Sabrina Martín
PanAm Post
Nuevamente un tribunal de Estados Unidos falló a favor de la corporación canadiense Crystallex y le dejó la vía abierta para que pueda apoderarse de las acciones de la refinería estatal Citgo, el mayor activo que tiene Venezuela en el exterior.
La decisión judicial levanta la suspensión que le impedía a la empresa canadiense apoderarse de las acciones de Citgo, en el marco de un laudo arbitral que condena a Venezuela a pagar mil docientos dos millones de dólares más intereses por la expropiación de sus activos bajo el mandato de Hugo Chávez.
Con la nueva medida del juez Thomas Ambro se anulan las decisiones de tribunales inferiores que habían suspendido temporalmente las acciones de Citgo, mientras que el Gobierno del presidente legítimo, Juan Guaidó, presentaba nuevos alegatos para la defensa de los activos de la empresa venezolana.
La minera canadiense reclama mil docientos millones de dólares por la estatización de un yacimiento de oro, realizada por Chávez en 2008. El chavismo no ha pagado la indemnización acordada tras el arbitraje internacional.
En agosto de 2018 una corte de Delaware determinó que Petróleos de Venezuela (PDVSA) actuó como un alter ego del Gobierno venezolano, y Citgo es una filial de la estatal petrolera. Por lo tanto, los activos de Citgo Holding, empresa valorada en cerca de ocho mil millones de dólares, podían ser confiscados para cumplir con las deudas.
Hay que recordar que un decreto emitido en agosto congela los activos del Estado venezolano en Estados Unidos y suspende los juicios contra Citgo, pero no elimina permanentemente los derechos de los acreedores a embargarla.
Guaidó se prepara para acudir a la ONU
El Gobierno del presidente Guaidó, que está a punto de perder Citgo tras los impagos y deudas del chavismo, se prepara para pedir un recurso de protección de activos en la ONU para evitar que los acreedores tomen control de dicha refinería.
La propuesta, que sería presentada en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), estaría en etapa inicial. Los economistas y abogados asesores de Guaidó buscan que el organismo internacional proteja los activos de Venezuela, tal y como lo hizo el Consejo de Seguridad cuando protegió los activos de Irak en el extranjero tras la invasión estadounidense en 2003.
De acuerdo con la agencia de noticias Reuters, «la táctica del equipo de Guaidó se debe a que para finales de octubre se tienen que pagar 913 millones de dólares del bono de la petrolera estatal PDVSA que vence en 2020 y que tiene como garantía más de la mitad de las acciones de la filial estadounidense de la industria, Citgo».
Pero lograr que el Consejo de Seguridad apruebe la medida de protección de activos es prácticamente «misión imposible», debido a que está conformado por países como Rusia y China, que tienen poder de veto y son aliados del régimen Maduro.
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