Alejandro Betancourt y Raúl Gorrín, los empresarios que tratan de controlar las negociaciones entre el chavismo y la oposición de Venezuela en Barbados
El «bolichico» Alejandro Betancourt, término que se utiliza para describir a aquellos que se han enriquecido en Venezuela con los gobiernos chavistas, cual mariscal de campo y como si se tratara de una batalla del general Bonaparte, viajó desde Europa a una isla del Caribe, intentando ser uno de los guías de la llamada «Operación Libertad», el levantamiento cívico-militar que el pasado 30 de abril trató de derrocar a Nicolás Maduro.
Betancourt y otro empresario venezolano, Raúl Gorrín, harían parte de la financiación de Voluntad Popular, el partido del líder opositor Juan Guaidó y del movimiento político Primero Justicia. Los mismos empresarios buscarían tener una cuota de participación en las negociaciones que actualmente se llevan a cabo en Barbados entre el gobierno y la oposición de Venezuela, encargándose del pago de vuelos y viáticos de los diputados de Voluntad Popular y Primero Justicia en el proceso de diálogo.
Según algunas tesis, uno de los puntos que se estarían negociando en privado abarca la no persecución a ciertas figuras del chavismo, con lo cual muchos opositores no están de acuerdo, pues la transición cambiaría el gobierno pero no eliminaría una estructura, que ellos tildan de «criminal», que existe actualmente instaurada en Venezuela.
No en vano el 30 de abril, durante la Operación Libertad, Alejandro Betancourt tomó un avión privado y voló hasta un aeropuerto cercano a Venezuela para estar cerca del posible cambio de gobierno.
Raúl Gorrín y Alejandro Betancourt están detrás de la financiación del partido de Juan Guaidó, Voluntad Popular, y de Primero Justicia. Ambos empresarios, entre otros, han venido pagando los viajes y viáticos de los diputados de la oposición venezolana que están participando en los diálogos con los representantes de Nicolás Maduro.
Raúl Gorrín y Alejandro Betancourt están intentando controlar el proceso de la transición en Venezuela. Los dos han sido investigados por Estados Unidos y otros países por presuntos casos de corrupción. De esta manera, los empresarios buscan garantizar una amnistía, ausencia de persecución o reducción en las penas que podrían llegarles tras el «cese de la usurpación» chavista.
El principal objetivo es la no persecución de ciertos chavistas. Cómo se ha dicho, para algunos opositores se trata de un «peligro» que ellos logren una transición, pues cambiaría el gobierno pero no eliminaría la «estructura criminal» que existe.
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