Albino Ferreras Garza, el asesor jurídico de figuras de la corrupción petrolera en Venezuela que se comportó como socio de sus clientes

Por Carlos Crespo
armando.info

Albino Ferreras Garza no tiene miedo de exponer su reputación. Es asesor jurídico de personajes como Diego Salazar, Luis Mariano Rodríguez, Rafael Sarría y Fidel Ramírez, señalados como parte de intrincadas redes que medraban de Pdvsa mientras recibían decenas de millones de dólares en sobornos y comisiones. Como todo el mundo tiene derecho a la defensa, aquello no sería una rareza a no ser porque comparte con los susodichos la dirección o representación de varias empresas, recibió pagos desde cuentas tenidas por sospechosas y dirige una compañía con lazos necesariamente buenos con el Estado.

El 11 de enero de 2016, Albino Ferreras Garza sufrió el que acaso fue el peor revés de su dilatada carrera. Ese día, el Tribunal Constitucional de Andorra desestimó el recurso de amparo que el abogado venezolano había presentado poco antes, solicitando se suspendieran las comisiones rogatorias enviadas por ese país a Estados Unidos, España y Venezuela, en busca de información sobre 30 ciudadanos venezolanos, entre ellos, él mismo.

Según los cargos judiciales, Ferreras era sospechoso de participar en una trama de lavado de dinero cuyos montos superaron los 2.000 millones de euros. El esquema, que usó como caja de caudales uno de los mayores bancos del principado pirenaico, la Banca Privada de Andorra (BPA), fue denunciado en primer lugar por las autoridades del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, y a la larga dio al traste con el propio banco, con su sucursal en España, el Banco Madrid, y con la reputación de Andorra como un confiable paraíso fiscal, impenetrable al escrutinio de intrusos.

La denuncia de Washington detectó tramas corruptas con clientes rusos, chinos y venezolanos. Esta última terminó por ser la causa 2015-23 i 25-RE de la justicia andorrana, ante la cual Ferreras interpuso su recurso, que terminó pareciéndose más a una confesión que a un descargo. Los alegatos del jurista dejaron en claro el rol que venía desempeñando en la red que se tejió en torno a la petrolera estatal Pdvsa, por la que funcionarios y familiares del entonces presidente de la empresa, Rafael Ramírez Carreño, cobraban millonarias comisiones ilegales a empresas, disfrazadas de “asesorías”, para otorgar contratos con el Gobierno venezolano. Las comisiones se pagaban a empresas en Panamá constituidas para tal fin, que luego giraban a la BPA.

Con “vigor”, según refiere el dictamen, Ferreras Garza argumentó ante el juzgado que no era funcionario público ni director de una subsidiaria de Pdvsa, como se señalaba en la rogatoria, sino tan solo “asesor jurídico de los Sres. Diego Salazar y Luis Mariano Rodríguez”, revelando así el servicio que viene prestando dentro de las altas esferas del chavismo: el de un coach de soluciones jurídicas para redes financieras que permitan mover los dineros habidos de mala manera.

Lo que Ferreras no pudo negar ante esta corte fue que recibió dos pagos en una cuenta a su nombre en el principado de Andorra y que estas transferencias, cuyos montos el Ministerio Fiscal de ese país calificó de “ingentes”, fueron hechas por Diego Salazar y Javier Alvarado, dos de los principales protagonistas del esquema irregular investigado por las autoridades del país de los Pirineos.

“El hecho esencial que justifica la indagación es la recepción no discutida por su parte de unas cantidades de dinero que no son insignificantes procedentes de ciertas personas, indiciariamente o hipotéticamente involucradas en hechos graves de blanqueo de sumas muy elevadas de dinero”, sentenció el juzgado para desestimar los alegatos del jurista sobre la violación al debido proceso y el derecho a la intimidad.

Los depositantes de Ferreras Garza estaban entre los actores principales de la trama de la BPA.  Diego Salazar, por ejemplo, al que Ferreras admitió asesorar, es primo de Rafael Ramírez y es señalado por las investigaciones como el cabecilla de esta red de pago de sobornos entre los años 2007 y 2012. Apodado El señor de los relojes, se hizo famoso por gestos de ostentación saudí, como el reparto de relojes Rolex entre los invitados a una de sus fiestas o una propina de decenas de miles de euros que dejó en un hotel de París y que, para su desgracia, llamó la atención de las autoridades antiblanqueo de Francia. Tras perder el favor del gobierno de Maduro al mismo tiempo que Ramírez, fue detenido y permanece recluido en el Helicoide, una de las sedes en Caracas del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin, policía política).

Javier Alvarado, por su parte, fue viceministro de Desarrollo Energético y está bajo investigación en España por la presunción de que cobraba comisiones a empresas de ese país para obtener contratos en el sector eléctrico venezolano. De acuerdo con la investigación de Andorra, manejó cinco depósitos y cuatro sociedades que percibieron 46,5 millones de euros. Fue detenido en Madrid el 9 de mayo de 2019. Estados Unidos pidió su extradición por acusaciones de lavado de dinero, pero el país ibérico negó la solicitud argumentando que ya era investigado por ese delito en su territorio y que el exfuncionario posee la nacionalidad española. Fue puesto en libertad condicional en septiembre de 2019 luego de pagar 90.000 euros de fianza.

Rodríguez Cabello, el otro asesorado por el letrado, famoso por aparecer en una grabación ofreciendo un soborno al gerente de la BPA, Pablo Laplana, para que se detuvieran las pesquisas, es considerado el principal operador de Salazar ante esa entidad bancaria y se entregó a las autoridades españolas en 2018. Su nombre también está asociado a la génesis de las investigaciones andorranas, pues era representante de Highland Assets Corp, una de las principales receptoras de las comisiones pagadas por empresas chinas y desde cuya cuenta bancaria fue hecha una transferencia a un empleado de un hotel en París por 99.980 euros —un monto mayor a la fianza pagada por Alvarado—, registrada como “propina por servicios prestados” y atribuida a Salazar, lo que activó las alarmas de la Agencia Contra el Blanqueo de Capitales y Financiamiento al Terrorismo de la República Francesa (Tracfin).

Así quedó documentado un mapa apenas incipiente de las relaciones peligrosas de este multifacético abogado, cuyos vínculos con la élite del chavismo se encuentran asentados no solo en la jurisprudencia andorrana, sino también en los registros mercantiles de Panamá y Estados Unidos y que, además, cuenta con experiencia en la junta directiva de empresas venezolanas vinculadas con distintos despachos ministeriales, especialmente en el sector petroquímico.

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Cliente satisfecho reincide

Ferreras Garza tiene 59 años de edad, nació en Madrid y se graduó en la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) de Caracas en 1985. Apenas un año después fue socio fundador del bufete Ferreras, Escala, Vega & Asociados, que en el año 2000 pasó a llamarse Mata Borjas, Priwin & Ferreras y que, con otro cambio de socios y la llegada del abogado Carlos Luis Bello Anselmi en 2013, redujo su nombre a Ferreras & Bello, denominación que mantiene hasta hoy. El escritorio está enfocado “en la atención de corporaciones y de las personas detrás de las corporaciones”, de acuerdo con la publicidad de su página web.

Si bien se sabe que es abogado de profesión, en el mismo sitio web se muestra un currículo que concede a Ferreras una versatilidad inesperada. El resumen indica que se ha desempeñado como director de empresas en sectores tan disímiles como consumo masivo, publicidad, medios de comunicación, industria textil y petroquímica. “También participa en consejos consultivos de empresas en el área de salud, corretaje de seguros y construcción”, añade el website.

En cuanto a que participa en todo tipo de empresas, son múltiples los indicios de que no miente. Por medio de una enmienda al registro ante la División de Corporaciones de Florida, por ejemplo, su nombre quedó incorporado al directorio de Sai Advisors Inc. desde el 8 de septiembre de 2009.  El otro director registrado es Rafael Alfredo Sarría Díaz, quien fue sancionado por el Departamento del Tesoro el 18 de mayo de 2018, junto con Diosdado Cabello Rondón, y la esposa y hermano de este, Marleny Josefina Contreras Hernández y José David Cabello Rondón, respectivamente.

De acuerdo con la nota oficial emitida por el Tesoro en esa ocasión, Sarría es el testaferro de Cabello, el poderoso primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), y ha “lavado dinero para funcionarios venezolanos a través de la compra de bienes raíces desde 2010”. Añade el texto que Sarría y Cabello “tuvieron asociaciones y empresas en Panamá” y que en 2016 estuvo involucrado en el tráfico de drogas “en nombre de Cabello”. Entre los entes sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) figuraban la propia Sai Advisors Inc, y otras dos compañías en las que Sarría vuelve a aparecer en compañía de Albino Ferreras Garza como director: Noor Plantation Investments LLC y 11420 Corp.

Ferreras se mantendrá en los registros anuales de estas tres compañías hasta 2016, el mismo año en el que el Tribunal Constitucional de Andorra negó sus recursos de amparo para que detuviera las investigaciones en su contra.

Registro de División de Co… by ArmandoInfo

Pero la salida del abogado de las empresas de Sarría no debe interpretarse como un acto de contrición. Ferreras Garza volvió a trabajar con sus antiguos clientes de Andorra, cuyas tramas de corrupción ya habían sido señaladas por las autoridades de ese país, y que luego serían detalladas a través de distintas filtraciones en la prensa internacional.

Un caso fue el de Javier Alvarado Ochoa, quien el 9 de junio de 2017 fue nombrado como presidente de Kikapues Investments Corp, una sociedad de Panamá. El 11 de julio de ese año, una asamblea de accionistas otorga un poder de representación a Albino Ferreras Garza, Carlos Luis Bello Anselmi y Eduardo Trujillo Ariza, todos pertenecientes al bufete.

El documento, que está en el registro mercantil de Panamá, es bastante específico en el objetivo de la representación al indicar que los apoderados están autorizados “para gestionar, en nombre y representación de la sociedad KIKAPUES INVESTMENTS CORP. ante la entidad bancaria denominada BANCA PRIVADA D´Andorra (PANAMÁ) S.A. Y la sociedad panameña denominada BPA VALORES, S.A.”.

El 27 de julio de 2017, apenas 16 días después, Adelais Overseas S.A., otra sociedad registrada en Panamá, dio un poder de representación similar a los mismos tres abogados. El presidente de esta sociedad es Fidel Darío Ramírez Carreño, hermano del expresidente de PDVSA, Rafael Ramírez.

El hecho de que los nombres de estos dos clientes aparecen en la lista de 28 investigados por la trama de Andorra permite presumir -acertadamente- que sus contratos con el bufete fueron similares. pero la realidad fue un paso más allá: los documentos eran prácticamente idénticos, a tal punto que en el poder de una empresa se coló por error el nombre de la otra. Esto provocó que los abogados tuvieran que hacer un nuevo registro en el que se ve tachado el nombre de Kikapues y sobrepuesto el de Adelais Overseas SA.

Registro Público de Panamá by ArmandoInfo

Armando.info se comunicó con el abogado Eduardo Trujillo Ariza, quien, junto con Ferreras Garza y Bello Anselmi, fue nombrado apoderado de Adelais Overseas en 2017. Trujillo, quien actualmente es el director del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), expresó que, aunque formaba parte del bufete, no era el abogado encargado de esta sociedad. “Entiendo que esa compañía tenía una cuenta bancaria en Panamá y se otorgó un poder para gestionar, desde el escritorio, algo relacionado con la cuenta bancaria”.

Sobre la especificidad del poder, que señala que los tres abogados estaban facultados para actuar directamente ante la ya desprestigiada Banca Privada de Andorra (BPA), señaló que no podía dar precisiones. También dijo desconocer la actividad a la que se dedicaba la sociedad. “Me imagino que, como muchas sociedades mercantiles, tienen algún portafolio de inversión o alguna cuenta bancaria y esa es su finalidad; proteger algún activo en particular”.

Dijo no tener conocimiento sobre si esta sociedad estuvo implicada en las investigaciones de Andorra y al consultarle sobre si Ferreras Garza fue el que ejerció la representación establecida en los documentos señaló: “Sí, posiblemente sea, pero no te sabría decir ahora”.

Tras el hallazgo de que Trujillo Ariza también figuraba como apoderado de Kikapues Investments Corp., la compañía de Javier Alvarado, Armando.info intentó comunicarse de nuevo con él para conocer su participación en este caso, pero no volvió a responder ni a las llamadas ni al cuestionario enviado por vía telefónica.

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