Mineros informales brasileños retoman su actividad ilegal al sur de Venezuela

Por Marcos David Valverde | Rodrigo Pedroso
armando.info

Armando.info logra conversar con líderes de los mineros informales brasileños tras el asesinato de cuatro de ellos y un venezolano en el sur del estado Amazonas, justo en el nacimiento del principal río del país. Los relatos de la zona permiten corroborar lo que voceros indígenas y organizaciones ambientales vienen denunciando: los garimpeiros están de vuelta en Venezuela y esta nueva oleada entra y sale a su antojo. La soberanía se ha vuelto una quimera en la frontera más septentrional.

Ya lívidos y con las caras ensangrentadas, los cadáveres, envueltos con chinchorros y cobijas, están sobre el piso de tierra. “Buena tarde, mano”, dice, con cadencia indígena, quien graba el video de los cuerpos, cinco en total.

De seguidas, el narrador pronuncia la acusación. “No fue ni Pedro, no fue ni Piticao, fue [sic] los guardias, los guardias. Fue los guardias”, dice, antes de mostrar lo que tiene en su mano izquierda: “Aquí están las balas. Yo conseguí la concha de la bala. Fueron la guardia los que los mataron, aquí en Chalbaud”.

El video, del 7 de agosto, fue una de las primeras muestras de lo que había ocurrido: cuatro hombres y una mujer habían sido asesinados en la mina Taboca, en el cerro Delgado Chalbaud, una de las cumbres de la Sierra Parima, sur de Venezuela, en el estado Amazonas, fronterizo con el estado brasileño de Roraima. En la base de ese cerro se encuentra, como lo estableció la célebre Expedición Franco-Venezolana en noviembre de 1951, el nacimiento del río Orinoco, el tercero más caudaloso del planeta y el más importante de Venezuela. Fueron los mismos expedicionarios, bajo el mando del mayor del Ejército Franz Rísquez Iribarren, quienes bautizaron esa prominencia orográfica con el nombre de otro militar, el general Carlos Delgado Chalbaud, presidente de Venezuela, quien había sido asesinado justo un año antes en Caracas.

Pero en este incidente de agosto de 2022, en el mismo lugar convertido ahora en escena del crimen, eran militares los que surgían como presuntos villanos. Específicamente, fueron efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) los primeros señalados como responsables por algunos testigos, como el narrador del video, un indígena del pueblo yanomami (antes conocidos por los criollos como waikas o guajaribos).

La descripción oral del aborigen, apoyada en video, evidencia no solo lo cruento del hecho, sino que ventila también una situación reiterada y ya denunciada por diversas organizaciones no gubernamentales: la presencia de garimpeiros, mineros ilegales brasileños, en Venezuela.

“Aquí vemos cinco trabajadores. Cinco garimpos”, recrimina una vez más la voz, mientras la cámara enfoca los cadáveres de los brasileños Francisco Pereira, Raimundo Charles da Conceição Pereira, Dilviane Nunes da Silva, João Barbosa da Silva, y del venezolano Oswaldo José Figuera Suárez, las víctimas.

Garimpo, como dice el hombre del video, es la palabra portuguesa de origen brasileño para denominar las minas. Garimpeiro es quien trabaja en ellas. Los garimpeiros penetraron desde Brasil, por la vía de Roraima, en el sur del Amazonas venezolano, a mediados de los años 70 del siglo pasado. Experimentaron un auge entre finales de los 80 y comienzos de los 90, hasta que la política estatal de Venezuela redujo, por la vía armada, su presencia, principalmente en Amazonas y, en menor medida, en Bolívar. A partir de 1999, ya con Hugo Chávez en el poder, de manera gradual los garimpeiros se instalaron nuevamente en Venezuela, tal y como han venido denunciando las organizaciones ambientalistas.

Es lo que confirman, además, dos representantes de asociaciones de garimpeiros y un empresario brasileño de minas que accedieron a conversar, desde Brasil y por vía telefónica, con Armando.info para este trabajo.

“Un intercambio de represalias”

Los asesinatos estuvieron precedidos por dos operativos de fuerzas venezolanas y brasileñas en torno de regiones mineras. El primero, el 3 de agosto de 2022, fue un operativo conjunto del Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (Ibama), el Instituto Chico Mendes para la Conservación de la Biodiversidad (Icmbio) y la Policía Federal. En un video al que tuvo acceso Armando.info, un grupo de mineros venezolanos señala que el operativo, en el que fueron destruidos motores utilizados en la extracción de oro, fue “una invasión al territorio venezolano”.

“Vinieron y acabaron con el campamento, nuestras pertenencias, nuestra comida, todo… nos dejaron sin nada, sin nuestras pertenencias. Fue en nuestro territorio venezolano: Ibama invadió nuestro territorio y acabó con nuestras cosas”, señala uno de los mineros, cuyo nombre se omite. Sin embargo, en reportes de prensa se precisa que la incursión se mantuvo en los límites brasileños. Para despejar dudas al respecto, Armando.info envió peticiones de información a  los departamentos de comunicaciones de Ibama, Policía Federal y los ministerios de Relaciones Exteriores y de Defensa de Brasil. Hasta el cierre de este trabajo no hubo respuestas.

Si la incursión de las fuerzas brasileras en la serranía fue una violación a la soberanía, al día siguiente, 4 de agosto, el aterrizaje de emergencia de una aeronave monomotor de la GNB en Roraima, a pocos kilómetros de la frontera, completó el círculo de incursiones no autorizadas por las fuerzas de los dos países.

Hechos concatenados o no, lo que siguió menos de una semana después fueron los asesinatos en el cerro Delgado Chalbaud. Jailson Mesquita, vocero de la Asociación de Mineros Independientes de Roraima, se precipita a una conclusión: los asesinatos fueron una represalia de la GNB por el operativo de la Policía Federal.

“Como el órgano ambiental se fue del lado de Venezuela, destruyeron maquinaria, comida y han humillado a esos mineros. La guardia bolivariana dijo que si el órgano ambiental de Brasil viene aquí, nosotros vamos y matamos a los garimpeiros. Eso fue un intercambio de represalias”, afirma.

Mesquita asevera que la presencia garimpeira en Venezuela es una vieja realidad. Según su consideración, los garimpeiros que explotan el oro venezolano son parte de un intercambio, sin viso oficial, sin notarios y sin firmas, del que también se benefician los mineros venezolanos que trabajan en Roraima.

“Los garimpeiros no tienen ningún apoyo. El minero trabaja solo. El estado de Roraima ha recibido 130.000 venezolanos, y gran parte de ellos trabaja con la minería”, refiere.

Jailson Mesquita responde que en todo el territorio yanomami (entre Amazonas, en Venezuela, y Roraima, en Brasil), según las estimaciones de la asociación que dirige, hay alrededor de 23.000 garimpeiros. “No hay censo oficial, pero es lo que manejamos”, apunta.

En la misma tónica, Rodrigo Martins de Mello sostiene que la complicidad entre garimpeiros y los militares se establece como acuerdo tácito, con la anuencia de un tercer actor: la tribu yanomami.

Los cuerpos de los asesinados en el cerro Delgado Chalbaud fueron trasladados a Brasil para las autopsias.

Martins de Mello se considera a sí mismo un garimpeiro, aunque económicamente ha crecido más que un minero común. Es dueño de una empresa de aviación llamada Cataratas y en los últimos meses ha tenido notoriedad mediática tanto por su candidatura a diputado federal por el Partido Liberal (el mismo del presidente del país, el militar de ultraderecha Jair Bolsonaro) como por una investigación que sobre él lleva adelante la Policía Federal por delitos ambientales y posesión ilegal de municiones. Se jacta, además, de tener “la única permissão de lavra garimpeira (permiso de minería) en el municipio Amajari (colindante con Bolívar y Amazonas), en Roraima”, al tiempo que niega los efectos devastadores de la actividad minera y el uso del mercurio y repite que la agricultura es “mucho más danosa”. 

“Esto es una información pública, não? Todos sabemos que hay brasileros trabajando del lado de Venezuela. Hay trabajadores allá que tienen el permiso de la Guardia para trabajar. La gente tiene que pagar un porcentaje a la Guardia para seguir trabajando del lado venezolano. Pero todos trabajan en armonía: los indios, la Guardia y los garimpeiros”, declara, mediante una llamada por WhatsApp.

Fuerzas Armadas de cooperación (necesaria)

José Altino Machado, fundador de la Unión Sindical de Mineros de la Amazonia Legal, discrepa de la versión de Mesquita sobre la actuación de la GNB en los asesinatos. Para él, todo fue un asalto, casi un hecho aislado, en el que no estuvieron involucrados los uniformados: estos, en realidad, han respetado el trabajo de los garimpeiros en Venezuela: “La convivencia con autoridades venezolanas es boa”.

“Creo que hay un interés en causar problemas entre Brasil y Venezuela, a partir de que dos agencias de Brasil [Ibama e Icmbio] cometieron un error cuando quemaron el campamento en el lado venezolano”, prosigue, por vía telefónica, en entrevista para Armando.info. “Pero no hay ninguna prueba de ello, ninguna”, sostiene, refutando la versión del indígena que mostró las balas de armas largas en el lugar de los asesinatos.

Machado refiere que los garimpeiros se han asentado en varias zonas entre Amazonas y Bolívar. En el primer caso, a lo largo de la Sierra Parima, especialmente en las cabeceras del río Orinoco, lugar de los asesinatos de agosto; en el segundo caso, en el municipio Sifontes, concretamente en las minas más próximas a la capital, Tumeremo.

La permisividad de las fuerzas militares nacionales (principalmente la GNB y el Ejército) con los garimpeiros, que Machado tilda de cooperación, tiene, según asegura, números beneficiosos para la economía venezolana: en el Banco Central de Venezuela (BCV) hay 165 toneladas de oro, “y más de 70% de eso fue garimpado por mineros brasileños en territorio venezolano”.

La cooperación entre uniformados y los garimpeiros, refiere, se ha profundizado a raíz de la llegada de Chávez al poder y, sin rubores, se ha acentuado con su predecesor, Nicolás Maduro.

“Antes [se refiere a los años previos a la presidencia de Chávez], con los intereses europeos y americanos, la distancia con el garimpeiro era mucha. [Pero] Venezuela ahora está controlada por la gente de origen del país, y cambió mucho el tratamiento con la gente sencilla, humilde. A partir de entonces tuvimos muchas reuniones con autoridades de Venezuela y ha habido muchos garimpeiros autorizados [a trabajar en Venezuela]. No hay incomodación de autoridades venezolanas con garimpeiros”, insiste.

Entre las autoridades venezolanas con las que se han reunido, Machado recuerda al mismo Chávez, con quien, asegura, la asociación de garimpeiros que dirige llegó a un “acuerdo de caballeros” a partir del cual “nunca más hubo incidente alguno. Fue muy gentil, muy gentil. Nunca más hemos tenido problemas con Venezuela. Ninguno, ninguno”. Tanto, que de acuerdo a las cifras que maneja, 35.000 garimpeiros se mueven libremente entre Amazonas, Roraima y Bolívar.

Devastación continuada

Antes del chavismo, la presencia de garimpeiros en Venezuela construyó una leyenda negra que también dejó consecuencias. La más notable fue la masacre de Haximú, estado Amazonas, entre junio y julio de 1993. Entonces, 16 yanomamis, incluyendo ocho niños, fueron asesinados por garimpeiros.

“Como en Venezuela no hubo ni voluntad para investigar ni para proteger el territorio del pueblo yanomani, el caso fue presentado el 6 de diciembre de 1996 en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por las organizaciones Vicariato Apostólico de Puerto Ayacucho, el Programa Venezolano de Educación -Acción en Derechos Humanos (Provea), el Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y Human Rights Watch Américas”, recordó en un artículo de junio de 2020 Marino Alvarado, excoordinador general de Provea.

En diciembre de 1999, mediante un acuerdo amistoso, Venezuela aceptó el compromiso de “promover la suscripción de un acuerdo con el gobierno de Brasil, a fin de establecer un plan de vigilancia y control conjunto y permanente, para monitorear y controlar la entrada de garimpeiros y la minería ilegal en el área yanomami”, citó Alvarado en el mismo artículo.

Pero al menos desde 2007, según otra organización no gubernamental, SOS Orinoco, entre otras asentadas en esos estados sureños, los garimpeiros están de vuelta en Venezuela.

En un informe de mayo de 2022, titulado “Reserva de Biósfera Alto Orinoco-Casiquiare: invasión garimpeira en auge con apoyo del gobierno venezolano”, la ONG, a partir de las denuncias de voceros indígenas yanomami de la zona, detalla cómo ha sido el regreso de los garimpeiros a Venezuela.

“En este sector se ha reportado la presencia de garimpeiros desde el año 2010, cuando varios líderes yanomami denunciaron el asesinato de nueve indígenas a manos de mineros brasileños en las comunidades de Ushishiwe y Momoi, en las cabeceras del río Ocamo. De acuerdo con los denunciantes, en el año 2007 había ocurrido algo similar, que fue notificado a las autoridades, pero no recibieron respuesta. Ya en ese entonces los mineros tenían varios años actuando en la zona”, se precisa en el informe.

Los yanomami no son la única etnia afectada por la presencia garimpeira. “Ye’kwana y sanema tienen una presencia mayoritaria y territorialmente amplia. También están presentes, aunque en menor número y limitados a ciertas comunidades o centros poblados, los piaroa/wótüja, baré, baniva, kurripako, warekena y yeral/ñengatú, los cuales han habitado tradicionalmente dentro del territorio que abarca la Reserva de Biósfera Alto Orinoco-Casiquiare”, amplía el documento.

En entrevista telefónica con Armando.info, voceros del equipo de SOS Orinoco recuerdan que en 2006, cuando el gobierno de Chávez expulsó al grupo evangélico fundamentalista Nuevas Tribus, las fuerzas armadas venezolanas diseñaron un plan de sustitución, con énfasis en los servicios de salud y educación. La presencia militar mantuvo a raya un tiempo a los garimpeiros. Hasta que la complicidad fue patente.

“Con Maduro lo que vemos es otra cosa que nunca antes se había visto, que es la forma en que los militares se involucraron con la minería. Hay una complicidad, no solo de dejarlos entrar en Venezuela, sino que participan en el negocio minero. Por ejemplo, en el cerro Delgado Chalbaud, en los campamentos de garimpeiros está presente la Guardia Nacional. Y quienes prestan servicios de seguridad no son garimpeiros sino la Guardia Nacional misma, que vigila y también recibe el oro que les corresponde”, sostienen.

Esta información, la de la presencia de los militares en los campamentos garimpeiros, la corrobora desde Brasil el dirigente José Altino Machado, aunque lo que admite lo matiza agregando que “son muy pocos, sobre todo pensionados del Ejército, que trabajan en las minas”.

Los representantes de SOS Orinoco exponen un probable conflicto entre militares y garimpeiros como hipótesis (y recalcan: hipótesis) de los asesinatos en el cerro Delgado Chalbaud.

“Todos los meses, los garimpeiros tienen que entregar una cuota del oro. Por equis razón, no pudieron cumplir ese mes y por eso comienzan las disputas por la cantidad de oro. Ese video que fue grabado por el yanomami muestra una concha de fusil. Son municiones de armas militares. También está la forma en que los mataron, con disparos en la cabeza. Pero realmente no podemos tener total seguridad de lo que sucedió allí”.

Una certeza que hay es la devastación ambiental, consecuencia de la actividad minera, también confirmada, por la vía de imágenes satelitales, en el informe de SOS Orinoco. La ONG estima en 400 el número de garimpeiros, solo en esa zona.

“En las imágenes satelitales se ve con mucha claridad la deforestación y el daño de los ríos, con los sedimentos disueltos en las aguas del Orinoco, que está turbio. Eso se ve muy claro allí”, añaden.

La otra particularidad de esta devastación es que, a diferencia de épocas anteriores, no está agazapada entre árboles. Por el contrario, ya se muestra a cielo abierto y sin resquemores.


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Semanario El Venezolano. Madrid, del 03 al 16 de agosto de 2022

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