Petróleos de Venezuela (PDVSA) parece una empresa quebrada, a juzgar por el deterioro de sus instalaciones, la situación crítica de sus empleados, las denuncias de sus sindicalistas que posteriormente han sido perseguidos y la mediática compra de gasolina a países como Cuba. Pero, mientras tanto algunos «empresarios» se enriquecen con la fiebre del petróleo que no ha mermado en Venezuela.
Según un reporte de la web notaoficial.com, uno de los nombres señalados en el desangramiento de la industria petrolera es el de Miguel Silva Pérez, presidente de la desconocida Iveex Insaat con sedes en Londres, Estambul y Caracas, pero en la capital venezolana fue demandado por estafar a PDVSA por € 124.149.321,85; según consta en oficio del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, oficio Nro. 000539 del 1° de agosto de 2019. Silva además fue candidato a la Asamblea Nacional Constituyente en su país.
«La demanda de contenido patrimonial es para ser tramitada por el Procedimiento por Intimación previsto en el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con los artículos 356 y 357 del Código de Comercio», interpuesta con solicitud de medidas cautelares nominadas e innominadas por la abogada Rocío Goitía Gómez, actuando con el carácter de apoderada judicial de la empresa PDVSA Petróleo, S.A.
¿Quién es Miguel Silva Pérez?
Actualmente, Miguel Silva Pérez se desempeña como presidente de la Cámara Venezolana de Exportadores y del Grupo Venezolano de Industrias del Emprendimiento (IVEEX). Además es Coordinador General de la Fundación Patriótica Social Reciproca Integral Endógena Fronteriza (SIENFRONT).
Mientras que entre 2013 y 2016 fue director de Asuntos Internacionales de la Federación Campesina de Venezuela; Comisionado del Ejecutivo Nacional en Seguimiento y Control del Ministerio del Poder Popular de Ecosocialismo, Vivienda y Hábitat (2014); Coordinador del Centro Andino del Consejo Bolivariano de Integración Empresarial (2014); Coordinador del Estado de Táchira y Director Financiero Nacional de la Cámara Bolivariana de Construcción (2014-2013); Coordinador del Plan Integrado de Desarrollo de la Industrialización para el estado Táchira (2013).
Según la sentencia contra Silva Pérez , a través de escrito del 4 de julio de 2019, Goitía Gómez, apoderada de la empresa PDVSA Petróleo, S.A., interpuso demanda “(…) a los fines de intimar el pago de facturas como consecuencia de la venta de hidrocarburos y derivados (…)”, contra la compañía Grupo Iveex Insaat y contra Miguel Silva Pérez.
El grupo dirigido por el desconocido empresario llevó a cabo una compra de hidrocarburos y derivados a la estatal venezolana PDVSA, por lo que se emitieron seis facturas cuya sumatoria ascendió a la cantidad total de 120 millones 449 mil 321,85 euros, discriminando el equivalente en bolívares de cada una de ellas, las cuales tuvieron fechas de vencimiento comprendidas entre el 10 de abril y el 1° de mayo de 2019. Pero, nunca pagó.
En su momento, Silva Pérez alegó que las referidas facturas “(…) se encuentran aceptadas por la parte demandada de forma tácita y se desprenden de los siguientes actos concluyentes: las primeras dos facturas en virtud de la propuesta de pago enviada por la demandada a la Vicepresidencia de Comercio y Suministro de Petróleos de Venezuela, en fecha 17 de mayo de 2019 (…) en la cual se manifiesta un reconocimiento de la acreencia, en tanto que a la fecha no se ha recibido objeción alguna sobre las mismas. De igual manera sucede con los Conocimientos de Embarque de las mercancías donde se evidencia que la sociedad mercantil Grupo Iveex Insaat recibió la mercancía (…) bajo el incorterm (sic) ‘FOB’, es decir, bajo el imperio de una cláusula de comercio internacional (…) en las que el comprador acepta la recepción del crudo y sus derivados en Buques contratados o fletados por la demandada”.
Sobre el Grupo Iveex Insaat
La empresa fue registrada en Estambul, según una reseña en su misma página web. «Brinda la experiencia y el apoyo financiero necesarios para el comercio internacional de energía para proporcionar el mejor servicio y soluciones a los consumidores finales a fin de satisfacer sus necesidades energéticas en un mercado de rápido crecimiento. Actualmente estamos registrados para comerciar con refinerías, otras compañías comerciales, grandes compañías petroleras, proveedores de energía, proveedores de combustible y compañías petroleras estatales».
Sin embargo las acusaciones por ser una empresa de maletín con sede en Turquía, cada día cobran más fuerza, especialmente tras la sentencia de tribunales venezolanos, luego de que empezara a comprar crudo a Petróleos de Venezuela (PDVSA) en el mes de abril de 2019.
La información sobre Iveex derivó de una serie de documentos relacionados con los planes de carga de la estatal venezolana al igual que informes internos sobre exportaciones e importaciones revisados por la agencia Reuters. Los registros de la Cámara de Comercio de Estambul muestran que Iveex Insaat se formó hace menos de un año con un capital de solo 10,000 liras (USD 1,775) y su principal actividad es la de “construcción residencial”.
La compañía turca fue una de las cinco empresas que cargaron buques para tomar el crudo mejorado de Venezuela, entre sus aceites más valiosos, de abril a junio. Además, cargó cuatro cargamentos de crudo y productos venezolanos en abril, equivalente a poco menos del 8 % de las exportaciones de petróleo de Venezuela, y nada en mayo o junio, según los documentos de PDVSA.
Silva Pérez se defiende
El empresario Miguel Silva Pérez ha señalado
“Como un paréntesis referente al caso donde PDVSA demanda a Iveex Insaat por no pagar a tiempo 120 millones de euros en facturas de cargamentos de derivados. En mi carácter profesional, siguiendo los métodos para una solución correcta en acuerdo y coordinación con la demandante PDVSA, Se logró llegar a un acuerdo donde se pudo ceder parte del cargamento a otro comprador y la parte restante fue devuelta a PDVSA. Toda esta información se mantiene soportada el Tribunal Supremo de Justicia libre de ser verificada. Todas las medidas cautelares que me fueron asignadas fueron respetadas y cumplidas. Al día de hoy las facturas se mantienen pagas con sus debidos soportes y comprobantes”
Esto dicen de Silva
Algunas reseñas en línea se refieren a Silva como un “seudo comerciante” venezolano, dueño de la “empresa de maletín”, Iveex Insaat. Silva se presenta como presidente de la Cámara de Exportadores de Venezuela. Ha mantenido muy bajo perfil a pesar de los cargos ocupados en el Ministerio de Vivienda de Venezuela en 2014, haber sido coordinador del plan de desarrollo gubernamental para el estado Táchira en 2013, y candidato a la Asamblea Nacional Constituyente en su país.
También lo señalan de haber aprovechado el derroche de dinero y la corrupción en Venezuela durante los últimos 20 años del Gobierno chavista, para crear empresas fachada en cualquier rubro y hacerse con grandes fortunas de una manera oscura y fácil.
Luego de la imposición de sanciones por parte de la OFAC a Petróleos de Venezuela (PDVSA) el Gobierno chavista optó como alternativa para vencer las sanciones, la venta de crudo a través de empresas poco conocidas, como Iveex Insaat.
El Grupo Iveex Insaat se formó en 2018 con un capital que apenas alcanzaba 10 mil liras turcas, equivalentes a casi 1.775 dólares, para el área de “construcción residencial”. Iveex alega tener “sucursales” en las ciudades de Londres, Estambul y Caracas.
Silva registró Iveex Insaat junto con un socio turco de nombre Erhan Kap, quien fungía como un guía turístico en Estambul en 2018, año en el que el país otomano recibió la visita del presidente venezolano Nicolás Maduro.
Según la web NotaOficial, Silva habría sido demandado por estafa a PDVSA por € 124.149.321,85; según oficio del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Nro. 000539 del 1° de agosto de 2019. «La demanda de contenido patrimonial es para ser tramitada por el Procedimiento por Intimación previsto en el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con los artículos 356 y 357 del Código de Comercio», interpuesta con solicitud de medidas cautelares nominadas e innominadas por la abogada Rocío Goitía Gómez, actuando con el carácter de apoderada judicial de la empresa PDVSA.
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