En detalle las organizaciones criminales que operan en Venezuela al sur del río Orinoco

Por M.ª de los Ángeles Ramírez | Joseph Poliszuk | M.ª Antonieta Segovia
armando.info

Los 3.718 sitios de minería y las 42 pistas clandestinas que los satélites identifican desde el espacio en la Guayana venezolana sirven a las actividades ilícitas de bandas delictivas que, extranjeras o nativas, a veces de manera confederada y otras en conflicto entre sí, imponen su ley, casi sin oposición del Estado. No todas son iguales y conocer las diferencias de sus orígenes, historias e intereses, ayuda a comprender la dinámica compleja de la soberanía que, en la práctica, ejercen en ese confín selvático del territorio venezolano. Aquí se describen.

En general, es enorme el contraste entre la realidad, áspera y precaria, de las principales urbes venezolanas, concentradas en el eje norte-costero del país, y la exuberancia natural –ecológica y geológica– del territorio al sur del río Orinoco, la Guayana mítica de Walter RaleighJosé Gumilla y Alejandro de Humboldt. Pero algo tienen en común: durante los últimos años, el crimen organizado ha tomado el control de zonas cada vez más amplias tanto de unas como del otro; solo que hasta ahora la atención pública y la acción de los cuerpos de seguridad han estado más concentradas en las ciudades.

Resulta curioso, porque la mitad meridional de Venezuela ha sido objeto de algunas medidas específicamente adoptadas por los gobiernos de la autodenominada Revolución Bolivariana que, bien con el pretexto de proteger un hábitat natural clave para la nación, o de preservar para el Estado la explotación de sus recursos, ha impulsado su intervención. La minería está prohibida en el estado Amazonas desde 1989 por el decreto 269 del gobierno de aquel entonces, presidido por Carlos Andrés Pérez, pero 20 años después, en 2009, Hugo Chávez debió ordenar militarizar la entidad para expulsar a cientos de mineros. Otra iniciativa del comandante revolucionario, la creación del llamado Arco Minero del Orinoco, fue finalmente llevada a cabo en 2016 por su sucesor, Nicolás Maduro, en un área de 112.000 kilómetros cuadrados del estado Bolívar, con la intención de promover una extracción de minerales, si bien intensiva, al menos ordenada, por parte de emprendimientos privados en alianza con el Estado.

El resultado, en cualquier caso, ha sido otro: guerrilla, garimpeiros y bandas delictivas que se autodenominan sindicatos o sistemas financian sus actividades con el control, prácticamente sin resistencia, de las minas, del negocio de la extorsión y del tráfico de minerales, drogas y armas. La cofradía delictiva se reparte, a veces con tensiones internas, una superficie de 418.000 kilómetros cuadrados, donde entrarían los territorios sumados de Alemania, Costa Rica y Chipre.

Una base de datos construida para esta investigación, a partir de reportes militares y de prensa emitidos entre enero de 2018 y septiembre de 2021, permitió identificar siete grupos armados que ejercen en la zona su actividad delictiva, que se expresa en al menos 21 tipos de delitos.

En el estado Bolívar, por ejemplo, predominan megabandas lideradas por cabecillas conocidos por sus apodos: TotoFabioJuanchoEl Viejo y Run, entre otros. Se han hecho fuertes en los municipios Roscio, El Callao y Sifontes.

En el estado Amazonas, la porosidad de las fronteras con Colombia y Brasil resulta un factor fundamental. Allí impera la ley del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y de las llamadas disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), grupo guerrillero desmovilizado después del proceso de paz, pero del que una facción decidió volver a las armas.

La ubicación de cada punto es aproximada, no se trata de puntos focalizados sino de áreas o zonas de influencia de grupos armados

Huéspedes indeseables en la mansión verde

La penúltima vez que G.T. (cuyo nombre se omite por cuestiones de seguridad), un indígena de la etnia baniva -comunidad de poco más de un millar de personas distribuidas entre Venezuela y Brasil– nacido en una pequeña isla en el sur del estado Amazonas, pisó su campamento de pesca deportiva en el municipio Río Negro, algo había cambiado radicalmente. La zona, bañada por un brazo del río Casiquiare –el cauce que conecta las cuencas del Orinoco y del Amazonas–, está a más de cinco días de navegación fluvial desde la capital del estado, en un territorio casi virgen. G.T. mantenía el puesto como un campamento de servicios y meca para pescadores, que acudían desde muy lejos para cobrar ejemplares del pavón o tucunaré (Cichla ocellaris), una especie muy apreciada como trofeo de la pesca deportiva en aguas de la Orinoquía.

Esa vez, en 2011, un grupo de hombres armados que se identificaron como miembros de las FARC, vestidos de civil, se acercó a conversar. G.T., hoy de 47 años de edad, admite que el trato que le dispensaron fue “respetuoso”. Pero, de todas maneras, él y su familia decidieron no volver al campamento. A fin de cuentas, los clientes tampoco iban a regresar en esas condiciones.

Los municipios Atures, Autana, Atabapo, Maroa y Río Negro, conforman la hilera fronteriza del estado venezolano de Amazonas que hace frente a los departamentos de Guainía y Vichada, en Colombia. Estos territorios del oriente colombiano constituían baluartes tradicionales de las FARC. Los ríos principales de la zona –Inírida, Guaviare, Vichada, Meta, Orinoco, Atabapo, Guainía y Negro, si también se incluye la parte venezolana–, así como la extensa capilaridad de caños y brazos, en donde el indígena baniva solía pescar pavón, propiciaron que la guerrilla colombiana migrara a Venezuela en una paulatina ósmosis. El debilitamiento de los liderazgos locales y la baja presencia institucional del lado venezolano hicieron otro tanto. Los corredores fluviales fueron primero claves para la provisión de suministros y logística que requerían las campañas guerrilleras; luego ayudaron a crear en Venezuela una suerte de aliviadero; y, finalmente, dieron la oportunidad de apoderarse de actividades ilícitas que aportan financiamiento.

Las denuncias públicas de la presencia de las FARC en el Amazonas venezolano datan de, al menos, comienzos del s.XXI. Pero con la firma en Cartagena en 2016 de los Acuerdos de Paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC, se produjo un vacío que el ELN, que hasta entonces no había tenido mayor presencia en Guainía y Vichada, se apresuró a llenar. El ELN, tradicionalmente más activo en la zona de Los Llanos, dio sus primeros pasos en el sur de Amazonas con el Frente José Daniel Pérez Carrero, coincidieron fuentes consultadas. Más tarde, las ahora disidencias de las FARC se establecieron en Venezuela bajo la franquicia del Frente Acacio Medina, creado en 2012, y la dirección de Géner García Molina o Jhon 40.

Como se ve, la expansión de la guerrilla colombiana en el extremo sur de Venezuela empezó por la zona más despoblada. Pero hoy se despliega por los siete municipios del estado Amazonas.

Amazonas es una zona sin casi medios locales y una muy limitada cobertura por parte de la prensa nacional. Por tanto, los reportes periodísticos procedentes de esa entidad son pocos en la base de datos. Aún así, muestran a partir de 2016 –año de los Acuerdos de Paz en Colombia– un aumento de las denuncias contra el auge de la minería, los abusos militares y la incursión de grupos armados.

La expansión del ELN y las disidencias de las FARC no se relaciona solo con el interés en la extracción de minerales, sino también con el control de rutas para el tráfico de drogas proveniente de los departamentos colombianos Meta, Guaviare y del municipio de Cumaribo, en el Vichada, hacia territorio venezolano. Se lucran brindando servicios de seguridad o permitiendo el tránsito y presencia en la zona, confirma un informe de marzo de 2021 de la Defensoría del Pueblo de Colombia.

Por ejemplo, en enero de 2021, una embarcación hundido algo más de la cuenta mientras navegaba el río Inírida alertó a la Armada colombiana. Después de revisar víveres que tapaban el fondo, los militares consiguieron una caleta con 600 kilos de marihuana que presumen tenía como destino Venezuela. En época lluviosa, aprovechan la crecida de los ríos pequeños para movilizarse y evitar los controles militares, indican los reportes de la base de datos.

Las tensiones políticas entre Caracas y Bogotá, que desembocaron en la ruptura diplomática de 2019, crearon un “escenario propicio” para el “posicionamiento táctico” de los guerrilleros colombianos en la frontera a fin de aprovechar “las condiciones geográficas y medioambientales del territorio en la explotación de economías ilegales y el uso de esta zona como refugio y retaguardia”, de acuerdo con el mismo informe.

El ELN y las disidencias buscan en el Amazonas venezolano coordinar sus acciones, entre ellas, un acercamiento a las comunidades indígenas que suele ser pacífico. Ello no ha conseguido evitar, sin embargo, que la invasión de territorios, la construcción de ciertas infraestructuras –como campamentos o pistas aéreas– y el reclutamiento forzoso, entre otras actividades que llevan a cabo, les enajene la amistad de los locales y haya obligado a los aborígenes a migrar a Colombia y Brasil.

Aunque la Fuerza Armada Bolivariana de Venezuela mantiene su presencia en la zona, no hay razones para pensar que sea para expulsar o siquiera contener a las guerrillas. En cambio, los testimonios abundan sobre su dedicación a prácticas irregulares o ilícitas. Funcionarios militares han sido denunciados por despojar de sus pertenencias a quienes transitan a bordo de embarcaciones en aguas colombianas. A mediados de 2019, por ejemplo, siete uniformados venezolanos dispararon contra una embarcación colombiana que luego interceptaron para robar a sus tripulantes.

En el norte del estado Amazonas, en donde convergen las fronteras de los estados venezolanos de Apure y Bolívar con las del departamento colombiano de Vichada, la guerrilla ha ganado el control estratégico de una importante encrucijada fluvial. En el municipio Atures –nombre de los célebres rápidos del río Orinoco–, el ELN comparte terreno con el Frente Décimo de las disidencias de las FARC y se reparten tareas desde Puerto Carreño –ciudad que domina el cruce del Meta con el Orinoco– con otros dos grupos armados, sucesores del paramilitarismo: Los Puntilleros Libertadores del Vichada (PLV) y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).

En la vertiente venezolana de la frontera ya se presentan las represalias violentas, aunque no sean todavía comunes. Dos hechos investigados por las autoridades colombianas lo sugieren: En junio de 2019, fueron encontrados dos cadáveres de sexo masculino en Puerto Carreño. Ambos eran jóvenes venezolanos. Diez meses después, fueron encontrados los cuerpos de otros dos hombres, un colombiano y un venezolano, con un letrero adosado que decía: “Por traidores y sapos [delatores, en el castellano coloquial de Colombia y Venezuela]”. Ambos casos fueron atribuidos a las disidencias de las FARC.

Mineros contra indígenas

Al sur de Amazonas, otro invasor va a cumplir 40 años de ocupación. Son los garimpeiros, término del portugués brasileño que bautiza a los mineros ilegales. Como su nombre, suelen venir de Brasil y operan, sobre todo, en el territorio de los pueblos yanomami, que es binacional.

Vienen por la fiebre del oro y se establecen a sangre y fuego cada vez que es necesario. Todavía se recuerda la masacre de Haximú, una comunidad yanomami cercana a las fuentes del río Orinoco, en Venezuela. En 1993, 16 indígenas fueron asesinados de forma brutal por garimpeiros. La comunidad fue incendiada. Y, como si nada, los garimpeiros siguieron operando allí, entre otras razones, por la laxitud de la justicia brasileña, que a la postre fue la encargada de examinar el caso habida cuenta de la nacionalidad de los acusados y su competencia para procesar delitos extraterritoriales: solo cinco de los 22 autores de la matanza fueron condenados.

De hecho, en la base de datos preparada para este reportaje se verifica que las denuncias de prensa y de las organizaciones indígenas siguen ubicando el grueso de la actividad actual de los garimpeiros no lejos de Haximú, sobre el curso del río Ocamo.

El corredor de entrada a Venezuela para los mineros pasa por el cerro Delgado Chalbaud, en la Sierra de Parima, a pesar de que allí se encuentra un puesto avanzado de los militares venezolanos. Desde ese punto los expedicionarios están a tan solo dos días de caminata, o menos, de Haximú, según relataba un comunicado que una representación yanomami envió en 2020 a Provea, la principal organización de Derechos Humanos en Venezuela: “Las autoridades les permitieron instalar unas cuatro máquinas para sacar oro y minerales (…) están en los mismos terrenos que circulaban cuando la masacre”.

Como los guerrilleros, los garimpeiros dijeron a los indígenas que querían hacer por las buenas un convenio con ellos. Acá el miedo tenía todas las de ganar, también como frente a los guerrilleros. “No nos queda más remedio que estar callados porque están armados y tenemos miedo”, indicaron en el comunicado.

Pero los garimpeiros se encuentran también mucho más al norte. Es el caso del municipio Manapiare, que hace frontera con el estado Bolívar. Las organizaciones indígenas Kuyunu del Alto y Medio río Ventuari, Kuyujani del río Caura y Kuyujani del Alto Orinoco, denunciaron en agosto de 2021 la presencia de 400 garimpeiros con 30 máquinas. “Los pueblos indígenas están siendo sometidos a situación de esclavitud en las comunidades más alejadas y de difícil acceso del municipio Manapiare”, denunció el Defensor del Pueblo del estado Amazonas, Gumersindo Castro, sin encontrar eco.

Con todo, la actividad de los mineros ilegales en el estado Amazonas todavía se ve modesta frente al frenesí del lado brasileño. El reconocido líder yanomami brasileño, Dário Vitório Kopenawa, vicepresidente de la Asociación Hutukara Yanomami, denunció –vía telefónica– la presencia de 20.000 mineros en las tierras ancestrales de la etnia del lado brasileño. También aseguró que entre los mineros están infiltrados miembros del temible Primeiro Comando da Capital (PCC), una de las organizaciones criminales más poderosas y temibles de Brasil, así como de otros grupos armados. Como el trasvase ocurre en ambos sentidos a través de la horadada membrana fronteriza, las autoridades brasileñas comprueban que decenas de venezolanos con antecedentes penales, llegados al país en medio del flujo imparable de refugiados, se han sumado a las filas del PCC.

“Los invasores están creciendo y los empresarios están apoyando al garimpo ilegal con transporte aéreo, aviones, helicópteros, barcos”, dijo Kopenawa.

El pliego delictivo de los ‘sindicatos’

Los indígenas del oeste del estado Bolívar, cerca de los linderos del estado Amazonas, también sufren los desmanes de invasores armados. Entre ellos hay guerrilleros y también otros actores nuevos: los sindicatos.

Al menos desde mayo de 2020, en plena primera ola de la pandemia, se reportaron siete eventos que ratifican la presencia tanto de grupos armados locales como de grupos guerrilleros foráneos en el municipio Sucre del estado Bolívar, corazón del Parque Nacional Caura, decretado por el gobierno de Nicolás Maduro en marzo de 2017. El área protegida, que corresponde a las márgenes y cuenca del río Caura, abarca 7,5 millones de hectáreas.

A mediados de julio de 2020, un pelotón de 70 hombres con uniformes verde oliva tomó un campamento turístico a las orillas del río Caura. Estaban armados. Testigos de la incursión relataron que colgaron sus hamacas y permanecieron en la zona por al menos tres semanas. Se identificaron como disidencias de las FARC. Ese mismo mes, la comunidad indígena de El Playón, en el Bajo Caura, denunció la llegada de “grupos colombianos armados” y, tres meses después, en la comunidad Las Pavas se repitió el relato: un “grupo irregular de Colombia” llegó al territorio indígena y se instaló. Líderes comunitarios de las etnias ye’kwana y sanemá, que viven a orillas del Caura, denunciaron al Observatorio Indígena Kapé-Kapé que estos grupos armados intimidaron a la comunidad para tomar el control de las zonas mineras. Los irregulares impusieron restricciones para la movilización. Ya no podían ni pescar ni cazar libremente.

Durante cinco meses hubo relativa paz, pero en marzo de 2021 otros grupos irregulares realizaron un ataque en la mina El Kino del Bajo Caura. Una maestra y su esposo fueron asesinados. Las primeras versiones de los voceros indígenas indicaron que el grupo armado, que no se identificó, les pidió desalojar los terrenos aledaños al yacimiento ilegal. Como la respuesta fue negativa, se desató la violencia.

Apenas un mes después, otro ataque en la mina El Silencio terminó en el asesinato de cuatro personas, entre ellas el capitán indígena –jefe o cacique– de la comunidad La Felicidad, Nelson Pérez, de 30 años. Tres años antes, un predecesor en la capitanía, Misael Ramírez, fue asesinado junto a su hijo de 18 años en el mismo sitio. La ejecución fue atribuida a un grupo armado que se alió con indígenas sanemá para tomar el área. Tanto Pérez como Ramírez eran de la etnia jivi, que con individuos ye’kwana conforman la población de La Felicidad.

Se trata de acciones de los llamados sindicatos, en realidad, pandillas o bandas de desclasados que se congregan en torno a pranes o líderes delictivos. La suma de numerosos testimonios permite afirmar que esos grupos dominaron los yacimientos en el Caura hasta julio de 2020. Pero después de esa fecha las cosas cambiaron. La toma ya reseñada del campamento turístico en Las Trincheras, así como las incursiones en las comunidades de El Playón y Las Pavas, eran en realidad avanzadillas de las disidencias de las FARC, que consiguieron desalojarlos. Las cuatro minas más grandes del Caura –YuruaniLa BullitaFijiriña y San Pablo– están ahora en manos de las disidencias de las FARC y del ELN que, aseguran los líderes consultados, se benefician del pago en oro que deben entregar los dueños de máquinas usadas en la extracción de oro. “Garantizan la seguridad de los mineros y los que circulan en la zona y cobran una vacuna a cada dueño de máquina”, explicó un dirigente indígena.

Cuando el gobierno de Nicolás Maduro decretó la creación del Parque Nacional Caura, el objetivo era ampliar la protección del reservorio de biodiversidad y refugio de pueblos indígenas. No obstante, el parque está al costado del llamado bloque 2 del Arco Minero del Orinoco, lo que exacerba presiones en un área ya afectada por la minería.

“Estos grupos mantienen a la población de la cuenca bajo amenazas sistemáticas y terror en toda el área. Hay una situación estructural de violencia ejercida por estos irregulares en contra de las comunidades existentes en los ríos Caura y Ventuari. Si continúa el deterioro de los derechos, se profundizarán las consecuencias negativas impulsadas por las actividades extractivas”, alertó la ONG Wataniba en el pico de la violencia.


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(*) Esta es la segunda entrega de una serie investigada y publicada en simultáneo por Armando.info y El País, con el apoyo de la Red de Investigaciones de los Bosques Tropicales del Pulitzer Center y la organización noruega EarthRise Media.

En el diseño, programación y montaje del algoritmo, mapa, investigación y edición, participaron Jorge Luis Cortés, Cristian Hernández, Javier Lafuente, Ewald Scharfenberg, Guiomar del Ser, Fernando Hernández, Ana Fernández, Eliezer Budasoff, Alejandro Gallardo, Luis Sevillano, Ignacio Catalán, Vanessa Pan, Yeilys Márquez y Pablo Rodríguez.




Semanario El Venezolano. Madrid, del 03 al 16 de agosto de 2022

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