Conflictos de poder entre delegaciones de Guaidó en embajada y ante la OEA en Washington
En la imagen Carlos Vecchio y Gustavo Tarre
La situación de funcionarios de la delegación del líder opositor venezolano Juan Guaidó ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) y en la Embajada de Venezuela en Washington, resulta increíble para algunos de sus connacionales.
Oficialmente no cobran, por lo que los representantes más honestos deben idear mecanismos para subsistir legalmente, aunque algunos otros lo harían de forma ilegal, especialmente varios de los asignados a la embajada, bajo la autoridad de Carlos Vecchio, el embajador designado por Guaidó.
El asunto estaría originando conflictos entre personas cercanas a Vecchio y algunos de sus subordinados, quienes cobran por hacer cualquier gestión o trámite, “bloqueando”, a juicio de algunos venezolanos, el acceso de los ciudadanos al propio embajador Carlos Vecchio.
En medio del conflicto surge la queja de haber una “guerra permanente” contra Gustavo Tarre, el embajador designado por Guaidó ante la OEA, para que renuncie, pues Tarre no se presta a ilegalidades ni manejos fuera del ordenamiento legal. La guerra de poderes se extiende a todos los miembros de la misión de Venezuela ante la OEA, a quienes los de la embajada también luchan por desplazar.

Algunos no entienden ni se explican cómo es que los asignados a la embajada están enfrentados a los que representan al gobierno de Guaidó en la OEA.
El lunes 15 de julio pasado la delegación diplomática de Guaidó en Washington ofreció una rueda de prensa, a la que Gustavo Tarre no había sido invitado. Allí su puesto iba a ser ocupado por Francisco Márquez, un asesor del embajador Vecchio. No obstante, tras conocer del asunto, Tarre hizo acto de presencia.

Entretanto algunos venezolanos acusan a miembros de la misión diplomática, liderados por el consejero de la embajada de Venezuela en Washington, Gustavo Marcano, un ex-alcalde que huyó de Venezuela tras ser dictada una orden de detención por el Tribunal Supremo de Justicia del chavismo por permitir protestas en su jurisdicción. Las acusaciones contra los miembros de la misión van desde “enriquecerse” cobrando por gestiones que deben ser gratuitas hasta obstruir el acceso de los ciudadanos al embajador Vecchio.
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