Por OCCRP | ARMANDO.INFO
Entre 2006 y 2010 el mercado de permuta en Venezuela fue una ventana de desahogo para el férreo régimen de control de cambio impuesto por Hugo Chávez tras la huelga petrolera de 2002-2003. Pero la medida paliativa terminó por ser una orgía de miles de millones de dólares para un puñado de funcionarios o corredores de bolsa que en la práctica quemaron los recursos extraordinarios de un boom petrolero que no se repetirá. Algunos de esos actores ocultaron sus ganancias con la venia del Credit Suisse.
La página de Leonardo González Dellán en la red social LinkedIn lo promociona como empresario y restaurador. Por otro lado, un boletín de sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo calificó en su momento de “testaferro”, un prestanombres financiero que ocultaba dinero para políticos venezolanos corruptos. Pero para el gigante bancario mundial, Credit Suisse, tenía otro apodo: cliente.
González Dellán fue sancionado por el gobierno de Estados Unidos en 2019 por su presunto papel en la gestión de cuentas a través de las cuales se pagaron sobornos a políticos venezolanos como parte de una trama de corrupción por valor de 2.400 millones de dólares.
Mucho antes de ser sancionado y según lo describe New Europe, una publicación en línea donde escribe con frecuencia, González Dellán fue pionero en el controvertido programa de control de divisas de Venezuela y el complicado mercado paralelo basado en bonos al que dio lugar. El sistema, centrado en las casas de bolsa, permitía a los inversores utilizar métodos de arbitraje entre dos tipos de cambio artificiales. Muchos ganaron miles de millones de dólares que luego fueron desviados de Venezuela hacia bancos suizos, condominios en Miami y yates y coches de lujo.
La filtración que ha dado origen a los Suisse Secrets, con datos bancarios del Credit Suisse facilitados al periódico alemán Süddeutsche Zeitung -y trabajados por la plataforma de investigación Occrp (por Organized Crime and Corruption Reporting Project) y otros 46 medios de comunicación de todo el mundo-, ha permitido identificar que muchos actores participantes en las operaciones de ese mercado cambiario guardaron altas sumas de dinero en el banco suizo.
Los años de funcionamiento del llamado mercado de permuta, entre 2003 y 2010, pueden ser descritos como los “años salvajes”, un guiño al frenesí que desató entre los brokers financieros las operaciones con bonos emitidos por el Estado venezolano. Al inicio de la instalación del control de cambio, en 2003, las empresas en Venezuela, que generalmente hacían negocios facturados en dólares estadounidenses, obtenían las divisas a través de una asignación gubernamental. Sin embargo, el régimen de Hugo Chávez, reconociendo que este sistema por sí solo no iba a satisfacer la demanda, decidió permitir lo que era, de hecho, un mercado negro de dólares para abordar el problema.
Se permitió a las empresas acudir a las casas de bolsa y comprar bonos del Estado en bolívares al doble de la tasa oficial. La casa de bolsa los cambiaba con otra casa de bolsa por bonos denominados en dólares a través de un vehículo extraterritorial, los vendía en el mercado internacional, y devolvía los fondos al comprador inicial.
El proceso de reventa se asemejaba al mecanismo que en los mercados de divisas se denomina en inglés swap. Así que en el mercado venezolano se le bautizó con un sinónimo castellano: permuta. A finales de la década de 2000, el gobierno de Venezuela alimentó activamente el sistema de permuta emitiendo su propia deuda a través de este mercado no oficial en forma de las llamadas notas estructuradas: bonos de alto riesgo denominados en bolívares que podían cambiarse por deuda venezolana denominada en dólares y negociada internacionalmente.
Los bancos venezolanos también vendían estas notas estructuradas a bancos internacionales como el Credit Suisse, que a su vez las vendían a los inversores. Los intermediarios podían comprar y vender en diferentes mercados, buscando ventajas en las diferencias de cambio -una práctica financiera llamada arbitraje– con grandes beneficios, y la naturaleza extraterritorial de estas transacciones atrajo a actores sin escrúpulos que buscaban abusar de las oportunidades en ese sistema.
“Básicamente destruyó la economía. Al final, solo estaban regalando dinero”, dijo un destacado economista venezolano a Occrp, pidiendo el anonimato por miedo a las represalias del gobierno del país al ser consultado sobre la deriva de este proceso.
En ese momento -en medio de la bonanza petrolera y el desenfrenado gasto público chavista- la impunidad se enseñoreaba en Venezuela y los grandes bancos suizos, como el Credit Suisse, recibieron a los clientes venezolanos con los brazos abiertos. Algunos clientes venezolanos poseían fortunas por valor de varios cientos de millones de francos suizos en la entidad. Entre esos clientes se encuentran dos hombres nombrados como co-conspiradores en un escándalo de soborno de 2.400 millones de dólares, varios actores implicados en un esquema Ponzi de 700 millones de dólares, y otros acusados de robar las identidades de al menos un millar de sus compatriotas. Solo las cuentas de esos personajes alcanzan un valor estimado conservador de más de 500 millones de francos suizos (alrededor de 544,7 millones de dólares, al cambio actual).
Los bancos suizos, como el Credit Suisse, desarrollaron una relación simbiótica entre los bancos internacionales y el sector financiero venezolano, permitiendo esta corrupción. Este último necesitaba un lugar en el que esconder beneficios altamente cuestionables, y recurrió a Credit Suisse y a sus competidores suizos para hacerlo.
Credit Suisse se negó a hablar de clientes o cuentas individuales. En un comunicado, dijo que revisa a los clientes en línea con los estándares de la industria para “identificar y gestionar el riesgo financiero, regulatorio y de reputación, tanto en la incorporación como en relación con las cuentas existentes”.
Un denunciante, que era un alto directivo de la sede suiza de Credit Suisse y que habló bajo condición de anonimato por motivos de seguridad, describió una cultura de ceguera deliberada en el banco.
“La clave es hacer lo mínimo necesario para dar una salida al cumplimiento, para dar a los [ejecutivos] de cumplimiento su negación plausible”, dijo el denunciante, sugiriendo que el hecho de que el banco trajera clientes con fuentes de fondos cuestionables no era algo único en sus operaciones en Venezuela.
Los reporteros hablaron con numerosos venezolanos que investigaron o participaron en los esquemas financieros creativos que ayudaron a hundir la economía del país. Se les concedió el anonimato para que pudieran contar sus historias sin arriesgarse a las represalias del régimen de Nicolás Maduro.
La relación de Credit Suisse con corredores financieros bien conectados con jerarcas políticos, que hicieron sus fortunas a través del comercio de valores venezolanos, en gran medida no regulado, es sintomática de la mala gestión del gobierno autoritario del país. También pone de relieve las características de un régimen de secreto financiero en Suiza que brinda protección a los beneficiarios del fraude y la corrupción.
Amigos en las alturas
Nadie responde hoy cuando se toca a la imponente y gruesa puerta de madera del otrora bullicioso piso 14 del edificio Cavendes, una torre de oficinas en la avenida Francisco de Miranda del noreste de Caracas. donde todavía cuelga el aviso de la que fue la sede de la representación del Credit Suisse en la capital venezolana. Los empleados de un negocio vecino dicen que no han visto ninguna actividad en la oficina desde hace tiempo. Un guardia de seguridad agrega que “esta gente se ha ido desde hace años”. Pero no siempre estuvo así de desolada.
Leonardo González Dellán por mucho tiempo actuó en unas circunstancias que lo acercarían a lo que en los círculos bancarios se llama una “persona políticamente expuesta” (o PEP, iniciales en inglés de Politically Exposed Person): un cliente que representa un alto riesgo de corrupción y negocios ilícitos debido a su influencia y a su destacado papel público.
Su padre, Eudoro González, fue un senador del partido socialcristiano Copei durante el período democrático previo al chavismo. Su hermano, también llamado Eudoro, fue diputado de la actual Asamblea Nacional opositora por el partido Primero Justicia (PJ). Sin embargo, fue el Banco Industrial de Venezuela (BIV), uno de los bancos estatales más antiguos y grandes del país, hoy liquidado, desde donde, entre 1994 y 2004, González Dellán consiguió montarse al lomo del nuevo hombre fuerte del país, Hugo Chávez Frías (quien llegó al poder en febrero de 1999), para hacer fortuna: en 2000 se convirtió en vicepresidente, y en 2002 en presidente del banco.
Cuando dejó el banco estatal en 2004, González Dellán se convirtió en director de una casa de bolsa, a la que su nombre dio mayor legitimidad. Fue director no ejecutivo de Econoinvest Capital S.A., una casa de bolsa posteriormente investigada en Venezuela, que también tenía una cuenta en Credit Suisse.
González obtuvo grandes beneficios para él y sus clientes en la industria que ayudó a crear. En 2012 se encontraba en la cima: era un hombre rico, incluso para estándares internacionales. Se mudó a Londres y en 2012 se casó con una famosa modelo italo-venezolana, Aida Yéspica, en Las Vegas.
Pero el castillo de naipes se estaba derrumbando. Los métodos de las casas de bolsa que González Dellán ayudó a iniciar fueron exitosos si se miden en términos de las ganancias obtenidas por los iniciados. Sin embargo, ese éxito tuvo menos que ver con la perspicacia financiera que con el simple soborno.
Se convirtieron en un vehículo para saquear los fondos del Estado y eso ayudaría a provocar el lento pero en definitiva espectacular colapso de la economía venezolana, dependiente del petróleo.
González Dellán y sus contemporáneos en el sector de los corredores de bolsa de Venezuela acabaron cayendo en desgracia y, en 2010, eran ya blanco del propio régimen que los había prohijado o del gobierno de Estados Unidos, que los tenía en su mira por sus vínculos con la autodenominada Revolución Bolivariana.
González Dellán evitó estar en ese punto de mira hasta 2019. Pero entonces cayó bajo el escrutinio internacional. Un reportaje del canal de TV con base en Catar, Al Jazeera, mostró que en enero de 2019 se aprobó su solicitud para recibir un pasaporte de Chipre como parte del programa de pasaporte dorado basado en inversiones.
Luego, días más tarde, apareció en un boletín de sanciones de Estados Unidos junto a otros prominentes empresarios, sobre los que el Departamento del Tesoro alegó que estaban ayudando a figuras políticas venezolanas de alto rango a mover y ocultar dinero, todo como parte de lo que los funcionarios estadounidenses llamaron un “sistema corrupto”.
Las autoridades en Washington alegaron entonces que González Dellán había sobornado al tesorero de Venezuela, Alejandro Andrade, por el derecho a realizar lucrativos canjes de divisas de bolívares a dólares con el gobierno venezolano. Andrade, exoficial del Ejército que fue guardaespaldas de Hugo Chávez, lució como una extraña elección para convertirse en tesorero de Venezuela. Utilizaba su posición, a cambio de un precio, para aprobar a los solicitantes que querían participar en el muy rentable mercado de divisas.
En un acuerdo de culpabilidad en Florida en 2017, Andrade reconoció haber recibido más de 1.000 millones de dólares en sobornos de numerosas personas, entre ellas González Dellán. El tesorero recibió dinero en efectivo, así como jets privados, yates, carros, casas, caballos de carreras y relojes de alta gama de sus co-conspiradores.
Andrade, que vivía en Wellington, un suburbio exclusivo del sur de Florida que es también conocido como la capital del deporte ecuestre en Estados Unidos -afición tanto del exmilitar como de su hijo-, aceptó renunciar a 1.000 millones de dólares y entregar bienes de lujo. En un documento de su acusación reconoció que, “a petición mía”, los co-conspiradores transfirieron fondos a múltiples cuentas bancarias suizas, incluida una a nombre de Rafael Eduardo Cedeño Wolkmar en el banco privado PKB. También enviaron dinero para su uso, dijo, a una cuenta de Credit Suisse a nombre de Malabar Services Inc.
En su acuerdo de culpabilidad, Andrade sugirió que había más cuentas que recibían dinero que las incautadas por los fiscales estadounidenses en su caso.
En la nueva filtración, Cedeño aparece vinculado a otra cuenta suiza. Fue abierta en agosto de 2012 y al mes siguiente alcanzó un saldo máximo de 18,7 millones de francos suizos (unos 20 millones de dólares en ese momento). La última cantidad conocida que tenía era superior a 7,7 millones de francos suizos, u 8,1 millones de dólares actuales. La cuenta se abrió durante el período de las actividades ilegales reconocidas de Andrade, pero no está claro si está vinculada a él. En la página de LinkedIn de Cedeño Wolkmar, este figura como inversor inmobiliario en Mónaco. No respondió a las preguntas que se le enviaron a través de la página de Linkedin que lleva su nombre y a su familia en Miami.
El gobierno de Estados Unidos dijo que González Dellán actuó como testaferro de Andrade y otras figuras militares y políticas, manteniendo fondos por más de 1.000 millones de dólares a través de cuentas en el extranjero y utilizando el dinero de los sobornos para comprar propiedades, aviones, caballos y activos de lujo. Era el peaje para hacer negocios accediendo al sistema de las lucrativas bolsas, sugirió el anuncio del Tesoro.
Andrade salió de una prisión federal en Pensilvania el 16 de febrero de 2022, tras obtener una importante reducción de su condena por ayudar a los fiscales. Su abogado en Miami, Michael Díaz Jr., confirmó que cumplirá la libertad condicional “pero no estamos seguros de dónde va a residir finalmente”. Díaz declinó hablar de si Andrade tenía dinero en cuentas vinculadas a González Dellán en Suiza.
“No se me permitiría decir eso”, dijo. “Eso es algo que es información confidencial”.
La megacuenta
Leonardo González Dellán fue titular de varias cuentas de Credit Suisse a partir de 2007. Aparece por primera vez en una cuenta en junio de ese año y en octubre tenía 8,3 millones de francos suizos en esa cuenta, que cerró en noviembre de 2008.
Vuelve a aparecer en la filtración de Suisse Secrets abriendo una cuenta en junio de 2011. En mayo de 2013, los registros filtrados muestran que esa cuenta tenía casi 110,9 millones de francos suizos (102,8 millones de dólares en ese momento). La cuenta se cerró en octubre de 2015, hacia el final del escándalo de sobornos por corrupción que duró desde 2007 hasta 2017.
Pero la cuenta más interesante que lleva el nombre de González Dellán es una inusual megacuenta, abierta en junio de 2007, con más de 30 entidades legales y diez propietarios individuales, algunos de ellos procesados en Estados Unidos o Venezuela. Entre ellos se encuentran Luis Alberto Benshimol Chonchol, cuya Bencorp Casa de Bolsa C.A., que también aparece en la cuenta, fue intervenida en Venezuela en 2010.
También aparece Martin Lustgarten, como informó el Miami Herald, un corredor de divisas venezolano que tuvo un respiro cuando un error técnico de los fiscales estadounidenses le permitió escapar de un juicio por lavado de dinero. En la cuenta también está Cedel International Investments, una empresa perteneciente al banquero Eligio Cedeño, antiguo preso político del régimen de Chávez. Cedeño declaró a Occrp que la cuenta se abrió sin su conocimiento con fines comerciales mientras estaba en la cárcel en Venezuela.
No está claro para qué se utilizó esta megacuenta, pero es posible que tuviera que ver con el sistema de permuta.
En el momento en que González Dellán abrió las dos primeras, ya era conocido por los funcionarios de cumplimiento como PEP.
Una fuente con conocimiento íntimo del modelo operativo del banco en Venezuela durante los “años salvajes” admite que esos clientes no representaban un problema para Credit Suisse. De hecho, según la fuente, el banco buscó activamente reclutar a los clientes conocidos o sospechosos de ser testaferros.
Otro Castillo (Bozo) de naipes
Los hermanos venezolanos Leopoldo y Gabriel Castillo Bozo se vieron atrapados en el corazón de un escándalo de fraude masivo de valores en 2009. Su caso ilustra el frenesí que se produjo en el mercado de valores de Venezuela. Como directores del Grupo Banvalor -que incluía una compañía de seguros, un banco y una casa de bolsa-, los Castillo Bozo fueron demandados por las autoridades venezolanas por “fraude y simulación de operaciones bursátiles”. Supuestamente falsificaron la identidad de al menos 1.000 de sus empleados para ampliar su participación en el mercado de divisas, comprando bonos de Pdvsa.
Aunque un tribunal ordenó la detención de los Castillo Bozo en 2010, estos ya se encontraban en Aruba, la isla vecina de Venezuela en el Caribe neerlandés, cuando también las autoridades venezolanas descubrieron unas reservas de efectivo inusualmente bajas en el Grupo Banvalor. Esto era casi inexplicable para un grupo financiero que llegó a manejar grandes contratos de seguros de instituciones del Estado venezolano.
El organismo regulador de los seguros llegó a la conclusión de que los hermanos carecían de dinero para cubrir posibles reclamaciones, y descubrió que gran parte de los fondos que deberían haberse utilizado como reserva estaban en realidad en el banco suizo HSBC. El Grupo Banvalor y su sociedad de corretaje, Banvalor Casa de Bolsa, fueron embargados y cerrados.
Para entonces, en 2010, los Castillo Bozo ya eran titulares de al menos seis cuentas en Credit Suisse, una de ellas con nada menos que 122 millones de francos suizos (127 millones de dólares en ese momento), y otra con casi 36 millones (37,5 millones de dólares). Los registros muestran que la mayoría de las cuentas permanecieron abiertas mucho después del escándalo, con millones fluyendo a través de ellas. Los hermanos abrieron un banco en Aruba y una compañía de seguros en Panamá. El banco fue liquidado por los propietarios en 2016, y la empresa de seguros fue multada y cerrada por las autoridades panameñas por insuficiencia de capital en 2018.
Los Castillo Bozo nunca fueron arrestados y, según se informa, en 2021 eran dueños de una compañía de seguros en la República Dominicana.
Ninguno de los dos hermanos respondió a las preguntas de Occrp por correo electrónico.
Venezuela en picada
El papel que han jugado las permutas y las casas de bolsas en el colapso de Venezuela está ligado no sólo a la criminalidad, sino a un gobierno que a menudo tomó malas decisiones económicas y a una disfunción política que se agravó sin parar desde que el presidente populista Hugo Chávez llegó al poder en febrero de 1999.
A partir de 2002, la nación quedó paralizada por un intento de golpe de Estado y una serie de huelgas, orquestadas por la élite empresarial venezolana. El indicador más amplio de la actividad económica del país cayó 27% en los primeros cuatro meses de 2003, mientras que la inflación se disparó hasta casi 35% a finales de año.
Para mantener el bolívar y evitar la fuga de capitales, el Ministerio de Finanzas y el Banco Central suspendieron en febrero de 2003 el comercio privado de divisas. Se acabó el mercado libre. Ahora, para adquirir dólares, que muchos en Venezuela veían como la forma más segura de preservar la riqueza, los consumidores e importadores tendrían que solicitarlos al Estado a través de la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi). Esta fijaba una tasa oficial -en algún momento convivieron varias tasas oficiales, junto al inextinguible mercado negro- que sobrevaloraba enormemente el bolívar frente al dólar.
Aunque pudieran ser bien intencionadas, estas medidas “degeneraron rápidamente en un mecanismo de corrupción sistémica”, según Orlando Ochoa, economista venezolano.
Si bien se prohibió el intercambio de bolívares por dólares fuera de los canales oficiales, la gente del común -no solo las corporaciones- podía pasar por las casas de bolsa. Allí, los corredores les ayudaban a comprar instrumentos financieros locales -generalmente bonos respaldados por el gobierno- que podían cambiarse por divisas en el extranjero.
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