Solicitan a corte estadounidense ordenar a representantes de Juan Guaidó informar acerca de su relación con las compañías Crystallex, ExxonMobil, Conoco-Phillips y Owens-Illinois

En un documento introducido ante el juez de la Corte de Delaware, Leonard Stark se solicita que ordene al exprocurador, José Ignacio Hernández, al embajador de Venezuela en Estados Unidos, Carlos Vecchio, a Luis Pacheco y a la presidente de la JD de CITGO, Luisa Palacios proporcionar una descripción detallada y el descubrimiento de todos documentos relacionados con su relación con Crystallex, Owens-Illinois, Conoco-Phillips y Exxon Mobil, así como cualquier reunión mantenida con ejecutivos de Crystallex, ExxonMobil, Conoco-Phillips y Owens-Illinois, desde el 1 de enero de 2019.

En el documento firmado por Jorge Alejandro Rodríguez-Moreno, del partido Avanzada Progresista, este pide ser admitido para participar en los casos contra la República Bolivariana de Venezuela en calidad de Amicus.

En el documento hay una propuesta de orden, en la cual se pide al juez Stark que exija las evidencias que prueben la relación que tiene el ex- procurador del gobierno Interino, José Ignacio Hernández y al embajador de Venezuela ante Estados Unidos, Carlos Vecchio con Crystallex y las otras empresas demandantes.

Igualmente, se le pide al tribunal que solicite al Departamento de Justicia que informe sobre la situación actual de la supuesta solicitud de investigación realizada en agosto de 2019 por el Amici, de un posible incumplimiento de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero por parte de José Ignacio Hernández y Crystallex.

Se le pide a la corte que ordene a PDVSA, PDVSA Ad Hoc y CITGO que se abstengan de emitir cualquier tipo de deuda sin el permiso de la corte, a fin de evitar cualquier sustancial cambio en su patrimonio, emisión irrazonable de deuda o cualquier otro evento que pueda dañar a sus propietarios finales, el pueblo de Venezuela.

Se pide que se ordene a PDVSA, PDVSA Ad Hoc y CITGO que hagan pública la divulgación de todos los compromisos de deuda contraída desde el 1 de junio de 2014, incluidos los términos de emisión, el titular y todos los información pertinente a la misma.

Igualmente se pide que ordene a PDVSA, PDVSA Ad Hoc y CITGO que hagan pública la divulgación de todos compras de crudo el 1 de junio de 2014, incluidos los términos del contrato, los vendedores y todo lo relevante información financiera que le pertenece.

Se solicita que el juez ordene a  José Ignacio Hernández y a Luis Pacheco que proporcionen este Tribunal de Justicia con audio completo, transcripción y traducción jurada del 3 de junio de 2020, que tuvo lugar en la audiencia de la Asamblea Nacional de Venezuela en la cual participaron Hernández y Pacheco.

Se pide que se ordene a José Ignacio Hernández, Carlos Vecchio, Luis Pacheco y  Luisa Palacios proporcionar a la corte una descripción detallada y el descubrimiento de todos documentos relacionados con su relación con Crystallex, Owens-Illinois, Conoco-Phillips y Exxon Mobil, así como cualquier reunión mantenida con ejecutivos de Crystallex, ExxonMobil, Conoco-Phillips y Owens-Illinois, desde el 1 de enero de 2019

EL RECURSO

El Secretario Político del partido Avanzada Progresista, Jorge Alejandro Rodríguez-Moreno, [autorizado por el presidente del partido, Henri Falcón], introdujo a la Corte de Delaware un recurso Amici donde explica que existen conflictos de intereses con el [ex-] procurador del gobierno Interino de Juan Guaidó, José Ignacio Hernández, que representa a la República Bolivariana de Venezuela en ese tribunal. Sostiene que Hernández, debe explicar su relación con algunas de las empresas demandantes, entre las que se destaca Crystallex, Owens-Illinois, los tenedores de los bonos PDVSA 2020 y Trafigura, entre otras.

En el documento se señala que «la intención es informar al tribunal de varios hechos que podrían mover a la corte a un alivio u otra acción».

El ingeniero Rodríguez explica que en febrero y marzo de 2019, «de forma privada o en grupos limitados, presentó información a varios congresistas venezolanos —incluidos José Guerra y Rafael Guzmán, miembros del Comité de Finanzas y Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional de Venezuela— en la que desaconseja la conveniencia de realizar los pagos correspondientes a los bonos PDVSA 2020, tal como lo recomendaba del Procurador Especial de Venezuela, José Ignacio Hernández».

Dijo que el 5 de junio de 2019, solicitó a la Comisión de Petróleo y Energía de la Asamblea Nacional, que informara oficialmente al parlamento sobre los graves conflictos de intereses relacionados con el Procurador Especial, Hernández en varios casos bajo su supervisión, incluidos Crystallex vs. República de Venezuela, y otros relacionados con los Bonos PDVSA 2020, el supuesto saqueo de PDVSA por parte de comerciantes de petróleo en complicidad con funcionarios de PDVSA.

Refirió que su propuesta fue votada y se acordó en dicha audiencia de junio de 2019, realizar una investigación al  procurador Hernández.

«Los congresistas Jorge Millán (Primero Justicia), Oscar Ronderos (Acción Democrática) y el presidente de la Comisión Elías Matta (UNT) declararon —específicamente— que no tenían conocimiento de ningún tipo de participación, relación profesional, compromiso profesional o similar, de José Ignacio Hernández con cualquiera de las compañías que la República de Venezuela tiene litigios en curso o pendientes».

También fue propuesto en la audiencia, por el congresista Luis Stefanelli (Voluntad Popular) un voto de confianza sobre el nombramiento de Hernández, «este voto de confianza fue denegado y contando sólo con el voto solitario del congresista Stefanelli».

Rodríguez-Moreno refirió que personalmente ofreció y cumplió una no divulgación de 90 días sobre los temas tratados en la audiencia.

El 6 de enero de 2020, Rodríguez Moreno solicitó públicamente la remoción de Carlos Vecchio, José Ignacio Hernández, Alejandro Grisanti, Luisa Palacios y Ricardo Hausmann de todas las actividades relacionadas con CITGO, PDVSA y cualquier oficina pública relacionada con estas empresas. o sus valores.

Asegura que hasta el día de hoy, «ha estado promoviendo activamente en un foro público las diferentes alternativas para que la República proteja sus intereses y cumpla con sus deudas».

Sostiene el Amici que puede haberse perpetrado un posible fraude contra la República de Venezuela con el nombramiento de Hernández como Procurador Especial del gobierno interino de Juan Guaidó.

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