La historia de cómo una planta de papel que debía operar en Venezuela bajo un modelo mixto entre el Estado y la clase obrera terminó estando al servicio de una desconocida empresa privada

Por Marcos David Valverde
armando.info

En julio de 2016, los trabajadores de la planta de Kimberly Clark en Maracay tenían derecho a fantasear con un soviet. La transnacional acababa de abandonar el país entre gallos y medianoche y el gobierno de Nicolás Maduro tomó las instalaciones para gestionarlas con un modelo mixto entre el Estado y la clase obrera. Hoy, a seis años de distancia, todavía les cuesta recapitular cómo terminaron siendo mano de obra barata en una maquila que produce a media máquina solo para proveer a un inversionista desconocido.

Seis años después, en la planta solo funcionan cuatro líneas cumpliendo a rajatabla la cartilla de la ineficiencia chavista, pues la producción nunca levantó, ni bajo el control del Estado y ni bajo el del “poder comunal”, tras aquella oferta de que los trabajadores serían los grandes administradores y beneficiarios de la toma. De hecho, hoy la planta está prácticamente reducida a la categoría casi de maquiladora y las ganancias quedan en manos de un empresario de nombre Luciano Santos Queroz.

De origen brasileño y con 33 años de edad, Luciano Santos Queroz registró en 2014 su primer emprendimiento venezolano: Importadora y Distribuidora Luciano. Tres años después, en sociedad con Aronis Pájaro Mercado, registró Papeles Luciano’s, con sede en la Zona Industrial Santa Cruz, también en Maracay.

En entrevista concedida a Armando.info en su actual oficina en Caracas, Santos Queroz explica que siguió los pasos de una hermana que se mudó a Venezuela a comienzos de la década de 2000. Desde su Sao Paulo de origen, según se puede comprobar en el registro de comercio de Brasil, Santos Queroz venía de ser socio accionista de una agencia de turismo.

Una certeza muy poderosa tuvo que arrastrarlo hasta Venezuela, aun si con ello contrariaba los augurios que las turbulencias políticas y económicas de la revolución chavista alentaban. También debió superar un incidente judicial del que quedaron rastros documentales. En julio de 2011, Santos Queroz denunció a un funcionario del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc, policía auxiliar de la Fiscalía) que, según su testimonio, lo pretendió extorsionar con 100.000 bolívares (cerca de 11.000 dólares, de acuerdo con la tasa no oficial para la época). La paradoja fue que Santos Queroz estaba siendo investigado, como señala el expediente conservado en los archivos del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), por tener documentos falsos. “Unos funcionarios me abordaron y dijeron que la cédula era falsa. Fue horrible pero pasé la página. Se determinó que ellos estaban extorsionando y luego el Saime [Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería] me validó el documento”, asegura.

Superadas las barreras de entrada, solo sería en 2017 cuando Luciano Santos encontró un pasadizo a la fortuna en la tomada Kimberly Clark.

Ocupación y bautismo

El caso de Kimberly Clark no fue una expropiación clásica del chavismo, de aquellas en las que por orden presidencial y sobre la base de criterios políticos, una planta era tomada sin negociaciones. En este caso, el 9 de julio de 2016, la directiva de la empresa en Venezuela anunció el cese de operaciones debido al hundimiento de la producción por efecto de la inflación, el control de precios, la inseguridad jurídica y la ausencia de materia prima; todo ello a pesar de que en mayo de ese año, el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) había declarado solvente a la empresa en una constancia firmada por su presidente de entonces, Carlos Rotondaro, y al que Armando.info tuvo acceso en el transcurso de la investigación. Legalmente, y hasta hoy, lo que hay es una ocupación.

La transnacional de origen estadounidense, que fabricaba marcas como Huggies y Scott para el mercado nacional, tenía décadas en el país, una historia con inicio en la fusión de las empresas Venekim, C.A. y Papeles Guaicaipuro, C.A., en años 80. Para los trabajadores que siguieron en la planta tras la ocupación, resulta inevitable cotejar las condiciones de una y otra era.

“Teníamos uno de los mejores contratos colectivos de Aragua y de Venezuela en ese momento. La empresa peleó para que se aumentara el [precio del] bulto de papel porque estaba el control de precios y tenías que pedir permiso. Resulta que, después de tanto que se exigía a la trasnacional ‘no aumentes, no aumentes, no aumentes…’, sí se aumentó cuando la tomó el Gobierno”, recuerda uno de ellos, quien pidió el resguardo de su identidad.

En los días posteriores a la toma, el gobierno de Maduro anunció la conformación de una junta administradora especial que integrarían los trabajadores y un emisario gubernamental, al que denominó autoridad única. El primero en ese cargo fue José Gregorio Hernández, diputado del gubernamental Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Como su lugarteniente estuvo la diputada Eglé Sánchez, también oficialista. A la dupla se le encargó reflotar la producción, meta que al día de hoy no se ha alcanzado.

La toma de la planta y el nombramiento de autoridades ejecutivas coincidieron con la asignación de 22 millones de dólares. También se le cambió el nombre a la empresa: Kimberly Clark pasó a llamarse Cacique Maracay,

Para reanudar la producción en forma, la flamante empresa socialista tuvo que hacerse en 2017 de materia prima. Sus proveedores fueron Smurfit Kappa, otro jugador importante del mercado global, también con décadas de historia en Venezuela, y un debutante, aparentemente salido de la nada: Papeles Luciano´s.

“A Luciano Santos lo escogieron como aliado comercial o estratégico. Él sí ha hecho reuniones con trabajadores y asambleas, pero no ha participado en un acto público de lleno”, añade otro trabajador que también pidió el resguardo de su nombre para esta investigación.

Así lo confirma el propio Santos Queroz y detalla, aunque sin revelar nombres, que el puente entre él y la junta administradora fue un proveedor en común. Luego él mismo se convirtió en proveedor de pulpa de papel y químicos.

“En 2017, ellos [la junta administradora] empezaron a buscar empresarios que pudieran prestar el apoyo porque no habían logrado aumentar la producción. Entonces aparezco yo ahí porque tenía en Valencia una fábrica de conversión de servilletas y de papel higiénico industrial, Importadora y Distribuidora LS, C.A., que nació cuando comenzó la escasez de papel en 2014”, relata.

Hasta entonces, Santos Queroz era un personaje desconocido. De hecho, todavía lo es en alguna medida, hasta para sus colegas del sector industrial. Una fuente de la Cámara de Industriales del estado Aragua, también con identidad reservada, añade sobre su ascenso: “No tenemos ningún dato de esa persona. No sabemos de dónde viene. Sabemos que ha construido galpones y que sus productos están en el mercado, pero más allá de eso, no hay datos”.

Ese señalamiento, que alude a la expansión empresarial de Luciano Santos Queroz en Venezuela, se corresponde con dos hechos que constan en documentos mercantiles de la empresa. La primera es la apertura de la oficina de Papeles Luciano’s en Caracas en diciembre de 2018. La segunda, en 2020, es el cierre de la sucursal de la zona industrial Santa Cruz y la apertura de la nueva sede, más amplia y moderna, en la zona industrial San Vicente, también en Maracay. La mudanza para ese sector tuvo, además, una motivación estratégica, que fue -y es- la cercanía (a un par de cuadras, concuerdan los trabajadores consultados) con el centro de distribución de Cacique Maracay.

Su interés por el negocio del papel surgió, comenta, mientras conversaba con conocidos en Brasil dedicados a ese ramo. Al comienzo, para su empresa en Valencia, importaba el papel desde ese país. Pero eso cambió, según lo que él mismo confirma, con su participación en la factoría ocupada por el gobierno venezolano.

“Cuando aparece Kimberly, mi beneficio era que yo ya no tendría que importar bobinas y así no tener ese flete, que era muy alto. Básicamente, me ofrecieron un servicio de maquila y así se hizo”, especifica.

La alianza quedó establecida en un contrato notariado que Santos firmó con la junta administradora, encabezada en ese entonces por José Gregorio Hernández. Allí se estableció que Santos Queroz tendría el derecho a 30 % de la producción de la empresa y el deber de cubrir 45% de los gastos fijos de comedor, transporte y mantenimiento. El reportero de Armando.info solicitó una copia de ese acuerdo. La respuesta: “Es confidencial”.

“Les pagaba, me entregaban las bobinas ya hechas y procesaba en las máquinas mías. Luego dijeron que podíamos producir rollos de papel, a partir de 2018. Así ha sido y hoy en día yo pago todo”, dice, refiriéndose al 100% de los gastos y no al 45 % inicial establecido en el acuerdo.

“Parte de esas garantías fue que yo conocía la planta y a los trabajadores y sentí el feedback. El beneficio de la alianza era mantener la empresa operativa y que el trabajador tuviera el puesto asegurado. Básicamente, era mantener la planta”, recalca.

Santos rió de último

Pero Luciano Santos Queroz relata a partir de allí una historia de degradación de sus relaciones con las autoridades de la antigua Kimberly Clark: fueron de la cordialidad a la hostilidad, según su versión.

Así, pasa revista a las sucesivas autoridades únicas: ¿Con José Gregorio Hernández (entre 2016 y 2019)? “Amigable. Siempre tuvo la visión de la producción y de cómo mantener puestos de trabajo”. ¿Con Carlos Andrés Marín Montaña (de 2019 a 2020)? “Con él era cuestión de tiempo que, si no había un cambio radical, llegaría donde llegó: entregó una empresa quebrada”. ¿Con Juan Pablo Mata Cedeño? “Terrible. Literalmente. Mata no logró nada por ningún lado”.

Con la diputada oficialista Eglé Sánchez, quien formó parte de la junta interventora, tilda la relación como distante y básica. Igualmente, con el exgobernador de Aragua y exministro de Industrias, Tareck El Aissami: “Nos reunimos en dos oportunidades, con otros empresarios también, para el acuerdo de precios y donde participamos todas las industrias. Eso fue importante porque se rompió el ciclo de querer imponer precios y no negociarlos”. Esto último fue, por cierto, una de las causas del descalabro de Kimberly Clark, como adujo la empresa al momento de cerrar operaciones en Venezuela.

En todo caso, identifica una falla de origen que propició el bajo rendimiento en la etapa de la ocupación, algo que ha sido, a la vez, una política del chavismo. Se trata de nombramientos en puestos claves por cercanías políticas y no por calificaciones técnicas y gerenciales.

Al respecto, ejemplifica: “José Gregorio [Hernández] no era un conocedor: era un político que fue designado para estabilizar la empresa y que funcionara. En ese tiempo, los gerentes de la línea de mando se fueron (…) y se agrandó la nómina”.

Si Luciano Santos Queroz pinta esa parábola descendente en su trayectoria con la planta, el cuento cambia a partir de septiembre de 2021, tras la salida del coronel Juan Pablo Mata Cedeño como representante gubernamental en la junta administradora.

Nombrado para esa función en enero de 2020 como sustituto de Carlos Andrés Marín Montaña, la gerencia de Mata Cedeño abrió una racha de protestas que se intensificó en el tercer trimestre de 2021. Este, el de la evaluación negativa de la gestión del oficial castrense, es el único punto en el que concuerdan los trabajadores consultados para este trabajo y Santos Queroz.

“A Mata Cedeño lo sacan porque eliminó la venta interna a los trabajadores que estaban en sus casas por la paralización de las líneas de producción. Por eso vino la protesta y él se fue”, explica un trabajador. La “venta interna” era un beneficio laboral que consistía en la adquisición, por parte de los trabajadores, de productos de la empresa a bajo costo. En este caso, papel higiénico y pañales.

Así, en la Gaceta Oficial 42.203, del 1 de septiembre de 2021, el gobierno de Maduro aprobó la vigencia de la junta administradora especial, ya sin Mata Cedeño en ella. Ese fue el momento, insisten los trabajadores consultados para esta investigación, en que comenzó el definitivo protagonismo de Luciano Santos Queroz.

“A raíz del caso de Lácteos Los Andes [empresa expropiada cuyo presidente hasta mayo de 2021, Luis Augusto Piligra Jiménez, fue detenido por un caso de corrupción] empezaron a crear comisiones presidenciales para fiscalizar las empresas. Llegó una comisión de la Dgcim [Dirección General de Contrainteligencia Militar]. En ese momento estaba Mata Cedeño. ¿Cuáles fueron los resultados? No se ven porque no se dijo nada. Solo se supo que llegaron aquí, recorrieron la planta, hablaron con trabajadores y hasta allí”, dice una de las fuentes de la empresa.

Pero si no se ventilaron los resultados de esa investigación, al menos sí hay constancia de que la hubo. En un oficio del 27 de octubre de 2021 al que tuvo acceso Armando.info, la División contra Delitos Financieros del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), a través de la Dirección de Prevención, Control y Fiscalización de Legitimación de Capitales y Financiamiento del Terrorismo, pidió, “con extrema urgencia”, copia del expediente mercantil de Kimberly Clark.

Estén conectados ambos hechos o no, Santos Queroz aprovechó el entuerto para su entronización. O, como insisten los trabajadores, para que Cacique Maracay se convirtiera en una maquiladora. Prácticamente, toda la producción termina en Papeles Luciano’s.

“Por poner un ejemplo, desde septiembre, de bobinas madres hemos producido 200 toneladas que se quedan en Kimberly Clark, y para Luciano’s hemos producido 3.200 toneladas. Es decir, son 3.000, toneladas por encima que van para la empresa privada. Ahí está la diferencia”, precisa un trabajador.

La transformación en productos de consumo de esas 200 toneladas que han permanecido en Kimberly Clark, no se ha quedado en el inventario de la empresa. Todo eso va también a Papeles Luciano’s, insisten los trabajadores.

“Afuera, en el mercado, cuesta casi tres dólares un paquete de cuatro rollos de papel, cuando nosotros, a precio de fábrica, los vendemos a 0,6 dólares. ¿Cuál es el margen de ganancia?”, cuestionan.

En un cálculo aproximado presentado por los trabajadores a Armando.info, la producción actual de papel higiénico es de 14.000 bultos por semana. La exigencia de producción por parte del inversionista brasileño es de 31.000 bultos por semana. Solo si esa meta se cumple, cada trabajador de esa línea de producción cobrará el incentivo prometido: 15 dólares semanales.

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