Armando.info: La revancha de Ricardo Fernández Barrueco se hace esperar

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El de 2009 fue un ‘annus horribilis’ para el ‘Zar de Mercal’, que por entonces se disponía a pasar de ser un manufacturero y comerciante, candidato del chavismo para sustituir a Polar, a convertirse en todo un banquero. Pero justo en ese momento los cuatro bancos que ya casi había comprado fueron intervenidos y el empresario cayó en prisión. Tras las rejas tuvo oportunidad de urdir un plan para recuperar el dinero en dólares que había invertido, mediante una compleja transacción, para adquirir uno de esos bancos y la casa de bolsa asociada. Las maniobras para ejecutar el plan, primero, llamaron la atención del Deutsche Bank y el Departamento del Tesoro en 2012 y, luego, intentaron lograr su cometido en las cortes de Nueva York todavía en 2019. Sin éxito.

Todavía hay quienes recuerdan a Ricardo Fernández Barrueco de cuando su familia administraba el estacionamiento del otrora Caracas Hilton, hoy llamado Hotel Alba Caracas. Lo tienen en su memoria como un hombre trabajador, que incluso lavaba los carros de sus más fieles clientes, los que acudían al gimnasio del hotel, que también manejaban los Fernández. Allí conoció a artistas y políticos, nacionales e internacionales, por igual. Pero así como el chavismo se encargó de eliminar todo vestigio de la conocida cadena estadounidense de hoteles, llegado el momento eliminó, también, y sorpresivamente, el rastro de aquel hombre que le lanzó un salvavidas a la revolución y ayudó a mantener la distribución de alimentos durante el paro petrolero de 2002.

El fallecido Hugo Chávez también tuvo su Alex Saab: Fernández Barrueco, de ascendencia española, se convirtió en el principal proveedor de Mercal, el primer programa de alimentos subsidiados del chavismo. En aquellos años fue conocido como el “boliburgués por excelencia”, una suerte de antecesor de otros que surgirían después, como el empresario barranquillero, proveedor de los Clap a través de un complejo entramado de empresas fantasma. A diferencia de este, que espera una extradición en Cabo Verde, Fernández Barrueco fue capturado en su propio país, por su propia gente y en su mejor momento: cuando buscaba diversificar sus negocios y esperaba convertirse en banquero.

Para 2009, con apenas 44 años de edad, ya había logrado erigir un emporio con decenas, quizás centenares, de empresas —una cifra que el propio Fernández dice que no puede precisar pero que podría rondar las 270 compañías, “ninguna de maletín”, se jacta en entrevista para este reportaje— principalmente relacionadas con la producción, transporte y distribución de alimentos con un valor que, asegura, superaba entonces los 2.000 millones de dólares. Su fortuna fue fruto de 25 años de trabajo, dice, en los que fue contratista del Estado, también durante los últimos gobierno de la llamada Cuarta República. Pero habría sido su vínculo con Adán Chávez —el actual embajador de Venezuela en Cuba y hermano mayor del fallecido ex presidente venezolano— el que lo catapultó durante los primeros años del chavismo. Él, sin embargo, niega que esto fuera así, y argumenta que a Adán Chávez lo conoció en Barinas, entrado 2008, poco antes de su caída en desgracia.

A finales de ese año, decidió, como otros polémicos empresarios de la época, adentrarse en el mundo de la banca. Lo hizo, según explica, tras haber recibido una llamada del entonces ministro de Economía, Alí Rodríguez Araque, en la que le pedía que, dada su liquidez, necesitaban que invirtiera en los bancos. Junto con Telefónica y Cargill, su grupo estaba entre los primeros ahorristas en bolívares del país. “Nuestra generación de caja era muy grande”, reconoce él.

El plan, según le explicó Rodríguez Araque, era, por vía de fusión, recoger quince bancos con problemas de solvencia, para reducirlos a tres, que quedaran sanos y capitalizados.

Pese a no ser banquero, Fernández Barrueco suscribió la opción de compraventa de cuatro de esos bancos: Bolívar, Confederado, Provivienda y Canarias. En ese orden. Todos eran pequeños y arrastraban problemas financieros desde 2006.

La iniciativa tuvo obstáculos desde el origen y ha generado una larga cadena de litigios e intentos pocos ortodoxos del empresario, que nunca llegaría a ser banquero, por recuperar lo que no solo fue una mala inversión, sino que también lo llevó a cárcel. De estas maniobras quedó huella en la filtración de los FinCEN Files, una investigación colaborativa entre 108 medios de 88 países, entre ellos Armando.info, sobre los más 2.100 reportes de actividad sospechosa (SAR, por sus siglas en inglés) enviados por bancos a la unidad de inteligencia financiera del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, obtenidos por Buzzfeed News y compartidos con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).

Apenas después de poner sobre la mesa su opción de compra del grupo de bancos, Ricardo Fernández Barrueco sufrió un primer revés, también definitivo, para sus pretensiones. El 20 de noviembre de 2009, el gobierno anunció la intervención a puertas abiertas de las cuatro instituciones bancarias que quería comprar, tras determinar incumplimientos, sobre todo relacionados con el aumento de capital sin especificar el origen de los fondos, así como también con los índices de solvencia, con carteras dirigidas y la prohibición de realizar operaciones con empresas vinculadas, según entonces detalló para la prensa Rodríguez Araque, el mismo que, según el relato de Fernández Barrueco, lo había instado a comprar esos bancos.

Rodríguez Araque también juró que el gobierno movería “cielo y tierra” para hallar a los responsables y aplicarles “todo el peso de la ley”. La medida sorprendió a más de uno, por las conexiones del empresario con la cúpula gobernante, y a él mismo también. En medio de su sorpresa, Fernández Barrueco se trasladó a la sede de la policía política, para aclarar el origen de sus fondos.

“A mí me llamó (Miguel) Rodríguez Torres y me dijo: ‘Hay un avión pa’que te vayas del país porque no queremos que estés aquí, yo te recomiendo que te vayas’. Yo le dije no, y me fui para la Disip, como a las once de la mañana, y él llamó al presidente Chávez y estuvimos durante cuatro horas ahí, peleando, hasta que me dijo: ‘Mira, entonces si te vas a quedar, te vas a quedar detenido’, y así fue, ese fue el último día que estuve en libertad (…) Al final terminé entregando ocho valiosos años de mi vida”, dice, once años después de que lo arrestaron, cuando la filtración de los FinCEN Files revive lo sucedido aquellos meses.

Justo por esos días de noviembre de 2009, el grupo de Fernández Barrueco estaba fraguando una enrevesada operación con el Deutsche Bank de Nueva York para inyectar capital a U21, como requisito de las autoridades venezolanas para autorizar la adquisición de la participación mayoritaria en el Consorcio Credican (casa matriz tanto del Banco Canarias como de la casa de bolsa) por parte del grupo de Fernández Barrueco.

“Nunca se aprobó la venta por el órgano regulador, en consecuencia, ni (figuré) como miembro de la Junta Directiva, ni como accionista de las cuatro entidades bancarias”, aclara Fernández Barrueco desde Panamá, en intercambios electrónicos y telefónico con Armando.info.

Ciertamente, hay un dictamen del Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancarios (Fogade) que confirma que no pudo obtener, ni ejercer, la dirección y control efectivo de los bancos.

Sin embargo, fuentes conocedoras de la operación de los empresarios con los bancos quebrados, e incluso el propio Poder Judicial venezolano, dan cuenta de que, mediante documentos legales privados, se habrían instaurado administraciones paralelas, encabezadas por estos.

Así, mientras los banqueros originales seguían firmando los balances que eran publicados en los periódicos nacionales, la gestión la llevaban, de facto, los compradores, y lo hacían con el supuesto conocimiento de la propia Superintendencia Nacional de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban), según las fuentes.

“Tenía a interventores a bordo, tenía a los administradores originales. Yo no cambié a ningún funcionario. Yo no pude comprar nada, ninguna acción, ni me transfería ninguna acción”, alega. “Al final era una vulgar trampa, me estafaron. A mí me robó el gobierno de Venezuela. Me hicieron fondear los bancos, tomaron mi plata y después me inventaron ahí unos delitos”.

El mismo día en que los cuatro bancos fueron intervenidos y se detuvo a Fernández Barrueco, se concretó un depósito por 62,7 millones de dólares en una de las cuentas del grupo en el Deutsche Bank, como primera parte de la garantía que se había acordado para la mencionada operación con la que aspiraban conseguir el aval de los reguladores, en el caso de la compra del grupo matriz del Banco Canarias y U21.

La operación siguió su curso y parte del dinero, finalmente, quedó en manos de quienes sirvieron como interventores de U21. Tres años después, cuando las aguas ya estaban más calmadas en Caracas, y tras agotar esfuerzos con las autoridades venezolanas, un ejecutivo de Fernández Barrueco intentó recuperar esos fondos con el Deutsche Bank, en una aproximación que resultó sospechosa para el propio banco —aún cuando fueron contraparte en la operación—, según revela un SAR que forma parte de los FinCEN Files. Sería el primer paso dado por Fernández Barrueco, entonces desde la cárcel, para recobrar su fallida inversión y que luego, ya en libertad, seguiría en la Corte del Condado de Nueva York, en los Estados Unidos, todavía sin éxito.

Correo sospechoso (pero no era SPAM)

Entre el 19 de septiembre y el 1º de octubre de 2012, cuando Fernández Barrueco ya completaba tres años de reclusión en los calabozos de la Dirección de Inteligencia Militar (DIM, hoy Dirección General de Contrainteligencia Militar, Dgcim), el Deutsche Bank de Nueva York recibió un correo y varias llamadas de seguimiento de uno de los ejecutivos del grupo empresarial de Fernández: el español Pablo Botella Carretero, para entonces también perseguido por el gobierno venezolano.

Los contactos que hizo Pablo Botella, desde una dirección Gmail, con el Deutsche Bank, en 2012, motivaron el SAR en el que el banco se planteó la posibilidad de estar ante una acción concertada para perpetrarles un fraude bursátil

El domingo 6 de diciembre de 2009, dos semanas después de que Fernández Barrueco fuera detenido, el Ministerio Público venezolano informó que había solicitado a la Policía Internacional (Interpol) su colaboración para capturar a nueve directivos e inversores de los bancos intervenidos, quienes, se creía, habían salido del país. Entre ellos estaba Botella Carretero.

A la postre, la alerta roja sería retirada por Interpol el 23 de junio de 2011, luego de que un juez español requiriera la documentación que sustentara la extradición por fraude que había solicitado el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) venezolano, mediante sentencia del magistrado Eladio Aponte Aponte, entonces presidente de la Sala Penal del alto tribunal.

Luego de esto, ya en Madrid e identificándose como representante de Finanzas y Gerencia de Riesgos de Galopy Corporation International NV, Botella Carretero pretendió recuperar con el Deutsche Bank activos que fueron administrados por U21 Casa de Bolsa antes de que esta fuera intervenida por el gobierno venezolano, como revela el SAR contenido en la filtración de los FinCEN Files.

Originalmente constituida bajo la denominación de Nexus Mercado de Capitales, C.A., y luego conocida como Universitas XXI Casa de Bolsa, C.A., la entidad adoptó la denominación de U21 Casa de Bolsa C.A. el 17 de enero de 2005, unos ocho años después de haber sido inscrita ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal (hoy Distrito Capital) y estado Miranda, el 23 de septiembre de 1997.

Casi un mes después de la intervención del Banco Canarias, fue el turno de U21. “Visto que en la referida resolución (de intermediación sin cese de intervención financiera del Banco Canarias) se hace referencia a (93) operaciones realizadas por el Banco Canarias con una casa de bolsa relacionada al mismo (…) Visto que la sociedad mercantil antes identificada podría estar incursa en situaciones que hacen presumir a esta Comisión Nacional de Valores que pueden estar en riesgo el cumplimiento de las obligaciones derivadas de su condición de corredor de títulos valores y podría atentar contra el ordenado desenvolvimiento del mercado de capitales y constituir violaciones a la Ley de Mercado de Capitales (…) Resuelve intervenir a U21 Casa de Bolsa CA con cese de sus operaciones propias de mercado”, se lee en la resolución número 148-2009, del 26 de noviembre de 2009, que sentó un precedente para la venidera liquidación del mercado de capitales venezolano.

A la intervención de los cuatro bancos que pretendía comprar Ricardo Fernández Barrueco, siguió la intervención de U21 Casa de Bolsa, vinculada con el Banco Canarias.

Según lo que plasmó el Deutsche Bank en el SAR del 25 de octubre de 2012, que remitió a propósito del correo y llamadas del banquero español, Botella Carretero se refirió a los activos que pretendía recuperar como una cartera de valores venezolanos que “su grupo”, como insistía en llamarlo, había transferido al Deutsche Bank en 2009.

“Tras tratar por estos años de recuperar la posesión de esos activos con funcionarios del gobierno (venezolano), finalmente nos remitieron al banco que los custodia”, argumentó el español.

El correo levantó varias banderas rojas dentro del banco, como se expone en la narrativa del SAR: “Se originó de una cuenta Gmail, un servicio gratuito ofrecido por Google, en vez de ser enviado desde una cuenta de correo electrónico corporativa”. Fernández Barrueco aclara que con la intervención los correos corporativos fueron suspendidos.

Esto, sin embargo, generó dudas sobre la “legitimidad del emisor”, aunque Botella Carretero había adjuntado al mensaje un intercambio previo que tuvo, esa vez desde una dirección de correo institucional de U21, con un empleado del Deutsche Bank, y que contenía las instrucciones para una transferencia entre el DB Ámsterdam y el DB Londres, para completar una compleja transacción de la que no se ofrecen mayores detalles en el reporte.

“Botella aparentemente tenía conocimiento profundo de la mecánica de ese intercambio a plazo de bonos (la operación), como se evidencia en el correo adjuntado”, acotaron los oficiales de cumplimiento que redactaron el SAR.

Pero esa demostración no fue suficiente para convencer al banco, que emprendió su propia investigación, y se encontró ante un dilema: “Es posible que Botella, etiquetado como un banquero fugitivo por el gobierno de Chávez, residenciado en Madrid, España, se haya enfrentado a un cierre en banda del interventor venezolano asignado para liquidar los asuntos financieros de U21, pero existe la posibilidad de que Botella pueda estar actuando en concierto con el detenido (Fernández) Barrueco, en un esfuerzo por consolidar activos fuera del alcance de la supervisión del gobierno de Venezuela”.

Tras considerar la naturaleza del correo y las llamadas, así como las entidades involucradas, “una casa de bolsa quebrada (U21) y una infame empresa de fachada controlada por Fernández Barrueco (Galopy)”, el banco llegó a una conclusión: “Parece más bien una acción concertada para perpetrar un fraude bursátil al Deutsche Bank Securities INC por el apoderado de Barrueco, Pablo Botella”.

Galopy fue registrada el 25 mayo de 2005 en Curazao. En un extracto del registro comercial de esta ex colonia insular neerlandesa se puede ver que se trata de una sociedad de inversiones, de la que Fernández Barrueco es director general, junto con la compañía fiduciaria Trufima Management N.V., también registrada en Curazao, y que ya ha figurado en filtraciones previas que ha manejado el ICIJ.

De acuerdo con el Registro Comercial de Curazao, Galopy fue registrada en este país en 2005. Aunque aún vigente, se trata de una sociedad de inversiones que, actualmente, no las tiene.

Aunque permanece activa, Galopy no tendría inversiones hoy en día. Así lo explicó el propio Fernández Barrueco: “Solo las inversiones (en Venezuela) se hicieron cuando tenía mi grupo activo, hasta el año 2009”.

Botella Carretero, efectivamente, era ejecutivo de Fernández Barrueco. “Tenía un mandato de proteger mi dinero (…) Estaba cumpliendo sus deberes: recuperar o monitorear el dinero que pertenece al patrimonio de mis empresas que se había invertido en títulos valores que fueron comprados al sistema financiero venezolano, tanto en bancos como en casas de bolsas, y fueron enviados en calidad de custodia en la cuenta nuestra como clientes de U21 (…) Pablo Botella estaba debidamente facultado para hacer seguimiento de algunos temas financieros del grupo, entre ellos con Deutsche Bank”, aclaró Fernández Barrueco al ser interrogado por los contactos que revela el SAR.

El Deutsche Bank, sin embargo, consideró a Botella Carretero un “tercero”con el que no discutiría “información confidencial”, según una notificación que le hicieron y que fue reseñada en el SAR, en la que además le advirtieron que las próximas solicitudes serían referidas al oficial de seguridad corporativa del banco. El asunto no quedó allí.

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