El narcotráfico, la corrupción y otras actividades criminales toman auge en la ciudad de Buenaventura en Colombia

Los homicidios en Buenaventura han aumentado en medio de la última guerra territorial sobre quién controla la ciudad portuaria del Pacífico con una de las terminales de contenedores de envío más grandes de Colombia.

Según los informes, las autoridades de Buenaventura contabilizaron 123 homicidios en la ciudad portuaria que procesa aproximadamente el 40% de las importaciones y exportaciones de Colombia en lo que va del año.

Según un reporte de Adriaan Alsema para Colombia Reports, Se desconoce cuántos cuerpos de personas desaparecidas han sido arrojados a los manglares y ríos que rodean Buenaventura.

Las cifras más recientes son de abril, cuando las autoridades dijeron que 13 personas habían sido reportadas como desaparecidas en los primeros tres meses de este año.

Más de 100 personas fueron expulsadas de sus hogares solo la semana pasada, ya que los grupos armados ilegales están sometiendo a Buenaventura a niveles de violencia que los lugareños no han visto en más de una década.

Los jóvenes locales salieron a las calles el sábado para rechazar la última ola de violencia que ha victimizado aproximadamente al 80% de la ciudad durante décadas de negligencia y corrupción del gobierno.

Las protestas se dispararon a pesar de los reclamos del jefe de policía de la provincia del Valle del Cauca , coronel Jorge Urquijo, quien dijo una semana antes que más de 260 presuntos pandilleros de Buenaventura han sido detenidos y más de 4.000 kilos de cocaína incautados en el puerto. ciudad en lo que va de año.

Estos supuestos resultados no mejoran la seguridad en Buenaventura, ya que la corrupción parece estar arruinando los esfuerzos para hacer cumplir la ley de manera efectiva.

Un funcionario de aduanas que fue arrestado en marzo por presuntamente trasladar cocaína a la terminal de contenedores, por ejemplo, aparentemente había regresado a trabajar después de su arresto por cargos de lavado de dinero en 2019.

El presidente Iván Duque anunció en abril el arresto de un ex ejecutivo de aduanas, pero olvidó mencionar que también este funcionario ya había sido detenido, pero liberado en 2020.

La fiscalía aparentemente no presentó cargos penales contra el jefe de aduanas que lavó más de $ 1.3 millones en dinero de la droga, según el FBI.

Tres agentes de la agencia de inteligencia policial DIJIN fueron detenidos en Buenaventura el mismo mes por presuntamente robar cocaína incautada.

El puerto de Buenaventura es uno de los centros más grandes de Colombia, incluso para la importación legal de productos químicos utilizados para la producción de cocaína y crack.

Alrededor del 75% de las licencias de exportación de Colombia para el ácido clorhídrico, un químico utilizado para producir cocaína, son emitidas por la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura SA (SPRB), la empresa que administra el puerto de la ciudad.

La misma empresa facilita la importación de más del 30% de las importaciones colombianas de bicarbonato de sodio, que se utiliza para convertir la cocaína en crack.

La SPRB se comprometió a informar a las autoridades sobre el comercio sospechoso de estas sustancias a través de un «acuerdo de cooperación voluntaria» firmado con el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, el mes pasado.

Las pandillas han estado sometiendo a Buenaventura al terror en medio de un creciente malestar por las devastadoras consecuencias de la corrupción y la negligencia del gobierno.

Según un estudio de 2020 realizado por el gobierno de la ciudad, el 82% de los residentes de la ciudad portuaria vivía en extrema pobreza , de los cuales el 41% estaba prácticamente en la calle.

Según la Cámara de Comercio local, esto se debería en parte a que el 30% de la población de Buenaventura estaba desempleada el año pasado.

El contralor general Carlos Felipe Córdoba anunció una investigación preliminar sobre el contratista del gobierno que supuestamente proporcionará comidas escolares a unos 45.000 de los niños pobres de Buenaventura el mes pasado.

“No es correcto que no le den a nuestros niños lo que necesitan para su nutrición”, dijo Córdoba 10 meses después de que la Procuraduría General advirtiera que a los niños no se les daban las proteínas necesarias para su desarrollo.

Estas irregularidades serían responsabilidad de alguna ONG administrada por el fabricante de alimentos de Bogotá Agrobolsa, que obtuvo su primer contrato de $ 2,2 millones del exalcalde encarcelado para alimentar a los niños de la ciudad durante medio año.

El setenta por ciento de la ciudad se quedó sin agua corriente en medio de la pandemia de coronavirus el año pasado porque Hidropacífico , el contratista del gobierno al que se le pagó para mantener el suministro de agua de la ciudad durante 18 años, gastó el presupuesto en otras cosas.

Con el fin de proporcionar agua potable a la ciudad de todos modos, la ciudad participó en un plan financiero poco fiable del director entrante del banco central, Alberto Carrasquila, que permitió a la ciudad pedir prestados $ 11,4 millones para construir tuberías.

La mayoría de estos oleoductos nunca se construyeron, pero el plan dejó al ayuntamiento con una deuda de 61,1 millones de dólares.

Cuatro años después de que la gente de Buenaventura se levantara contra la corrupción del gobierno a pesar de las opresiones paramilitares y cerrara el puerto para obligar al gobierno a dejar de robarlos, la administración de Duque parece insistir en hacer exactamente eso mientras la mafia local está tratando de reprimir cualquier forma de protesta.

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