Empresas utilizan falsos reclamos para engañar a Google y a otras compañías tecnológicas con el propósito de borrar de la Internet el incómodo pasado de sus clientes

Por Patricia Marcano
armando.info

Ya no haría falta tachar las líneas incómodas u ordenar a los periodistas que “no toquen” a personajes determinados. La nueva censura va directo a la yugular de Internet: elimina o entierra contenidos incómodos a través de manipulaciones, mensajes fraudulentos y comandos técnicos para restringir la búsqueda, y se puede contratar. La española Eliminalia es una de las empresas más duchas en estos servicios, con una creciente cartera de clientes venezolanos y una disposición cada vez mayor a dejar de hacer advertencias y solicitudes ante los medios, para en vez de ello sacar a los medios de circulación mediante una triquiñuela por la que engañan a Google y a otras grandes plataformas en la red.

La historia ya no es tanto lo que alguien recuerda sobre algo, como lo que se encuentra sobre ese algo en Internet. Así que cuando, a mediados de 2019, el vicealmirante José Vicente Padilla Di Biasi quiso borrar, literalmente, buena parte de su pasado, sobre todo, la que tiene que ver con su gestión como expresidente de la Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares (Cavim), supo bien qué buscar: los servicios de una empresa cuya promesa es «eliminamos tu pasado, te ayudamos en tu futuro».

Como para que no quepan dudas, la empresa se llama Eliminalia. Es española, con sede en Barcelona. Garantiza desaparecer a petición cualquier enlace o liga a sitios web donde aparezca el nombre del cliente dentro de Google. Para ello pone a disposición de clientes y prospectos su capacidad de hacerlo no solamente con enlaces de noticias o reportajes periodísticos publicados online por un medio de comunicación, en cualquier portal o blog, sino también en las distintas redes sociales y hasta en sitios web de instituciones públicas u oficiales. Es el sueño de quien desee obrar mal, o ya lo hizo, sin dejar rastro.

Eliminalia es uno de tantos proveedores de ese servicio. Pero es de los que más utilizan una modalidad de retorcida simpleza con la que sirven a los intereses de sus clientes mientras, de paso, molestan e intimidan a los medios informativos, poniendo engañosamente a su favor las reglas de juego de la red: se trata de la creación de falsas denuncias por derechos de autor que terminan por forzar a buscadores como Google a retirar el contenido.

Un estudio de la organización sueca Qurium Media Foundation, dedicada a la defensa de los derechos digitales y seguridad en Internet, se llevó a cabo en abril pasado con foco en esa usanza. Su análisis forense apuntó a más de 250 páginas web falsas, que resultaban ser dominios creados por Eliminalia para clonar información de medios de comunicación legítimos y, con estas identidades falsas, reclamar esos contenidos como propios. Los resultados del estudio son reveladores, especialmente para Venezuela: por ejemplo, uno de esos resultados fue la certeza de que el vicealmirante Padilla contrató a Eliminalia.

La organización sueca comprobó la vinculación de 16 de esos dominios con solicitudes fraudulentas enviadas a Google a nombre de clientes venezolanos para que borrara contenidos por violar derechos de autor de acuerdo con la ley DMCA (Digital Milennium Copyright Act), una legislación aprobada en Estados Unidos en 1998 para proteger los derechos de autor en Internet.

El estudio detectó la existencia de 92 solicitudes falsas de DMCA enviadas a Google entre mayo de 2019 y marzo de 2021. Once países concentraron los reclamos, con la curiosa figuración de Venezuela entre las tres naciones con mayor cantidad de denuncias fraudulentas, 16 en total, después de Taiwán (con 26) y la propia España (con 17).

La nueva táctica representa una evolución en las formas de Eliminalia, que en una primera fase solía enviar -todavía lo hace- a medios y periodistas notas de advertencia o peticiones argumentadas en nombre de sus clientes, en las que a menudo aludía a posibles infracciones a leyes o principios internacionales en favor de la dignidad o la memoria de los individuos. La redacción de los mensajes dejaban la sensación de que los periodistas, si no atendían a la solicitud de borrar los nombres y hechos de los clientes de Eliminalia, se exponían a acciones legales en jurisdicciones europeas. Pero ahora la agencia parece más orientada a acudir a los hechos consumados y, engañando a Google, a forzar la salida del aire de los contenidos perjudiciales para sus contratantes.

Sin escrúpulos, Eliminalia y sus pares se valen para ello de una vulnerabilidad de la normativa DMCA. Por un lado, la empresa crea un sitio web falso que se hace pasar en ocasiones por un medio digital; al mismo tiempo, copia el artículo periodístico original de un medio informativo verdadero, lo publica en esa web falsa pero le asigna a la copia una fecha de publicación anterior al artículo original y legítimo. Con ese detalle de la fecha reclama los supuestos derechos de autor que, en realidad, no tiene. El servidor se ve obligado a retirar el contenido o el buscador a desindexarlo. El artilugio funciona.

“El problema es que la legislación DMCA no obliga que la persona que denuncia sea la parte involucrada. Yo puedo decirle a Google que hay una violación de copyright porque he visto el mismo artículo en dos páginas web. Y además no tengo la obligación de autentificarme, puedo decir que soy el autor pero no me van a pedir una prueba”, explica Tord Lundstrom, director técnico de Qurium y uno de los autores del análisis forense que determinó las solicitudes falsas de DMCA.

Precisa, además, que por tratarse de una ley nacida en Estados Unidos, país de raíz protestante cuya legislación castiga el perjurio con fuerza, se asume de entrada que la persona que presenta la denuncia está diciendo la verdad, pues de lo contrario se estaría exponiendo al riesgo de, precisamente, enfrentar un eventual cargo por perjurio.

“Google no tiene más remedio que creer, verifica la fecha de publicación y da por hecho que eres el autor. Google deja la ventana abierta al abuso”, sostiene Lundstrom.

En la práctica, Google se convierte en un juez sin serlo, apunta Carlos Guerrero, abogado especialista en derechos digitales y director del Instituto para la Sociedad de la Información, con sede en Perú. Recuerda que la Ley DMCA tuvo su origen en el cabildeo de corporaciones de la industria cultural, como disqueras y cinematográficas, que veían en las prestaciones de Internet una ampliación exponencial de las capacidades para piratear sus productos. No les faltaba razón: el mp3 y Napster fueron hitos fugaces de un acceso libérrimo a los bienes culturales. El principio era prevenir, o detener lo más rápido posible, el uso redituable de contenidos ajenos por parte de eventuales infractores. Pero con la llegada de la era de Spotify y Netflix y enterrada ya la utopía, ciertas prevenciones no tienen razón de ser, amén de que las tecnologías han mejorado.

Pero la DMCA no se ha modernizado al mismo ritmo. Por eso el procedimiento que establece sigue siendo drástico: bajar de la red contenidos tras recibir una notificación de violación de los derechos de autor; solo después de eso es que la persona señalada del presunto plagio puede defenderse y probar que es inocente.

“Son mecanismos express, rápidos, para bajar contenidos. Probablemente una máquina detecta los requisitos y actúa, no hay un humano revisando si procede o no la denuncia”, detalla Guerrero.

De este modo resulta posible que un periodista que corrió riesgos cubriendo una información y no durmió varias noches redactándola, de pronto reciba una notificación de que esa obra ha sido puesta fuera de línea porque alguien más reclama los derechos sobre ella. Sorprendente, casi risible, pero ya bastante frecuente para medios periodísticos venezolanos.

La veta boliburguesa

La Venezuela chavista es uno de los principales mercados extranjeros para Eliminalia. Qurium detectó varios nombres de personas, venezolanos o extranjeros con vínculos de negocios con Venezuela, que han solicitado los servicios de esta empresa española para lavar su reputación, no solamente con las tácticas de falsas denuncias de DMCA sino con las demás opciones que ofrecen.

La cruzada emprendida por el vicealmirante Padilla Di Biasi en 2019 no es la única destacable de la investigación realizada por Qurium. Sobresalen otros nombres: Diego Adolfo MarynbergCharles Henry de BeaumontMajed Khalil Majzoub, Isaac Sultán Cohen y Elías Ramón Koury Guevara. Además, entre los clientes de Eliminalia interesados en borrar sus menciones específicamente en medios venezolanos -según se confirmó con Qurium para este reportaje-, también figuran empresas privadas como la Compagnie Bancaire Helvétique (CBH Bank, de Suiza), un controvertido banco de Ginebra, y personajes de otras latitudes como el argentino Lázaro Báez, acusado de lavado de dinero de los expresidentes Néstor y Cristina Kirchner. Todos han contratado sus servicios, en una o varias oportunidades, entre 2016 y 2020.

La organización sueca ha publicado dos informes sobre Eliminalia advirtiendo de sus tácticas, y en el más reciente, de abril de 2021, llegó a identificar también los temas más comunes de los textos que supuestamente violaban derechos de autor o copyright y fueron objeto de solicitudes de supresión por parte de Eliminalia: casos de fraude empresarial y financiero, corrupción, casos de acoso o abuso sexual, conexiones con grupos mafiosos o de crimen organizado, reportes sobre impacto ambiental causado por empresas y violaciones de derechos humanos.

Valga un ejemplo: en febrero de 2021 una denuncia de falsa propiedad intelectual llegó a Armando.info. El aviso pretendía obligar al portal a borrar un reportaje publicado en agosto de 2020, resultado de una investigación conjunta con El País de Madrid, que detallaba quién era el joven empresario mexicano Joaquín Leal Jiménez, sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. La historia ahondaba en la relación de Leal con un socio venezolano: Axel Capriles Hernández.

El aviso hacía ver que el contenido había sido publicado originalmente por un blog llamado primerapagina.site (actualmente inexistente), pero el reclamo inventado no logró su objetivo de censurar. Si bien para este reportaje no se pudo comprobar ningún vínculo de Eliminalia en este caso, permite ilustrar junto a otros cómo se aplica y cuál es el alcance de una técnica emergente.

En abril de 2020, el sitio web venezolano de Acceso a la Justicia, organización civil dedicada a la defensa de los derechos jurídicos, estuvo fuera de línea durante 15 días. La drástica medida fue antecedida por dos quejas de violación de propiedad intelectual.

La primera fue en diciembre de 2019 y aludía a un análisis sobre un fallo del Tribunal Supremo de Justicia, un tipo de artículo que suele publicar la organización en su portal web. La solicitud de remoción del contenido refería a la existencia de un blog, con la misma información, con fecha de publicación el día anterior al texto original; la segunda denuncia llegó en marzo de 2020 y en esa ocasión el servidor web de la organización decidió suspender el acceso al portal, por lo que estuvo caída durante dos semanas.

Este hecho irregular fue registrado en el informe “Abuso del derecho de autor para censurar en América Latina”, de la organización no gubernamental venezolana Espacio Público. En sus líneas presenta una explicación que resulta vital para entender el riesgo de estos reclamos fraudulentos: la ley DMCA obliga a los proveedores de servicios de Internet (Google, Twitter, Facebook, Instagram, Youtube, GoDaddy) a eliminar cualquier contenido de sus sitios. Y es así porque la mayoría de estas plataformas tienen sede en Estados Unidos, país de origen de la ley DMCA. “Lo que les afecta a ellas nos afecta a nosotros como usuarios”, agrega Guerrero, el abogado, desde Perú.

Meses después de lo ocurrido con Acceso a la Justicia, el medio digital La Gran Aldea vivió un hecho similar, también detallado en el informe de Espacio Público. De nuevo, una falsa denuncia por DMCA les conminaba a eliminar un contenido por supuesto plagio. Este medio logró confirmar que la solicitud tenía vinculación con un artículo sobre Haiman El Troudi, exministro de Transporte involucrado en la trama de corrupción de Odebrecht. Cierto que en ninguno de estos dos incidentes se pudo identificar la actuación de Eliminalia, pero en otro episodio sí.

El ex ministro y ex diputado Haiman El Troudi, o quienes forman parte de su círculo íntimo, también han hecho llegar solicitudes de remoción de contenido a Armando.info. Pasó en junio de 2020 y no fue bajo la modalidad de una falsa denuncia de derechos de autor por la ley DMCA, sino una petición por correo electrónico, otra de las tácticas más usadas y más comunes para pretender eliminar contenidos periodísticos en Internet. Puntualmente buscaban borrar información sobre la esposa de El Troudi, María Eugenia Baptista Zacarías.

Con ayuda de Qurium, Armando.info pudo confirmar para este reportaje que esa petición fue realizada desde Eliminalia, vía correo electrónico desde un servidor localizado en Ucrania, con una de las cuentas falsas que usa la empresa española, en este caso “[email protected]”. Todo lo anterior quedó registrado en el cabecero del mensaje junto a la dirección del remitente.

La comunicación solicitaba “muy amablemente” eliminar el reportaje con el título de Haiman El Troudi no tiene quien lo investigue en sus dos versiones, en castellano e inglés, o “la ocultación de la referencia a la identidad de Maria Eugenia Baptista Zacarías en los buscadores de internet mediante la adopción de medidas tecnológicas, tales como la utilización de códigos robots.txt o instrucciones noindex, etc, para que la página web de la hemeroteca digital en que aparezca su información obsoleta y gravemente perjudicial no pueda ser indexada por los buscadores de internet de los siguientes enlaces publicados”.

Lo anterior, escrito así textualmente, fue presentado bajo un aparente paraguas legal donde citan dos artículos de la Constitución venezolana vigente, la de 1999, el 60 (sobre el honor y la reputación) y el 28 (destrucción de datos), copiados en el cuerpo del correo que, además, mezcla esta legislación venezolana con otra europea. Para reforzar el punto, el mensaje usualmente aparece firmado por un dominio registrado en la Unión Europea, acompañado por un texto que insiste en asegurar que dicho correo es confidencial y está sujeto a demandas civiles. Una estrategia que varios identifican como amenazante y que busca como reacción inmediata que el medio de comunicación elimine el contenido y no ventile la razón por la que lo hace.

Tres correos más, de características similares y provenientes de servidores web de Eliminalia, han llegado a Armando.info. Dos a nombre de Charles Henry de Beaumont y uno a nombre del CBH Bank (Compagnie Bancaire Helvétique S.A), en 2019. De Beaumont es el asesor financiero de origen francés que manejó el dinero de varios empresarios y funcionarios que vieron crecer sus fortunas con el chavismo y buscaron a este gestor para administrarlas. Lo hizo a través del CBH Bank, entidad suiza de banca de inversión regida parcialmente por el estricto secreto bancario del país alpino, y cuyos movimientos quedaron al descubierto en Conexión Suiza, investigación conjunta de los medios venezolanos  Armando.info, El Pitazo y Runrunes, y el español El Confidencial.

“Lo que hemos visto en Venezuela, sobre el trabajo de Eliminalia, es que aboga por personas vinculadas con la corrupción general en el país, con contratos amañados, amigos que hicieron contratos con petroleras”, dice Lundstrom, el director técnico de Qurium.

Los correos enviados para eliminar las menciones y reportajes sobre De Beaumont y el CBH Bank también llegaron desde una dirección falsa “@legal-abuse.eu” de las manejadas por Eliminalia, con un formato idéntico al correo sobre El Troudi pero con un argumento legal distinto: el derecho al olvido y el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea. Detalles intimidantes para dar apariencia legal.

Carlos Gaio, abogado de la organización Media Defence, con sede en Londres, aclara que no existe una ley europea sobre derecho al olvido sino una interpretación judicial que solo tiene jurisdicción en la Unión Europea. Esa interpretación, así como la protección de datos, no se pueden aplicar extraterritorialmente. “Es difícil que un tribunal europeo pierda el tiempo en una demanda fuera de su jurisdicción”, acota. Con él coincide Guerrero, el abogado especialista en derechos digitales.

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