Un sistema de miedo prevalece en la torre de control del principal aeropuerto de Venezuela

Por Armando.Info

Con cámaras de TV y redes de delatores, se ha impuesto una política de espionaje a los controladores que ordenan el tránsito de los aviones que aterrizan y despegan del principal aeropuerto del país. Algunos secretos e irregularidades están en resguardo en medio de un clima permanente de cacería de brujas. Dos empleados ya han sido sometidos a un juicio interminable y cuestionable como demostración de la suerte que aguarda a quien no desee someterse a un sistema que, más que la seguridad aérea, procura el silencio.

En principio, podría tomarse por una precaución normal y comprensible para la seguridad de instalaciones tan sensibles como las de un aeropuerto internacional.

Pero pronto se notan rasgos que exceden el simple protocolo de seguridad.

Desde hace cuatro años todos los trabajadores de la torre de control del aeropuerto de Maiquetía, el principal de Venezuela, que sirve a la ciudad de Caracas, son monitoreados por cámaras de televisión las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Por el afán de vigilancia, cercano al espionaje, podría decirse que es algo que emula al Gran Hermano de la novela 1984 de George Orwell. Aunque por el despliegue de cámaras, también recuerda al reality show homónimo y su mecánica de concurso, con penitencias, participantes eliminados e intrigas internas.

En la sala de control del sistema están los directivos tanto del aeropuerto como del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), todos militares. No solo dominan las consolas sino que imponen reglas arbitrarias que, por lo visto, no son iguales para todos. También ha quedado expuesta su finalidad, que no es la seguridad sino el amedrentamiento.

La vigilancia por video no es el único anillo de seguridad. Una red de informantes y delatores se ha constituido internamente para, al menos, crear un clima constante de persecución, si acaso fallara en revelar conspiraciones y fugas de información. Por último, como en una suerte de muro o fosa perimetral para el escarmiento, se exhiben los casos de dos exempleados del ente aeronáutico que permanecen desde hace dos años prisioneros en los calabozos de la inteligencia militar, a manera de advertencia para aquellos funcionarios que no quieran creer que en Maiquetía la Omertá o Ley del Silencio va en serio.

Precisamente el caso de Derbys Rodríguez y Guillermo González, los dos exempleados, ha funcionado como compendio de todo lo que le puede pasar a quien deba ser castigado, ya no solo con el despido o destitución, por la logia militar que desde hace años controla al aeropuerto de Maiquetía. El calvario judicial de Rodríguez y González, inadvertido para la opinión pública, entretanto ha servido para cimentar entre el personal aeroportuario la certeza de que todo el sistema de supervisión interna, más que prevenir o desactivar amenazas externas, busca asegurar que no se filtren infidencias desde el interior.

Las cámaras ven, las paredes oyen, todas delatan

El 20 de mayo de 2020, dos funcionarios de la División General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), vestidos de civil, se presentaron en la torre de control del aeropuerto de Maiquetía, acompañados del general de la Guardia Nacional Bolivariana Carlos Mata Sosa, gerente de Seguridad Aeronáutica del INAC desde el año 2015, y de una mujer, funcionaria del mismo instituto. Avisaron que iban a subir a buscar a un empleado, sin ahondar en explicaciones adicionales.

El joven que buscaban era Guillermo González, quien hoy tiene 25 años de edad. Es un empleado que tenía apenas un año y medio trabajando en el aeropuerto como controlador aéreo. González fue arrastrado a lo que se suponía sería solo una entrevista en la sede del Dgcim en la urbanización Boleíta del noreste de Caracas pero que, tras prolongarse por 12 horas, dio lugar a una detención formal. En ese tiempo los agentes de inteligencia militar lo interrogaron y revisaron los contenidos de su celular y redes sociales.

Los indicios por los que le arrestaron fueron los de tener fotos de aviones guardadas en su celular y que publicó en Twitter, además de mantener conversaciones en WhatsApp con su supervisor, Derbys Rodríguez, en una de las cuales le preguntó si un avión de ayuda humanitaria había aterrizado o no. Al presentarlo en tribunales le imputaron los delitos de terrorismo, asociación para delinquir y revelación de material estratégico del Estado.

Casi por ende, la inteligencia militar acudió de nuevo a Maiquetía, esta vez para arrestar a Rodríguez, el supervisor de González. Pero lo hizo un mes más tarde.

Durante el operativo, la novia de Rodríguez, Oriana Rojas, intentó grabar un video para dejar constancia del traslado de su pareja: temía que ocurriera lo mismo que con Guillermo González un mes antes, al que se llevaron y nunca regresó. La osadía le costó ser llevada también al interrogatorio.

En la sede de la Dgcim, a Rodríguez lo interrogaron con insistencia machacona usando versiones de una misma pregunta: dónde había estado el 30 de abril de 2019, el día de la fuga del dirigente opositor Leopoldo López del arresto domiciliario en el que se encontraba entonces, y de un levantamiento de unas pocas unidades militares que se congregaron al frente de la Base Aérea de La Carlota, en Caracas. Las variantes de la pregunta que le formulaban correspondían a las diversas amenazas que le hacían, como la de quemarlo con una plancha a fin de hacerlo hablar.

Consiguieron hacerle firmar un papel en el que, palabras más, palabras menos, Rodríguez aceptaba que todo el procedimiento había sido legal. Entre tanto, revisaron el contenido de su celular y lo vaciaron.

Esa noche dejaron que la pareja durmiera en la misma celda y 48 horas después fueron presentados ante los tribunales. Rojas, la novia, quedó en libertad pero con régimen de presentación bajo cargos de resistencia a la autoridad. Pero sucedió lo que ella tanto había temido y vaticinado: Derbys Rodríguez se quedaba en prisión. Le imputaron los delitos de revelación de información confidencial y asociación.

Poco importó que los cargos tuvieran escaso asidero en los hechos. Por ejemplo, como subraya el abogado de Rodríguez, Joel García, la llegada a Maiquetía de un avión de ayuda humanitaria fue un hecho cubierto y difundido por medios de comunicación oficiales. A pesar de ello, lo que señala a Rodríguez al respecto en el expediente es su intercambio por Whatsapp con Guillermo González, el primer detenido. La acusación también cita un intercambio de correos en el que se habría incluido un “informe operacional” destinado “al equipo de Juan Guaidó” por el que se compartían, según la inteligencia militar, fotografías de las instalaciones del aeropuerto.

En lo que sí es bastante más preciso el expediente, en cambio, es en la revelación de redes y mecanismos de espionaje entre el personal técnico del aeropuerto.

Por ejemplo, en el expediente aparece el general Mata Sosa relatando a los fiscales del caso que con anterioridad había hecho una denuncia ante su entonces superior en el INAC, coronel Freddy Borges, hoy director del aeropuerto de Maiquetía, sobre rumores que los servicios de inteligencia había recogido y que acusaban a Derbys Rodríguez de estar en connivencia con Guillermo González en la divulgación de información confidencial. Esa denuncia no solo fue el detonante de todo el caso, sino que todavía hoy sigue siendo su principal soporte.

En su testimonio, Mata Sosa aseguró que sabía que González había informado a Rodríguez de que lo contactaron para que permitiera el despegue desde Maiquetía de un avión que no contaba con los permisos correspondientes, como parte de un probable plan de robo de aviones. Mata Sosa a su vez presumía, y así lo declaró ante el Ministerio Público, que era solo una pieza de una acción desestabilizadora mayor. El coronel Borges, director del aeropuerto, ordenó que mantuvieran vigilado a Rodríguez, de quien además una red de patriotas cooperantes -expresión popularizada por el número dos del chavismo, Diosdado Cabello, para referirse a los informantes anónimos de denuncias contra supuestos opositores- había dicho que era un hombre “crítico del gobierno legalmente establecido” y “rebelde”.

González, el primer controlador detenido, declaró ante el tribunal que, en efecto, fue contactado por un militar llamado Luis Alfredo Gómez Ávila, a quien había conocido cuando cursó unos estudios en la Academia Militar que no quiso terminar. En ese momento, el hombre le pidió dejar salir un avión sin plan de vuelo, a cambio de dinero.  González, que se habría negado ante la propuesta, reportó esta irregularidad a Derbys Rodríguez por ser su jefe directo. Rodríguez entonces elevó la denuncia a Wilfredo Gil, quien era el coordinador de los Servicios de Tránsito Aéreo y su jefe inmediato en ese momento. González y Rodríguez resultarían a la postre imputados. Gil, en cambio, solo prestó declaración como testigo, aunque fue llevado a la sede de la Dgcim el mismo día y en el mismo carro que González; ese día quedó liberado.

La primera juez que llevó el caso fue Carol Padilla, conocida por ocuparse de los casos políticos de mayor interés para Nicolás Maduro y ahora precandidata a magistrada al Tribunal Supremo de Justicia. Ella no prestó interés a la denuncia del intento de soborno que antecede este caso. Entre tanto, ni su heredera de causas políticas, incluyendo la de estos controladores aéreos, la jueza Hennit Carolina Lopez, ni el fiscal acusador, Jorge Rojas, han considerado necesario investigar el episodio del militar que intentaba comprar a González para que permitiera un vuelo sin permisos.

La jueza López no es una magistrada cualquiera del Poder Judicial chavista. Es la jueza 27 de Terrorismo en funciones de juicio. Suele encargarse de los casos con elementos políticos y de seguridad nacional. Por ejemplo, lleva los juicios del atentado contra Maduro que se intentó en agosto de 2018 en la Avenida Bolívar de Caracas con la detonación de un par de drones cargados con explosivos -en principio lo tenía la jueza Padilla-, y ahora también estudia el caso de la llamada Operación Gedeón, el conato de rebelión armada llevado a cabo en mayo de 2020 por algunos opositores en conjunto con una empresa de mercenarios estadounidenses para capturar a Nicolás Maduro y sacarlo del país. Que se le haya confiado el proceso contra los controladores aéreos dice con elocuencia la entidad que el gobierno concede al caso.


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