus, vendido por la empresa israelí NSO Group, en un segundo teléfono perteneciente a Haidar en noviembre de 2021.
En la base de datos del proyecto Pegasus también figuraba un número de móvil español del periodista Ignacio Cembrero, cuyo trabajo se centra en el Magreb.
La inclusión de más de 200 números móviles españoles seleccionados por un cliente que se cree que es Marruecos no indica que todos los números hayan sido atacados o pirateados. Pero indica que el cliente aparentemente estuvo activo en la búsqueda de posibles objetivos para la vigilancia dentro de España .
NSO dijo que el hecho de que apareciera un número en la lista filtrada no era de ninguna manera indicativo de si un número fue objeto de vigilancia usando Pegasus. NSO también ha dicho que la base de datos “no tenía relevancia” para la empresa.
Marruecos negó previamente haber espiado a cualquier líder extranjero usando Pegasus, y dijo que los reporteros que investigaban a NSO eran “incapaces de probar que [el país tenía] alguna relación” con NSO.
Pero un análisis de los registros filtrados mostró que Marruecos parecía haber enumerado a docenas de funcionarios franceses como candidatos para una posible vigilancia, incluido el presidente Emmanuel Macron.
NSO ha dicho que su spyware solo se vende a clientes gubernamentales con el fin de investigar delitos graves y terrorismo. Ha dicho que investiga denuncias legítimas de abuso y ha negado rotundamente que Pegasus haya sido utilizado para atacar a Macron.
Los ataques salieron a la luz cuando el gobierno español siguió enfrentando preguntas sobre cómo supuestamente se utilizó Pegasus para monitorear a decenas de miembros del movimiento independentista catalán , incluido el presidente de la región del noreste de España, Pere Aragonès, y tres de sus predecesores.
El gobierno regional independentista catalán ha señalado con el dedo al centro nacional de inteligencia (CNI) de España, que insiste en que sus operaciones están supervisadas por el tribunal supremo y que actúa “en total conformidad con el ordenamiento jurídico y con absoluto respeto por las leyes aplicables”. leyes”.
El martes, un juez de la Audiencia Nacional de España anunció el inicio de una investigación por “un posible delito de descubrimiento y revelación de secretos” relacionado con el uso de Pegasus para infectar los dispositivos de Sánchez y Robles.
Informes recientes de los medios sugieren que el teléfono de un tercer político, la entonces ministra de Asuntos Exteriores española, Arancha González Laya, también fue atacado con algún tipo de software espía en mayo del año pasado.
La disputa entre España y Marruecos se produjo después de que el Gobierno de Madrid permitiera que Brahim Ghali, líder independentista del Sáhara Occidental, fuera tratado por Covid-19 en España .
Durante los días siguientes, mientras más de 8.000 personas cruzaban de Marruecos al enclave español de Ceuta, en el norte de África, el embajador de Rabat en Madrid parecía trazar una línea entre el trato de Ghali y la afluencia de inmigrantes, advirtiendo que algunas acciones tenían consecuencias que “deben ser asumido” .
En una conferencia de prensa semanal en Madrid el martes, el portavoz del gobierno español se negó a comentar si Marruecos puede haber estado detrás del ataque Pegasus y qué efecto podría tener tal acción en las relaciones diplomáticas.
“Es un poco hipotético hablar de cuáles podrían ser las consecuencias, si somos capaces de averiguar de dónde vino el ataque”, dijo Isabel Rodríguez.
“Pero lo que tenemos claro es que este ataque fue externo e ilícito. Esas son las certezas que podemos usar para tomar decisiones en este momento”.
El gobierno ha descartado cualquier espionaje interno y agregó que los ataques deben haber venido del extranjero, ya que cualquier monitoreo de este tipo en España habría requerido autorización judicial.
Rodríguez dijo que el gobierno no tenía nada que ocultar y prometió una total colaboración con cualquier investigación judicial, “incluyendo la desclasificación de documentos relevantes si fuera necesario”.
El martes, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) de Sánchez se unió a los tres partidos de la derecha española para vetar una investigación parlamentaria sobre el escándalo Pegasus.
Un portavoz del PSOE dijo que el comité del Congreso discutido no era necesario ya que una investigación interna del centro de inteligencia nacional de España ya estaba en marcha, al igual que una investigación del defensor del pueblo.
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La decisión no fue bien recibida por los socios menores de la coalición del PSOE en la alianza de extrema izquierda Unidas Podemos, ni por el partido independentista Esquerra Republicana Catalana (ERC) en cuyo apoyo el gobierno minoritario depende del parlamento.
Gabriel Rufián, portavoz de ERC, calificó el uso de Pegasus como “un gran escándalo” y dijo que había que investigarlo.
El proyecto Pegasus es una colaboración de investigación que involucra a 16 socios de medios, incluidos The Guardian, The Wire, The Washington Post y Le Monde, y está coordinado por Forbidden Stories, una organización francesa sin fines de lucro.
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