Por Isabel Guerrero | Carlos Crespo | Marcos David Valverde
armando.info
Ricos pero no necesariamente famosos, tienen en común un gentilicio y una morada: Lagasca 99, en el barrio de Salamanca de la capital española. Este condominio de lujo lo comparten con otros magnates latinoamericanos, y se destacan por ser empresarios del sector de la moda, construcción, servicios financieros e inmobiliarios. Sus nombres y opulencia han dejado rastro dentro y fuera del país.
Lagasca 99 es un símbolo reciente de poder, en pleno centro de Madrid, que promete convertirse en un mito. Quienes compraron pisos en el edificio son parte de un reducido número de millonarios que conforman el elenco de este condominio de lujo, como si protagonizaran un spin-off de la serie española de televisión Aquí no hay quien viva, pero en versión high-end.
Aunque los amplios ventanales de esta atípica fortaleza de mármol y madera, que recuerdan las almenas de un castillo, también auguran transparencia, sus propietarios e inquilinos en realidad se esfuerzan por resguardar sus identidades. La discreción es clave para muchos de esos dueños, que se amurallan en el anonimato otorgándole la propiedad del piso a una empresas que, en algunos casos, dejan pistas para llegar hasta los beneficiarios finales.
Ese rastro permite afirmar que al menos cinco apartamentos, de los 44 que tiene el proyecto inmobiliario -del premiado arquitecto andaluz Rafael de la Hoz-, pertenecen a venezolanos, empresarios poco convencionales que han dejado rastro dentro y fuera del país. Se suman personalidades de México, Estados Unidos, Colombia y Perú, que ahora conviven en el edificio más costoso de la capital española, cuyo metro cuadrado se cotiza en 12.000 euros (unos 13.600 dólares), en promedio.
Si, como reza el dicho del negocio de bienes raíces, la ubicación lo es todo, este caso lo ilustra: en pleno corazón del barrio de Salamanca, en una calle, Lagasca, preñada de boutiques, tiendas de lujo y exclusivos restaurantes, y a un par de cuadras de la lujosa Serrano. Pero, además, la propiedad viene trufada de múltiples amenidades: spa, piscina, gimnasio, sala de reuniones y un club de estilo inglés, con milimétricos acabados de primera, como lo describe el estudio de arquitectura que diseñó la obra.
El edificio obtuvo el permiso de construcción en diciembre de 2016 y ya para agosto de 2017 su promotor, Grupo Lar, había vendido dos de cada tres apartamentos. Había avidez por el lujo. Se apostaron fortunas de entre 3,5 y 9 millones de euros para recibir las llaves de apartamentos que alcanzan a medir 300, 400 y hasta 700 metros cuadrados, de acuerdo con los planos iniciales publicados en la página web del proyecto, ahora fuera de línea.
En comparación con la Gran Caracas, lugar donde vivió la mayoría de los venezolanos propietarios en el edificio, el metro cuadrado en la mejor zona de la capital de Venezuela llegaba a valorarse en 600 dólares en ese mismo año de 2017, cuando el Lagasca 99 debutó en el mercado inmobiliario. Frente a esa ganga autóctona, en cualquier caso, los venezolanos habrán encontrado buenas razones para pagar una prima millonaria en Madrid: detentar un inmueble en Caracas significaba entonces una inversión sin seguridad jurídica que devaluó la propiedad y ubicó a las viviendas de la capital venezolana entre las más económicas de América Latina, según un informe publicado por el Centro de Investigación en Finanzas de la Universidad Torcuato Di Tella de Argentina.
Aunque por sí misma no constituye indicio de delito o irregularidad alguna, la posibilidad de adquirir propiedades costosas, como las del Lagasca 99, en un mercado europeo tan revalorizado como el de Madrid, permite reconocer la existencia de una élite de empresarios venezolanos cuyas inclinaciones y capacidades para comprar villas y castillos, reales o urbanos, a manera de moradas de retiro, contrastan con la paupérrima condición de sus paisanos más comunes. En este contraste reside el interés público de los siguientes perfiles.
Érase Cadivi
¿Cómo llega un ingeniero venezolano de 68 años a ocupar el apartamento B15B de Lagasca 99? Saverio Leggio Cassara es este propietario, que se destaca por haber sido actor privilegiado en la trama de empresarios que recibieron dólares de la Comisión Nacional de Administración de Divisas (Cadivi), que gestionó un sistema de control cambiario, tan estricto como engorroso y corrupto, entre 2003 y 2014.
Leggio tiene sociedades en Venezuela, Panamá, Nueva Zelanda, Estados Unidos y República Dominicana. También está vinculado con empresas en Belice y Bahamas, así como con algunas offshore de larga data en Islas Caimán e Islas Vírgenes Británicas.
La familia Leggio Cassara, de origen italiano, recibió al menos 220 millones de dólares a tasa preferencial entre 2004 y 2012. Francesco Leggio Lo Curto, fallecido en enero de 2013, padre de Saverio Leggio, fue fundador de la fábrica de calzados Paseo y de la Petroquímica Sima, un complejo industrial productor de un compuesto de amplio uso en la fabricación de plastificantes, resinas alquídicas y de poliéster. La página en línea Cadivi Abierta señala que la Petroquímica Sima recibió unos 136,9 millones de dólares. Otros 85,78 aterrizaron en las cuentas de Distribución de Electricidad C.A. (Distrelca) en el lapso indicado. De acuerdo con el Registro Nacional de Contratistas (RNC), en Distrelca han ejercido como directivos Saverio Leggio, su exesposa Giovina Di Matteo, y los hijos de ambos, Francesco Saverio Leggio Di Matteo y Alessandra Joanna Leggio Di Matteo.
La base de datos aduanera Import Genius también ofrece cifras que indican que por ambas empresas pasaron muchas divisas. La petroquímica realizó importaciones por más de 350 millones de dólares entre 2009 y 2016, mientras que Distrelca importó insumos entre 2009 y 2018 por un monto que superó los 58 millones de dólares. El objeto de esta última empresa va desde la fabricación de calzado, pasando por la producción de cemento, la importación y exportación de mercancía, la actividad petrolera y el área de energía eléctrica. Sin embargo, en su actual página web señala que se dedica a la importación y distribución de productos químicos.
Pronto, sus operaciones con los dólares preferenciales por presuntos ilícitos cambiarios y legitimación de capital empezarían a ventilarse en los medios. “Según una alta fuente judicial, [Saverio] Leggio habría estafado a varios empresarios ofreciéndoles resolver su problema en Cadivi donde asegura tener todo resuelto”, publicó el diario Reporte de la Economía en la edición del 11 de octubre de 2013. El medio advertía que Distrelca también era investigada por haber incumplido varios contratos con el Estado en los que ya había cobrado anticipos. Según el Sistema de Contrataciones del Estado, uno de los clientes de Distrelca fue Servicios de Nutrición Animal, C.A. que tenía como directivo a Fabrizio Della Polla De Simone quien, junto a Hjalmar Gibelli Gómez, reconoció haber lavado dinero a través del control cambiario en un juicio que se les siguió en San Luis, Missouri, Estados Unidos. A Servicios de Nutrición Animal C.A., Cadivi le asignó 214,59 millones de dólares preferenciales.
En los tribunales venezolanos se albergan expedientes judiciales en contra de las empresas de la familia Leggio: Petroquímica Sima C.A, Química Oxal C.A. e Inmobiliaria Torre Oxal C.A. Los representantes legales de las compañías en esos casos fueron Miguel Antonio Sierralta y Juan Carlos Cuenca Vivas. El primero fue el abogado que participó en el esquema de pagos fraudulentos en Ecuador a través del Sistema Unitario de Compensación Regional (Sucre) junto a su hijo, Morris Lemig Sierralta Sucre. Mientras que Cuenca Vivas es actual magistrado suplente de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que, de acuerdo con fuentes judiciales, tiene mucha influencia en materia civil y mercantil en la actualidad, con cercanía a Maikel Moreno, presidente del máximo tribunal.
Los Leggio han logrado amasar una fortuna con negocios dentro del país que tuvieron conexiones en el exterior, así como han figurado comorepresentantes legales de conocidas sociedades. José Leggio Cassara, el hermano de Saverio, es directivo de la empresa Grupo Continental GC, C.A. dedicada a la “explotación petrolera en general”, de acuerdo con el RNC. Otro de los directivos que figura en esta compañía es Ramiro José Sierralta González, un abogado que también estuvo en la junta directiva de Derwick Associates de Venezuela S.A., la empresa dirigida por Alejandro Betancourt, acusada de irregularidades en el otorgamiento y ejecución de contratos en el sector eléctrico, que superaron los 2.000 millones de dólares.
En el exterior, Saverio Leggio es accionista de International Capital Investment Limited, una empresa activa en Nueva Zelanda. En Bahamas aparece como directivo de dos empresas y en Panamá destaca la compañía Triumph Services Corp., en la que figura como primer presidente Luis Maria Piñeyrua Pittaluga, quien trabaja en un bufete de abogados de Uruguay y es directivo de la neozelandesa PVCI New Zealand Trust. Pittaluga. El jurista fue uno de los que diseñó la trama del caso Lava Jato en Brasil, con empresas en Singapur, Belice y otros destinos. Es llamativo porque esta empresa panameña tiene como directivos a dos empresas registradas en Belice (Crestwood Services Ltd y Metropole Corporation) y, además, la empresa de Leggio en Nueva Zelanda tiene una compañía homónima en Hong Kong.
El divorcio le dejó a la exesposa de Saverio Leggio un apartamento bajo el nombre de una sociedad en Florida. Y como el cielo es el límite, a este venezolano le alcanzó para comprarse un avión marca Turbocomander, modelo 840, siglas YV1851. El 10 de enero de este año, Armando.info envió un cuestionario a las direcciones de correo electrónico de las empresas de la familia Leggio, sin que obtuviera respuesta para la fecha de publicación de este reportaje.
Érase un matrimonio
¿Limitaciones? Para Manuel Castro Gómez y Yaika Aponte Bolívar esa palabra no está en el diccionario. Para su grupo empresarial, radicado en la industrial (y ahora menoscabada) ciudad de Puerto Ordaz, estado Bolívar, en el sureste de Venezuela, había todo tipo de contrataciones: desde negocios menores, como rellenar los huecos de una calle, hasta otros de máxima envergadura, como construir un dique. Tampoco las hubo cuando el matrimonio Castro-Aponte adquirió el apartamento B24B en el Lagasca 99.
Castro Gómez y Aponte Bolívar mantienen desde entonces un grupo de empresas que, aunque modesto en tamaño, ha contado con el privilegio de la cercanía del Estado desde los tiempos de bonanza de Hugo Chávez y el reventón de los precios del petróleo de la década de 2000. El conglomerado en ciernes lo componen tres compañías registradas a nombre de Castro Gómez: Simano C.A., Proyectos y Construcciones P&H, y Unitec PC C.A. En las dos primeras está asociado con su esposa, Yaika, y con su cuñada, Yokira Liseth Aponte Bolívar; además está su hermano, José Antonio Castro Gómez. En la tercera está asociado con Héctor Ramón López Rodríguez.
En 2009, Simano tuvo contrataciones con Ferroatlántica de Venezuela (Ferroven), compañía estatal dedicada a la comercialización de ferroaleaciones, adscrita a la Corporación Venezolana de Guayana (CVG). También con la privada ACBL de Venezuela, dedicada al transporte fluvial en el río Orinoco, y con Refinadora Ecológica de Venezuela. En todos los casos, como al menos lo refleja el Registro Nacional de Contratistas (RNC), lo encomendado -movimientos de tierra y revestimiento del sistema de tuberías del sistema contra incendios- se cumplió. La empresa del matrimonio Castro-Aponte se dedicaba a todo lo que tuviera que ver con obras de ingeniería civil, mecánica, eléctrica y petrolera.
Lo que el mismo RNC delata es que hubo obras inconclusas que, al menos en parte, eran responsabilidad de P&H -nombre acuñado con el uso de las letras iniciales de padres e hijos-, como la represa de Tocoma, en el bajo Caroní, en el estado Bolívar.
Entre 2012 (año en el que debía estar listo el complejo hidroeléctrico) y 2014, la antigua Electrificación del Caroní (Edelca), luego Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), contrató al Consorcio OIV-Tocoma (que incluye Odebrecht, de Brasil, Impregilo S.P.A., de Italia, y Vinccler, Venezuela) para construir la obra.
Este consorcio fue el que otorgó contratos a P&H para la construcción de un dique. El RNC señala que en 2014 el proyectó quedó en 4% de avance. Hay otras obras civiles con la misma Odebrecht que están especificadas en 81% de avance.
Pero si el controvertido caso de Odebrecht en Venezuela tocó tangencialmente a los Castro-Aponte mediante estos contratos, otras empresas del Estado también lo hicieron, como fue el caso de CVG-Ferrocasa, empresa creada para “promover el desarrollo urbano” en el área de viviendas.
De 2013 a 2018, P&H contrató con Ferrocasa para la remoción de tierra en terrenos destinados a la construcción de conjuntos residenciales. Una vez más, el RNC señala que en una primera obra, de 2013 a 2016, se avanzó 20%; en otra, de 2013 a 2018, el porcentaje de ejecución fue de 4%. El abanico de contratos también incluyó a la Alcaldía Socialista Bolivariana de Caroní, entonces al mando de José Ramón López. Este alcalde fue destituido en 2015 y luego juzgado por “peculado doloso, concierto con contratista y evasión de proceso licitatorio”. Los contratos se firmaron para la reparación y asfaltados de calles. El lunes 10 de enero los reporteros de este medio enviaron un cuestionario a un correo electrónico personal de Manuel Castro Gómez, para obtener su versión, pero no hubo respuesta hasta la fecha de publicación de esta nota.
Érase un resbalón
Aunque Lagasca 99 propone exclusividad y discreción, un piso en un edificio con futurista piel de vidrio, no ha conseguido esconder a otro de sus propietarios venezolanos. Luis Otero Cervela compró el A3A y su nombre no pasó inadvertido en 2015 cuando fue mencionado en una investigación que mencionaba al venezolano de nacionalidad estadounidense Moris Beracha, a quien se vincula con un multimillonario negocio de fraude junto al banquero Francisco Illaramendi, dueño de las firmas de inversión MK Capital y Highwiew Point Partners. Ambas compañías fueron usadas en un esquema Ponzi para apropiarse del dinero de inversionistas, incluidos los recursos del fondo de pensiones de jubilados y trabajadores de Petróleos de Venezuela (Pdvsa).
Beracha y Otero Cervela eran socios de la firma Rowberrow Tranding Corp, también investigada porque tenía una cuenta en la sucursal suiza del banco HSBC por donde pasaron los fondos provenientes de Venezuela. Ninguno de los empresarios fue acusado por el fraude piramidal, en cuyo caso sí resultó condenado Illarramendi en un tribunal federal de Connecticut.
Durante los inicios del primer gobierno de Hugo Chávez, Beracha tenía un nombre en Wall Street, así como en importantes empresas relacionadas con los sectores de telecomunicaciones, finanzas, alimentos e inversiones inmobiliarias. Su área de influencia llegó al alto gobierno venezolano, donde se le relacionó con el exministro de Finanzas y exgobernador de Aragua, Rafael Isea, hoy exiliado en Estados Unidos. Una de sus empresas de inversión más importantes fue Celistics Holdings, que operaba en el mercado de telecomunicaciones en América Latina, con oficinas en España. Es allí donde Luis Otero Cervela lo acompaña como vicepresidente del directorio, a partir de 2006, también como apoderado en 2013 y consejero en 2015, según reseña el Registro Mercantil de España (Borme).
Otra de las empresas en las que tuvieron vínculos fue Panamerics Ventures SL, con sede en Madrid, y que se dedicaba a la adquisición y gestión de valores representativos de los fondos propios de entidades no residentes en territorio español. Otero Cervela fue presidente por un año de la sociedad constituida en 2009, cuando Moris Beracha era administrador único y vicepresidente de la misma. Para el año 2020, Beracha continuaba operando con el holding.
La compañía más reciente en la que aparece Luis Otero Cervela como administrador único es Aeronautical Lease Management SL, constituida en 2019 y dedicada exclusivamente al alquiler de transporte aéreo. Sin embargo, sus negocios llegaron a extenderse hasta Nueva Zelanda. En sociedad con su esposa Francisca Romasanta Rodríguez, operaron entre 2010 y 2014 la sociedad Renaissance Fiduciary Services Limited, dedicada a servicios fiduciarios.
Romasanta, también administradora y empresaria, aparece mencionada en una investigación que comenzó con el proyecto SwissLeaks, una masiva filtración de datos fiscales de la sucursal suiza del banco HSBC, que difundió el informático ítalo-francés Hervé Falciani. Los nombres de miles de clientes de 203 países salieron a la luz pública y, en 20215, sus historias fueron publicadas en más de 45 países a través de la alianza del diario Le Monde de París y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), en la que también participó Armando.info revelando parte de las fortunas en la banca suiza procedentes de Venezuela.
En España, los medios publicaron casos relacionados con transacciones financieras a diversos bancos, y se menciona el traspaso de valores desde BNP Paribas Securities Services a Santander Investment. En el listado de transferencias ejecutadas por la esposa de Otero Cervela destacó una serie de movimientos que hizo de sus valores al BBVA el 9 de marzo de 2013, por un monto de 18.273.743 euros, de acuerdo con un documento judicial de Madrid difundido por el diario español Voz Populi.
En diciembre del año pasado, Luis Otero Cervela abrió un blog de finanzas. Armando.info intentó contactarlo por esa vía sin obtener respuesta hasta la fecha de cierre del reportaje.
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