Francisco Javier García Cabeza de Vaca, el gobernador mexicano inmerso en una red de lavado de dinero de los cárteles de Sinaloa y Colombia y de la corrupción administrativa

El 30 de septiembre de 2022 concluye el gobierno del mexicano Francisco Javier García Cabeza de Vaca en Tamaulipas y, con ello, también el fuero del que ha gozado y por el cual no fueron ejecutadas las órdenes de aprehensión que pesaban en su contra. Sus cuentas pendientes con la justicia son varias, pero destaca sobre todo lo documentado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México en torno a sus presuntos nexos con el narcotráfico, específicamente con los cárteles de Sinaloa y Colombia. Aunado a ello, la Auditoría Superior de la Federación también ha observado presuntos desvíos de recursos millonarios del erario tamaulipeco provenientes de ramos federales, de los que también habrá de rendir cuentas el gobernador saliente.

Respecto del expediente de la UIF, destacan tres revelaciones: la primera de ellas es que siete empresas fachada que autoridades de México y Estados Unidos identifican como lavadoras de dinero del Cártel de Sinaloa triangularon más de 60 millones de pesos a cuentas bancarias de García Cabeza de Vaca; la segunda, que su evolución patrimonial –posee 28 bienes inmuebles, incluidos ranchos en México y Estados Unidos– no corresponde con su nivel de ingresos de los últimos 20 años; y la tercera es que 13 empresas de presuntos prestanombres de García Cabeza de Vaca ­–ligadas al Cártel de Sinaloa y al Cártel de Colombia– también son contratistas del gobierno de Tamaulipas y a dos de ellas se les vincula en desvíos de recursos del erario tamaulipeco.

Según un reporte de Nancy Flores para Contralínea, el primer gran hallazgo de la UIF es que el Cártel de Sinaloa usó a siete de sus empresas fachada dedicadas al lavado de dinero para triangular más de 60 millones de pesos a las cuentas bancarias de García Cabeza de Vaca, uno de los nexos más directos que logró documentar la autoridad entre el político panista y el crimen organizado.

Las transferencias ocurrieron en 2013 –por 14.3 millones de pesos– y en 2019 –por 44.8 millones de pesos– y sirvieron para que el aún mandatario tamaulipeco adquiriera un lujoso departamento en la exclusiva zona de Santa Fe –Cuajimalpa, Ciudad de México–, que después vendió al mismo cártel del narcotráfico. En 2013, era senador de la República por el Partido Acción Nacional, mientras que para 2019 ya llevaba tres años al frente del gobierno de Tamaulipas.

De acuerdo con la UIF, García Cabeza de Vaca obtuvo recursos de dos de esas siete empresas fachada del Cártel de Sinaloa, mediante operaciones trianguladas hacia una Sofom (sociedad financiera de objeto múltiple), la cual a su vez dispersó el dinero a las cuentas del entonces senador. Dicho dinero lo usó para adquirir el departamento en 2013 y tras seis años de mantenerlo como uno de sus bienes inmuebles, en 2019 lo vendió precisamente a esas mismas compañías fantasma dedicadas a lavar dinero.

Los SPEI se hicieron el 17 de diciembre de 2013, por un total de 14.3 millones de pesos. Un día después, la Sofom transfirió también por SPEI esos 14.3 millones de pesos a las cuentas bancarias de García Cabeza de Vaca, quien ese mismo 18 de diciembre de 2013 compró el departamento por, exactamente, 14.3 millones de pesos.

Por ello, la UIF considera que “existe coincidencia en tiempo y monto en el envío de recursos de posible procedencia ilícita a la Sofom con el desarrollo de la operación de compra del inmueble”. Asimismo, en las indagatorias se descubre que del 2 de mayo de 2013 –siete meses antes de dichas operaciones– al 27 de octubre de 2019, “no se reportan SPEI por concepto de pago de crédito de las cuentas de Francisco [Javier García Cabeza de Vaca] hacia la Sofom”.

Además, se advierte que para la compra, el entonces senador usó estructuras crediticias para la simulación de actos jurídicos lícitos (compraventa), al utilizar estas operaciones para la colocación e integración de recursos ilícitos. Ello, porque simuló obtener un préstamo de la Sofom que, hasta la fecha y aún cuando ya vendió ese departamento, no ha pagado.

Con informes del estadunidense Fincen –gracias a los acuerdos bilaterales entre México y Estados Unidos materia de combate al crimen organizado trasnacional–, la UIF documenta también que las siete entidades mercantiles fantasma –que son origen de los 14.3 millones de pesos que acabaron en las cuentas del gobernador– forman parte de un esquema de empresas dedicadas a la venta de facturas apócrifas generadas con el objeto de lavar activos no sólo del Cártel de Sinaloa, sino también del Cártel de Colombia.

De estas empresas fachada también apunta que todas se encuentran en la lista de personas bloqueadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; incluso una de ellas desde aquel momento en el que se realizaron las transferencias a las cuentas de García Cabeza de Vaca. Dicha empresa fue denunciada por la UIF en 2013, por lo cual se inició una “carpeta de investigación en la que ya fue desarrollado el dictamen contable correspondiente, integrándose para el ejercicio de la acción penal”.

Asimismo, otras dos compañías fueron denunciadas e incluidas en la lista un año después, en 2014. Y derivado de la denuncia fue iniciada en la hoy Fiscalía General de la República una carpeta de investigación en la que se aseguraron las cuentas de las empresas.

El departamento de lujo en Santa Fe, en sí mismo, es una simulación para que el gobernador recibiera 60 millones de pesos. Y es que seis años después de haberlo adquirido con dinero del Cártel de Sinaloa, las mismas siete empresas fantasmas, en conjunto con una octava, estuvieron involucradas en la compra del bien inmueble.

Al respecto, la UIF observa que las empresas que fondearon a la sociedad mercantil que adquirió el inmueble en Santa Fe a Francisco Javier García Cabeza de Vaca, “tienen participación corporativa de un sujeto identificado como operador financiero del Cártel de Sinaloa y que fue detenido en 2015”. Se trata de Manuel Rodolfo Trillo Hernández –alias la Trilladora o el Trillo–, señalado por autoridades ministeriales de financiar la fuga de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, del penal de máxima seguridad del Altiplano en julio de ese mismo año.

De acuerdo con el expediente, en diciembre de 2019, la empresa “T” vinculada a la Trilladora trasladó al gobernador de Tamaulipas 42.1 millones de pesos de origen posiblemente ilícito por concepto de pago del departamento en Santa Fe. El dinero fue nuevamente triangulado para aparentar origen lícito.

Antes de la compra, la empresa “T” había recibido recursos por 44.8 millones de la empresa Avalúos, quien tiene características de sociedad fachada y forma parte del grupo de las siete compañías que lavan dinero al Cártel de Sinaloa. Previo a ello, Avalúos recibió 46.3 millones de pesos en diferentes operaciones de las otras seis empresas fachada vinculadas con la organización criminal.

Por ello, la UIF observa que “el vínculo con el Cártel deriva de la participación corporativa que tienen con Juan ‘N’, Ladislao ‘N’ o Manuel ‘N’, identidades falsas de Rodolfo “T” [Manuel Rodolfo Trillo Hernández], alias la Trilladora, operador financiero del Cártel de Sinaloa, detenido en 2015 y vinculado a proceso en 2016 por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita”.

Asimismo, indica que la empresa fachada que fondeó a la empresa “T” manifestó tener mismo domicilio con otra empresa de Trillo Hernández, e incluso comparte domicilio con esta persona física. Y que las sociedades mercantiles fachada que fondearon a la empresa Avalúos fueron denunciadas por la propia Unidad en 2018 –un año antes de la venta del departamento de Santa Fe– e incluidas en la lista de personas bloqueadas en 2019. “Derivado de la denuncia presentada por la UIF, la Fiscalía inició una carpeta de investigación que actualmente se encuentra en trámite”.

La Unidad de Inteligencia Financiera documentó que el político panista posee 28 propiedades en México y Estados Unidos, incluidos ranchos, cuyos valores catastrales y comerciales superan, por mucho, sus ingresos lícitos declarados ante las autoridades fiscales, por lo cual su evolución patrimonial no corresponde con dichos ingresos.

Y es que de acuerdo con la UIF, García Cabeza de Vaca ha tenido ingresos como servidor público por 23 millones 935 mil 764 pesos en 20 años: de septiembre de 2000 a septiembre de 2020. Al revisar sus declaraciones fiscales, de inteligencia y otras fuentes de información, la Unidad le documentó ingresos no declarados ante el Servicio de Administración Tributaria por 10 millones 570 mil 856 pesos, que constituyen evasión fiscal. Sin embargo, este monto sólo se refiere a recurso que ingresó a sus cuentas bancarias, no a las propiedades que posee y que, para las autoridades, también demuestran riqueza inexplicable.

Para ello, la UIF dio puntual seguimiento a tres cuentas bancarias del político panista:

-Bancomer: de 2017 a 2021 presentó depósitos por 12.4 millones de pesos y retiros por 12.2 millones de pesos. Esta misma cuenta fue la que recibió los SPEI por 14.3 millones de pesos el 18 de diciembre de 2013. Adicionalmente, entre esa fecha y el 4 de febrero de 2014 recibió otros 500 mil pesos.

-Santander: de 2016 a 2019 obtuvo depósitos por 1.9 millones de pesos y retiros por 1.6 millones. Entre 2003 y 2009, esta cuenta registró operaciones en efectivo por 2.01 millones de pesos y 184 mil dólares en depósitos; y en retiros, por 350 mil pesos.

-Banregio: es la cuenta con más actividad en los años recientes, pues entre 2016 y 2021 tuvo depósitos por 61.4 millones de pesos y retiros por 59.8 millones. Entre 2015 y 2019 recibió cheques interbancarios por 9.6 millones de pesos.

El tercer gran hallazgo de la UIF –que también fue documentado ante la Fiscalía General de la República– tiene que ver con el hecho de que el Cártel de Sinaloa fondeó a 13 empresas propiedad de dos presuntos prestanombres del gobernador de Tamaulipas. De acuerdo con la autoridad, las compañías se ligan al grupo de siete empresas fachada que la organización criminal ha utilizado para lavar dinero no sólo a su favor, sino también del Cártel de Colombia. Según las autoridades, las 13 compañías interactuaron por dos vías con el Cártel de Sinaloa: fondeo de recursos y reintegración.

De ésas, 12 pertenecen a Baltazar Higinio Reséndez Cantú, identificado como uno de los presuntos prestanombres del aún mandatario tamaulipeco. De éstas, se señala que le reintegraron recursos al también llamado Cártel del Pacífico, aunque en menor cantidad, en lo que configura un clásico esquema de lavado de dinero. Asimismo, se observa que esa docena de compañías fueron usadas para obtener contratos millonarios del gobierno de Tamaulipas.

Reséndez Cantú fue vinculado a proceso bajo los cargos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, luego de ser detenido siete días antes en Texas, Estados Unidos el 8 de julio de 2021, y entregado a México a solicitud de la Fiscalía General de la República. Además de las acusaciones en su contra aquí, el estadunidense Fincen (Financial Crimes Enforcement Network) lo fichó como presunto lavador de dinero.

El expediente de la UIF señala que la empresa 13 es propiedad de Juan Francisco Tamez Arellano –también identificado como testaferro de García Cabeza de Vaca–, y ésta es clave en la compra venta del departamento en Santa Fe, Cuajimalpa, Ciudad de México, que derivó en ingresos directos a las cuentas bancarias de García Cabeza de Vaca ligados al Cártel de Sinaloa [hallazgo 1 de la UIF]. Se trata de la octava compañía que se involucró en la triangulación de los 40.3 millones de pesos que el grupo criminal le pagó al mandatario por el departamento.

En las indagatorias de la UIF sobresalen dos empresas propiedad de Reséndez Cantú: Inmobiliaria RC de Tamaulipas, SA de CV, y Barca de Reynosa, SA de CV, de las que el presunto prestanombres del gobernador es representante legal, accionista y administrador único. Y es que éstas recibieron tres contratos vía licitación pública de parte de la Secretaría de Obras Públicas de Tamaulipas, por 54.5 millones de pesos: para la construcción del Centro de Justicia para las Mujeres en Reynosa; la construcción, mobiliario y equipo de la Unidad de Docencia para el estado de Tamaulipas; y la pavimentación de la calle Cerro del Cubilete. En las contrataciones, la Auditoría Superior de la Federación encontró irregularidades millonarias.

En el caso de Inmobiliaria RC, el expediente de la UIF señala que de 2019 a 2021 envió 300 millones de pesos a Baltazar Reséndez, a quien describe como “empresario Tamaulipeco listado por una entidad extranjera [Fincen] por blanqueo de capitales; accionista de al menos 11 razones sociales adicionales con contratos con el gobierno de Tamaulipas; posible prestanombres de Francisco Javier García Cabeza de Vaca”. De Barca de Reynosa se indica que recibió 497.4 millones de pesos de diversas licitaciones con el gobierno de Tamaulipas, Pemex y Conagua.

Este esquema financiero conecta, además, con el segundo prestanombres de García Cabeza de Vaca: Tamez Arellano (accionista y representante legal de la empresa fachada T Seis Doce, SA de CV). Al respecto, se apunta que Reséndez Cantú le envió 33 millones de pesos de marzo a abril de 2018; y que Tamez Arellano le envió 2.4 millones de pesos a T Seis Doce, misma que compró el departamento de García Cabeza de Vaca en Santa Fe, con dinero triangulado de las empresas fachada del Cártel de Sinaloa. A su vez, la empresa fachada T Seis Doce envió al gobernador de Tamaulipas 36.8 millones de pesos, y posteriormente otros 5.3 millones. Al respecto, la UIF señala: “los recursos se presumen posiblemente obtenidos de la ‘venta del inmueble’”.

Acerca de las irregularidades en los contratos de obra pública, se advierte que en el Centro de Justicia se registró un aumento de costos injustificados y obra no terminada; mientras que en la Unidad de Docencia, la ASF detectó probable daño y/o perjuicio al fideicomiso irrevocable de Administración y Distribución de recursos a través del cual se otorga el subsidio, en razón de que la obra no fue realizada.

En el entramado que liga al mandatario tamaulipeco con el Cártel de Sinaloa destaca la empresa T Seis Doce, por ser la que le canalizó 42.1 millones de pesos de la organización criminal a cambio del departamento en Santa Fe. En ello también participó la empresa Avalúos y Peritajes del Sur, SA de CV, propiedad de Reséndez Cantú.

Según la ruta del dinero trazada por la UIF, en diciembre de 2019, la empresa T Seis Doce trasladó a Francisco Javier García Cabeza de Vaca 42.1 millones de pesos de origen ilícito –por ser producto del lavado de dinero del Cártel de Sinaloa–, por concepto de pago del departamento en Santa Fe.

En ese mismo año, la empresa T Seis Doce recibió recursos por 44.8 millones de pesos de la empresa Avalúos y Peritajes del Sur, que también tiene características de sociedad fachada.

Previamente, en ese mismo año, Avalúos y Peritajes recibió 46.3 millones de pesos de seis empresas fachada vinculadas con el Cártel de Sinaloa. “El vínculo con el Cártel deriva de la participación corporativa que tienen con Juan ‘N’, Ladislao ‘N’ o Manuel ‘N’, identidades falsas de Manuel Rodolfo Trillo Hernández, alias la Trilladora o el Trillo, operador financiero del Cártel de Sinaloa, detenido en 2015 y vinculado a proceso en 2016 por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita”.

El reporte financiero añade que la empresa fachada que fondeó a la empresa T Seis Doce manifestó tener el mismo domicilio con otra empresa de Rodolfo Trillo, incluso comparte domicilio con esta persona física.

“Las sociedades mercantiles fachada que fondearon a la empresa Avalúos y Peritajes del Sur fueron denunciadas por la UIF en 2018 e incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas en 2019. Derivado de la denuncia presentada por la UIF, la Fiscalía inició una carpeta de investigación que actualmente se encuentra en trámite”.

 

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Semanario El Venezolano. Madrid, del 03 al 16 de agosto de 2022

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