En la imagen Alejandro Andrade, Gustavo Mirabal Castro y Leonardo González Dellán
Casto Ocando | Primer Informe | @cocando
Operadores financieros vinculados con el ex tesorero Alejandro Andrade y otros altos funcionarios están en la mira federal no sólo para posibles casos penales, sino para sanciones. En la mira: Gustavo Mirabal Castro y Leonardo González Dellán.
El Departamento de Justicia norteamericano amplió una directiva para que investigadores federales profundicen casos relacionados a testaferros y operadores financieros claves vinculados a funcionarios del régimen venezolano, comenzando por los que ya firmaron acuerdos de cooperación o se encuentran sancionados, de acuerdo a reportes e información confirmada por Primer Informe.
Según fuentes familiarizadas con las indagatorias, el objetivo es doble: en primer lugar, restringir aún más el acceso a cuentas de reserva con dineros con presunto origen en la corrupción y el lavado de dinero; en segundo lugar, ampliar el radio de las pesquisas.
La medida está poniendo bajo presión a individuos que ya firmaron acuerdos de cooperación con el gobierno norteamericano, como el ex tesorero Alejandro Andrade y el ex gobernador Rafael Isea, y se amplía a otros operadores que sin ser sancionados aún, mantienen o han mantenido lazos con estas personas.
Alejandro Andrade en sus momentos de gloria en los círculos exclusivos de Wellington, Florida, antes de caer en desgracia.
Hasta ahora, una amplia serie de funcionarios del régimen chavista que otorgaron contratos millonarios, o que aprovecharon su posición para realizar negocios corruptos, han sido acusados en tribunales federales de violar las leyes de Estados Unidos.
Una parte importante de este grupo han firmado convenios de cooperación con las fiscalías que han actuado como acusadores en ciudades como Miami, Nueva York y Houston, entre otras.
Por lo general, los acuerdos de cooperación implican la entrega de nombres, cuentas y montos implicados en operaciones corruptas. Las personas implicadas pueden ser objeto de nuevas acusaciones secretas o selladas, en los que el acusado usualmente actúa como testigo, el precio que debe pagar para obtener una reducción de condena.
El ex gobernador Rafael Isea, actualmente un testigo protegido del Departamento de Justicia de Estados Unidos, es al mismo tiempo objeto de investigación por sus lazos con una amplia gama de operadores financieros y testaferros.
Es lo que hicieron personas como el ex tesorero Andrade en West Palm Beach, y el empresario Roberto Rincón en Houston. No sólo aceptaron inculparse a sí mismos como criminales, sino que comprometieron a otras personas con las que operaron entregando evidencia y testificando ante un Gran Jurado en nuevos casos penales.
A fin de lograr una reducción y evitar castigos máximos, el ex tesorero Andrade, por ejemplo, entregó información crucial que implicó al menos a media docena de operadores con quienes violó las leyes tanto en Venezuela como en Estados Unidos.
En los acuerdos de cooperación con las autoridades, Andrade tuvo que entregar numerosas propiedades y objetos de valor, entre ellas: varias mansiones en Delray Beach y Wellington, 15 vehículos de lujo, una colección de 35 muy costosos relojes, 17 caballos de salto y 9 cuentas bancarias en Estados Unidos y Suiza con una cantidad de dinero no especificado.
Pero quizá lo más valioso que entregó Andrade no fueron estas posesiones multimillonarias, que fueron subastadas generando decenas de millones de dólares, sino la información clave para abrir nuevos expedientes penales contra los operadores con los que hizo negocios y estuvo vinculado por años.
Entre los posibles operadores vinculados al ex Tesorero de Chávez que los sabuesos federales están poniendo la lupa se encuentran Gustavo Mirabal Castro y Leonardo González Dellán.
Gustavo Mirabal Castro, abogado venezolano y actual asesor financiero que estableció empresas presuntamente vinculadas con el ex Tesorero Nacional de Venezuela, Alejandro Andrade.
El caso contra Mirabal
Según diversas fuentes consultadas para esta investigación, Mirabal Castro fue un estrecho aliado de Alejandro Andrade desde los tiempos en que el ex Tesorero Nacional de Venezuela detentaba el más grande poder en las finanzas públicas, después del propio Hugo Chávez.
Mirabal, un abogado que pertenecía una familia conectada social y políticamente en Venezuela (su padre ocupó posiciones de gobernador y ministro en las finanzas públicas en gobiernos previos a la llegada de Hugo Chávez), había trabajado para el estatal Banco Industrial de Venezuela (BIV) cuando el presidente del organismo era Leonardo González Dellán, otro de los hombres de confianza de Andrade en las finanzas públicas chavistas.
Gracias a González Dellán, Mirabal conoció a Andrade. “Desde el principio, a Andrade y a Gustavo Adolfo los unió una pasión: los caballos. Y quizá algo más”, documentó el portal Armando.Info.
Según el testimonio de su propia hermana María Gabriela Mirabal, luego de conocer a Andrade, Mirabal Castro comenzó a exhibir una fortuna de origen “sospechoso” que lo llevó a mudarse del apartamento rentado de clase media donde vivía en Caracas, a una propiedad más grande y costosa, y luego a adquirir nuevas propiedades dentro y fuera de Venezuela.
Andrade, junto a Mirabal y a González Dellán “usaron todo su ingenio para crear el mejor estilo del difunto Recadi (viejo sistema de distribución de divisas a precios preferenciales entre 1983 y 1989 en Venezuela que generó muchas denuncias de corrupción), todo un sistema ilegal para obtener dólares preferenciales y luego comercializarlos en el mercado paralelo”, publicó el portal La Patilla.
“Mirabal se convirtió en una alcabala” que cobraba “altas sumas por mantener fondos colocados en diferentes bancos locales por Andrade y González Dellán, y evadir sospechas e impuestos”, detalló el analista Angel Monagas.
“Mirabal era el contacto, el agente González Dellán, y Alejandro Andrade el poder”, puntualizó el analista.
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