El drama de un inmigrante venezolano separado de su familia y expulsado de Colombia tras ser acusado injustamente de espiar al presidente Iván Duque

Por Catalina Lobo-Guerrero
armando.info

Miguel Ángel Calderón, un repartidor de domicilios venezolano, fue acusado de espiar en Bogotá al presidente colombiano, Iván Duque, solo por grabar un video en la vía pública que iba a compartir con su esposa por Whatsapp. La acusación se hizo pública por los medios. Trató de defenderse con la ayuda de abogados y ganó un amparo en tribunales pero, aún así, fue expulsado y no ha logrado regresar a Colombia para estar con su familia.

Vivían en el mismo sector, pero no eran vecinos. Entre los dos había una distancia de 22 cuadras, siete años de diferencia en edad, y un mundo de derechos y privilegios.

Para entrar al apartamento de uno —más de 200 metros cuadrados de lujo— había que pasar por estrictos controles de seguridad, primero en una alcabala externa y luego en la portería de la torre. Para entrar al aparta-estudio del otro —menos de 60 metros y sin contrato de alquiler formal— bastaba con abrir una puerta que daba a la calle.

Era poco probable que el destino del presidente de Colombia, Iván Duque, se cruzara con el del repartidor de delivery venezolano, Miguel Ángel Calderón. Pero sucedió el 22 de noviembre de 2019.

“A veces pasa que uno está en el sitio equivocado, a la hora equivocada”, dice Calderón, incapaz de pensar en otra explicación.

Él sabía dónde vivía el presidente, porque todos los domiciliarios que trabajan en esa zona del norte de Bogotá lo saben. La entrada al conjunto residencial Sierras del Moral, sobre la carrera 7 con calle 147, permanece custodiada a toda hora por uniformados de la Policía o del Ejército. En ningún otro conjunto o edificio tienen que pasar por tantas requisas y chequeos para entregar un pedido. Y, a veces, cuando van pedaleando o acelerando con sus motos por la vía, los sobrepasa la caravana de camionetas blindadas y la escolta motorizada, con las luces y sirenas encendidas, que entra o sale del lugar.

Calderón había pasado por allí temprano en la mañana y había continuado repartiendo pedidos en el norte de la capital. Pasado el mediodía, cuando iba por la calle 161 con carrera 8, vio a unos patrulleros de la policía advertirles a los comerciantes y a los dueños de los locales que era mejor que cerraran sus negocios porque una manifestación venía subiendo desde la autopista y se dirigía hacia la carrera 7.

El repartidor venezolano grabó un video con su teléfono para mandárselo a su esposa, Mariu Villalobos.

Los videos eran parte de su rutina cotidiana. Los grababa y luego los compartía, no solo con su esposa, sino con el grupo familiar que había creado en Whatsapp.

“Esa es la forma que tienen los migrantes de mantenerse cerca de su familia y no creo que sea el único que lo haga”, dice.

Aún le faltaba comprar algo de comida para llevar a casa, así que decidió parar en la tienda Justo & Bueno, ubicada frente al conjunto del presidente, donde usualmente hacía mercado.

Al llegar, se dio cuenta de qué había mucho movimiento de guardias y policías en la calle. Sacó su teléfono, hizo un paneo rápido de lo que podía ver desde el otro lado de la avenida: carros pasando, la entrada del conjunto Sierras del Moral, los árboles y los edificios lejanos, los locales comerciales alrededor. Lo narró tal como había narrado el anterior. Cuándo terminó, guardó el teléfono en su chaqueta y entró a la tienda a hacer sus compras. Al salir, media hora después, lo interceptó un guardia.

El informe del patrullero de la Policía, Oscar Eduardo Cáceres Jaimes, dice que Calderón fue sorprendido, “siendo aproximadamente las 16:30 horas, en la carrera séptima con calle 146 por el señor intendente Eliseo Buriticá Conde, funcionario de seguridad adscrito al esquema de protección del señor presidente de la República”.

Calderón recuerda el breve intercambio con el intendente así:

– ¿Tú estabas grabando un video?- le preguntó.

– Sí claro. ¿Por qué?

– Aquí no se puede grabar videos, está prohibido.

-No sabía, qué pena, jefe- le contestó, y le entregó su teléfono desbloqueado para que él mismo lo borrara. Luego se enteraría que él no estaba obligado a entregarle su teléfono y de que no es ilegal grabar un video en la vía pública.

Buriticá le pidió los papeles. Calderón le mostró la tarjeta de propiedad de su moto Bajaj modelo 2013, su Permiso Especial de Permanencia que acababa de renovar en agosto, su pasaporte y su cédula extranjera.

Escuchó que Buriticá le decía a un superior: “Es que él es un venezolano”.

 

No es ilegal tomar videos en la vía pública; aun así las autoridades colombianas lo arrestaron y denunciaron en el acta que levantaron ese día.

El informe escrito del patrullero continúa: “La persona antes mencionada se encontraba realizando un video a la residencia del señor presidente y de la seguridad de este lugar, al indagar a esta persona los motivos de esta actividad no supo dar respuesta; así mismo, se pudo constatar que el video registrado fue difundido a varios contactos desde su teléfono celular”.

Han pasado ya dos años desde ese momento y Calderón dice que se imagina que se lo envió a su esposa y a su grupo familiar en Whatsapp, pero que ya no se acuerda de todos los detalles.

De lo que sí está seguro, es que nunca lo subió a sus redes sociales, que nunca fue un video que circuló públicamente, o al menos no hasta que lo difundieron después por las noticias.

Una ONG colombiana, Dejusticia, siguió el caso públicamente en 2019.

La conclusión del informe de la Policía, que sería el soporte para justificar su expulsión del país, dice: “Teniendo en cuenta lo anterior y la situación presentada en la ciudad de Bogotá durante el día de hoy, esto pone en riesgo la seguridad del señor presidente y de las condiciones de seguridad de la capital.”

La “situación presentada” en Bogotá, más concretamente frente al conjunto Sierras del Moral, ese día, a las seis de la tarde, cuando ni Calderón ni Duque estaban en el lugar, se podría describir como un plantón o un cacerolazo, una protesta espontánea y pacífica de gente que estaba en desacuerdo por la manera como, el día anterior, el gobierno había respondido a las protestas del Paro Nacional. Lanzaron toda clase de gritos y arengas, pero nada de palos, ni de piedras.

Un caso especial

Mientras el plantón estaba en pleno desarrollo, Calderón se encontraba dentro de un CAI (Comando de Atención Inmediata) de la Policía, a pocas cuadras de allí. Durante horas sería interrogado por un agente y otro. Algunos estaban uniformados e identificados, pero otros no, que iban vestidos de civil.

Lo grababan y le preguntaban que quién era y qué hacía desde el día que había llegado de Venezuela, que en dónde había trabajado, que quiénes eran sus padres y que dónde vivía su familia.

“Yo colaboré con todo lo que me pidieron. Y les contesté todo lo que me preguntaron porque yo no tenía nada que esconder”, dice.

Hasta ahí era un interrogatorio normal, pero luego comenzó lo que él describe como un “terror psicológico”. Querían saber cuánto le pagaba Maduro por espiar. Cuántas veces se había reunido con Gustavo Petro. Qué cargos había tenido dentro del gobierno venezolano. A cuántas reuniones secretas había asistido. Quiénes eran los integrantes de su célula. Y le dijeron que confesara por el bien de su familia, de su esposa y de su hija, ambas colombianas.

“Y yo me echaba a reír, y les decía: ‘¿Pero cómo te voy a confesar algo que no es verdad?’. Yo no trabajo para nadie, yo no soy político, yo trabajo para mí y para mi familia, más nadie».

No tenía ningún contacto en Colombia y menos de ese nivel. Las únicas reuniones a las que asistía con frecuencia eran las de su Iglesia Cristiana de Avivamiento. Su fe la había depositado en el Dios de las segundas oportunidades, jamás en la autodenominada Revolución Bolivariana.

Como él les había desbloqueado el teléfono, le esculcaron su correo electrónico, todas las aplicaciones y sus redes sociales. ¿Qué podían encontrar allí? Que era seguidor de Donald Trump, o de algunos políticos venezolanos de la oposición, que probablemente los patrulleros ni conocían: el máximo líder de Acción Democrática (AD), Henry Ramos Allup, o el pastor Javier Bertucci, contendor a la presidencia de Nicolás Maduro en las cuestionadas elecciones de mayo de 2018.

¿Habían visto el video con la canción de Ricardo Arjona contra el dictador? ¿O las fotos de Calderón y su esposa luciendo la gorra tricolor, mientras firmaban por el frustrado revocatorio contra el presidente Maduro en 2016?

En 2016, Calderón y su esposa difundieron fotos de su firma a favor del frustrado Revocatorio contra Maduro.

Lo que les pareció más sospechoso fueron las fotos de las vacaciones a Panamá, a Machu Picchu, en la playa, en centros comerciales, en restaurantes.

¿Cómo era posible que tuviera tanta plata para hacer esos viajes si él era un repartidor de domicilios? Calderón trataba de explicarles, en contra de sus prejuicios y suposiciones, que él era un profesional, administrador de empresas graduado de la Universidad del Zulia, con una especialización en finanzas, en Maracaibo, la segunda ciudad de Venezuela, en el extremo noroccidental del país.

Por varios años había sido gerente financiero del Instituto de Gerencia y Estrategia del Zulia. Alguna vez había montado su propio negocio de coaching y nutrición, se había aliado con Herbalife, la conocida multinivel de productos dietéticos, y por eso había asistido a tantos congresos de ventas y mercadeo en otros países.

En Maracaibo había tenido un buen nivel de vida, como tantos otros paisanos que, como él, habían tenido que emigrar luego y rebuscarse la vida, porque no todo resulta como se planea cuando tu país se va al carajo.

El Facebook de Calderón era una colcha de publicaciones «malditas» para el régimen de Caracas, incluyendo el New York Times.

“No te creo nada, no te creo nada”, así le contestaba una mujer de cara larga, pelo liso y mechas rubias, que llegó acompañada de otro hombre, cuando ya otros agentes le habían averiguado todo.

Nunca se identificaron, no le dijeron quiénes eran, pero en la estación de policía decían que eran personas muy cercanas al presidente. ¿Eran familiares? ¿Miembros de su gabinete?

En cualquier caso, a Calderón le pareció que ella era muy bien hablada y no se le ha olvidado su cara porque se quedaba mirándolo a los ojos, se le ponía muy cerquita y le decía: “No te creo nada”.

Hasta antes de que ella llegara al CAI, otros agentes le habían dicho que lo iban a soltar, que se quedara tranquilo porque esa noche dormiría con Mariu, que llegó hasta el CAI a buscarlo, cuando le permitieron hacer una llamada a un contacto.

Pero no le permitieron verla (luego se enteró de que a ella también la interrogaron). En vez de dejarlo irse con ella, lo montaron en una patrulla y le dijeron que lo iban a expulsar del país, porque eran “órdenes de arriba”.

Como tantos otros expulsados en los días del paro, Calderón pasó por la Sala Transitoria Migratoria en el Centro de Traslado por Protección de Puente Aranda.

Eran las 22:18 cuando fue registrado en el libro de ingresos, con un comentario: “Buen estado físico como psicológico”.

En custodia quedaron su celular y una maleta que contenía un pantalón naranja impermeable, dos llaves y un candado. La app de Rappi -el principal servicio de delivery en Colombia- seguía activa en su teléfono y él escucharía desde la celda —era la primera vez que estaba en una celda— las notificaciones y mensajes que llegaban a lo largo de la noche.

No pudo dormir ni por la angustia, ni por la confusión, ni por el frío. En un momento, un funcionario de chaqueta azul —no recuerda si era de la Alcaldía o de la Defensoría del Pueblo— llegó a la celda y dijo que las condiciones no estaban dadas para tener gente recluida allí. No había colchonetas, no había frazadas, no había nada.

Durante las horas que estuvo detenido vería entrar a decenas de venezolanos a los que habían agarrado en la calle. Al amanecer, empezaron a llamar de cinco en cinco para tomarles las huellas. Luego se dio cuenta que algunos salían y no volvían a entrar.

Cuando preguntó por qué no lo soltaban a él, un funcionario le dijo: “Tú eres un caso especial”.

Una ayuda inesperada

Mariu Villalobos esperó a que terminara el toque de queda y a la mañana siguiente fue corriendo hasta al CAI. Allí le dijeron que su esposo había sido trasladado a Puente Aranda.

Llegó cerca de las 10 de la mañana al CTP, entró al edificio, recorrió piso por piso preguntando por su marido, pero a las dos de la tarde todavía no le daban ninguna razón de él.

Finalmente, una mujer en la oficina de Migración le confirmó que estaba allí, pero no podía ver a nadie y en las próximas horas sería expulsado del país.

“Fue de manera fortuita que yo llegué a conocer el caso de Miguel Ángel Calderón”, dice la abogada Carolina Moreno. Ella y otros académicos y defensores de derechos humanos se habían enterado, por un grupo de WhatsApp que compartían, que a ese lugar llevaban a algunas personas detenidas durante las protestas del Paro Nacional y decidieron ir hasta allá, a ver si podían ayudarlos.

Villalobos, la esposa de Calderón, los vio en la calle, los escuchó hablando y decidió abordarlos para contarles lo que le había sucedido a su marido.

Luego de escucharla, Carolina Moreno, que para ese momento era la directora del nuevo Centro Jurídico para Migrantes de la Universidad de Los Andes de Bogotá, y Rodrigo Uprimny, profesor eminente y uno de los directores de la organización Dejusticia, entraron al CTP y exigieron ver a Miguel Ángel Calderón.

Eran casi las siete cuando se encontraron por primera vez, y Moreno recuerda que Calderón estaba en shock.

“Yo me quedé sorprendido, de verdad me quedé loco. Cuando salgo pues veo a Carolina, y ella es muy apasionada y emotiva, y me dice con una sonrisa de oreja a oreja: ‘Miguel Ángel, yo soy Carolina Moreno, tu abogada, tu esposa me contactó y estamos aquí para ayudarte'», recuerda Calderón.

Hicieron un poder escrito a mano y Moreno le advirtió que no fuera a firmar absolutamente nada, que cualquier decisión debía ser consultada con ella como su abogada.

Cuando intentó entregar el poder a un funcionario de Migración Colombia, no se lo recibió. Y cuando ella le pidió que llamaran a su superior por teléfono, Henry Corredor, el director de la regional Andina, le reiteró que no le iban a recibir el poder.

Ella le respondió que era un derecho fundamental y si no se lo recibían, tendría que denunciarlos ante el Ministerio Público, a lo que él le respondió: “Haga lo que quiera, niña”.


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