Fiscales estadounidenses acusaron en marzo pasado a un contratista venezolano por lavado de dinero al sobornar a funcionarios de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) para obtener contratos con sobreprecio y ocultar las ganancias en Estados Unidos.
Los cargos son los más recientes en una extensa investigación estadounidense sobre corrupción en la petrolera venezolana, alguna vez una poderosa compañía pero que enfrenta el desplome de su producción en los últimos años, lo que ha profundizado la crisis económica de la nación sudamericana.
Según un reporte de Reuters, los fiscales federales del Distrito Sur de Florida alegaron que Leonardo Santilli recibió casi 150 millones de dólares de empresas conjuntas en la Faja Petrolífera del Orinoco entre 2014 y 2017 en contratos para suministrar equipos.
En esas empresas PDVSA ostenta la mayoría accionaria.
Los fiscales denunciaron que en al menos tres casos, las empresas conjuntas pagaron a Santilli cuatro o cinco veces los precios del mercado por los bienes que entregó, según registros bancarios.
La fiscalía también detalló millones de dólares en sobornos que Santilli supuestamente pagó a los funcionarios de las empresas mixtas para ganar los contratos, citando correos electrónicos, registros bancarios y entrevistas con testigos confidenciales, incluidos algunos empleados de PDVSA que reconocieron haber recibido sobornos.
Santilli intentó lavar las ganancias a través de cuentas bancarias de Florida, y las autoridades confiscaron en 2018 unos 44,7 millones de dólares de sus fondos, dijeron los fiscales.
Una persona familiarizada con el asunto ha asegurado que los contratos son usualmente estipulados con precios inflados, pues los contratistas deben pagar altas comisiones que en ocasiones les exigen funcionarios petroleros en Venezuela.
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