El eslabón que conecta al venezolano sancionado por la OFAC Samark López Bello con el banco Bancamiga en Venezuela

Por Carlos Crespo
armando.info

Bancamiga ha tenido un crecimiento que se puede calificar de ‘explosivo’ en el, eso sí, minúsculo sector financiero venezolano. Buena parte de su expansión ha tenido lugar después de las sanciones emitidas por Washington contra Samark López, un punto de inflexión por el que dos allegados del cuestionado empresario, José Chacín Bello y Ariel Martínez fueron a dar -aunque en momentos distintos- a ese banco, uno como gran accionista, el otro como alta autoridad ejecutiva. Contra lo que eso pueda insinuar, el banco y el propio López niegan que existan vínculos entre ellos.

Quien no conozca el historial de accionistas y directivos de Bancamiga observará la trayectoria de esta institución financiera y la de Samark José López Bello como dos trazos con direcciones diametralmente opuestas. Mientras el cuestionado contratista venezolano empezaba a ver el derrumbe de su emporio empresarial en distintas jurisdicciones, — a raíz de las sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC, por sus siglas en inglés) en febrero de 2017, que lo retrató como el “testaferro” del entonces vicepresidente de Venezuela, Tarek El Aissami— la institución financiera iniciaba un sostenido ascenso que la llevaría a ostentar las mayores tasas de crecimiento del sector en Venezuela en los últimos años, algo que contrasta con la reducción registrada por el sector financiero tras ocho años de recesión y cuatro de hiperinflación.

Sin embargo, esas líneas con sentidos inversos tienen una intersección en dos figuras: una, la de José Esteban Chacín Bello, primo y estrecho socio de Samark López, que se convirtió en uno de los principales accionistas del banco a mediados de 2015, cargo que siguió ocupando, al menos, hasta marzo de 2019; la segunda es la del contador argentino Ariel José Martínez Coujil, socio en negocios de Chacín Bello y exempleado de Profit Corporation, C.A., una de las compañías de López sancionadas en 2017, y actual presidente ejecutivo de Bancamiga.

Los Papeles de Pandora, la filtración de 11,9 millones de documentos provenientes de 14 proveedores de servicios offshore de registro y administración de empresas, recibida originalmente por el Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos (ICIJ, por sus iniciales en inglés) y compartida con otros 150 medios de comunicación de 117 países —incluido Armando.info—, revelan que Chacín Bello y Martínez fueron fichas del entramado de empresas de Samark López que la OFAC sancionó bajo acusaciones de lavado de dinero y de servir de “soporte financiero” a El Aissami, actual ministro de Petróleo de Venezuela, a quien las autoridades estadounidenses relacionan con el narcotráfico.

A pesar de lo que ese tránsito pueda sugerir, tanto Bancamiga como López negaron a Armando.info que este último tenga participación alguna en la institución. “Ni el señor Samark López, ni ninguna de sus compañías, tienen vínculo societario alguno con Bancamiga BU y cualquier vinculación que quiera hacerse partiendo de relaciones de otra índole, es cuando menos tendenciosa, malintencionada y por ende carente de asidero”, señaló Ariel Martínez a través de un escrito.

Lopez, por su parte, a través de sus abogados, demandó al Departamento del Tesoro en junio de 2021 en una corte federal en Washington, aludiendo que es víctima de una “campaña falsa”. Sus representantes legales cifraron en 160 millones de dólares las pérdidas de López derivadas de las sanciones de las que es objeto, añadiendo que “su sustento ha sido seriamente amenazado”. Un reportaje de la cadena de televisión en español de Estados Unidos, Univisión, por su parte calculaba el valor de los activos incautados a López en unos 500 millones de dólares, y daba a conocer que un grupo de víctimas estadounidenses de la Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) pidieron a una corte federal en Miami embargar estos bienes, alegando que López prestó ayuda financiera “indirecta” a ese grupo por su vínculo con El Aissami.

Entre los bienes que las víctimas de las FARC solicitaron que fueran embargados, para el pago de una compensación de 318 millones de dólares a su favor, se encuentran un avión Gulfstream 200, una mansión que López compró en Florida por 16,5 millones de dólares, dos yates, un Rolls-Royce de 2014, un Bentley Continental Coupe, un Ferrari y un Cadillac Escalade, entre otros. La corte ya autorizó la venta de algunas de estas propiedades con el propósito de que las ganancias vayan a los demandantes. El equipo legal de López ha negado con vehemencia que este tenga relación alguna con el narcotráfico. En una carta en inglés dirigida al periodista que firma esta nota, Alexei Schacht, uno de los abogados que representa a López en Estados Unidos, añadió que la designación de su cliente en la lista OFAC se debió a “falsas declaraciones hechas por representantes del gobierno, pero también fue causada en parte por personas de los medios con su propia agenda”.

Nuevos accionistas, nueva sede

Más allá de estos alegatos del banco y de López, es un hecho verificable el crecimiento explosivo de Bancamiga a partir de 2015. Justo en junio de ese año, su junta de accionistas acordó aumentar su capital desde 35 millones de bolívares (unos 3,5 millones de dólares para la época) a 255 millones de bolívares (25,5 millones de dólares para la época) y aceptar el ingreso de nuevos accionistas, entre ellos el primo de Samark López.

Chacín Bello era entonces desconocido para la comunidad empresarial y para la opinión pública, que vino a reparar en su nombre apenas un año y ocho meses después, cuando también fue alcanzado por las sanciones impuestas a López y dadas a conocer por Washington.

Así Chacín se convirtió en el segundo accionista de Bancamiga con 16,75% de las acciones, a la par de José Luis Queijeiro Taboada, ambos poseedores de 42,725 millones de papeles y solo superados por el abogado guayanés Carmelo de Grazia, quien se hizo con 82.425.780 (32,32%) acciones. Otro debutante en el nuevo reparto accionarial fue Armando Iachini, dueño de la Constructora Yamaro, con 19,8 millones de acciones (7,76%).

El aumento de capital también le permitió a Bancamiga comprar los activos y pasivos del Novo Banco en el país (el banco creado por el Estado portugués con los restos sanos del intervenido Banco Espirito Santo (BES), por el que pasaron fondos del esquema de sobornos de Odebrecht en Venezuela y recursos milmillonarios de Pdvsa y otros entes del Estado chavista). Esta operación se inició en 2017 y culminó en febrero de 2018. La venta incluyó el traspaso de la sede del Novo Banco en Caracas, una torre de oficinas ubicada en La Castellana, un barrio comercial y financiero al noreste de la ciudad.

La venta de estos activos tuvo un curioso preámbulo que enfrentó al BES, luego convertido en el Novo Banco, con uno de los futuros accionistas de Bancamiga. Carmelo De Grazia, un abogado con amplia experiencia en el ámbito financiero, era accionista de la casa de corretaje panameña Intersecurities International Inc que, como lo indicó Armando.info, hizo transacciones por 56 millones de dólares que involucraron al Continental Bank de Barbados y al JP Morgan Chase en 2014. Esta última institución emitió Reportes de Actividad Sospechosa (SAR, por sus siglas en inglés) para la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FinCEN, por sus siglas en inglés) por considerar que estas transferencias eran poco transparentes y estaban relacionadas con el mercado negro de divisas venezolano, entonces potenciado por un fuerte control cambiario, que fue aprovechado por algunos empresarios cercanos al Gobierno a quienes se les favoreció con la venta de divisas a precio preferencial.

En su respuesta a un cuestionario de este medio, el abogado Pedro de Mezquita, quien fue director de Intersecurities, descartó irregularidades en esas transacciones e indicó que correspondieron a “la liquidación o venta de una posición de títulos de un cliente” por 25 millones de dólares, comprados a Rio Forte Group, una subsidiaria del BES. Esto provocó un pleito judicial que terminó en un arreglo entre el cliente de Intersecurities, cuyo nombre Mezquita no revela.

Mezquita negó entonces que la adquisición de la sede del banco por parte de Bancamiga haya sido parte de un trato para pagar la deuda que tenía la institución portuguesa con la compañía representada por De Grazia; lo cierto es que esta transacción se produjo luego de la llegada del abogado, y de Chacín Bello, a la junta de accionistas de Bancamiga.

Mientras todo esto ocurría, los planes de expansión del banco navegaban con viento a favor entre los entes reguladores. El 30 de junio de 2016, el Órgano Superior del Sistema Financiero Nacional (Osfin), adscrito al ministerio de Economía y Finanzas venezolano, aprobó el incremento de capital de Bancamiga. En los planes estaba la transformación del entonces banco microfinanciero al actual Bancamiga Banco Universal, cambio que finalmente fue aprobado por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) el 14 de septiembre de 2017.

En los últimos cuatro años, el banco pasó del puesto 23 al número siete en la medición de activos de la Sudeban. Para diciembre de 2021, Bancamiga se ubicó como el tercer banco con más captaciones en moneda extranjera, con casi 90 millones de dólares, superando a bancos tradicionales en Venezuela como Provincial, Bancaribe y Banesco. La dolarización forzada del país, que floreció en medio de las denuncias del cuestionado gobierno de Nicolás Maduro de un bloqueo económico por parte de Estados Unidos, fue especialmente aprovechada por el banco, cuyos servicios en divisas incluyen cuentas, tarjetas y puntos de venta.

El accionista no será mencionado

De acuerdo con Martínez, su presidente ejecutivo, el banco hoy dispone de 400.000 clientes. Una nota de prensa de la institución precisa que el pasado 22 de abril Bancamiga abrió su sucursal número 30, un movimiento que contrasta con el de otros bancos que han tenido que cerrar varias de sus oficinas y reducir sus nóminas como consecuencia de la crisis económica y la pandemia de la covid-19. Entre las nuevas sedes de Bancamiga destaca la que inauguró en mayo de 2021 en el Hipódromo La Rinconada, el recinto hípico más grande de Venezuela. Esta nueva sede alimentó los rumores de la relación del banco con el régimen de Maduro, pues el permiso debía pasar por el Instituto Nacional de Hipódromos (INH), hoy a cargo del excandidato, parlamentario y funcionario del chavismo, el beisbolista y también cantante Antonio El Potro Álvarez.

Chacín Bello, De Grazia, Queijeiro e Iachini terminarían por hacerse poco a poco del control total de la institución financiera. De acuerdo con documentos de Bancamiga a los que se tuvo acceso para este reportaje, Chacín Bello todavía aparecía como accionista, con el mismo capital, en la asamblea de socios celebrada el 26 de marzo de 2019. Los documentos llevan luego a otra asamblea del 16 de marzo de 2020, en la que Chacín Bello desaparece y solo permanecen en este rol De Grazia (41,59%), Queijeiro (49,47%), Iachini (7,77%) y Alberto de Armas, que contaba, este último, con 1% del capital.  La última acta de asamblea que pudo revisar Armando.info fue del 18 de enero de 2021, en la que casi quedó intacto este porcentaje accionario.

Martínez es un contador de 59 años que nació en la ciudad de Rosario, Argentina, y que posee tanto la nacionalidad del país sureño como la española. Ha trabajado durante casi 40 años en el sector financiero y en el mercado de capitales. Vivió en Venezuela y desde hace por lo menos diez años ha figurado en las juntas directivas de instituciones financieras del país, ahora como presidente ejecutivo de Bancamiga, aunque resida en España.

En la filtración de los Pandora Papers se encuentra una planilla de Know Your Customer (KYC) declaration — uno de los controles que usan los bancos y las firmas que ofrecen servicios corporativos para combatir el lavado de dinero — del 23 de diciembre de 2016 de Amicorp Group, un proveedor internacional de servicios fiduciarios del que Martínez fue cliente. En este documento, el argentino indicaba que sus ingresos provenían de su trabajo en Profit Corporation C.A.

Esta es una compañía de ingeniería venezolana fundada en 1990 y que fue adquirida por López y sus socios venezolanos en 2010. Además de estar entre las empresas sancionadas por la OFAC, fue una contratista muy recurrida por la estatal Pdvsa. En el Registro Nacional de Contratistas (RNC) figuran 26 contratos con la petrolera y dos de sus filiales, Pdvsa Gas y Pdvsa Petróleo.

Consultado sobre el documento de Amicorp Group y su relación con López, Martínez indicó a este medio que se desempeñó como “contralor” de Profit Corporation, C.A., durante seis años y que en 2016 decidió renunciar a esa compañía y emigrar a España. “Aparte de esta relación laboral en el período 2010-2016 con la empresa mencionada, no he tenido ninguna otra actividad conjunta en el ámbito de mi ejercicio profesional”, indicó.

En las respuestas al cuestionario enviado al actual presidente ejecutivo de Bancamiga, Martínez se refiere a la vinculación de Chacín Bello con el banco: “No tengo conocimiento de que el Señor Chacín haya ‘ocupado cargos importantes en Bancamiga’ como afirma en su pregunta”, replica. “Mas dándome el beneficio de la duda y motivado por su afirmación tan contundente, me permití hacer una revisión de las memorias del Banco precedentes a mi incorporación. Le puedo asegurar que en el historial de Dirección de la Institución no aparece registro alguno de lo que Usted afirma”.

El pasado 16 de marzo, Armando.info envió una nueva comunicación indicando los datos de la asamblea en la que se aprobó la entrada de Chacín Bello como accionista y pidiendo mayor precisión sobre la fecha de su salida, pero, hasta la fecha de publicación de esta nota, no se obtuvo respuesta.

Negocios de familia

La relación entre Chacín Bello y Samark López, por otra parte, no es solo de parentesco sino también de negocios. Los Papeles de Pandora indican que ambos han sido socios de negocios desde, al menos, 2013 y han compartido, como accionistas, directivos o representantes legales en, también al menos, cinco empresas offshore. En su respuesta a Armando.info, Samark López aseveró que su primo formó parte de su grupo empresarial hasta 2016. “Luego de las sanciones de Febrero de 2017 no hemos mantenido ningún tipo de relación comercio [sic] y/o profesional”. También negó tener vínculos con Bancamiga. “Solamente con autorización de [sic] SUDEBAN pueden las personas naturales o jurídicas poseer acciones y ninguna de mis compañías o mi persona han solicitado aprobación para invertir en el sector bancario venezolano”, expresó.

Ese 2016, que de acuerdo con López fue el último año en que Chacín Bello formó parte de su estructura empresarial, fue especialmente movido para ambos, según lo que aparece en los papeles. Menos de un mes después de la aprobación del aumento de capital de Bancamiga por la Osfin, Samark López y Chacín Bello también dirigían otros movimientos millonarios fuera de Venezuela relacionados con dos empresas offshore.

Entre los documentos de la filtración de los Pandora Papers figura un borrador, del 21 de julio de 2016, en el que se traza el plan para liquidar a 1000 Investment Group Limited, una compañía registrada en Islas Vírgenes Británicas en marzo de 2013.

Un intercambio de correos entre Salcedo Attorneys at Law, una firma legal con sede en Miami que representa a Samark López, y Trident, uno de las firmas proveedoras de servicios corporativos offshore más grandes del mundo, que fungió como agente registrador de las compañías del polémico empresario, indican que López y Chacín fueron los primeros accionistas y directivos de 1000 Investment Group Limited. López contaba con 45.000 acciones y Chacín con 5.000, pero al día siguiente del registro de la compañía, ambos traspasaron estos papeles a Yakima Trading Corp, otra de las sociedades de López que fue sancionada por la OFAC en febrero de 2017. Algo similar ocurrió con la junta directiva, pues los primos fueron sustituidos por Amaury José Salazar Gibory y María Eugenia Rodríguez Pinto, quienes han ocupado puestos directivos en otras empresas de López.

Entre los papeles también hay una declaración de activos y pasivos de 1000 Investment Group en la que se indica que esta tenía un capital de 175,22 millones de dólares correspondientes en su totalidad a “receivables”, es decir, cuentas por cobrar. El intercambio de correos no explica, sin embargo, el destino final de esos activos. El encargado de hacer la liquidación de esta compañía fue, precisamente, Ariel Martínez, el hoy presidente ejecutivo de Bancamiga, quien entonces era empleado de López.

En el escrito enviado por López a través de sus abogados, señala que la liquidación no se pudo concretar debido a las sanciones de la OFAC y que la empresa no prestó servicios a instituciones del Estado. “Se estaba llevando a cabo como parte de una planificación patrimonial que era necesaria en vista de que varios de mis hijos son ciudadanos americanos y mi esposa estaba residiendo con ellos en Los Estados Unidos [sic]”.

Sobre el elevado monto del capital de la compañía señaló que “corresponde a una acreencia que poseía una subsidiaria operativa de 1000 Investments Group, la cual nunca fue cobrada y dicho monto pasó de ser un activo a una deuda incobrable”. Reiteró que como empresa holding de esta subsidiaria, no solo 1000 Investment nunca prestó servicios al Estado venezolano, sino que el propio López no tiene contratos activos con el gobierno. Cuestionado sobre cuál era el nombre de la subsidiaria a la que hacía referencia, López no lo especificó y se limitó a decir que estas deudas no tenían relación con el Estado venezolano.

Pero en los Papeles de Pandora se consigue una pista al respecto. La filtración revela que 1000 Investment Group Limited tenía como subsidiaria —de la que, de hecho, era su única accionista — a Postar Intertrade Limited, una compañía controlada por López en la que figuraban los mismos directivos: María Eugenia Rodríguez Pinto y Amaury Salazar. Como representante legal tenía a Chacín Bello. Registrada en 2013 en Islas Vírgenes Británicas, y mudada a Barbados para la fecha del proyecto de liquidación mencionado, era usada por Samark López para firmar contratos millonarios de importación de comida para los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), un programa socio-clientelar de distribución de alimentos subsidiados, ideado y puesto en marcha por el gobierno de Nicolás Maduro, y plagado de denuncias de sobreprecio y corrupción. Postar también hizo de intermediario en importaciones del gobierno de materiales de construcción y hasta de arbolitos de navidad.

La accionista de esta 1000 Investment era, a su vez, Yakima Trading Corp, perteneciente a Samark López, que también logró diversos contratos con la petrolera estatal Pdvsa para la importación de materiales de construcción y otros insumos, como bobinas de acero, granalla de acero y alambre de soldadura. En el juicio en el que las víctimas de las FARC pidieron el embargo de los activos de López, se indicó que esta empresa poseía una cuenta bancaria en Citibank de 270 millones de dólares que fue congelada. A esto se suma que los abogados de López señalaron a Univisión que “Pdvsa le debe cientos de millones de dólares” a su cliente. Documentos obtenidos a través del Proyecto de Reportería sobre Delincuencia Organizada y Corrupción (Occrp, por sus siglas en inglés) precisan que 1000 Investment Group se encuentra inactiva y que la firma Trident renunció como su agente registrador en julio de 2019.

Para la fecha en que se planeaba la liquidación de 1000 Investment Group, Yakima también había sido trasladada desde Panamá a la jurisdicción de Barbados y poco después, en febrero de 2017, apareció entre las sancionadas por la OFAC. En su directiva figura nuevamente la dupla familiar de López Bello y Chacín Bello. En una investigación anterior, los asesores legales de López aseguraron a Armando.info que el cuestionado empresario había decidido redomiciliar varias de sus empresas en Barbados por las ventajas tributarias de esa isla del Caribe, con características de paraíso fiscal. En la respuesta para este reportaje, López añadió que todas sus empresas en esa jurisdicción fueron disueltas luego de las sanciones, “por no tener la capacidad de abonar las anualidades del registro y por la renuncia del agente registrado”.

Nevis, el nuevo paraíso (fiscal)

Barbados no fue el único destino escogido por López para mudar sus empresas. Los Papeles de Pandora también dan fe del interés de Alcedo Fahie, entonces director de la Agencia de Investigación Financiera de Islas Vírgenes Británicas (FIA, por sus siglas en inglés) — la unidad de inteligencia financiera de este paraíso fiscal, que investiga posibles irregularidades y crímenes financieros y recibe peticiones de información de autoridades de otros países con las que comparte información—, por dos compañías en esa jurisdicción cuyo beneficiario final era López: MFAA Holdings Limited y 200G PSA Holdings LTD, ambas en las lista de la OFAC, bajo señalamientos de que eran parte de un esquema para el lavado de dinero en Estados Unidos.

Fahie envió a Trident una solicitud de información sobre estas compañías el 20 de junio de 2018, más de un año después de las sanciones de la OFAC. En la filtración no se detalla el motivo de la investigación. MFAA Holdings Limited está asociada a la adquisición de dos propiedades de López en Estados Unidos, entre ellas la mansión de 16,5 millones de dólares incautada por las autoridades, que cuenta con nueve habitaciones y está en la exclusiva urbanización de Gables Estates, sobre la costa de la bahía de Biscayne en Florida.

En la respuesta a la solicitud de información de la FIA, Trident señala que en agosto de 2015 la empresa fue mudada a Saint Kitts and Nevis (San Cristóbal y Nieves), una nación insular del Caribe que cuenta con apenas 11.000 habitantes.

Al inscribirse en Nevis, MFAA Holdings Limited debió modificar su nombre a MFAA Assets LTD y cambiar de agente registrador a Morning Star Holdings Limited, una firma especializada en los servicios corporativos de las compañías que se inscriben en esa isla. Documentos oficiales del registro mercantil de Nevis, obtenidos a través de Occrp, permitieron establecer que esta compañía fue incorporada oficialmente en esa jurisdicción el 15 de abril de 2016, apenas tres días antes de la compra de la lujosa mansión en el sur de Florida. La empresa fue sacada del registro el 31 de julio de 2018, un mes después de que el director de la Agencia de Investigación Financiera de las Islas Vírgenes Británicas recibiera la información sobre su cambio de domicilio.

A Bill Barnard, fundador de Morning Star y muy cercano a las autoridades de Nevis, se le atribuye haber redactado la legislación mercantil de esa isla tomando como modelo la de Delaware, un estado de Estados Unidos con características de paraíso fiscal. Este hecho y la extrema confidencialidad con que se manejan los registros mercantiles — promocionada como una ventaja por Morning Star en su portal web —, han hecho a la isla blanco de críticas por las fallas de sus controles relacionados con la prevención de lavado de dinero.

Consultado sobre la razón del cambio de jurisdicción, López descartó que el propósito fuera esconder la titularidad de sus activos. “Mis propiedades siempre han estado en estructuras corporativas cuyos ultimo beneficiarios [sic] soy yo, mi esposa y mis hijos. Nunca hubo ningún secreto sobre la titularidad de mis propiedades”. Explicó que Islas Vírgenes Británicas se encuentra “incluida en el listado de jurisdicciones de baja imposición fiscal que emitió” el Servicio Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) de Venezuela, lo que “trae consecuencias fiscales severas” para los contribuyentes que tengan inversiones en esa jurisdicción. Al igual que Barbados, Nevis no se encuentra en esa lista negra del Seniat. “Quisiera aclarar que antes de la redomiliciacion de mis empresas de BVI a Nevis y Panamá a Barbados se realizo una declaración y pago [sic] todos los impuestos acumulados producto de los ingresos globales que generaron mis empresas frente al Seniat”, añadió.

200G PSA Holdings LTD es una empresa registrada en el estado de Delaware. Las autoridades estadounidenses señalaron que el avión del modelo Gulfstream 200 era “poseído o controlado” por una empresa espejo de esta sociedad, 200G PSA Holdings LLC, registrada en Florida. Esta aeronave fue incautada por órdenes de la OFAC luego de las sanciones de febrero de 2017. Consultado sobre la actividad de la empresa de Delaware, López respondió que “prestaba servicios de gerencia para las aeronaves que poseía”.

En su respuesta a la FIA de Islas Vírgenes Británicas, Trident señaló que desconocía si estas dos compañías eran parte de una estructura de trust o fideicomiso o si poseían cuentas bancarias. Sin embargo, en el intercambio interno de correos de esta firma hay un documento en el que se señala a los “miembros registrados” de 200G PSA Holdings LTD, y como único integrante en este renglón aparece “Samark José López Bello as Trustee of SLB Trust”. El documento fue enviado el 17 de febrero de 2017, entre integrantes de la firma, en momentos en que se disponía a renunciar a algunas de las compañías de López, luego de conocer la sanción de la OFAC. ¿Por qué no informó Trident a la FIA de este trust en su comunicación a Fahie? ¿Envió alguna información adicional sobre este trust en una comunicación posterior?

En su respuesta para esta historia, Trident se limitó a indicar que no discute sobre sus clientes con los medios de comunicación, pero que coopera de forma “rutinaria” con las autoridades competentes que solicitan información. “[Trident] está totalmente comprometida con todas las regulaciones aplicables, incluyendo las obligaciones legales locales e internacionales relacionadas con órdenes de sanciones y otras restricciones asociadas”.

Por su parte, López indicó a Armando.info que el SLB Trust es un fideicomiso regulado por las leyes del estado de Florida. “Se creó para la planificación de mi patrimonio familiar y corporativo. Los beneficiarios son mi esposa y mis hijos. Es básicamente un sustituto de un testamento y no es una entidad independiente, por lo que no está ‘registrado’».

Sobre las actividades de otras sociedades de su grupo empresarial, que se mencionan en los correos, López comentó que Sea MFAA Corp. y Nautical Corp, registradas ambas en las Islas Caimán, tenían como único activo la titularidad de una embarcación “de uso personal”, mientras que otra compañía, de nombre Beach Founders Holdings Corp, registrada en la isla de Nevis, “se iba a utilizar para una inversión inmobiliaria que nunca se concretó”.


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Semanario El Venezolano. Madrid, del 03 al 16 de agosto de 2022

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