GAS Consultoria , una empresa en Brasil propiedad de Glaidson Acácio dos Santos, conocida como el “El Faraón de Bitcoin” , se convirtió en el objetivo de otra demanda colectiva en la Corte de Río de Janeiro. El proceso fue abierto el pasado martes por la Asociación Nacional Centro de Ciudadanía en Defensa del Consumidor y del Trabajador (Acecont) y se tramita en el Juzgado 2º de Negocios de la Capital. El nuevo embrollo legal que involucra al grupo fue revelado por el portal ‘G1’. En el texto, los abogados estiman que hay más de 300.000 víctimas -la cifra más alta jamás mencionada hasta el momento- por el esquema que, según las autoridades, simulaba inversiones con criptomonedas paraenmascarar una pirámide financiera . La defensa de Acecont otorga al caso el valor de R$ 17 mil millones (más de 3 mil millones de dólares), lo que representaría el valor total aportado por los clientes de la empresa.
Según un reporte de GLOBO, en la acción civil pública, la asociación solicita a la Justicia que determine el depósito en juicio de la totalidad del monto adeudado por GAS a los inversores no solo en el estado de Río, sino en todo Brasil. Los abogados consideran que, hasta el momento, cerca de R$ 300 millones ya fueron bloqueados en las cuentas del grupo en el marco del proceso penal que se desarrolla en el 3º Juzgado Penal Federal del Distrito de Río de Janeiro. Esta cifra, sin embargo, no alcanzaría “ni siquiera el 1% del importe total a reembolsar a los perjudicados”.
“Es necesario el pago urgente a los clientes, dado que solo la devolución del capital de los consumidores no podrá frenar las deudas celebradas hasta la fecha, y los efectos sociales y económicos son gigantescos y abrumadores”, apunta la defensa de Acecont, que solicita no sólo la devolución de las cantidades aportadas, sino también los ingresos prometidos por GAS en los contratos. En los acuerdos, que tenían una vigencia de 24 o 36 meses, el grupo prometía una ganancia mensual asegurada del 10%, reembolsando la totalidad del monto al final del período.
Los abogados también argumentan que la justificación dada por la empresa para la interrupción de los pagos, achacando una orden judicial para suspender todas las actividades, “no es creíble”. Citan, por ejemplo, el hecho de que los golpes continuaron ocurriendo con normalidad durante más de 20 días incluso después de la detención de Glaidson y otros miembros del grupo, el 24 de agosto del año pasado, cuando se desató la Operación Kryptos.
“Los demandados sostienen que, debido al bloqueo de las cuentas de las empresas y sus respectivas blockchains, no es posible realizar el pago de sus clientes”, dice la asociación, y agrega que, sin embargo, “el Poder Judicial nunca estaría en connivencia con cualquier incumplimiento contractual”. El texto continúa: “La decisión de impedir el mantenimiento de las actividades empresariales no debe confundirse con el pago de los consumidores”. La petición alega además que “si efectivamente es cierta la alegación de que la empresa ha suspendido el pago de rentas a los consumidores por el bloqueo de sus cuentas […], el Poder Judicial no puede perjudicar a más de 300.000 personas”.
— La empresa alega que si paga a los clientes estará incurriendo en un delito de desobediencia, ya que existen estas órdenes judiciales. Pero, a nuestro entender, no poder operar no significa no pagar lo que debes. Y estamos hablando de personas extremadamente desfavorecidas, que necesitan urgentemente el dinero — explica la abogada Renata Mansur Fernandes Bacelar, una de las cuatro que firman el documento: — Ese monto de R$ 17 mil millones es una estimación, una cuenta aproximada basada en los pocos información que tenemos sobre este grupo, ya que los datos detallados y los balances no fueron revelados.
Acecont también destaca en la petición que la propia empresa lanzó -tanto a través de un comunicado oficial como a través de declaraciones públicas de uno de los abogados de la venezolana Mirelis Yoseline Díaz Zerpa, esposa de Glaidson y actualmente prófuga- para disponer del capital para pagar todos los pagos adeudados. El mismo profesional figura como uno de los destinatarios de la acción por, según la defensa de la asociación, haber cometido presuntos delitos contra las relaciones de consumo. Los abogados de Acecont aseguran que estaría casada con un consultor de GAS y socia de un presunto prófugo en una de las muchas empresas que componen el grupo. GLOBO no ha podido contactar con el profesional.
— En vidas en las redes sociales, aseguró que GAS tiene el dinero para pagar a todos. De ser así, depositarlo en una cuenta judicial. Si no, engañó al consumidor al desalentar a todos de buscar su propio derecho. Es publicidad engañosa. Además, si ella, como socia, ayuda a esconder el dinero, empieza a favorecerse personalmente —dice Renata Mansur—.
En febrero, GLOBO reveló que Glaidson y GAS fueron objeto de otra acción colectiva , presentada por el Instituto Abradecont (Asociación Brasileña de Defensa de los Consumidores y Trabajadores). El proceso, que en su momento ya contaba con alrededor de cien víctimas, es señalado por expertos como potencial para convertirse en uno de los más grandes de su tipo en el país en el ámbito de las llamadas relaciones de consumo.
En el ordenamiento jurídico brasileño, las acciones civiles públicas están restringidas a determinadas entidades, como la Defensoría Pública, el Ministerio Público, la Unión, los estados y los municipios, además de los municipios, como el Procon. También son elegibles asociaciones privadas como Abradecont y Acecont, siempre que tengan más de un año de constituidas y tengan entre sus principios institucionales un fin vinculado al objeto del proceso —en el caso de GAS, la defensa de los consumidores víctimas de la compañia.
+ There are no comments
Add yours