El Ministro de Defensa de Colombia debe explicar al país por qué la Policía Nacional firmó urgentemente el 7 de mayo de 2021 un contrato con la empresa brasileña CONDOR S/A por el monto de 7.757 millones de pesos para la compra de municiones y granadas de gas lacrimógeno. La revelación la ha hecho un movimiento de activistas anónimos en la plataforma Medium, donde han contado la historia.
Según el contrato, el Gobierno del presidente Iván Duque adquirió 20.000 cartuchos de gas de triple carga modelo G-203 / T, 100.000 cartuchos de gas de largo alcance GL 202, 11.800 granadas de gas triple modelo GL 300 / T y 7.600 granadas de gas de alta emisión GL 302. Seguir:
Según el contrato, se adquirieron 20.000 cartuchos de gas de triple carga modelo G-203 / T, 100.000 cartuchos de gas de largo alcance GL 202, 11.800 granadas de gas triple modelo GL 300 / T y 7.600 granadas de gas de alta emisión GL 302. Seguir :
La compra de las armas se justifica por la Resolución 0171 de 5 de mayo 2021 de la Dirección administrativa y financiera de la policía nacional con el único propósito de reprimir las manifestaciones de la protesta nacional como lo demuestran documentos legales.
En la Resolución 0171 de 5 de mayo de 2021, que justifica la adquisición de armas por parte de la Policía Nacional, existen publicaciones en la revista Semana en las que se afirma que las manifestaciones fueron infiltradas por miembros de los disidentes.
El contrato fue suscrito entre el director administrativo y financiero de la Policía Nacional de Colombia, Henry Armando Sanabria y Jorge Mario Munoz Cardona representante legal de MAJOSUM SAS, empresa delegada por la empresa brasileña CONDOR S/A Industria Química para concluirlo.
La presidente de la empresa CONDOR S/A Industria Química es Carlos Erane de Aguiar, un poderoso empresario que tiene contratos con el Estado brasileño para el suministro de armas y que es aliado del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, en proyectos militares.
De igual forma, CONDOR S/A ha vendido armas al gobierno venezolano de Nicols Maduro, como lo demuestra este documento legal en el que se realiza una transacción multimillonaria para la compra de municiones para su fuerza armada.
Un último aspecto de este contrato es que la empresa MAJOSUM SAS que figura como representante legal en Colombia de CONDOR S/A no se dedica a la venta de armas, sino que tiene actividades completamente diferentes como lo demuestra su registro comercial.
“¿Qué está diciendo el Departamento de Defensa sobre esta contratación multimillonaria para reprimir la huelga nacional? ¿Por qué no hubo licitación pública? ¿Por qué se delegó el contrato a una empresa ajena a la venta de armas? ¿Por qué se responde violentamente a la protesta social?“, ha reclamado el el movimiento de activistas.
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