El ministerio de la desaparición en Venezuela del buzo profesional Hugo Marino

Por Isabel Guerrero
armando.info

¿Dónde está? Es el clamor que mantiene en Twitter su madre y que las redes multiplican, a veces de modo equívoco, creyendo que se trata de un mártir de oposición. Este investigador submarino, de doble nacionalidad y en cuyo apellido yacía su destino, se convirtió en toda una leyenda del mercado global de salvamentos en las profundidades oceánicas. Pero mientras participaba en operaciones espectaculares como la búsqueda del sumergible ‘Kursk’ o la recuperación del heredero del imperio Missoni, también se fue enredando en una madeja de intereses y arcanos que pueden dar pie, cada uno, a hipótesis diferentes para su desaparición hace más de dos años, un día en que tomó un vuelo de Miami a Caracas.

“Mamá, ya estoy en Caracas”.

Era sábado 20 de abril de 2019, a las 12:15 del mediodía, cuando Beatriz Salas recibió la llamada de su hijo, Hugo Enrique Marino Salas, para avisarle que había llegado. Se trataba de uno de los tantos viajes rutinarios que Marino, un ciudadano ítalovenezolano de 56 años de edad con residencia en Miami al menos desde 2013, hacía a Venezuela. Había decidido pasar “un par de días” en Caracas, no muchos, pues “tenía unos asuntos que arreglar”, y pronto regresaría a su casa. Así lo recuerdan sus familiares, quienes aún esperan noticias de su paradero.

Los días se transformaron en semanas, en meses, en años ya. El conteo exacto lo lleva Beatriz Salas en su cuenta de Twitter para quien lo quiera seguir. En cada mensaje por esa red social fustiga al régimen de Nicolás Maduro por su supuesta responsabilidad en la desaparición de Marino. No hay respuesta oficial, tampoco registro de que haya estado en algún centro de detención o de salud. La Fiscalía General de Tarek William Saab no se da por enterada. Un manto de incertidumbre rodea el destino de Hugo Marino, buzo experto que durante gran parte de su vida se dedicó a las actividades de investigación submarina y localización de aparatos siniestrados, y por lo menos durante una década estuvo prestando servicios a entes oficiales del régimen chavista.

Su esposa, su madre, sus amigos, sus abogados, todos los que conocen el suceso, coinciden en una imagen: desapareció sin dejar rastro, dicen. “Es uno de los casos más extraños”, concede la abogada Tamara Suju, quien ejecuta las acciones judiciales en las instancias internacionales y se sumó a la cruzada demandando respuestas al Estado venezolano: ha llevado el expediente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la Corte Penal Internacional, al Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre detención arbitraria y a la Fiscalía italiana, tratando de interesarlas en el caso.

Pero persiste el silencio en torno a la desaparición de Hugo Marino.

Las acusaciones lanzadas por Salas desde Twitter y el perfil antigubernamental de Suju contribuyeron a que el caso adquiriera una tonalidad política a los ojos de la opinión pública.

La denuncia fue también recogida por los informes que en julio de 2020 y 2021 presentó Michelle Bachelet, Alta Comisionada de Naciones Unidas, ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra.

“La Oficina recibió información sobre las presuntas desapariciones forzadas del Teniente Coronel Juan Antonio Hurtado Campos, en septiembre de 2018, y de Hugo Enrique Marino Salas, un civil que había trabajado como contratista del ejército, en abril de 2019. Sus familiares no han recibido respuesta a las solicitudes de habeas corpus presentadas en julio y mayo de 2019, respectivamente, y su paradero sigue siendo desconocido”, cita el documento, que en general fue recibido con inconformidad, si no con disgusto, por las autoridades del gobierno de Nicolás Maduro.

Ocurre, sin embargo, que el misterio de Marino se adentra en profundidades donde la luz de la verdad se refracta y lo que hay, con frecuencia, no se ve como lo que es.

“A mí me lo vendieron como un opositor férreo”, señala una fuente que pidió no ser identificada y que hizo seguimiento al caso.

Aunque Hugo Marino jamás se identificó como militante de ningún partido político, tampoco ocultó su interés en los acontecimientos del país y las inclinaciones alternas que tuvo, unas veces hacia el chavismo y, otras, hacia dirigentes opositores.

Su último trino data del 19 de abril de 2019, viernes santo, víspera de su viaje y de su desaparición. En Twitter, durante todo ese año, compartió mensajes de apoyo a Juan Guaidó, diputado del partido de oposición Voluntad Popular (VP) y presidente de la Asamblea Nacional, quien acaparó los titulares de prensa desde finales de enero de 2019, cuando se proclamó como presidente interino de Venezuela y recabó el reconocimiento de más de un centenar de países, entre ellos, Estados Unidos y las principales potencias de Occidente.

Marino no tuvo recato alguno para mostrar en las redes que había escogido un bando. El 25 de febrero de 2019 compartió en Twitter una gráfica de un avión militar en medio de un bombardeo y la acompañó con el siguiente mensaje: “@jguaido celebro el temple, debemos explorar todas las acciones antes de llegar a esto. Bien mi pana, vamos bien”.

“Nadie sabía lo que pasaba. Mantuvimos en estricta confidencialidad familiar su desaparición y a los dos días me llamó ‘alguien’ para preguntarme por Hugo”, recuerda Elizabeth Marques, esposa de Marino. “¿Qué sabes tú que no me dices?”, precisó a su fuente. Lo siguiente es un desenlace de conjeturas sin confirmación. Extraoficialmente: Hugo Marino estaba detenido, se lo habían llevado del Aeropuerto Internacional de Maiquetía unos funcionarios de la Dgcim, la Dirección de Contrainteligencia Militar. Hubo testigos. No se conocían las razones, pero apareció en una lista y terminó en la sede de la Dgcim en Boleíta Norte, un barrio industrial en el noreste de Caracas.

Elizabeth Marques teme revelar cualquier detalle que comprometa a quienes la han ayudado a despejar la ecuación, y amparada por el anonimato de otros ‘alguien’, ha conseguido coleccionar algunas escenas dispersas de un cuadro sin terminar.

Los primeros abogados que se abocaron al caso, por solicitud de Elizabeth Marques, fueron los del Foro Penal, una organización de derechos humanos sin fines de lucro que ha centrado su labor en atender a presos políticos y sus familiares en cuestiones judiciales. A Marques la asistieron para presentar un habeas corpus ante el Tribunal 31 de Control del Área Metropolitana de Caracas. Tres meses después, el abogado Alonso Medina Roa, de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, asumió la continuación del proceso judicial. Ninguno de esos profesionales del derecho pudo validar la información extraoficial que sus clientes manejaban sobre Hugo Marino.

Medina Roa destaca el añadido que tiene el expediente 31C-20.670-19, sobre el recurso de habeas corpus, donde el coronel Hannover Guerrero Mijares, director de la Dgcim, con fecha del 8 de julio de 2019, aseguró ante el tribunal que Marino “no ha estado recluido en dicha dirección a su cargo”. Al no haber prisionero, no podía admitirse el recurso. “De haber estado allí, es probable que no hubiesen dado respuesta, en vez de dar una que puede ser cuestionable”, razona Medina Roa a la luz de su experiencia. Los cuerpos de seguridad del Estado chavista, explica, suelen «desaparecer» a los disidentes políticos por una o dos semanas, sin dar razón de ellos, hasta que los llevan a sus sitios de reclusión y los presentan ante un tribunal.

“Lo extraño en el caso de Hugo Marino es que nadie lo ha visto”, ni siquiera otros detenidos, remata el abogado.

Desde que se dio por un hecho la desaparición de Marino, a Elizabeth Marques le han llegado datos sobre su esposo. “Lo han rodado de un centro a otro, lo han tenido en [la sede de la Dgcim de] Boleíta, y lo han llevado a la casa de los sueños [un tipo de celdas de aislamiento]. Sea lo que sea, yo quiero saber de él”, dice desde el otro lado de la línea telefónica. También asegura que recibió llamadas anónimas en las que se le pedía dinero a cambio de una supuesta fe de vida, hasta que llegó un día en que todo cesó.

Los Roques siniestros

A Hugo Marino no se le recuerdan socios. Pero sí contaba con un equipo de profesionales a su servicio, que dan fe de su afabilidad en el trato. En su especialidad era toda una referencia. Un experto en el área de salvamento y rescate aquilata la importancia de Marino en las operaciones para recobrar los restos de dos accidentes aéreos, de un par de vuelos turísticos al archipiélago de Los Roques perdidos en el mar frente al litoral central, con gran impacto mediático. “Ambos fueron complejos y requirieron de una búsqueda cerrada, confidencial, por parte de las autoridades de Italia y Venezuela”, relata.

El primero, el siniestro de un bimotor LET-140  de fabricación checa, siglas YV2081, de la empresa Transaven, marcó el inicio de un periodo de búsqueda que se extendió por cinco años. El vetusto aparato desapareció el 4 de enero de 2008 con catorce personas a bordo, entre tripulación y pasajeros: cinco venezolanos, un suizo y ocho italianos.

“Con todas las circunstancias tan raras que rodearon ese caso había que hacer una investigación. Me busqué a un amigo abogado y me asistieron legalmente para poder establecer dónde estaba el avión”, recuerda Manuel Alcalá, padre de la venezolana Patricia Alcalá y suegro del suizo Alexander Nierman, una pareja que viajaba en el vuelo fatídico. “A Hugo Marino lo conocí como experto en investigación submarina que había vivido en Los Roques. Desde el primer día que hablé con él en la Fiscalía sus palabras fueron de pésame y confianza”, relata, mientras reconstruye el recuerdo de esos oscuros momentos.

“Yo estoy seguro que este avión está abajo (…) quédese tranquilo que yo le voy a conseguir a su hija”, le llegó a decir Marino, asegurando que la metodología usada por la Armada para ubicar los restos de la aeronave era “totalmente errada”.

Este primer evento dejó en evidencia que Venezuela no contaba con los equipos mínimos necesarios para labores especializadas de rescate y salvamento. No estaban disponibles los helicópteros de búsqueda ni existía la capacidad operativa de rastreo en profundidades mayores a los cien metros.

En 2010, el presidente Hugo Chávez firmó un punto de cuenta para desembolsar recursos adicionales destinados a las labores de rescate conjuntas que llevaban adelante los gobiernos de Caracas y Roma. En el documento se describían el operativo inicial y los escasos logros de las embarcaciones de la Armada Bolivariana y de la Estación Secundaria de Guardacostas de Los Roques. Por tal razón, se contrataron los servicios de empresas privadas especializadas en búsqueda submarina a profundidad: Incostas y Andi Latinoamérica. Esta última era la de Hugo Marino, y en cuya representación llegó a entrevistarse personalmente con el fallecido mandatario.

Las operaciones de búsqueda alcanzaron un costo de 121,5 millones de dólares, aproximadamente. El contrato con Andi Latinoamérica fue de un poco más de 2,3 millones. Sin embargo, el empresario ítalovenezolano se había ganado la confianza de las autoridades venezolanas hasta el punto de persuadirlas a que le permitieran presentar -y aprobaran- una segunda propuesta, por la cual lograría imágenes de mayor exactitud y resolución a una profundidad de más de cien metros, límite máximo que la búsqueda había alcanzado. Para la propuesta, por un valor de 4,6 millones de dólares, Marino se consorció con la estadounidense C&C Technologies -adquirida luego, en 2015, por la texana Oceaneering-, pero con el nombre de otra segunda persona jurídica que en 2009 debió registrar en Florida, SEA Servicios Electrónicos Acuáticos.

“Hugo Marino puso en garantía un inmueble de su propiedad para asegurar la contratación con la empresa de Estados Unidos. Lo que pasó es que el gobierno de Venezuela no canceló su parte y la compañía ejecutó el embargo”, comenta una fuente que siguió de cerca el operativo y con quien, en confidencia, Marino compartió sus preocupaciones.

No se había localizado la primera aeronave, cuando una segunda tragedia en la ruta entre Los Roques y Maiquetía volvió a enlutar a Italia. El viernes 4 de enero de 2013, en circunstancias extrañamente similares al accidente ocurrido cinco años antes, otro bimotor, esta vez un BN-2 Islander de fabricación británica, con matrícula YV2615, de la empresa Transaéreo, cayó al mar. Entre los pasajeros estaba Vittorio Missoni, el heredero del imperio de la moda italiana que, después de vacacionar en Los Roques, regresaba a tierra firme con su esposa y dos amigos, además del piloto.

El siniestro fue el prólogo para meses de tensiones entre los gobiernos de Italia y Venezuela y de una tragedia clásica para la familia Missoni: primero la desaparición de Missoni hijo, y luego la muerte del patriarca de los Missoni mientras estaba en la búsqueda de Vittorio, habían dejado en vilo el destino de una inmensa fortuna y la capitanía de una de las casas más importantes del diseño italiano. Para efectos legales, además, cada vez se hacía más importante la recuperación del cuerpo del primero del fondo del mar.

El misterio se oscurecía con el paso del tiempo y así abrió paso a las más alocadas hipótesis. Hasta la propia familia se aferró a la delirante versión de que Vittorio estaría secuestrado. Ya no solo estaba en juego la responsabilidad de un Estado europeo para con sus ciudadanos, sino la dignidad de un casi prócer y de un apellido que apuntala a la marca Italia, en este caso, el de la familia de artesanos que convirtió los tejidos en zigzag en un rasgo de personalidad y reclamo publicitario. Así que esta vez las autoridades italianas se involucraron con más decisión en las labores de localización de los aparatos siniestrados, en coordinación con el Ministerio Público de Venezuela.

Al fin, el 13 de junio de 2013, a 76 metros de profundidad, fueron localizados los restos de la YV2615 donde viajaba el empresario de la moda Vittorio Missoni, y el 19 de ese mes -cinco años y medio después de su desaparición- se ubicaron los de la YV2081, a 975 metros. En el operativo fue decisiva la participación de Hugo Marino y C&C Technologies. De hecho, las únicas fotografías disponibles de los restos del fuselaje, posado sobre el lecho submarino, llevan la marca de SEA Servicios Electrónicos Acuáticos, la segunda empresa de Hugo Marino.

Ambos sucesos fueron objeto de todo tipo de conjeturas. Un profesional del área que siguió el incidente con interés, y que ha participado en operaciones de rescate con envergadura y complejidad semejantes, todavía hoy se refiere al accidente de Missoni como “un caso financiero, que contaba con todos los recursos necesarios”. Y dispara en medio de la conversación con la reportera de Armando.info: “¿Cuál sería la verdad que sabía Marino?”.

La abogada Tamara Suju difundió en su cuenta de Twitter un documento emitido por las autoridades de la Farnesina -por la sede de la Cancillería italiana, el Palazzo della Farnesina– en el que se relacionaban algunas diligencias emprendidas por sus diplomáticos a favor del connacional Hugo Marino. Ante la solicitud de la Embajada de Italia en Caracas y el Consulado General, el 30 de octubre de 2019 recibieron respuesta de las autoridades venezolanas de que el buzo profesional “no estaba incluído en la lista de presos de las cárceles venezolanas, ni en la lista de los fallecidos”. En noviembre de 2020, la vicecanciller Marina Sereni se reunió con el Encargado de Negocios de Venezuela en Roma, y el 22 de febrero de 2021 el embajador italiano en Caracas habló del caso directamente con la titular del Ministerio de Interior y Justicia de Venezuela, Carmen Meléndez.

“La ministra aseguró su compromiso personal de arrojar luz sobre la situación del ciudadano ítalovenezolano”, expuso el viceministro de Asuntos Exteriores de Italia, Benedetto Della Vedona, quien firmó el comunicado.

Durante el periplo internacional que recientemente emprendió el líder del partido opositor Voluntad Popular (VP), Leopoldo López, exiliado en España y hoy comisionado en representación de Juan Guaidó, hizo una escala en Italia en los primeros días de marzo de 2021. López, invitado al Senado italiano por Pierferdinando Casini, presidente de la Unión Interparlamentaria por Venezuela, trajo a colación lo ocurrido con cuatro ciudadanos ítalovenezolanos “detenidos por motivos políticos”. Se refirió a Hugo Marino, Juan Planchart Márquez, Oreste Alfredo Schiavo y Juan Marrufo Capozzi, pero el único del que a estas alturas no se sabe nada es el buzo profesional.

Aunque se tituló como economista de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Hugo Marino hizo toda su carrera profesional en el área de investigación submarina. Se describió a sí mismo en la red LinkedIn como un ejecutivo “reconocido por su liderazgo operativo y su mentalidad de metas exigentes”, y destacó su “amplia experiencia”.

Su actividad comercial en Venezuela la llevó adelante con dos de sus gorras corporativas, Andi Latinoamérica C.A., constituida en 2007, y Corporación 2203 SEA INC, C.A., del 2008, aunque tenía otras firmas sin mayor actividad comprobable. Tanto Andi como SEA tuvieron sus correlatos registrados en Florida.

Si bien en sus inicios se dedicó al buceo recreativo, técnico, comercial y deportivo, con el tiempo enfocó sus trabajos en prestar “servicio tecnológico de robótica, sonar y televisión submarina, así como cartografía marina y gestión de recursos litorales”. Su área de experticia era muy específica.

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