Cocky de la Torre
El brasileño Ronaldo Nazário no es el único exfutbolista o estrella internacional del fútbol que se ha visto tentado por inversionistas vinculados a negocios con dineros opacos asociados a la corrupción en Venezuela, en las más de dos décadas del chavismo. Otros han sido el exfutbolista argentino Diego Armando Maradona y su compatriota Lionel Messi, quien ha sido imagen de la marca española de gafas de sol Hawkers, presidida por Alejandro Betancourt, uno de los llamados “bolichicos” venezolanos, como son conocidos un grupo de jóvenes empresarios que lograron fortuna en muy poco tiempo, gracias a negocios que les arrojaron exorbitantes ganancias como proveedores del Estado venezolano.
Alejandro Betancourt lidera el grupo de inversión internacional O’Hara Administration y cuenta con una paricipación del 19,95% de acciones de Pacific Exploration & Production Corporation, una empresa canadiense que cotiza en bolsa, dedicada a la exploración y producción de gas natural y petróleo crudo en varios países de América Latina.
En el año 2017 Hawkers se alió con el delantero argentino del FC Barcelona, Lionel Messi, para lanzar una colección de gafas. Se trató de una colección compuesta por nueve modelos fabricados con materiales de nueva generación TR 90 suizo y polímero de alta calidad diseñada especialmente para el futbolista. La colección fue bautizada “Messi X Hawkers”.
Derwick Associates
En medio del caos energético en Venezuela, dos bolichicos divisaron una oportunidad. Alejandro Betancourt, quien hoy sería una suerte de patrocinante de Messi y que tenía 29 años, y su primo Pedro Trebbau, entonces de 26, montaron su propia compañía de electricidad: Derwick Associates, según el consorcio de centros de investigación, medios de comunicación y periodistas Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP)
Según el ingeniero José Aguilar, miembro del Grupo Ricardo Zuloaga – un grupo de expertos que ha examinado los contratos de suministro eléctrico en Venezuela – ninguno de los dos tenía experiencia en el sector energético. OCCRP tampoco encontró ninguna prueba de ello. (En un correo electrónico, la empresa le indicó a OCCRP que tanto sus accionistas como sus colaboradores tenían “suficiente experiencia demostrada para competir por todos los proyectos obtenidos por Derwick”, aunque no dieron más detalles).
En todo caso, Derwick vivió un ascenso meteórico. En solo 14 meses, entre 2009 y 2011, la empresa obtuvo contratos con empresas públicas por más de 5.000 millones de dólares, incluyendo 11 proyectos de construcción de nuevas plantas eléctricas y uno más para modificar instalaciones prexistentes.
Los contratos fueron adjudicados sin licitación, pues Hugo Chávez, presidente entonces de Venezuela, había suspendido los procesos usuales de contratación por una emergencia energética. Según Simón Saturno, un ingeniero eléctrico venezolano que analizó las obras de Derwick para la organización anticorrupción Transparencia Venezuela, los contratos incluyeron anticipos, lo cual significa que Derwick no necesitaba fondos propios para comprar equipos y usualmente no pagaba por adelantado la construcción e instalación de las plantas.
“Cada compra era objeto de un contrato, y en cada contrato, dependiendo de las opciones que ofreciera Derwick, se establecía una modalidad de pago, que podía incluir un anticipo suficiente para que Derwick pudiera comprar los equipos”, dijo Saturno.
(En declaraciones a fiscales venezolanos en 2013, Betancourt lo negó y dijo que Derwick puso capital propio en sus proyectos e incluso adelantó fondos).
En 2013, el ex embajador de Estados Unidos en Venezuela Otto Reich demandó a Betancourt, Trebbau y a un tercero, alegando que Derwick habría pagado jugosos sobornos para hacerse a los contratos públicos (la demanda sin embargo fue desestimada).
En un primer momento, la fuerte inversión del gobierno en infraestructura eléctrica resolvió la crisis. Pero, con los años, los venezolanos se acostumbraron a enfrentar apagones recurrentes.
Una cosa sin embargo había cambiado: los bolichicos de Derwick eran ahora extremadamente ricos. En España, a partir de 2010, se fundaron tres empresas estrechamente vinculadas con Betancourt y Trebbau, a través de las cuales se compraron millonarios bienes.
En 2011 se creó Derwick Associates International, en la que tanto Betancourt como Trebbau figuraban como apoderados. Un año después la empresa registró la compra de una hacienda de 1.396 hectáreas en la provincia de Toledo. La propiedad incluye al antiguo castillo de Alamín y era usada como coto de caza por la aristocracia española. El lugar contaría con una plaza de toros. Aunque los registros públicos no revelan el precio de venta, en 2017 la compañía declaró más de 30 millones de euros en activos.
Trebbau es además el administrador principal de otra empresa española, fundada en 2010. Se trata de Eiffel Real State, dueña de un lujoso apartamento en uno de los barrios más exclusivos de Madrid, justo detrás del Museo del Prado y cerca al parque de El Retiro. Los activos de Eiffel sobrepasan los tres millones de euros.
Betancourt y su madre, Lilia Cristina López, son por su parte administradores de la empresa Guanabana Real State, propietaria de otro apartamento en el centro de Madrid y cuyos activos alcanzan más de un millón de euros.
Según la demanda presentada por el exembajador estadounidense Reich, Betancourt también es propietario de un pent-house de 11,5 millones de dólares en Nueva York. Registros de propiedad indican que el bien fue adquirido en 2012 a través de una empresa en Delaware. Y en 2016, Betancourt encabezó un grupo financiero que invirtió 50 millones de euros en Hawkers, una empresa española de gafas de sol, que llegó a asociarse con el futbolista Lionel Messi para diseñar una línea de lentes.
En 2018 se filtraron decenas de documentos financieros del banco suizo Compagnie Bancaire Helvetique (CBH), que muestran detalles adicionales sobre la magnitud de la fortuna de los dueños de Derwick y además revelan cómo la compañía petrolera estatal venezolana PDVSA les entregó campos petroleros a los bolichicos.
Entre 2011 y 2013, mientras los apagones seguían en Venezuela y la crisis económica se agudizaba, en las cuentas de CBH se acumularon importantes patrimonios de funcionarios y empresarios vinculados con el Gobierno de Chávez. Los directivos de Derwick no se quedaron atrás. Betancourt registró movimientos por más de 115 millones de dólares.
Una parte vino de cuentas en las Bahamas, jurisdicción conocida por albergar compañías offshore, desde donde Betancourt recibió casi 5 millones de dólares.
Con base en estos archivos financieros, varios medios rastrearon un flujo de hasta 100 millones de dólares al año entre los bolichicos, sus familiares y compañías offshore que controlaban.
La filtración de CBH también incluyó una nota interna, firmada por Charles-Henry de Beaumont, ex gerente financiero del banco y administrador de las cuentas de Betancourt, así como por su colega Leandre Sappino, luego subdirector de CBH.
Este memorándum, parte de un chequeo de debida diligencia, se envió a varios altos ejecutivos de CBH. Y revela por primera vez que el gobierno de Chávez le entregó a los dos bolichicos el derecho de explotar importantes pozos petroleros para agradecerles su ayuda en la emergencia energética de 2009 – 2010.
Según el documento, los ejecutivos de Derwick obtuvieron favores del Gobierno de Venezuela y de PDVSA tras importar e instalar plantas de energía en varias zonas golpeadas por los apagones.
“Construyeron su reputación en el segundo mandato de Chávez, durante la crisis eléctrica de Caracas”, escribieron los banqueros. “Mientras Chávez acusaba a los estadounidenses y a otros imperialistas de sabotear el sistema eléctrico, Alejandro y Francisco trajeron enormes generadores al país, lo que le permitió al presidente restaurar la situación y salvar su prestigio frente al pueblo”, según el documento.
El memo continúa: “Desde ese día, el gobierno y PDVSA están muy agradecidos con Derwick y sus beneficiarios económicos. No está de más decir que, dado que PDVSA sólo paga sus proveedores a su antojo, Derwick organizó numerosas piezas de perforación, etc… para permitir que PDVSA mantuviera su producción. En un gesto de reconocimiento, PDVSA, que vendió una cantidad de pozos en la cuenca del Orinoco a las grandes de petróleo y gas, permitió que Derwick tomara la iniciativa en un pozo que produce más de 100.000 barriles al día”.
A precios de 2012, esa cantidad de petróleo equivalía a más de 3.000 millones de dólares al año.
La autorización para explotar los campos petroleros se otorgó bajo la administración de Rafael Ramírez, quien presidía PDVSA en ese entonces y quien luego fue embajador de Venezuela en la ONU. Durante el mandato de Ramírez en PDVSA, Derwick también suscribió contratos en 2010 y 2011 con la petrolera estatal para construir cuatro plantas eléctricas.
Y mientras los bolichicos de Derwick recibían jugosos beneficios por sus negocios energéticos, las plantas que construyeron no tenían el rendimiento esperado.
En un informe de 2018, Transparencia Venezuela mostró de forma clara como los venezolanos fueron estafados con los acuerdos entre su gobierno y Derwick.
La organización anticorrupción reveló que, en teoría, los 11 proyectos de Derwick tenían que costar 2.100 millones de dólares, pero que en realidad la factura final ascendió a 5.000 millones de dólares. Es decir, el gobierno pagó un sobreprecio de 138 por ciento.
En una respuesta vía correo electrónico, la oficina de relaciones públicas de Derwick negó la acusación. “No existen sobreprecios en los contratos entre Derwick y sus clientes. La cifra de 2.100 millones de dólares sobrepasa la facturación total de todos los proyectos de Derwick con sus clientes en Venezuela”, escribieron.
La compañía agregó que “a pesar de todas las dificultades y riesgos bien conocidos que significan trabajar en Venezuela, el precio por megavatio instalado de Derwick se encuentra entre uno de los más económicos en Venezuela y en sintonía con los precios internacionales”.
Transparencia también publicó que en 2014 tres de los 11 proyectos de Derwick (uno de estos fue transferido a otra empresa) no estaban en servicio y que, actualmente, ninguno está generando la cantidad de energía prevista. Originalmente se contrató una capacidad total de 3.516 megavatios, pero las plantas de Derwick solo producen 827 megavatios (un megavatio puede satisfacer las necesidades energéticas de 750 hogares).
Transparencia considera que no se hicieron estudios de factibilidad para las plantas de Deriwck y que tampoco hubo planes adecuados para su instalación, prueba y puesta en marcha.
Según el ingeniero José Aguilar, del Grupo Ricardo Zuloaga, la baja capacidad operativa de los proyectos de Derwick con PDVSA, con la compañía estatal Corpoelec y con la Siderúrgica del Orinoco (Sidor) ha sido “realmente desastrosa”.
En el caso de Sidor, la principal siderúrgica del país ubicada en el estado Bolívar, contrataron a Derwick en 2010 para instalar dos plantas eléctricas, pero solamente se instaló una, que ni siquiera ha podido operar con toda su capacidad porque no cuenta con un suministro de gas suficiente. Según Aguilar, Derwick cobró el precio total de la instalación de 440 megavatios, pero sólo entregó 185 megavatios.
La maquinaria de la segunda planta de Sidor nunca fue montada y según Transparencia las cajas con los componentes fueron abandonadas en patios de la siderúrgica.
Un informe de septiembre de 2013 de Corpoelec advertía que la inversión de 100 millones de dólares se perdería si no se instalaba el equipo lo antes posible (desde entonces la turbina de esa planta fue trasladada a otro lugar).
Además, Derwick compró plantas de segunda a Energy Part Solutions, propiedad de la compañía estadounidense ProEnergy. Aunque los propietarios de esa empresa lo niegan, más del 60 por ciento de las turbinas que Derwick adquirió eran usadas. Algunas de estas máquinas fueron traídas de Estados Unidos y Tanzania, según documentos filtrados por Daniel Rosenau, entonces empleado de ProEnergy, el proveedor que Derwick subcontrató para realizar parte de las obras.
En 2017 una comisión parlamentaria examinó algunos proyectos de Derwick y calculó que la compañía le facturó al Estado 1.500 millones de dólares, cuando su costo real era de 551 millones de dólares, es decir un sobreprecio de 173 por ciento.
En esa ocasión funcionarios de Derwick le explicaron a la Asamblea Nacional que no podían dar información sobre los contratos por las cláusulas de confidencialidad, pero afirmaron que su costo promedio estaba dentro de los estándares internacionales.
Trebbau, por su parte, le explicó en 2013 a fiscales venezolanos que Derwick pagó por los equipos más que los precios del mercado porque la compañía tuvo que incurrir en compras inmediatas, con costos “premium” que permitían moverse rápidamente para resolver la crisis.
Sin embargo, Saturno, el ingeniero eléctrico contratado por Transparencia para analizar las plantas de Derwick, afirmó que los precios eran demasiado altos y el trabajo de baja calidad.
“Derwick & Associates fue una empresa que logró, a través del tráfico de influencias, hacer negocios…. en los cuales se vendieron equipos a PDVSA y Corpoelec con sobrecargos, en comparación con los precios de equipos similares en el mercado internacional. Sabiendo que en todos los casos los equipos no podrían prestar el servicio para el cual fueron fabricados, porque no cumplían con los requisitos de diseño del sistema eléctrico en el cual serían incluidos”, le dijo a OCCRP.
Socio ruso
El memorándum del banco suizo no sólo reveló que los bolichicos fueron recompensados con petróleo por “salvar a Chávez”, sino también que entraron en este negocio como socios ocultos de la empresa estatal rusa Gazprombank.
En 2011, apenas un año después de que los bolichicos dieran sus primeros pasos en el sector eléctrico, nació en Barbados Derwick Oil and Gas, en la que Betancourt y Trebbau fueron nombrados directores.
Según revelan los documentos de CBH, Derwick Oil and Gas rápidamente se asoció con Gazprombank, uno de los bancos más importantes de Rusia, con presencia en la industria del petróleo y el gas. Juntos formaron Gazprombank Latin America Ventures (Gazprombank LAV).
Luego, Gazprombank LAV se asoció con la Corporación Venezolana del Petróleo, una filial de PDVSA, para crear la empresa Petrozamora. Su objetivo: la explotación de varios campos petroleros en Zulia, un estado del noroeste de Venezuela.
Petrozamora obtuvo el derecho de explotar un campo petrolero con una capacidad de 100.000 barriles al día, tal como lo describieron De Beaumont y Sappino en el memorándum. En 2012, la Asamblea Nacional aprobó la creación de Petrozamora y le otorgó un contrato de 25 años para explorar y extraer crudo en estos pozos. Fue ese mismo año que por primera vez se hicieron públicas las acusaciones de corrupción contra Derwick y que las autoridades venezolanas abrieron investigaciones.
Aunque el contrato de Petrozamora estipula que solo puede vender petróleo a PDVSA, según el memorándum suizo, PDVSA le otorgó a la empresa el privilegio de poder negociar crudo con clientes externos.
“Gazprombank tiene una ventaja aún mayor al trabajar con Derwick porque, a diferencia de otras compañías que contratan con PDVSA, Derwick vende directamente su petróleo en el mercado y paga sus accionistas en tiempos muy razonables”, escribió De Beaumont.
En abril de 2015, la Asamblea Nacional de Venezuela le otorgó cuatro nuevos campos petroleros a Petrozamora, a pesar de que el Gobierno ya había comenzado a investigar los proyectos de Derwick.
Relación con el abogado de Trump
Para que Rudy Giuliani mediara a favor de él, el «bolichico» Alejandro Betancourt organizó una reunión con el padre del líder opositor venezolano Juan Guaidó, en su lujosa finca El Alamín, ubicada en la provincia de Toledo.
Según señaló Reuters, Betancourt invitó a Giuliani, abogado personal de Donald Trump, a su residencia, el Castillo de Alamín, con el propósito de que hablara bien de él al Departamento de Estado de Estados Unidos —que investiga al «boliburgués» por casos de corrupción relacionados al desfalco a Venezuela gracias a contratos con el chavismo.
Según un reporte del medio PanAm Post, Como gesto de buena voluntad, Betancourt llevó a Wilmer Guaidó, padre de Juan Guaidó, a la reunión. Lo que el «boliburgués» quería demostrar a Rudy Giuliani, según reportó Reuters, es que él financia a la oposición venezolana y al Gobierno interino de Juan Guaidó, a través del padre del político opositor y del hermano de Juan Guaidó, Gustavo Guaidó, con quien, según varos reportes, Betancourt también se ha reunido en varias oportunidades.
«Betancourt le dijo a Giuliani que en secreto ayudó a financiar los esfuerzos de Guaidó para hacerse cargo del liderazgo de Venezuela, según cuatro personas familiarizadas con la institución, dos de los cuales proporcionaron detalles sobre la reunión en España», se lee en la agencia de noticias.
Quien también reportó el encuentro fue el investigador anticorrupción venezolano Alek Boyd. El 22 de enero publicó en su medio Infodio: «El padre de Guaidó, Wilmer, también estuvo presente en la reunión con Parnas y Giuliani (…) Esto no es noticia ni sorprendente (…) La presencia de Guaidó en una reunión con Giuliano tenía un propósito: mostrar que Betancourt es parte del círculo íntimo de Guaidó». Ya el nueve de enero, antes que Reuters, Boyd había hecho público el siguiente tuit: «Señor Juan Guaidó: quisiera comentarios sobre presencia de Gustavo Guaidó y de su padre, Wilmer Guaidó, en reunión entre Rudy Giuliani y Alejandro Betancourt en El Alamín».
Rudy Giuliani defendió en 2019 al empresario venezolano Alejandro Betancourt López y presionó al Departamento de Justicia estadounidense para que no presentara cargos contra él por lavado de dinero y extorsión, en un aparente conflicto de interés.
El diario “The Washington Post” desveló los lazos entre Giuliani, el arquitecto de presiones a Ucrania que derivaron en un juicio político contra Trump, y Betancourt, investigado en los Estados Unidos por su presunta implicación en una trama de blanqueo de dinero desfalcado a la compañía estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).
Los dos se reunieron en Madrid a comienzos de agosto de 2019, cuando Giuliani se alojó en una lujosa residencia propiedad de Betancourt, y hablaron sobre la investigación del Departamento de Justicia que amenazaba con afectar a éste, de acuerdo con el “Post”, que citó a varias fuentes familiarizadas con la situación.
Un mes después, Giuliani formó parte de un equipo de abogados de Betancourt que se reunieron con el jefe de la división criminal del Departamento de Justicia estadounidense y argumentaron que su cliente no debería afrontar cargos criminales dentro de un caso federal sobre lavado de dinero iniciado en 2018 pasado en Florida.
El abogado personal de Trump presionaba así al Gobierno estadounidense, encabezado por su principal cliente, Trump, para que no procesara a otro de sus representados, Betancourt.
Giuliani siguió aceptando ofertas de trabajo de clientes en el extranjero desde que comenzó a representar a Trump, y negó que eso supusiera un conflicto de intereses porque, según argumentó, no ha cobrado nada por su trabajo para el presidente estadounidense.
El caso relacionado con Betancourt apuntó a que un grupo de empresarios venezolanos y funcionarios de PDVSA conspiraron para robar unos 1.200 millones de dólares de la petrolera estatal y blanquearlos mediante la compra de propiedades inmobiliarias en Miami y complejos esquemas de inversión.
Fuentes cercanas a la investigación aseguraron al diario “The Miami Herald” de que Betancourt sería el “Conspirador 2” que aparece en la acusación criminal.
Según ese documento, el empresario recibió millones de dólares gracias a la trama, aunque Betancourt negó “haber cometido delito alguno” a través de su abogado, Jon Sale.
Sale, el abogado de Betancourt, es un viejo amigo de Giuliani y le representó brevemente en el caso de Ucrania, al informar al Congreso de que el letrado de Trump no cumpliría con sus citaciones judiciales, según el “Post”.
Durante su visita a Madrid para reunirse con Betancourt, Giuliani también se vio con Andréi Yermak, un asesor del presidente ucraniano, Vladímir Zelenski, presuntamente para seguir presionándole para que Kiev investigara al exvicepresidente estadounidense Joe Biden, rival demócrata de Trump y quien obtuvo la victoria en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2020.
Un líquido oscuro y unas gafas españolas
Cuando el 19 de noviembre de 2020 Rudy Giuliani compareció para insistir en denuncias, sin pruebas, de un supuesto fraude en las elecciones presidenciales del 3 de noviembre en los Estados Unidos, se convirtió en tendencia en las redes no por sus pleitos sino por los chorretones de lo que parecía tinte para el pelo deslizándose por sus mejillas.
“Lo que les estoy describiendo es un fraude masivo. No es algo pequeño”, afirmó Giuliani, mientras se quejaba de la cobertura “tan deshonesta” por parte de los medios, en su intervención desde la sede del Comité Nacional Republicano en Washington.
Según EFE, sus palabras quedaron en un segundo plano, pues por su rostro sudado corrían dos hilos de un líquido oscuro que se desprendían de su cabello y llegaban hasta las mejillas. Una imagen que no pasó inadvertida por los periodistas de los medios de comunicación que cubrían la conferencia y los internautas.
“Parecía que estaba comenzando a derretirse”, escribió el diario The New York Times, que consultó con varios peluqueros de Manhattan, quienes coincidieron en que el líquido oscuro “no era tinte para el cabello”. Algunos de los consultados indicaron que pudo tratarse de rímel o de un lápiz de retoque para las patillas.
Pero, como confirmando su nexo con el bolichico Alejandro Betancourt, otro detalle tampoco pasó desapercibido y fue que Giuliani portaba unas gafas de sol, que según algunas fotografías, se trataba de unas Hawkers.
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