Por Karem Galvez
En el mes de junio de 2020 medios venezolanos reseñaron que la aerolínea Avior Airlines había retirado de su flota un Airbus A340, matrícula YV3292 y lo había entregado al Gobierno de Nicolás Maduro.
Ahora se conoce que el motivo de la operación se debió a deudas gigantescas de la aerolínea que se vieron recrudecidas por la pandemia de COVID-19 y que le impedían surtir de combustible a sus aviones, pagar costosos arrendamientos y mantener muchas de sus operaciones.
La crisis financiera de la aerolínea la ha obligado a despedir a parte de su plantilla de pilotos, con años de antigüedad en la empresa, buscando abonarles liquidaciones irrisorias. Esto ha ocasionado que varios pilotos y empleados despedidos en circunstancias similares, hayan decidido entablar demandas laborales contra la aerolínea.
Avior Airlines fue fundada en Venezuela en 1994 por el empresario Jorge Luis Añez Dager. Hoy, además de realizar vuelos nacionales en su país de origen, vuela en países como Brasil, Colombia, Perú República Dominicana y México. Aunque no opera en Panamá Avior Airlines figura en el registro público panameño.
Pero la aerolínea ha tenido mejores tiempos y hoy sus operaciones en Venezuela están a cargo de Jorge Luis Añez-Folla y Arnaldo Añez Folla, hijos de Jorge Luis Añez Dager.
Las disímiles opiniones y las diferencias de parecer entre los hermanos Añez Folla, empeoran la situación de una aerolínea prácticamente al borde del precipicio.
Pese a las pérdidas en 2020, Avior Airlines ha continuado pagando decenas de miles de dólares en el arrendamiento de oficinas, aunque la aerolínea posee edificaciones propias a las que se les ha dado otros usos.
Los ejecutivos de Avior Airlines no consiguieron mejor forma de reducir costos, que desmejorar los sueldos y salarios de sus empleados hasta en más del 50% de aquellos que tenían antes de la pandemia.
En 2020 dos empresarios venezolanos a los que alguna vez se declaró culpables en Estados Unidos de ser agentes no registrados del fallecido expresidente venezolano Hugo Chávez lograron una gran victoria en una corte en Miami, dentro de una enconada disputa por el control de la mayor aerolínea privada del país sudamericano.
Aunque Avior Airlines ha permanecido en gran medida inmovilizada en tierra debido a las sanciones estadounidenses y la pandemia de coronavirus, los inversionistas confiaban en 2020 en recuperar por lo menos parte de los activos de la firma, incluida una aerolínea regional en la vecina Colombia.
Según la agencia AP, un juez de circuito en Miami rechazó en 2020 una demanda de Jorge Añez Dager en la que se alegaba que sus socios en Florida habían cobrado de más a Avior por piezas y servicios.
El juez Michael Hanzman determinó que Añez no tenía autoridad para representar a Avior y señaló que había abrumadoras pruebas de que él había manipulado la contabilidad de la compañía y formado una junta ilegítima de allegados para hacerse del control de la aerolínea en problemas.
En un fallo sobre la demanda de la que no se había informado previamente, el juez encontró que Añez había mentido en su testimonio e intentado aprovechar el sistema jurídico estadounidense para perpetrar fraude.
“La afirmación del señor Añez sobre una propiedad de 100% de Avior es una total mentira, apesta a una ocurrencia tardía y fue inventada sólo después… de una disputa por las operaciones de Avior”, escribió el juez.
Ni Añez, su abogado ni el presidente de Avior, Juan Bracamonte, respondieron a reiterados correos electrónicos y llamadas telefónicas para que hicieran declaraciones sobre el asunto.
El socio al que Añez intentó excluir por la fuerza es un grupo de inversión que incluía a Carlos Kauffmann y Moisés Maionica. Ambos fueron sentenciados en 2008 a más de un año de encierro en una prisión federal por su participación en un escándalo político que implicó el envío de un maletín lleno con 800.000 dólares en efectivo a Argentina a bordo de un avión del gobierno venezolano.
Ambos empresarios venezolanos testificaron que fueron enviados a Miami para que compraran el silencio de un informante del FBI sobre el envío del efectivo, que presuntamente se utilizaría para financiar la campaña de la expresidenta Cristiina Fernández de Kirchner.
Tras cumplir sus sentencias, ambos hombres permanecieron en Estados Unidos y reanudaron sus carreras.
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