Proceso judicial por blanqueo de fondos venezolanos permanece paralizado en Andorra

Por Valentina Lares
armando.info

Hace seis años se revelaron los nombres de 28 venezolanos que, a través de empresas de maletín, manipularon contrataciones en el sector petrolero y eléctrico del país para adjudicarlas a proveedores que les pagaban comisiones disfrazadas como «asesorías». El colapso y posterior intervención de la Banca Privada de Andorra en 2015 revelaron los mecanismos que utilizaban estos para blanquear hasta 2.000 millones de dólares, pero hasta hoy nadie ha sido ni enjuiciado ni condenado, el proceso judicial está paralizado desde hace más de un año y, lo peor, hasta podría quedar anulado.

Desde el famoso “¿por qué no te callas?” que le espetó el rey español Juan Carlos a la versión más altisonante y trajeada de Hugo Chávez en 2007, ningún mandatario de la Venezuela revolucionaria había vuelto a participar en la Cumbre Iberoamericana. Este año Nicolás Maduro piensa cerrar ese hiato y asistir  -aunque solo sea a través de la plataforma de Zoom, como lo harán todos los mandatarios- en la 27ª edición de la cita que se celebrará el próximo miércoles, 21 de abril, organizada por Andorra, el pequeño principado europeo refugio de esquiadores, capitales oscuros y youtubers, donde debía tener lugar de haberse realizado de manera presencial.

Para esa Andorra enclavada en los Pirineos, entre España y Francia, que había reconocido a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela, pero dejó de hacerlo en enero de este año, el lejano país caribeño se ha convertido en una piedra en el zapato. Si ya la invitación a Maduro despertó una polémica que amenazaba con empañar el cónclave presidencial trasatlántico, la cizaña venezolana promete más incomodidades ante la postergación, constante y cada vez más difícil de disimular, del juicio a 28 venezolanos -funcionarios altos y medios de la administración de Hugo Chávez- que movieron a través de Andorra al menos 2.000 millones de dólares entre 2006 y 2015.

El juicio se derivó del escándalo de BPA (Banca Privada d’Andorra en catalán, el idioma oficial del Principado; Banca Privada de Andorra en castellano), una de las dos mayores entidades financieras del país, minúsculo en área geográfica pero importante como estación de paso o de asilo para capitales tránsfugas. En 2015 el Departamento del Tesoro sancionó a BPA y le prohibió seguir haciendo negocios con el sistema financiero estadounidense y, por lo tanto, con el dólar. La medida era respuesta, dijeron las autoridades norteamericanas, a las evidencias de que en el banco se lavaban fondos irregulares provenientes de redes de corrupción de Rusia, China y Venezuela.

Desde luego, el castigo de Washington significaba una sentencia de muerte para una operación de servicios financieros y offshore. Al colapso de BPA y de su marca en España, el Banco Madrid, siguió la apertura de averiguaciones y juicios a los responsables de la entidad y, en simultáneo, a los personeros venezolanos que le habían confiado sus dineros negros. Esa secuencia de naipes en caída, cubierta entonces con fruición por medios locales e internacionales, dejó la impresión de que la justicia había quedado servida.

Pero no fue así. De hecho, en 2021 no solo no hay personas condenadas por esos delitos presuntos. El juicio está paralizado en la práctica.

La BPA ayudó a blanquear millones de dólares producto de sobornos y coimas a una trama de clientes venezolanos que están sometidos a un juicio que nunca empieza.

Los ingredientes de esta ralentización son los habituales: presiones políticas y tecnicismos judiciales que mantienen a los criminales de cuello blanco apenas señalados, pero no tras las rejas y menos con condenas. Siendo el principado un país tan pequeño (460 kilómetros cuadrados que albergan a 85.000 personas) no hace falta ser un potentado para desestabilizar un sistema judicial con personal limitado y que desde hace poco trata de actualizarse en cómo procesar delitos relacionados al ámbito financiero. Por ejemplo, apenas en 2017 se incluyó la evasión de impuestos como un delito fiscal y otras actualizaciones legales en torno al blanqueo de capitales y financiamiento al terrorismo.

El gobierno andorrano reaccionó en 2015 interviniendo la Banca Privada de Andorra (BPA) tras recibir un informe del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que establecía la ejecución de prácticas corruptas por parte de funcionarios de la entidad y cuyos “débiles controles han convertido a BPA en un vehículo para que terceras personas vinculadas al crimen organizado blanqueasen capitales”.

El documento tuvo los efectos de un bombazo y enseguida se conocieron decenas de cuentas bancarias a través de las cuales se canalizaron millones de dólares de personajes como el comerciante de contrabandos de origen chino, Gao Ping, o uno de los operadores económicos de la mafia rusa, Andrei Petrov. Sin embargo, el impacto de estos palideció ante los 2.000 millones de dólares que desde 2006 movilizaron a través de BPA una red de casi una treintena de personas, entre funcionarios de la estatal petrolera venezolana Pdvsa, la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), viceministros y empresarios amparados por el gobierno de Hugo Chávez, a través de un entramado de empresas de maletín.

Con ello se descorrió la cortina que hasta entonces encubría nombres como los de Diego SalazarLuis Mariano Rodríguez CabelloNervis Villalobos o Javier Alvarado. También quedó al descampado su modus operandi, descrito de la manera siguiente por la jueza andorrana Canolic Mingorance en las “diligencias previas” o investigación preliminar, número 4103434/2012, sobre la que se establecieron las responsabilidades de los señalados: “Se trata, principalmente, de facilitadores de negocio del sector de asesoría energética y los seguros vinculados en aquel momento a los círculos del poder político de su país. Entre ellos se unieron para controlar las licitaciones públicas de Petróleos de Venezuela, S.A. (Pdvsa) y la construcción de infraestructuras energéticas, contratadas por filiales de Pdvsa como Corpoelec y Electricidad de Caracas. En la práctica su contratación se convierte imprescindible para conseguir las adjudicaciones y garantizar el cobro a las empresas extranjeras que operaban en el sector energético venezolano”.

Los aludidos justificaban el ingreso de millones en sus cuentas con escuetas facturas -a veces ninguna- emitidas por alguna de las 35 empresas de maletín que se crearon en torno a esta trama, que servían como emisores y receptores de dinero que transitaba por cuentas abiertas en BPA de familiares, esposas, amantes y empleados de los principales señalados que suman, en total, 28 venezolanos. A la mayoría se les acusa según los artículos 409 y 410 del Código Penal de Andorra, que establecen el “delito mayor de blanqueo de dinero” y penas que van de los tres a ocho años de prisión y multas hasta por el triple del valor identificado como “lavado”.

Además de la tardanza en impartir justicia, la parálisis de la causa aleja todavía más la posibilidad, ya escasa de antemano, de recuperar los activos incautados, muy condicionada por la falta de un acuerdo de repatriación de capitales entre Andorra y Venezuela.

Un proceso vulnerable

Al estallar el escándalo, la justicia del Principado tomó unas primeras previsiones clave: congelación de los activos, órdenes de detención para los andorranos involucrados y toma de declaraciones a los venezolanos. Sin embargo, fuentes cercanas al proceso judicial destacan que, por efecto del tiempo que transcurre y las acciones de los abogados de los señalados, la presión de estas medidas ha aflojado de manera notoria. Una muestra: aunque en 2018 se emitieron once órdenes internacionales de captura a través Interpol por esta causa, ninguna de estas órdenes ha producido efecto a largo plazo.

Solo uno de los personajes más llamativos y que concentró más recursos, Diego Salazar, primo del expresidente de Pdvsa y exministro de Energía y Petróleo, Rafael Ramírez, permanece bajo arresto, pero en Venezuela. Del resto de los solicitados con orden de captura, llegaron a quedar detenidos por un tiempo Mariela Matheus, supervisora de pagos de Pdvsa, lo mismo que otro supuesto pariente de Rafael Ramírez, Luis Abraham Bastidas Ramírez, ex gerente de logística y servicios de Pdvsa, arrestado brevemente en Buenos Aires. Hoy ambos están en libertad condicional.

Sobre los imputados andorranos, empleados de BPA que en principio estuvieron detenidos, hoy también están libres pero con medidas cautelares.

Las indagaciones a BPA y su cartera de clientes venezolanos comenzaron mucho antes de la intervención del banco en 2015. Por eso la venezolana, aunque compleja, profusa en pistas, nombres y relaciones, es la única causa que ha completado la fase de investigación.

Desde 2010 las autoridades antilavado del Principado habían identificado a un grupo de venezolanos -con el comisario antidrogas y director de criminalística, Norman Puerta, a la cabeza- que abrieron cuentas sospechosas en BPA a través de una sucursal instalada en Venezuela y que trabajaba directamente con otra sucursal de ese banco en Panamá, BPA Serveis.

De esta primera investigación se logró la detención temporal de Puerta, pero no mucho más. Incluso en 2013 el tribunal que conocía la causa, en contra de lo solicitado por los fiscales acusadores, ordenó descongelar algunos fondos de los implicados venezolanos “por falta de pruebas”. Las solicitudes de información, o rogatorias, hechas a Venezuela por parte del Tribunal de las Cortes andorrano no fueron debidamente respondidas desde Caracas por la Fiscalía, entonces capitaneada por Luisa Ortega Díaz, hoy en el exilio.

Sin embargo, aquellos hallazgos llevaron a profundizar las investigaciones y esa causa se “acumuló” -se añadió, según el argot judicial- a la actual, en la que los protagonistas son los funcionarios y socios antes mencionados de Pdvsa y Corpoelec. Hoy día se detallan operaciones tan claras como, por ejemplo, que en un solo día de septiembre de 2010, la empresa Highland Assets -de Diego Salazar y Luis Mariano Rodríguez Cabello- recibió en cinco pagos una transferencia total de 50 millones de dólares por sus servicios de “consultoría y asistencia técnica”.

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