El Caribe ha servido para blanquear dineros opacos del exviceministro venezolano Javier Alvarado Ochoa que pasaron por Andorra

Por Valentina Lares | Nathan Jaccard
armando.info

Un trío de venezolanos mencionados a menudo en documentos judiciales como parte del esquema de lavado de dinero de Pdvsa a través de la Banca Privada de Andorra (BPA) hicieron importantes inversiones inmobiliarias y turísticas en el Caribe más VIP: un hotel en el casco amurallado de Cartagena y villas en Casa de Campo. Se trata del exviceministro Javier Alvarado, su pareja, Cecirée Casanova, y un tercer y misterioso socio, José Luis Zabala. Desde una empresa de este último en Luxemburgo se puede seguir el rastro del dinero.

 

Aunque el aparte venezolano -más de 2.000 millones de dólares sustraídos de la estatal petrolera Pdvsa- del caso de lavado de dinero a través de la Banca Privada de Andorra (BPA) no muestre mayores avances en la justicia del pequeño principado pirenaico, eso no quiere decir que hayan dejado de aparecer nuevos indicios y pistas al respecto.

Una pregunta clave y que permanece sin resolver es el destino de muchos de esos fondos masivos. Pero ahora algunos documentos incluidos en el proyecto OpenLux –la base de datos con 3,3 millones de entradas del registro mercantil de Luxemburgo que logró obtener el diario Le Monde de París, y que coordinó el Proyecto de Reportería de la Corrupción y el Crimen Organizado (Occrp, por sus siglas en inglés)– arrojan luz para una respuesta posible, aunque tan solo sea parcial.

Los documentos muestran que el exviceministro de Desarrollo Eléctrico venezolano -división del Ministerio de Petróleo y Energía- y expresidente de Bariven -la filial de Pdvsa a cargo de sus compras internacionales-, Javier Alvarado Ochoa, y su pareja, Cecirée Carolina Casanova Rangel, invirtieron millones de dólares en propiedades de lujo en el Caribe, incluyendo la compra de un hotel de cinco estrellas en la ciudad costera colombiana de Cartagena, y de tres villas en un exclusivo resort en República Dominicana.

El tercer protagonista de la operación es un misterioso intermediario, también venezolano, de nombre José Luis Zabala.

José Luis Zabala, señalado en Andorra como parte de la trama corrupta que esquilmó a Pdvsa, registró la empresa Sirena International en Luxemburgo

La querella interpuesta por los fiscales de Andorra alega que, entre 2006 y 2016, un complicado esquema que incluía a ejecutivos de Pdvsa y allegados sustrajo miles de millones de dólares mediante contratos ficticios, sobreprecios y cobro de comisiones desproporcionadas. Los fondos se canalizaban a través de la BPA y fueron a dar a cuentas a nombre de hasta 30 individuos.

Alvarado Ochoa es uno de los personajes principales en el elenco de la causa. No está claro qué destino tuvo todo el dinero que pasó por sus cuentas en BPA. Sí, en cambio, que esas cuentas recibieron al menos 32,7 millones de dólares, según lo que el expediente documenta.

Casanova, Zabala y Alvarado estaban siendo discretamente investigados por las autoridades y justicias de Estados Unidos, España y Andorra en el momento de las compras. Pero sus perfiles se hicieron públicos en 2015, cuando un informe del Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló a BPA de blanquear fondos ilícitos procedentes de Venezuela, China, Rusia y España, lo que inmediatamente supuso su cierre. Luego, al finalizar las investigaciones, las autoridades andorranas presentaron una demanda contra BPA en 2018, cuando iniciaron un juicio que se encuentra prácticamente congelado.

«Los acusados han contratado a los mayores bufetes de abogados, a los mayores peritos, y por eso no ha avanzado tan rápido como quisiéramos», dijo Zair Mundaray, un exfiscal venezolano con conocimiento del caso. El caso es delicado, porque podría «exponer a funcionarios de la propia Andorra, y eso dificulta mucho la transparencia», añadió Mundaray, que huyó de Venezuela a finales de 2017 y ahora vive en Colombia.

Tour de la corrupción

El Hotel-Boutique Anandá se encuentra en el casco antiguo de la ciudad vieja de Cartagena de Indias, proclamado patrimonio de la humanidad por la Unesco, con sus coloridos edificios en el departamento de Bolívar, sobre la costa norte de Colombia. Los visitantes pueden tumbarse en un jacuzzi en la terraza, con vistas a las fortificaciones coloniales españolas y al azul del mar Caribe. Distribuidas en la estructura de una mansión del siglo XVI, las 23 habitaciones del Anandá se rentan por una tarifa de hasta 272 dólares por noche.

Los huéspedes, que de nuevo vuelven a copar sus habitaciones tras la pandemia de coronavirus, probablemente no saben que parte de lo que pagan podría ir a parar a las arcas de las élites venezolanas señaladas por corrupción.

El Anandá es propiedad de Inversiones Calle del Cuartel S.A, una sucursal colombiana de una empresa panameña homónima; ambas llevan el nombre de la calle donde se encuentra el hotel. Los registros panameños muestran que una empresa luxemburguesa llamada Sirena International S.A. se hizo con la mayoría de las acciones de Inversiones Calle del Cuartel en 2015, que en ese momento tenían un valor de más de 2,1 millones de dólares.

Sirena International, de José Luis Zabala, se hizo con la mayoría de acciones de Inversiones Calle del Cuartel, dueña del Hotel Anandá.

José Luis Zabala ocupaba cargos en estas dos sociedades offshore. Los registros en la base de datos OpenLux construida por el Occrp y Le Monde muestran que él y su hermana, Ninoska, son copropietarios de Sirena International desde 2013.

Zabala, junto a la novia de Javier Alvarado, Cecirée Casanova, también formaron parte del consejo de administración de Inversiones Calle del Cuartel hasta noviembre de 2020.

Los documentos descubiertos sugieren que podrían haber estado canalizando fondos para Alvarado.

Los fiscales estadounidenses sostienen que el exviceministro, Javier Alvarado, fue uno de los principales conspiradores en un esquema que adjudicó cerca de 1.000 millones de dólares en contratos de energía a empresas a cambio de sobornos. La acusación, presentada en 2019, dice que Alvarado disfrazó los pagos utilizando préstamos falsos, y una red de empresas e intermediarios.

Alvarado, quien fue presidente de la nacionalizada Electricidad de Caracas (EDC) en 2007, pasó a ser presidente de la Corporación Eléctrica Nacional de Caracas (Corpoelec) en 2008, creada ese año por el gobierno del entonces presidente Hugo Chávez. En esta se fundieron las empresas regionales de electricidad de Venezuela y, por decreto, se convirtió en una filial de Pdvsa, lo que puso a Alvarado muy cerca de quienes tomaban las grandes decisiones sobre contratos en materia eléctrica y petrolera. Cecirée Casanova Rangel trabajaba como gerente de Recursos Humanos en EDC.

En 2008, con Alvarado al frente, Corpoelec contrató a la consultora energética venezolana Asincro, a la que posteriormente pagó un total de 23 millones de dólares para gestionar un proyecto de generación de energía. Si bien Asincro no es nombrada en las causas judiciales, Armando.info y Occrp encontraron vínculos entre esa empresa y el hotel Anandá, que plantean interrogantes sobre si la transferencia de las acciones del hotel pudo estar relacionada con estos contratos.

Por un lado, varios altos ejecutivos de Asincro -los venezolanos Hans Carlos Hermann, Ignacio Villegas Grelis y Gustavo Ramón Sol López- eran copropietarios del Anandá desde 2007. Las actas de una junta directiva de 2016 de la empresa hermana de Inversiones Calle del Cuartel en Colombia, a la que asistió Casanova, también muestran que tenía su sede en el mismo edificio de Bogotá que la oficina de Asincro.

Sol López, quien luego terminaría siendo gerente general de la venezolana Monómeros -filial de Pequiven con sede en Barranquilla- confirmó a Armando.info que trabajó en Asincro durante 12 años, así como la presencia de Casanova y Zabala como parte de Inversiones Calle del Cuartel. Señaló que él no los conocía y que habrían sido sus colegas, Hermann y Villegas, quienes los invitaron a participar.

Armando.info y Occrp contactaron a Herrmann y Villegas a través de los correos electrónicos de Asincro y sus teléfonos personales solicitando entrevistas para esclarecer estos detalles, sin recibir respuesta.

Se trata de unas coincidencias que a Alejandro Rebolledo, abogado venezolano y experto en antilavado de dinero, le llamaron la atención, por lo cual dijo que el «inusual» montaje debe ser investigado. «Casanova y su socio Alvarado tenían cargos importantes en la industria energética», dijo. «Es posible que hayan utilizado su influencia para dar los contratos a cambio de formar parte de los otros negocios en Panamá. Esto debe ser analizado e investigado por las autoridades».

El interés de Alvarado y Casanova en el hotel Anandá fue reportado por primera vez por el diario El País de España. Pero el papel de Zabala como director de la empresa luxemburguesa que se hizo con la mayoría de la propiedad no había sido revelado con anterioridad, como tampoco los detalles sobre cómo funcionó el traspaso de las acciones del hotel ni la participación de los ejecutivos de Asincro.

Casanova, Zabala y Alvarado no respondieron a las solicitudes de comentarios enviadas semanas antes de la publicación de este reportaje.

Desembarco dominicano

Descrito por la revista Condé Nast Traveler como un «paraíso para millonarios» en la costa sureste de la isla de La Española, el complejo turístico Casa de Campo, en La Romana, República Dominicana, es el lugar donde los ricos y famosos van a ver y dejarse ver. Cerrado y destinado a una exclusiva clientela, cuenta con un campo de polo, tres campos de golf, un puerto deportivo, varias playas de arena blanca e incluso un anfiteatro con capacidad para 5.000 personas. Hay cientos de villas y mansiones repartidas por las 2.800 hectáreas de la urbanización de lujo, y Cecirée Casanova es propietaria de tres de ellas a través de otras tantas empresas en Panamá, de las que es directora.

Dos de las propiedades fueron adquiridas en 2017 por un total de un millón de dólares. Uno de esos inmuebles, una mansión de 2.600 metros cuadrados con siete dormitorios, piscina y jacuzzi, se anuncia a los turistas para alquilarlo por 2.500 dólares al día.

Cuatro años antes, en 2013, Casanova había comprado una villa de 1.374 metros cuadrados por 651.000 dólares. Los registros mercantiles panameños muestran que utilizó tres firmas incorporadas en ese país para comprar las propiedades: Biamar Worldwide, Las Cañas 39 Inc. y Barranca Este 21 Inc.

El origen de la riqueza de Casanova no está claro. En su ficha individual en línea del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) aparece con un último empleo en la EDC. La misma ficha acredita que el último sueldo de Casanova fue de “cero” bolívares; quizás se trate de una imprecisión debida a la compulsiva supresión de ceros a la moneda venezolana.

 

Su historia la completa la investigación en Andorra. Según comprobaron los fiscales del principado, tras ese último trabajo en Venezuela, Casanova se marchó a vivir en Madrid, donde aseguraba a la hora de abrir cuentas bancarias, “que es ingeniera mecánica y que sus ingresos provienen de su actividad en el campo de la ingeniería, ocultando su condición de funcionaria pública”.

Los fiscales andorranos exponen que Casanova recibió más de 250.000 dólares en fondos sospechosos entre 2010 y 2011, que se canalizaron a través de empresas ficticias. Estos incluyen un pago de 50.000 dólares que su empresa panameña Left Zeppelin recibió en 2011 de Josland Investments, una empresa representada por otro exviceministro de Electricidad venezolano,  Nervis Villalobos, un nombre ya frecuente en las reseñas periodísticas y documentos judiciales de España y Estados Unidos. Los registros de los fiscales andorranos también muestran un pago de otros 50.000 dólares y casi 16.600 dólares a su firma por parte de la empresa panameña de José Luis Zabala, Greentrail International.

Ese mismo año, una empresa panameña de Javier Alvarado, Lairholt Finance Limited, empezó a recibir un total de ocho millones de dólares de Josland Investments. El análisis de los documentos de la fiscalía andorrana muestra que al menos 32,7 millones de dólares pasaron por cuentas de BPA asociadas a Alvarado.

Esos pagos -y muchos otros- fueron supuestamente facilitados desde Panamá por BPA Serveis, el departamento de captación de clientes del banco en el continente americano. Los fiscales dicen que BPA ayudó a las élites venezolanas a crear una «estructura corporativa offshore sin otro propósito que la ocultación».

«Las zonas exclusivas de la República Dominicana son un paraíso, como Venezuela en muchos sentidos», dijo Rebolledo, el experto venezolano sobre lavado de dinero. «Este tipo de propiedades de alto valor suelen venderse con toda la estructura: empresas en Luxemburgo, Panamá o en otro paraíso fiscal que enmascaran al verdadero dueño beneficiario. Compran toda la estructura, transfieren las acciones y el dinero se transfiere por separado».


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